Burocracia y derechos
ciudadanos
13 de febrero de 2018
Por Antonio Lorca Siero (Rebelión)
Los derechos ciudadanos, que quedaron
definidos como un avance de las masas al amparo de la revolución burguesa -lo
que no es de todo exacto, por cuanto a quien beneficiaban era a los propios
burgueses y sólo de rebote al resto del llamado tercer estado- continúan
siendo a estas alturas un filón para los ejercen el poder formal. En este
punto, frente a los primeros gestores de tales derechos, hoy buena parte del
papel político de aquella burguesía revolucionaria lo ha asumido la burocracia. Tanto
la burocracia política -entiéndase la clase política, es decir, los que en
términos "weberianos" serían los
que viven de la política- como
la burocracia técnica -o sea los
que viven de la administración del Estado- han pasado a ser patrocinadoras
y garantes de los intereses de las masas que, una vez debidamente formalizados,
se postulan como derechos.
En cuanto resulta que los verdaderos derechos
no se otorgan graciosamente por quienes detentan el poder, sino que los
presuntos beneficiarios tienen que conquistarlos, parece que tales concesiones
deben ser vistas con cautela. Pudiera ser que los capitalistas modernos,
sucesores de aquellos burgueses revolucionarios, y los burócratas actuales se
mostraran tan predispuestos a promover derechos de la ciudadanía porque han
oteado con la vista larga el
negocio. Los capitalistas de hoy, para consolidar su poder económico y los
otros para ampliar su poder político. La base del negocio del capitalismo está
en asegurarse el dominio del mercado, de manera que, desde el monopolio por él
establecido, las masas acaten las reglas del juego que ha fijado. Pero como el mercado
depende de las masas, a través de los consumidores, hay que seducirles con
derechos, en definitiva, garantías de bienestar, que en realidad sirven de
infraestructura que permite dar solidez al sistema capitalista. Vistos desde la
otra realidad, los derechos que se otorgan a los ciudadanos son garantías de
seguridad para el funcionamiento del empresariado capitalista.
Desde que la burocracia política ha pasado a
depender teóricamente de las masas -en forma alguna en la práctica- en virtud
de la democracia representativa, tiene que complacer a los electores no solo
con ideologías populistas -de derechas, de izquierdas y de centro del espectro
político-, sino con derechos. De ahí que a medida que marchan los tiempos
otorgue nuevas oleadas de derechos, porque ahí está la base del negocio
político. Como la ampliación de los derechos ciudadanos siempre es bien
recibida, de esta manera las masas se sienten satisfechas y la burocracia mucho
más, porque se amplían sus niveles de poder. Cada derecho otorgado conlleva
fiscalización y nuevas obligaciones para casi todos, pero pocas veces para
ella.
Con la burocracia técnica sucede algo similar.
La creación de nuevos derechos ciudadanos y las garantías con que deben
acompañarse suponen incremento de las facultades de intromisión en los espacios
de la vida de los individuos; en definitiva, ampliar las esferas del poder que
ejerce en virtud de la legalidad sin que, por contra, ella misma esté sujeta a
fiscalización más allá de la establecida por la jerarquía de la organización. Asimismo ,
para garantizar esos derechos hay que incrementar la plantilla del colectivo,
para crecer como organización a cuenta de los propios contribuyentes. El
resultado es una administración estatal mastodóntica con poderes desmesurados,
dedicada a arrasar con la libertad, la intimidad y los derechos consolidados
del individuo, en cuanto todo se burocratiza. Este proceso de burocratización tiene lugar teóricamente en interés de
esos nuevos derechos ciudadanos que dice procurar.
El control de la carrera de los derechos, que
permitió al primer capitalismo moderno acceder al poder político colocando como
pantalla a la clase de los políticos profesionales, se le ha escapado de las
manos o cuanto menos se ha quedado rezagado en la explotación del producto.
Parece conformarse con promocionar la democracia representativa y publicitar
términos como Derecho, derechos y libertades para procurar la seguridad
jurídica del mercado, al objeto de mantener a salvo sus intereses y no espantar
al consumo.
Tal situación ha sido aprovechada por la
burocracia para avanzar y tomar la delantera en la carrera por el control de
masas, convirtiéndose en mecenas de los derechos ciudadanos, con el beneplácito
de los numerosos grupos de intereses que surgen y se enquistan en el cuerpo
social, abusando de la tolerancia del colectivo. La burocracia quiere tomar
protagonismo en el poder liberándose de tutelas capitalistas, o sea, caminar
por libre para colocarse sobre la fuerza real que domina la sociedad, basada en
la realidad económica, acudiendo al soporte institucional del Estado y a la
supuesta legitimación que le otorga el electorado. El propósito es que tanto la
política como la administración puedan consolidarse definitivamente como
auténtico poder autónomo, sustentado en una fuerza artificial que no emana de
la sociedad, para operar al margen de las determinaciones del empresariado
capitalista y de la voluntad general.
Siguiendo la estrategia tomada del mercado
capitalista, centrada en las masas consumidoras, la moneda de cambio en la
política de la burocracia no es otra que las masas. A las que se encandila con
derechos y libertades de papel, que luego se dejan a voluntad de quien asume la
función de garante. Pero la jugada tiene una doble dimensión.
Ante el capitalismo, la burocracia utiliza a las masas como aval de
su gestión, invocando su condición de patrocinadora de la democracia
representativa, dada su función de maquinaria formalizadora de derechos
ciudadanos. La consecuencia es que la burocracia no solamente se vende al gran patrón como imprescindible en el marco
político, sino en su papel de conductora de las masas. Reclamando así la
exclusividad para establecer el orden en la sociedad capitalista, reservándose
esta función en régimen de monopolio a la clase política.
Del otro lado, se juega con las masas
ofertando derechos calificados de modernos, como expresivos de un supuesto progreso. Su
promoción ideológica no es cosa de todos, sino que lo asumen grupos
minoritarios que aspiran a ser dominantes sobre la sociedad para imponer sus
particulares conveniencias, a cambio de la pérdida real de derechos y
libertades de la
generalidad. En cuanto al canon a pagar en el plano colectivo
no es otro que mayor control de las actividades ciudadanas e incremento del
poder de la
burocracia. Ahora en disposición de arrasar incluso con la
intimidad de las personas invocando modernos derechos ciudadanos de nombre, que
solo formaliza cuando interesa por razones electorales.
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