Juicio Ford:
Dos civiles y un militar al banquillo
8 de febrero de 2018
Continuó hoy el juicio
por los crímenes cometidos contra 24 trabajadores en la planta de General
Pacheco de la firma Ford
a partir del golpe de 1976.
Informe y fotos por
Mario Frias Casado para ANRed.
Los hechos por los que están imputados los ex
directivos de Ford fueron denunciados incluso
durante las leyes de impunidad. Pasaron más de 10 años hasta que la justicia
acusó finalmente a los directivos de la automotriz, a partir de lo cual se dio
comienzo a la elevación a juicio, muy postergado pero que inicia el debate oral
y público. Cabe destacar que un cuarto imputado falleció el año pasado, se
llamaba Guillermo Galárraga y era gerente de Relaciones
Institucionales.
Las leyes e indultos que durante dos décadas
impidieron juzgar los crímenes de la dictadura no incluyeron a los empresarios y
gerentes que entregaron a delegados y activistas gremiales. En el caso Ford
Motor Argentina SA, el pasado 19 de diciembre, la impunidad comenzó a cesar,
cuando dos ex directivos de la automotriz norteamericana debieron sentarse
junto al ex general Santiago Riveros para rendir cuentas en la justicia.
Los imputados son el ex gerente de
manufacturas Pedro Müller, segundo en la escala
jerárquica de Ford debajo del presidente Nicolás Courad (fallecido en 1989), el
teniente coronel retirado Héctor Francisco Sibilla, ex jefe
de seguridad de la planta de General Pacheco y un militar, Santiago Omar
Riveros. Los dos primeros se desempeñaban como gerentes de la automotriz al
momento de ocurrido los hechos. Si bien los imputados estuvieron presentes en
la audiencia, se negaron a declarar y, al final de la audiencia, el Tribunal
Oral Federal nro 1 (TOF
1) de San Martin, conformado por Mario Gambacorta, Osvaldo
Facciano y Diego
Barroetavles, los premió con la posibilidad de seguir el juicio
desde sus casas.
De la audiencia participaron tambien los
fiscales Jorge Auat y María Ángeles Ramos, y los abogados
querellantes Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta.
"El año anterior al golpe de Estado
estuvo marcado por conflictos con la empresa pero también por la tensa relación
entre las bases, nucleadas en la Coordinadora Interfabril
de Zona Norte y la dirección del Smata, el sindicato que encabezaba José
Rodríguez. A mediados de 1975, en el marco de una huelga con ocupación de
fábricas por parte de los obreros de automotrices, los de Ford marcharon hasta
la sede de Smata para rechazar la paritaria y exigir la convocatoria a un
plenario de delegados. En ese proceso los delegados presentaron su renuncia al
sindicato, al que la empresa aceptó aportar un 2 por ciento de los salarios de
cada obrero, aún de los no afiliados. La lucha concluyó con el despido de más
de 300 trabajadores, un estricto régimen de control policial dentro y fuera de
la planta, y el desplazamiento de la comisión interna", según se relata en
el libro Responsabilidad
empresarial en delitos de lesa humanidad, coeditado en 2015 por
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Programa Verdad y Justicia ,
Flacso, el CELS e Infojus.
El 25 de marzo de
1976, un día después del golpe, los delegados fueron citados a una reunión.
Galárraga les leyó una esquela, que adjudicó a un coronel, que los exhortaba a
olvidarse de todo reclamo gremial. "Se acabaron todos los problemas",
ironizó el gerente. "La empresa Ford Motor Argentina pasa a ser objetivo
y prioridad militar", afirmó. Cuando el delegado Juan Carlos Amoroso
insistió en reclamar el pago de salarios incompletos se produjo un diálogo
elocuente sobre el conocimiento de los responsables de Ford de la etapa que
comenzaba.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article16001
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