La Patagonia argentina
se rebela contra los residuos petroleros
6 de febrero de 2018
Por Daniel Gutman (IPS)
BUENOS AIRES, 2 feb 2018 (IPS) - El proyecto
para instalar un enorme depósito de residuos de la actividad petrolera provocó
una crisis en el norte de la Patagonia argentina y volvió a poner en primer
plano en el país el debate sobre el impacto ambiental de las industrias
extractivas.
La ciudad de Catriel,
en la provincia de Río Negro y a unos 1.000 kilómetros
al sudoeste de Buenos Aires, era un reducido poblado hasta que en 1959 se
descubrió allí un yacimiento petrolero. Desde entonces experimentó un gran
crecimiento demográfico, con inmigración de todo el país, y hoy su población
ronda los 30.000 habitantes.
El conflicto comenzó en 2016, cuando el
municipio anunció la intención de instalar un “depósito de residuos
especiales”, sobre una superficie de 300 hectáreas , para
dar destino final a los restos inservibles de la actividad petrolera en el
área.
“Queda prohibida la radicación o instalación de centrales
nucleares, reservorios, basureros, repositorio de disposición final o
transitoria de material contaminado proveniente de la industria petrolera,
nuclear, química o de cualquier actividad contaminante”: Carta Orgánica de
Catriel.
Esto generó división social y resistencias que
culminaron en noviembre pasado, cuando los opositores al proyecto lograron una
modificación a la
Carta Orgánica Municipal (la norma suprema a nivel local),
que declaró a Catriel “zona protegida” y prohibió ese tipo de instalaciones,
consideradas contaminantes.
El intendente (alcalde) calificó entonces de
“bochornosa” la actuación de quienes reformaron la Carta Orgánica
-elegidos en una votación popular especial en abril – y pidió a la justicia que
retrotraiga la situación al estado anterior, con el argumento de que quienes
redactaron el nuevo texto se excedieron en sus atribuciones.
Se está a la espera ahora la decisión
judicial.
“En todo momento nos fue prácticamente
imposible acceder a información. Cuando fuimos a preguntar, el municipio nos
dio un documento que tenía un mapa de donde se quiere ubicar la planta y
prácticamente nada más”, dijo Natalia Castillo, una empleada administrativa que
integra la Asamblea Socio
Ambiental de Catriel.
“Estamos muy preocupados por el impacto que
puede tener la planta y estamos intentando concientizar a la gente. El problema es
que muchos acá trabajan en la industria petrolera y prefieren no meterse con
este tema”, afirmó a IPS la participante en la asamblea de corte vecinal
surgida para luchar contra el proyecto.
El intendente Carlos Johnston ratificó su
posición a IPS: “Tenemos pasivos ambientales desde1959. Es nuestra obligación,
como Estado, tratarlos. Mucho peor sería no hacerlo”.
“La autorización ambiental corrió por cuenta
de las autoridades provinciales. Puede ser que nos haya faltado hasta ahora dar
una mayor información a la
sociedad. Pero valoramos el trabajo de las organizaciones
ambientales y estamos dispuestos a dialogar porque este proyecto es necesario”,
agregó.
Johnston aseguró que los residuos que se
aceptarán en la planta serán los de Catriel y otros municipios de la provincia
de Río Negro.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas
sospechan, debido al gran tamaño que se proyecta para el depósito, que este
podría recibir residuos de la actividad petrolera de toda la zona y no solo del
municipio.
Sucede que Catriel está ubicado en la llamada Cuenca Neuquina ,
la principal área hidrocarburífera del país, y es muy cercano a Vaca Muerta, el depósito de petróleo y
gas no convencional en la colindante provincia de Neuquén, con el cual
Argentina sueña con convertirse en una potencia en materia de combustibles
fósiles.
La Administración de Información Energética de
Estados Unidos estimó las reservas recuperables en los 30.000 kilómetros
cuadrados de Vaca Muerta en nada menos que 27.000 millones de barriles de
petróleo y 802 billones de pies cúbicos de gas.
El gobierno argentino también pone en ese yacimiento sus esperanzas para recuperar su producción
hidrocarburífera, que es declinante desde hace 20 años y obliga al país a
importar el déficit de combustibles.
“El problema es que el ‘fracking (fractura
hidráulica)’, que se utiliza para extraer los hidrocarburos no convencionales,
genera residuos a una escala muy superior que la explotación convencional”,
afirmó Martín Álvarez, investigador del no gubernamental e interdisciplinario Observatorio Petrolero Sur (OPSur).
Detalló que con la tecnología que perfora
rocas a grandes profundidades mediante grandes inyecciones de agua y aditivos,
“no sólo vuelven a la superficie las sustancias químicas utilizadas para
realizar la perforación y la fractura hidráulica, sino también materiales
radiactivos de origen natural que están en el subsuelo”.
“Hay una saturación de residuos petroleros en la Cuenca Neuquina a
partir del fracking, que es una técnica sucia. Entonces surgió este nuevo
negocio, el acopio de residuos, que tiene un impacto ambiental enorme porque
los contaminantes pueden filtrarse en las aguas subterráneas”, agregó el
experto.
Junto a la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales y Greenpeace Argentina, que son dos de
las organizaciones ambientalistas más influyentes del país, el OPSur realizó un
pedido de acceso a la información a distintos organismos provinciales de Río
Negro.
Además, emitió un documento crítico, en el que
llamó la atención sobre las dimensiones del proyecto. Con sus 300 hectáreas dijo
que superaría en casi 10 veces a la que es actualmente la mayor planta
sudamericana de este tipo, que tiene 34 hectáreas .
El documento se refiere a Comarsa, un depósito
de residuos petroleros que está a solo 135 kilómetros de
Catriel, ya en Neuquén y cerca de su capital. La instalación es cuestionada
desde hace años por los vecinos, lo que obligó a las autoridades locales a
prometer su cierre definitivo para noviembre pasado, aunque ello no se concretó
aún.
Las organizaciones ambientales consideraron
además que, durante la audiencia pública en la que se discutió el proyecto, el
31 de marzo de 2017, muchas preguntas y objeciones de los participantes no
fueron respondidas.
También cuestionaron la aprobación de la
evaluación de impacto ambiental que realizó la Secretaría de Ambiente de Río
Negro, “a pesar del rechazo de distintos sectores de la comunidad catrielense”.
En el medio de este conflicto, Catriel debió
reformar su Carta Orgánica, una labor establecida para realizarse cada 25 años.
Con el tema la planta en el centro del debate,
el local partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, ganó las elecciones con 35
por ciento de los votos y obtuvo seis bancas en la comisión reformadora. Pero
las otras nueve bancas fueron para distintos partidos de la oposición, que
unieron sus fuerzas contra los residuos contaminantes.
“Queda prohibida la radicación o instalación
de centrales nucleares, reservorios, basureros, repositorio de disposición
final o transitoria de material contaminado proveniente de la industria
petrolera, nuclear, química o de cualquier actividad contaminante”, dice el
artículo 94 de la nueva norma, que entró en vigencia el 1 de enero.
Pero el intendente asegura que debe ser
revisada porque “es inviable”.
Johnston rechazó además la posibilidad de
convocar a un referéndum acerca de la autorización para instalar la planta,
como le pidió la
Asamblea Socio Ambiental de Catriel.
Esa instancia se preguntó en un comunicado:
“¿Qué va a pasar cuando las patologías de visibilicen en las personas que
habitamos Catriel, debido a la contaminación ambiental del basurero petrolero?”
Un dato que no pasa inadvertido es que la
empresa que instalaría la planta de tratamiento es Crexell Soluciones Ambientales, con
fuertes vinculaciones políticas al punto que su presidente, Nicolás Crexell, es
hermano de una senadora nacional por Neuquén y sobrino de quien gobernó esa
provincia hasta 2015.
Editado por Estrella Gutiérrez
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