México, entre la
violencia y las transnacionales
28 de mayo de 2016
Por Erika González (La Marea)
Una investigación documenta numerosos ejemplos de la disputa que
enfrenta a comunidades rurales e indígenas con proyectos que pretenden
mercantilizar el suelo y la naturaleza
“La soberanía del Estado ha sido vaciada, privatizada y entregada
a entes individuales”. Así condensa Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio
Latinoamericano de Geopolítica e
investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
la situación socioeconómica de su país. Y es que México es un ejemplo en la
aplicación del paradigma neoliberal, como muestran los tratados comerciales que
ha firmado con 45 países, los 33 acuerdos de protección y promoción recíproca
de inversiones que tiene en vigor y su reciente inclusión en el Tratado de
Asociación Transpacífico (TPP).
Los sucesivos gobiernos mexicanos, las instituciones financieras
internacionales y las potencias económicas han tejido una tupida red de normas
que han conseguido —especialmente, desde la entrada en funcionamiento en 1994
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en
inglés)— un triple objetivo: la liberalización y mercantilización de bienes,
servicios, suelo y recursos naturales; la desregulación de las normas que
regulan los derechos laborales, sociales, ambientales e indígenas; el blindaje
de los intereses de las empresas transnacionales. Es el escenario perfecto para
la expansión de los negocios de numerosas multinacionales en sectores como la
agricultura, la alimentación, la industria manufacturera, las
telecomunicaciones, la electricidad, las infraestructuras, las finanzas, el
turismo y los hidrocarburos.
Economía criminal y violencia
Los diferentes casos que se fueron exponiendo a lo largo del seminario
sirven para mostrar dos patrones en los que se mueven las empresas
transnacionales: por un lado, la utilización de vías tanto legales como
ilegales para asegurarse la tasa de ganancia; por otro, la participación
directa o indirecta en un contexto de violencia que sirve para el control de la
población, que se resiste ante la creciente exclusión y sometimiento de los
territorios a la lógica del máximo beneficio.
Estas dos cuestiones se repiten, con mayor o menor intensidad, en
todo continente americano; eso sí, en el México de hoy, como en la Colombia de
los años ochenta y noventa, cobran una especial relevancia al combinarse con
las dinámicas del narcotráfico. El profesor de la UPV/EHU Juan Hernández
Zubizarreta plantea, en este sentido, cómo se da una profunda desviación del
poder en el gobierno mexicano que no es “ajena a una economía criminal que se
cruza con la economía ilícita de guante blanco”. La imbricación de la economía
legal e ilegal, como analiza Sandy Ramírez, investigadora del Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales,
puede mostrarse a través de dos ejemplos: uno, el lavado de dinero del
narcotráfico por entidades financieras como el HSBC, Citigroup y Santander, denunciados por permitir el
blanqueo a través de sus cuentas; otro, la relación entre los cárteles del
narcotráfico en Michoacán que controlan la explotación de hierro y transnacionales
como Ternium, Arcelor Mittal y Endeavour Silver,
entre otras.
El mismo patrón que en Honduras, hace un par de meses, dio lugar al asesinato de Berta Cáceres y de otros cuatro miembros del COPINH, tras resistirse a la implantación en su territorio de una gran central hidroeléctrica, se replica a diario en México. Y en ello están implicadas grandes empresas, seguridad privada, fuerzas de la seguridad del Estado y organizaciones criminales. Asesinatos como el de Bernardo Méndez, por oponerse a la mina de Fortuna Silver Mines en Oaxaca; los de Ismael Solorio y Manuela Solís, quienes denunciaron los impactos de
Extensión de los conflictos socioambientales
Este es el contexto en el que hoy, en México, se desarrollan más
de 100 conflictos por el territorio causados por intereses empresariales, que
han sido documentados en una investigación encabezada por Enrique Pineda, profesor del Centro de
Estudios Sociológicos de la
UNAM. Se han sistematizado así numerosos ejemplos de la disputa
que enfrenta a comunidades rurales e indígenas, principalmente, con proyectos
que pretenden ampliar la frontera extractiva y agroindustrial, construir
grandes infraestructuras y mercantilizar el suelo y la naturaleza.
Un año más tarde, el proyecto minero se frenó: la movilización popular y la vía judicial paralizaron una actividad empresarial que era ilegal, pues no contaba con una evaluación ambiental ni se había realizado una consulta previa libre e informada, violando el convenio 169 de
Frente a este conflicto y otros muchos que se están desplegando en
México, surge la necesidad de “alzar la voz colectiva, llevar lejos las
experiencias y denunciar la generalizada situación nacional de despojo del
territorio”. Eso dice la convocatoria, lanzada en abril de este año, de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el
territorio, que hace un llamamiento a la movilización de las
comunidades rurales, indígenas y urbanas. Hasta noviembre, estas difundirán sus
historias de resistencia frente al control y la mercantilización del
territorio, los impactos de lo que las elites políticas y económicas llaman
“progreso”, y las alternativas de vida y gobierno que demuestran que, aquí y
ahora, es posible una forma de vivir que defienda un “presente y futuro digno
de todas y todos”.
Erika González es
investigadora del Observatorio de
Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con
Dignidad.
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