Comunidades wichi de
Salta denuncian desalojos a manos de guardias armados
Las bandas armadas del
agronegocio
17 de mayo de 2016
Por Darío Aranda (Página 12)
Los wichí de Salta denuncian al abogado jujeño Omar Quintar.
Sostienen que se apropió de quince fincas, miles de hectáreas, utilizando
hombres armados para desalojar familias enteras. La muerte de los niños por
falta de atención médica. El avance del agronegocio.
Comunidades wichí de Salta denuncian la
violación de derechos al territorio, salud y educación. Sucede en Rivadavia
Banda Sur, donde padecen desalojos violentos, ataques de bandas armadas y un
empresario que se adueñó de quince fincas con complicidad política y judicial.
“Es inhumano lo que vivimos, no se cumple ninguno de nuestros derechos porque
somos aborígenes y porque somos pobres”, lamentó Vernardino Pizarra, uno de los
referentes wichí. El avance del agronegocio y la muerte de niños por falta de
atención médica son dos caras de estas violaciones.
Rivadavia Banda Sur está ubicada a 380 kilómetros al
este de la capital provincial, casi en el límite con Chaco, histórico espacio
del pueblo wichí. La zona, parte del conocido chaco salteño, comenzó a ser
codiciada a fines de la década del 90, cuando la sojización comenzó a avanzar
sobre regiones extrapampeanas.
“Desde hace tres años que comenzamos a tener problemas. Alambraron
fincas, colocaron portones y cerraron los caminos vecinales que dirigen hacia
el río Bermejo”, consta en la denuncia de 2009, realizada por Demetrio Campos,
cacique de la
comunidad Misión Wichí. Son más de una decena las denuncias
presentadas por las comunidades originarias, pero ninguna prosperó. La fiscalía
de Pichanal (juzgado de Orán) las cajoneó de manera sistemática.
En la última década se hizo regla un paisaje atípico en Rivadavia
Banda Sur: alambrados, tranqueras con candados, carteles de “prohibido pasar”.
Y comenzaron a patrullar bandas armadas. La situación se repitió en los parajes
El Chañaral, La Soledad , El Cocal,
Las Llaves y San Felipe, entre otros.
Las comunidades vieron impedido su derecho
básico a transitar, cazar, recolectar miel, pescar, obtener los elementos para
sus artesanías. Las comunidades wichí perjudicadas son El Chañaral, La
Esperanza, El Cocal, Brealito, San Felipe y Fiscal 30, más de 300 familias.
“Este señor (Omar) Quintar se robó todos los
campos. Desde nuestros bisabuelos que todos estamos aquí y nunca nos dieron la tierra. Viene un
empresario con plata y le dan todo a su nombre. Cuente por favor que eso pasa
en Salta”, relató Vernardino Pizarra, representante de las comunidades wichí de
Rivadavia Banda Sur.
Los wichí denuncian que el abogado jujeño Omar
Quintar se apropió de quince fincas. Sólo la estancia Las Llaves
tiene 5000 hectáreas ,
que pertenecen desde hace más de cien años a la familia campesina Argañaraz.
Entre las víctimas directas estuvieron las
comunidades wichí Chañaral y Breal, que fueron expulsadas de sus campos. La comunidad Breal
incluso contaba con un cementerio en el lugar, prueba irrefutable de posesión y
derechos sobre el territorio.
La última denuncia la realizó Pizarra ,
en la comisaría N °1
de la ciudad de Salta. No recurren a la comisaría de Rivadavia y al Poder
Judicial de Orán porque no actúan. Pizarra alertó sobre el accionar de grupos
armados que amenazan a los pobladores. Apresaron a tres hombres con escopetas,
pero los liberaron a los pocos días.
“Los políticos son cómplices”, afirmó Pizarra.
Aseguró que Quintar cuenta con apoyo del juez de Paz local, Luis Romero, el
intendente Leopoldo “Polo” Cuenca, y también tiene vínculos con el senador
provincial Mashur Lapad, el político con más poder del departamento y uno de
los más influyentes de la provincia.
Otro actores señalados son la fiscal Mónica Viazzi
y el diputado nacional y empresario Alfredo Olmedo, que recibió 360.000 hectáreas
del gobernador Juan Carlos Romero en la década del 90 (para agro, previo
desmontes) y también avanza contra campesinos e indígenas.
Quintar desmintió las denuncias en su contra.
Se definió como un “conservacionista” y señaló que lo atacan “quienes quieren
desmontar todo”. Sostuvo que cuenta con muchos lotes pero una sola finca,
señaló que hizo “mucho por los indígenas” de la zona (desde caminos hasta
trabajo) y negó la existencia de bandas armadas. “Me prendieron fuego una
topadora, robaron tranqueras y alambrados; tuve que contratar tres serenos”,
justificó. Según Quintar, acumula tierras para “proyectos turísticos”.
A los conflictos territoriales se sumó la
muerte de niños por falta de atención primaria de salud. En julio de 2015
murieron cuatro en diez días. Bianca Acosta, de 18 meses de vida, e Ismael
Sarmiento (de 3 años). Luego falleció María del Carmen Laguna, de 1 año, cuando
era trasladada a Orán para cambiarle una sonda. Murió en el camino porque la
ambulancia municipal no tenía oxígeno. El Ministerio de Primera Infancia señaló
que se trató de “una falla de salud”.
Las comunidades precisan que existen sólo dos
médicos para 10.000 habitantes, con el agravante de “discriminación y maltrato”
con los pueblos originarios. “Hubo muchos casos de niños muertos por
desnutrición, por mala atención. Siguen muriendo niños y adultos. La situación
es muy grave”, afirmó el vocero wichí.
Las comunidades abrieron una cuenta de
Facebook (Wichi Lhayis Rivadavia Banda Sur), donde detallan la situación que
padecen. “Los políticos nos mienten y los jueces nos dicen que ‘no molestemos’,
pero tenemos derechos y no sabemos cómo vivir sin territorio”, advirtió
Vernardino Pizarra.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-299424-2016-05-16.html
Educación restringida
Comunidades wichí de Rivadavia Banda Sur y Embarcación se movilizaron hasta el Ministerio de Educación de Salta y ocuparon pacíficamente el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (Ippis). Exigieron que se firme el decreto de creación del colegio 5235 en
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/299424-77710-2016-05-16.html
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