Necesitamos "cuestionar de raíz la actual ofensiva contra el trabajo" así como al extractivismo expropiador y hambreador de los pueblos.

La Argentina “del cambio”: inflación y baja de salarios

7 de mayo de 2016

Por Rolando Astarita

Devaluación, aceleración inflacionaria –aumento de tarifas en primer lugar- y salarios que se quedan: es el proceso clásico por la que se está operando una gigantesca transferencia de riqueza desde los trabajadores a la clase dominante. Recuerdo lo que planteé en una nota anterior, apenas subió Macri:

“Ahora el peso de laclase dominante está puesto en las paritarias. Lo dijo Macri en su tan elogiado discurso ante la Unión Industrial Argentina: ‘hay que bajar la conflictividad gremial, que es permanente’. O sea, los sindicatos tienen que ‘tragarse’ la suba de precios. Tengamos presente que este año la inflación estaría entre el 28 o 30%, y todo indica que se aceleraría con la devaluación y la suba de las tarifas. En el mismo sentido, referentes de las cámaras empresarias (por caso, Mendiguren, del partido de Massa) dicen que las paritarias no deben tomar en cuenta la inflación  pasada, sino la esperada. El ministro de Trabajo agregó que los aumentos deben otorgarse ‘según productividad’ (otro argumento clásico de los empresarios en tiempos de crisis y ajuste). En consecuencia, por todos lados se presiona para que se imponga, pacto social mediante, un techo a los incrementos salariales. Para esto se recurre a la amenaza de toda la vida: si no aceptan, habrá desocupación. ‘Tienen que cuidar el empleo’, les dijo Macri a los trabajadores. Es el mismo argumento-amenaza que esgrimía, hasta hace poco, Cristina Kirchner. Así, todo discurre según el necesario orden causal del orden capitalista. Por supuesto, nadie habla del trabajo precarizado, ni de los millones de subocupados, o de los que ni siquiera buscan trabajo porque están desanimados. La otra arma con que cuenta la clase dominante es, como siempre, la siempre presente burocracia sindical” (aquí).

Los números de inflación y pobreza

Pasados cuatro meses desde que escribí esa nota, podemos poner algunos números. Según el IPC San Luis, la suba de precios en los tres primeros meses de 2016 fue del 10,2%. Según el IPC Ciudad de Buenos Aires, en el primer trimestre el aumento fue del 11,4%. No están todavía los datos de abril, pero las consultoras privadas lo ubican entre el 7% y 7,5%, por lo menos. De manera que solo en los primero cuatro meses de 2016 los precios subieron aproximadamente un 18% o 19%. La inflación de marzo 2015 a marzo 2016 fue del 37,3% para el IPC San Luis y 35% según el IPC CABA. La CGT Moyano calcula una inflación desde abril 2015 a abril 2016 del 40%. A esto hay que sumar, por lo menos, el aumento del 10% de nafta y gasoil, y 190% de telefonía fija de mayo; y el aumento dispuesto para junio del 66% de subtes, y 15% de prepagas. Cada uno de estas subas tendrá efectos sobre otros precios.

Anotemos también que la Canasta Básica Total (para estar por encima del nivel de pobreza) según la CGT Moyano es hoy de $11.832 para la familia tipo; según FIEL es $10.580. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, con una CBT mucho menor  ($7033 en diciembre 2015) proyecta que la tasa de pobreza fue del 34,5% (13,8 millones de personas) en el primer trimestre de 2016; y la tasa de indigencia llegaría a 6,2% en abril (esto es, 2,3 millones de personas que pasan hambre). La pobreza a finales de 2015 afectaba al 29% de la población y la indigencia al 5,3%.

Los aumentos salariales en curso

Pues bien, prácticamente todos los convenios que se están firmando establecen aumentos de salarios muy por debajo de lo que ha sido la inflación en los últimos 12 meses. La excusa es que los acuerdos salariales se hacen teniendo en cuenta la inflación esperada; lo cual significa “tragarse” la inflación pasada. Por caso, supongamos un gremio que acordó un aumento en 2015 de 25%. Dada la aceleración de la inflación, a marzo de 2016 tiene un pérdida del salario real de entre 10 y 13 puntos porcentuales (según se considere la inflación anual a marzo del 35% o 38%). Si ahora establece un aumento salarial del 20% por seis meses desde marzo  -siendo la inflación solo de abril del 7% o 7,5%- habrá perdido en septiembre el equivalente a la inflación desde mayo, o junio, hasta septiembre. Si en septiembre se establece una nueva suba salarial “según inflación esperada”, se sanciona definitivamente la caída salarial. Algo similar ocurre si, por ejemplo, se firma un aumento salarial a enero o febrero de 2017 por el 30%, y se ha firmado en 2015 por el 25%. Si la inflación de 2016 es del 30% (una previsión conservadora por lo explicado más arriba), no se recupera lo perdido en los 12 meses pasados. Si la inflación en 2016 supera el 30%, y los salarios vuelven a fijarse en 2017 según inflación esperada, la pérdida será mayor. Veamos ahora algunos de los convenios firmados:

Tabaco: 32% retroactivo al 1º de febrero de 2016 y hasta enero de 2017.
Papel y Cartón: 20% hasta septiembre.
Sanidad: 20% en mayo; 9% en agosto; 6% en octubre.
UOCRA (construcción): 22% en un solo pago hasta septiembre.
Gráficos bonaerenses: 25% desde el 1º abril a septiembre.
Empleados de comercio: 20% hasta septiembre
Carne: 20% en dos tramos por 6 meses.
UTA (choferes de colectivos): 29% por 12 meses.
SMATA (mecánicos): 7,5% para enero-marzo y 11% para abril-junio.
Seguros: 20% desde enero y 12% de julio a diciembre.

En muchos casos se han dispuesto algunas cifras fijas, que no alteran este panorama de base. Por supuesto, la situación de los trabajadores informales es mucho peor.

Precisemos también que los salarios en términos reales ya no aumentaban desde 2012, y en 2014 sufrieron una caída, también impulsada por la devaluación y la inflación. En la primera ronda de convenios laborales en 2014 los sindicatos firmaron aumentos salariales de menos del 30%, (26,5% los metalúrgicos, 29% empleados de comercio, 30% bancarios) y en dos o tres cuotas. En la segunda ronda de paritarias hubo aumentos promedio del 33%, dado el nivel de suba de precios; con algunas adecuaciones, los salarios aumentaron en promedio 34 o 35%. Sin embargo, la inflación en 2014 fue del 39% (IPC San Luis); a lo que hubo que agregar la no actualización de ganancias. De manera que el Observatorio Social de la CTA Autónoma (Pablo Micheli) registró una caída del salario real de casi el 4%; diversas consultoras registraron una caída del salario del mismo orden.

Por otra parte, no es cierto que los salarios reales hayan aumentado significativamente en la última década. Lo hicieron con respecto al punto más bajo de la depresión de 2001-2, pero no en relación al nivel pre estallido de la crisis. El salario real deflactado con el IPC de Ecolatina en 2006 llegó al nivel de octubre de 2001. Luego, en 2007 aumentó 3,4%; en 2008 bajó 4,9%; en 2009 subió 0,9%; en 2010 bajó 0,1%; en 2011 subió 3,1%; en 2012 subió 2,7%; en 2013 bajó 0,2%; en 2014 bajó 4,7%. El resultado es que desde 2007 a 2014 aumentó solo el 0,2%. Según la CTA (Micheli) en ese período aumentó un 1,6%. Son cifras prácticamente de estancamiento.

En una perspectiva más general, según el profesor Javier Lindenboim, del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA, aunque en la década 2002-2012 hubo una mejora del salario, no se mejoró con respecto a los 1990; y los niveles de precariedad laboral en 2012 eran similares a los de 1992. Es desde esta situación global –salarios a nivel de los 1990, pobreza a mayores niveles, precarización laboral de largo plazo- que se está desarrollando el ataque contra la clase trabajadora.

Cuestionar de raíz esta ofensiva contra el trabajo

Como sucede siempre con las devaluaciones y los procesos inflacionarios que le siguen, lo que se está produciendo es una redistribución de los ingresos en favor del capital. En este punto, el Estado y las patronales están de acuerdo en lo fundamental: los salarios deben aumentar menos de lo que aumentan los precios. La presión sobre los asalariados no pasa ahora solo por los despidos en curso, sino también por el chantaje de no invertir. Pero también se amenaza con un horizonte de intensificación inflacionaria –responder a los aumentos salariales con más y más aumentos de precios- y devaluaciones si los trabajadores persisten en querer recuperar lo que ya comió la inflación. Frente a esta amenaza, la lucha sindical debería trascender a la lucha política. Es que está planteado un conflicto que afecta a los intereses de las dos clases sociales fundamentales, capitalistas y obreros. Las direcciones sindicales burocráticas, y la conducción peronista, por supuesto, jamás van a dar ese paso. Harán cualquier cosa menos cuestionar las relaciones de propiedad capitalista. Pero las crisis –y las políticas de la clase dominante para salir de la crisis-son precisamente las coyunturas en las que, más que nunca, es necesario comenzar a cuestionar el orden social existente.