José Gómez, dirigente de Tierra del Fuego: “Si esto no es criminalizar
la protesta, ¿qué es?"
17 de mayo de 2016
En la madrugada del lunes 2 al martes 3 de mayo, varios dirigentes
sindicales de Tierra de Fuego fueron detenidos violentamente en sus domicilios
por la policía provincial. Los liberaron a los pocos días pero bajo fuertes
restricciones. Paulo Giacobbe dialogó con uno de los dirigentes perseguidos,
José Gómez, secretario general de la Asociación Fueguina
de Empleados Públicos, quien relató en primera persona las oscuras vivencias
sufridas al sur del país.
Por La Retaguardia
“Una noche a eso de las 3 de la mañana me fui del acampe que es de
24 horas ya que hacía más de 60 días que estaba sin dormir en mi casa. En el
camino de vuelta había tenido la sensación de que me estaban siguiendo, pero
pensé que era una cuestión de poco sueño, la psicosis, pero un par de
compañeras a las que había llevado a la casa tenía la misma sensación. Llego a
mi casa, me baño y me acuesto a dormir y a los 15 o 20 minutos se escuchan
ruidos y golpes fuertes en la puerta. Escucho que mi papá baja la escalera, yo
bajo atrás de él para ver qué pasaba y me doy cuenta que era la policía que
estaba gritando. Mi papá les abre la puerta y entran en forma violenta, me
rodea un montón de agentes, también efectivos disfrazados de testigos o
testigos disfrazados de policías, no sé cómo definirlos. Nos preguntan si había
alguien más en la casa, mi papá les dice que estaba mi mamá durmiendo arriba, y
justo ella se asoma por la escalera y atina a querer decir ‘voy a filmar lo que
está pasando’; entonces ellos empiezan a decir a los gritos que no se podía
filmar, ni registrar nada de lo que se estaba haciendo. Ante eso me preocupé y
les dije ‘¿cómo no se va a poder filmar?’, y en ese momento se me tiran todos
encima, me tiran al piso, me golpean. Es decir, lo que pasa general y
lamentablemente cuando alguien goza de lo que está haciendo, que era al menos
cómo yo sentía en ese momento a la policía. Me dejan tirado en el piso, yo estaba en
piyama porque estaba durmiendo, no estaba para salir, tiran a mi viejo de la
escalera, lo agarran, lo golpean, lo maltratan, mi viejo estaba desnudo con las
cicatrices de las operaciones y no les importó nada. Recién ahí prenden una
cámara, me la ponen en la cara mientras decían ‘se está resistiendo’, pero yo
ya estaba en el piso inmovilizado con gente encima, los brazos retorcidos, me
lastimaron los dos hombros”, relató José Gómez, secretario general de la Asociación Fueguina
de Empleados Públicos.
Gómez fue uno de los dirigentes detenidos en la madrugada del 3 de
mayo, tras dejar por unas horas el acampe que desde hace meses llevan adelante
distintas agrupaciones de trabajadores de Tierra del Fuego en contra de un
paquete de leyes de ajuste impulsadas por el gobierno kirchnerista de Rosana
Bertone. Roberto Camacho (ATE-CTA), Horacio Gallego y Juan Stefoni (Sindicato
de Obreros y Empleados Municipales), y Alejandro Marcelo Gómez (Sindicato de la
Educación de Tierra del Fuego) fueron las otras personas detenidas.
“Me leyeron algo, sé que algo me leyeron pero no lo puedo
identificar, lo único que me acuerdo es que me dijeron que podíamos estar 5
días incomunicados –continuó Gómez la descripción de los hechos durante el
diálogo con Paulo Giacobbe–, después de un rato que gritaban y decían cosas, no
puedo registrar qué porque lo único que yo veía era a mi viejo tirado al lado
mío, todo golpeado, lo levantan a él y lo sientan en un sillón, y a mí me dicen
que me van a llevar detenido, no me explican por qué. Me levantan entonces del
piso y para dejar constancia de que me están secuestrando, chupando, no sé cómo
definirlo, me preguntan si me quiero comunicar con alguien, les digo que sí
pero que el número lo tenía en el celular pero que ellos ya habían subido a la
casa y revuelto todo sin la presencia de estos supuestos testigos. Entonces uno
pide mi celular y uno de los testigos lo saca del bolsillo, me lo hacen
desbloquear, marcar el número de teléfono de un compañero, ahí me agarran y me
llevan al auto policial. Yo estaba con la preocupación, por cómo venía la
situación y porque no había testigos, de que inventaran que me quise resistir o
alguna situación de esas como para decir que me tuvieron que seguir golpeando.
No me olvido más de esa sensación de cuando me levantan del piso y uno de los
policías, que parecía más contento que perro con dos colas, me dice ‘viste,
Gómez, el brazo de la Ley llega a todo el mundo’, y la verdad que yo nunca
pensé que el vicegobernador se llamaba Ley, yo pensé que la justicia era la que
administraba la ley”.
La referencia al vicegobernador Juan Carlos Arcando se debe a que
la policía y la justicia justificaron la detención de los 5 dirigentes acusándolos
de haber increpado y agredido al vicemandatario durante una movilización.
Incomunicados
Los policías llevaron a Gómez hasta la comisaría donde lo dejaron
en una de las oficinas custodiado por un agente: “no me querían sacar las
esposas que me habían puesto hacia el lado de atrás y que me lastimaban los
brazos. Me hacen revisar por una doctora que constata los golpes de la cabeza,
el hombro, la espalda y las piernas también. Después me pasan a una celda de
1,5 x 1,5, que tenía colchones meados, materia fecal en las paredes,
escupitajos, sin calefacción, ni frazada, y yo estaba con una remera fina, el
frío era importante, y me tuvieron así casi 20 horas.
Después acercaron un par de frazadas, mejoraron la situación pero
la desconfianza que yo tenía era tal que no tomaba agua ni comía porque también
estaban 2 de mis compañeros ahí y tenía miedo que nos pusieran algo en el
cuerpo; cosa de después decir que estábamos intoxicados o generar una situación
violenta. Al mismo tiempo nos ponen un abogado con el que no nos dejan
comunicarnos, ni saber por qué estábamos detenidos ni para qué. Cada vez que
nos llamaban a hablar o nos preguntaban algo, yo les respondía que quería ver a
mi abogado; cada vez que nos veían dormidos nos despertaban y nos traían
notificaciones para firmar y nos decían ‘esta notificación es porque te vas a
quedar un día más’. Como nosotros decíamos que queríamos ver a nuestros
abogados porque no sabíamos qué estaba pasando, era la primera vez que teníamos
esa experiencia, traían dos testigos de la comisaría y les decían ‘¿vieron? No
quieren firmar’ y les hacían firmar como que nos habíamos negado y nosotros lo
único que respondíamos era que queríamos ver a nuestro abogado, que queríamos
que nos asesoren. Cuando logramos que viniera el abogado, no le permiten hablar
con nosotros, y ya habían pasado más de 20 horas”.
Al cumplirse las 24 horas de detención, los dirigentes fueron
notificados de que iban a permanecer allí por más tiempo, ya que –según les
dijeron– no estaban dadas las condiciones para la indagatoria: “nos dicen que
el juez nos imputa de no sé qué causas y nos preguntan si nos vamos a
notificar, entonces ocurre la misma situación violenta y agresiva, nosotros
pedíamos por abogados, traían a los testigos y les hacían firmar que nosotros
no nos queríamos notificar, lo cual no tenía mucho sentido porque si nosotros
ya habíamos designado el abogado pero no podíamos hablarle. Además eran
abogados que habían mandado nuestros compañeros pero nosotros no teníamos
posibilidad de saber eso ni de preguntar, así que nos arriesgábamos a
notificarnos de ese modo, y sin que el abogado nos pudiera explicar qué estaba
pasando y cuáles eran o no nuestros derechos. Así llegamos a la indagatoria,
con casi 3 días sin comer, ni tomar agua, físicamente estaba bastante golpeado
por esta situación. El juez (Javier de Gamas Soler, procesado por encubrimiento
en el atentado a la AMIA) nos toma indagatoria, nos lee un montón de causas que
nunca existieron, no sabemos si nos metieron o no alguna situación particular
en el registro de nuestras casas porque después me enteré, por lo que me
contaron mi mamá y mi papá, que cuando me llevan a mí, no solamente estábamos
rodeados de 20, 30 antimotines, sino que entraron, revolvieron toda la casa sin
los testigos, y después estos dos testigos, que entiendo que uno incluso
participa de mi reducción, suben después de que revuelven la casa, con lo cual
nunca supimos si me implantaron algo, si inventaron alguna excusa como para
poder llevar adelante el allanamiento, todo esto en el marco de total impunidad
mientras nosotros estábamos detenidos. Según yo puedo entender, todo esto fue
solamente con la intención de generar algún hecho más grave, más violento”.
Parece mejor la cárcel
Los dirigentes fueron finalmente liberados el 5 de mayo pero bajo
una serie de restricciones, sobre las que Gómez afirmó: “casi que era
preferible quedarse dentro de la cárcel”.
Entre las condiciones de la justicia fueguina se encuentran que
los ex detenidos no pueden acercarse a menos de 100 metros a ningún
funcionario público, ni efectivo de la policía, ni a sus familiares, ni bienes,
como tampoco a reparticiones públicas de la provincia: “yo soy empleado público
de la provincia, con lo cual no puedo ir a trabajar y no puedo defender a mis
afiliados porque son de la administración pública provincial, o sea que me
cortaron la posibilidad de ser yo. Además desde las 10 de la noche hasta las 6
de la mañana tengo que estar en mi casa. No puedo participar de actos públicos
en los que supuestamente se puedan generar hechos de violencia, no puedo
hostigar de ninguna forma a ninguno de los funcionarios, por cualquiera de esas
cosas me pueden volver a detener, que es lo que están buscando”, aseveró Gómez.
Para el dirigente, el gobierno de Bertone ha ido avanzando en
profundizar la agresividad y la violencia: “Primero fue una sesión en la
Legislatura para aprobar el proyecto con todo cortado, internet, la fibra
óptica, celulares, sin comunicación, a las 4 de la mañana el 9 de enero.
Después el enfrentamiento directo de los funcionarios públicos con los
trabajadores que estábamos haciendo la vigilia en la puerta de la Casa de
Gobierno, después a la zona liberada con la planta de Orión (que pertenece a
YPF), después pasamos a este golpe directo a las libertades de los trabajadores”.
El por qué del conflicto
Los trabajadores iniciaron el acampe a partir de la aprobación de
un paquete de leyes a comienzos de este año en la Legislatura de Tierra del
Fuego. Sin embargo, la primera presentación de estas normas de ajuste se había
efectuado en agosto del año pasado: “en ese momento y con otra composición en
la Legislatura, logramos torcer ese paquete de ajuste, ahí tuvimos la amenaza
de la legisladora que había presentado el paquete, que nos dijo ‘ahora van a
ver cuando vayamos a asumir”.
Actualmente, el parlamento provincial está compuesto de 15
legisladores, 8 de los cuales pertenecen al Frente para la Victoria . "Tras asumir aprueban el 9 de enero
este paquete que no solamente incluye el régimen de jubilación, las obras
sociales, tarifazos, una nueva agencia de recaudación con superpoderes en el
que nos pueden incautar la mercadería e incluso procesar sin la necesidad de
hacer un acto muy extenso. Nosotros, mientras tanto, tenemos que pagar las
costas de todo eso, y la verdad que es grave la situación. Se avanza
con el enfrentamiento de los funcionarios, después liberan la zona y nos mandan
a golpear por un patota (que sería del Sindicato de Camioneros) y en los medios salen a decir que era totalmente necesario
liberar, como haciéndose responsable de la liberación de la planta Orión , que es
la zona donde estamos cortando, porque estábamos dejando sin combustible a la provincia. Después
viene nuestro secuestro con la fuerza policial, y después no solo que desarma 3
carpas que estaban al costado de la Casa de Gobierno, 2 de ellas pertenecen a
nuestra asociación, sino que hace un nuevo decreto donde establece que con
todas las filmaciones que tienen desde el 8 de marzo en adelante, se les va a
iniciar un sumario a todos los empleados públicos que hayan participado del
acampe, un sumario que tiene el mismo fin que el de los docentes, la exoneración. Y
estamos hablando de entre 700
a más de 1000 personas que pueden haber llegado a estar
presentes en el acampe, porque tuvimos incluso una marcha de 15.000 personas,
así que 1000 personas sería muy fácil de detectar en ese tipo de acciones. ¿Si
esto no es criminalizar la protesta, cortar la posibilidad de la libertad
sindical o de reagruparnos para poder defendernos entre nosotros, qué es? Que
nos expliquen. Si esto no rasga los vestigios que tenía la noche más oscura de
nuestra nación, en la época del gobierno de facto, tendría que reentender y
releer nuevamente la
historia. Está claro que el vicegobernador proviene de la
Armada, era parte del gobierno de facto y creemos que tiene una gran
connivencia con la justicia provincial, primero por la celeridad y violencia
con la que hicieron el procesamiento y allanamientos de las casas, y segundo
que los compañeros del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales)
impulsaron una iniciativa popular (se trata de un proyecto que propone derogar
las leyes de reforma previsional) y el mismo juez que lleva nuestra causa, a
los 2 días cuando nosotros decíamos que ya teníamos la cantidad de firmas necesarias,
dijo que era inadmisible, sin ninguna explicación ni intervención de nadie, nos
bloquea y a partir de entonces no podemos hacer uso de esa iniciativa”.
El acampe frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Tierra
del Fuego lleva más de 70 días, los trabajadores lo mantendrán hasta conseguir
ser escuchados y derogar el paquete de ajuste impulsado por los poderes
ejecutivo y legislativo, a pesar de que esto implique persecuciones, agresiones
y violencia institucional.
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