♣Contra la desocupación, ¿cretinismo parlamentario?
23 de abril de 2016
Por Rolando Astarita
La oposición
burguesa en el Congreso y la dirigencia sindical están promoviendo una ley de
emergencia laboral por la que se establecería la doble indemnización y se
prohibirían los despidos por un lapso de tiempo determinado. El dictamen del
Senado la extendería por 180 días a partir de su promulgación, en tanto que el
dictamen de la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados la establece
retroactiva al 1º de marzo de 2016 y la extiende hasta el 31 de diciembre de
2017.
Como no
podía ser de otra manera, mucha gente está ilusionada con que el drama de la
desocupación creciente –la recesión se está profundizando- puede frenarse, o
revertirse, si se aprueba esta ley.
Frente a esto, hay que decir las cosas con toda crudeza: los
parlamentarios están engañando al pueblo con espejitos de colores.
Es que la desocupación es inherente a la crisis capitalista. Más precisamente,
el despido es el recurso del capital para achicar costos, racionalizar y
aumentar la explotación de los que conservan el empleo. En un plano más general,
la desocupación comprime el campo de acción de la ley de la oferta y demanda de
trabajo “dentro de los límites que convienen de manera absoluta al ansia de
explotación y afán de poder del capital” (Marx). En momentos en que la inflación
está barriendo con los salarios, esta última cuestión pasa a primer plano. En
otros términos, el
aumento del desempleo es absolutamente funcional a la presión de las patronales
y el Gobierno para que los trabajadores limiten sus demandas de recomposición
salarial.
Esto explica
que Mauricio Macri haya prometido vetar la ley, en caso que se apruebe. Es la
expresión, cruda y descarnada, de los intereses del capital. Pero lo más
importante es entender que el capital, de conjunto, defiende sus posiciones
desde el poder que le otorga la propiedad de los medios de producción y de
cambio
frente a los millones que
están obligados a trabajar como sus asalariados, o caer en la indigencia.
Lo han dicho las cámaras empresarias –la Unión Industrial, la Cámara de
Comercio, las agrupaciones de las Pymes y otras-: “si se aprueba la ley vamos a
despedir igual o, en todo caso, no vamos a invertir”. Esta perspectiva no se
cambia con ninguna ley que puedan parir los partidos burgueses de la oposición.
Podrán existir tensiones –la necesidad del capital no siempre encaja con las
necesidades de las fuerzas políticas burguesas- pero
no pasará de ahí. En tanto el capital conserve la facultad de invertir, o
no, chantajeará con la amenaza del despido y del hambre de los que nada poseen. Y
ni los parlamentarios del capital, ni los burócratas sindicales, modificarán
esta situación.
Todo esto se ve
incluso en la discusión sobre la eventual ley. Por empezar, los diputados y
senadores ya están considerando que las pequeñas y medianas industrias sean
exceptuadas. Lo plantearon Mendiguren, del Frente Renovador, e identificado con
la UIA; Marco Lavagna, también del FR; y Pablo Kosiner, diputado del Bloque
Peronista, vinculado al gobernador Urtubey y presidente de la Comisión de
Pequeñas y Medianas Empresas. Esto en un cuadro de situación en que el 35% de
los trabajadores están precarizados. Por otra parte, los proyectos en curso no
dicen palabra sobre las suspensiones, que han sido generalizadas en algunas
ramas, como automotriz. Pero además, hablan de despidos “sin causa justa”. Lo
cual abre numerosos agujeros, porque una empresa puede aducir, por ejemplo, que
despide por razones de fuerza mayor e iniciar un procedimiento preventivo de
crisis ante el Ministerio de Trabajo. Con lo cual el asunto se traba en litigios
y procedimientos legales.
Naturalmente,
los partidos de la oposición burguesa tienen mucho interés en sembrar ilusiones,
y presentarse a sí mismos como defensores del pueblo humilde.
Pero la
realidad es que por la vía parlamentaria no hay forma de que “la crisis la pague
el capital”. Es necesario romper con las ilusiones en el parlamentarismo
burgués. Para esto, el primer paso es tomar distancia tanto
del Gobierno como de las fuerzas burguesas de la oposición.
Hay que apuntar al poder del capital y del Estado que defiende sus intereses. Y
tomar conciencia de que sólo la movilización revolucionaria de
los explotados podrá barrer de raíz este estado de cosas.
Fuente:
https://rolandoastarita.wordpress.com/2016/04/23/contra-la-desocupacion-cretinismo-parlamentario
♣ Prohibición
de despidos, Venezuela y
un ejemplo instructivo
1 de mayo de 2016
Por
Rolando Astarita
En una nota
anterior planteé que es utópico pretender acabar, o reducir significativamente,
la desocupación con una ley que prohíba los despidos (aquí).
En esta nota amplío el argumento a partir del ejemplo de Venezuela. En este país
rige desde mayo de 2002 una medida de inamovilidad laboral y doble
indemnización. Según esta disposición, los trabajadores no pueden ser
despedidos, desmejorados ni trasladados sin causa justa, calificada previamente
por el inspector del Ministerio de Trabajo. El amparo se extiende a los
trabajadores a tiempo indeterminado después del primer mes al servicio de un
patrono; a los contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el
término establecido en el contrato o, en el caso de que el contrato sea para una
labor u obra determinada, mientras no haya concluido la totalidad o la parte de
la misma que constituya su obligación.
En diciembre de
2015 la medida se prorrogó hasta diciembre de 2018. En esa ocasión Maduro dijo
que el decreto “es el complemento de una serie de medidas para impulsar el
trabajo y la producción nacional”. Los trabajadores temporarios u ocasionales no
están beneficiados por la disposición (el 41% de los ocupados tiene empleos
informales o precarizados). Además, los inspectores de Trabajo no están
facultados para ordenar, como medida preventiva, la reincorporación del
despedido durante el tiempo que dure el procedimiento. Aunque se establece que
deberán proceder “con la mayor eficiencia y eficacia en salvaguarda y protección
de los derechos laborales”.
Pues bien, dejando de lado el hecho de que la ley parece haber contribuido poco para “impulsar el trabajo y la producción nacional” (pobreza en el 73%, 17% de caída del PBI entre 2014 y 2017, retroceso de la industria y reprimarización de la economía, entre otros datos), tampoco ha permitido frenar los despidos. Las inspectorías (adscritas al Ministerio de Poder Popular) encargadas de aplicar los procedimientos por inamovilidad son acusadas de permanecer en silencio cuando hay denuncias de despido injustificado, o son inoperantes cuando las patronales no cumplen las órdenes de reenganche.
Los datos que
tomamos del sitio de Provea, referidos a 2014, son elocuentes. Ese año, en el
sector educativo se denunció el despido de más de 3000 docentes en ocho
municipios del estado de Lara “por falta de matrícula y presupuesto”. En
Valencia hubo protestas por la misma causa, con 800 trabajadores a los que no se
les renovó el contrato; incluso el Sindicato Único Municipal de Empleados
Públicos denunció que había trabajadores con más de tres contratos continuos,
que ya debían haber sido incorporados a la nómina fija. En el Consejo Municipal
de Zamora también hubo despidos. En el Ministerio de Servicios Penitenciarios
en dos años hubo más de mil cesanteados, violando la inamovilidad laboral e
incumpliendo, posteriormente, las órdenes de reenganche. En el sector privado
también hubo cesanteados. Por ejemplo, 250 obreros de la empresa Wrangler. En
Pepsi hubo protestas por despidos. En la empresa Daka se despidió obreros en
represalia por haber denunciado irregularidades ante la Inspectoría del Trabajo;
después muchos fueron obligados a renunciar. Además, en muchas ocasiones las
empresas se niegan a reenganchar a los trabajadores, y el Estado no hace cumplir
las disposiciones. Por ejemplo, sucedió en la Hotelera Guaparo, en el municipio
de Naguanagua; en la Alcaldía Metropolitana de Caracas ex trabajadores
reclamaron el reenganche de 1.158 despedidos; en la empresa privada Mikro 760.
Trabajadores despedidos de la empresa Carbones del Zulia tras 11 años de
servicio como contratados señalaron que cumplieron todos los pasos pertinentes,
incluida la consignación de la denuncia ante la Inspectoría del Trabajo, y no
recibieron respuesta. A trabajadores de Puerto Cabello, estado Carabobo, que
intentaban denunciar ante la Inspectoría del Trabajo las irregularidades en las
empresas portuarias, no sólo se les impidió la entrada al ente sino que se les
informó que la Inspectoría no contaba con suficiente personal para atender sus
denuncias por el despido de 75 trabajadores de la Almacenadora de Contenedores (Almaco).
En Valencia,
estado Carabobo, movimientos sindicales y consejos de trabajadores denuncian que
las Inspectorías se parcializan hacia los patronos, apuntando que mientras se
emiten cientos de calificaciones de despido, los pliegos conflictivos
introducidos son “deliberadamente retrasados”. “Las demandas de los trabajadores
son demoradas en detrimento del sector obrero, en una inaceptable parcialización
hacia el patrono”, denunció el secretario de la Federación Unitaria Bolivariana
de Trabajadores en Carabobo, Julio Polanco. (…) “Cada día se aprueban despidos
en complicidad con las autoridades nacionales del Ministerio [del Trabajo] y
sobre todo del viceministro Elio Colmenares, que es quien protege a estos
funcionarios, cuando su deber es proteger a los trabajadores”, denunció en otra
protesta por despidos –en diciembre– el diputado a la Asamblea Nacional (AN),
Douglas Gómez. En octubre, los trabajadores entregaron al procurador del
Trabajo, Ramón Huiza, un documento en el que exigieron la “depuración y
transformación profunda” del Ministerio y sus entes adscritos. En el documento
solicitaron respeto a la estabilidad en el trabajo, a la inamovilidad y a los
fueros de Ley, así como el cese de la criminalización de la protesta. El
director del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (MPPPST)
en el estado Carabobo, Miguel Aponte, criticó que algunos funcionarios defiendan
los intereses de los patronos en detrimento de la masa laboral y se hayan
convertido en “instrumentos de persecución a la clase obrera” (http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/07laborales1.pdf).
Agreguemos que
según la Federación de Trabajadores de Anzoátegui (Fetranzoátegui), en 2015 se
tramitaron en la entidad cerca de 6.000 casos de ambos procedimientos, “de los
cuales al menos 25% no se ejecutaron debido a la lentitud con que operan las
dependencias del Ministerio del Trabajo”. Tito Barrero, presidente de la
organización sindical, dice que “la mayoría de los reenganches en la
administración pública no se procesan. El que más incumple la inamovilidad es el
Gobierno. Ejemplos hay de sobra, comenzando por el despido masivo de 22 mil
trabajadores de Petróleos de Venezuela en 2002, entre ellos dirigentes
sindicales y mujeres embarazadas”. Ana Yanez, dirigente de la Unión Nacional de
Trabajadores (Unete) pidió al nuevo ministro de Trabajo Oswaldo Vera ‘que le
meta el pecho a los múltiples casos de despidos, pues tanto del sector público
como privado hay ordenes de reenganche que no se ejecutan y en las inspectorías
no las hacen cumplir’. Y agregó que el decreto de inamovilidad laboral “se ha
irrespetado en los últimos años por patronos públicos y privados’ (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/laboral/unete-pide-al-nuevo-ministro-del-trabajo–meterle.aspx).
En lo que va de 2016, el sindicato de Trabajadores de la Cantv (Teléfonos
Venezuela) denunció que la directiva de la empresa estatal viene realizando
despidos masivos de trabajadores en todas sus áreas, sin ninguna justificación.
Trabajadores de la TV estatal también denuncian cesantías, Abastos Bicentenario
despidió 660 trabajadores en un día, el diario El
Carabobeño suspendió
personal. La empresa Polar suspendió 6500 trabajadores, despidió 400 y amenaza
con aumentar la cifra. Por supuesto, los trabajadores que están yendo a la calle
porque hay empresas que cierran, ni siquiera tienen el recurso de apelar.
No estamos hablando de un gobierno “neoliberal y títere de los grandes grupos concentrados”, sino de la quintaesencia del “capitalismo de Estado nacional y popular” (y constructor del “socialismo siglo XXI”, para más datos). ¿Cómo es entonces que la ley de inamovilidad laboral no sólo no ha generado empleo y producción en Venezuela (van a ser 14 años de vigencia), sino ni siquiera puede frenar los despidos que se producen, en la práctica, por todos los poros de la economía? Obsérvese, además, que las denuncias se refieren a grandes empresas privadas, y al Estado. ¿Qué decir sobre lo que está sucediendo con los millones de asalariados que están precarizados?
Una vez más: acabar con el flagelo de la desocupación y las crisis no depende de leyes y parlamentos capitalistas, ni de los Estados, sean estos dirigidos por milicos y burócratas, o CEOs y políticos tradicionales. Para construir una perspectiva socialista es imprescindible romper ideológica y políticamente con todas las variantes burguesas. Hay que confiar sólo en la fuerza de la clase trabajadora y su movilización, y no en “Inspectorías” de burócratas que defenderán siempre el orden establecido. No hay atajos oportunistas (aunque se disfracen de “alta táctica política”) para solucionar los problemas de fondo que afectan a los explotados.Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com
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