Colombia y el Paro Agrario:
“El
mundo debe comprender que
no
hay paz posible sin justicia social”.
25 de mayo de 2016
A
lo largo y ancho del territorio de Colombia se realizará el Paro general de la Cumbre Agraria Nacional ,
Campesina, Étnica y Popular desde la mañana del 30 de mayo de 2016. Para
conocer sus propósitos y expectativas nos entrevistamos mediante una conexión
en línea entre Santiago de Chile y Bogotá con el miembro de la Comisión Política
del Congreso de los Pueblos y delegado de esa organización en la Cumbre Agraria
colombiana, Eduardo León.
Por Andrés
Figueroa Cornejo.
-¿Qué es la Cumbre Agraria ?
¿Qué persiguen?
-La Cumbre
Agraria , Campesina,
Étnica y Popular es un proceso relativamente nuevo donde se articulan
corrientes indígenas, de negros, campesinos y populares de una larga
trayectoria de historia de lucha social en Colombia. Surgió en las movilizaciones
agrarias de 2013 y 2014 que tuvieron como objetivo confrontar a una serie de
políticas públicas dirigidas a profundizar el modelo capitalista actual que se
expresa en el extractivismo agroexportador. Ese modelo despoja los bienes
comunes de la naturaleza en los territorios históricos y ancestrales de
nuestras comunidades negras e indígenas. Frente a nuestras movilizaciones, el
gobierno de Juan Manuel Santos respondió con una propuesta de ‘pacto agrario’
que, en síntesis, no recogió las demandas planteadas por nuestras comunidades y
prosiguió la agenda del saqueo. Esto nos llevó a la necesidad de avanzar de una
manera más audaz y decidida en la unión y articulación popular que cuajó en una
Cumbre Agraria donde convergen los procesos más importantes y grandes del país.
-¿Cuáles son los
principales puntos que construyen la unidad de la Cumbre Agraria ?
-Transformar la relación entre el campo y la ciudad en la cual
existe una asimetría feroz a favor de las urbes. En nuestro campo sufrimos un
atraso estructural en todos los aspectos: en la participación política, en el
desarrollo económico, en materia de exclusión social. Esa brecha ha generado
graves problemáticas sociales que podrían resumirse en que existe una evidente
subordinación del campo a la
ciudad. La fórmula extractivista y agroexportadora impuesta
por la actual fase capitalista tiene por objeto intentar resolver la
disminución de su tasa de ganancia y buscar nuevas fuentes de acumulación de
capital. Estamos ante un escenario de expoliación, expropiación y despojo de
nuestras tierras y territorios, y de los bienes que contienen, de tal manera
que nuestras comunidades se encuentran al borde de la desaparición. Hoy
nuestros campos son utilizados para la extracción intensiva de petróleo,
carbón, gas, minerales metálicos (oro, níquel, etc.). Para ello el gobierno
implanta una infraestructura destinada a la circulación del capital al servicio
de la inversión transnacional. Asimismo, se han promulgado leyes que favorecen
la extranjerización de las tierras. Incluso se han conculcado aquellas que la
propia legislación agraria, que tiene muy pocas cosas que benefician a nuestras
comunidades, nos servían. En la actualidad el campesinado ni siquiera puede
acceder a los baldíos de la nación, que eran la única posibilidad que teníamos
para usar algunas tierras. Los territorios colectivos de nuestras comunidades
afrodescendientes han sido invadidos por el gran capital financiero y
agro-industrial. Igual cosa sucede con los resguardos indígenas que, no
obstante contar con una mayor protección legal, no han dejado de sufrir el
embate neoliberal. Todo ello configura un conflicto que porta causas históricas
y culturales que la administración de Santos se niega a reconocer.
“EN COLOMBIA
EXISTE UN CONFLICTO INTEGRAL”
-El gobierno de
Santos habla de paz para Colombia…
-Que la paz es sólo la terminación de la guerra es la idea que el
gobierno insiste en vender internacionalmente, cuando el conflicto armado en
Colombia tiene orígenes sociales, políticos y económicos.
Nosotros queremos avanzar en la paz con justicia social y ambiental y en un país con una vida digna. Esa es la paz que requerimos desde el mundo social.
Nosotros queremos avanzar en la paz con justicia social y ambiental y en un país con una vida digna. Esa es la paz que requerimos desde el mundo social.
-Paz con justicia
social, desde Chile por ejemplo, no tiene relación con el relato gubernamental
colombiano y el discurso del poder que pareciera dibujar una suerte de larga
guerra civil restringida exclusivamente entre el Estado y las insurgencias
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – EP (1) y el Ejército de
Liberación Nacional de Colombia (2)), como si no existiera un pueblo y una
sociedad organizada distinta a las fuerzas político-militares de las FARC-EP y
el ELN…
-Efectivamente, el movimiento social y popular colombiano
caracteriza el conflicto en nuestro país como social, político y económico.
Esto es, un combate estructural e histórico. Las insurgencias armadas sólo son
una expresión de ese conflicto, más allá de que las causas que provocaron las
insurgencias sean las mismas que nos movilizan a nosotros/as. A partir de esa
consideración profunda, pensamos que el modelo de paz planteado por el gobierno
de turno se trata de una paz ideada para crear las condiciones propicias sólo
para una superior inversión extranjera y facilitar la depredación de nuestros
recursos.
-¿Cómo describe la Cumbre Agraria y el
Congreso de los Pueblos a la forma y el contenido del Estado colombiano?
-Como a un Estado corporativo, un Estado al servicio del gran
capital y de las gigantes multinacionales que están presentes en el país. En
consecuencia, aunque respaldamos las negociaciones y los diálogos entre la
insurgencia y el gobierno que se desarrollan en La Habana, Cuba, con las
FARC-EP, y con las que se iniciarán en su fase pública en Quito, Ecuador, con
el ELN, nosotros consideramos que la paz no es simplemente la terminación de la
guerra.
LA FÓRMULA DE LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL DE LOS PUEBLOS
-¿Qué significa
la paz para ustedes, entonces?
-Reconocer que en Colombia existe un conflicto integral y que,
por tanto, los movimientos sociales y populares somos un sujeto social y político
que es preciso tomar en cuenta a la hora de construir una solución política a la crisis. Por eso varias
organizaciones de la
Cumbre Agraria estamos exigiendo nuestra participación
directa, vinculante y decisoria con el gobierno.
-¿Como una
tercera mesa de negociación y diálogo con la administración-Santos?
-No nos gusta mucho que se hable de una ‘tercera mesa’, porque
pareciera que hubiera una especie de jerarquización. Preferimos hablar de un
espacio complementario al de las mesas que se están adelantando entre las
insurgencias y el gobierno. Nosotros nos referimos a una complementariedad
autónoma respecto de las mesas de diálogo y negociación ya en curso. O sea, esa
complementariedad no implica mutua dependencia.
-¿Y cómo han
prefigurado ese espacio complementario independiente?
-Como una Mesa Social para la Paz donde se pueda instalar una
agenda que permita debatir y arribar a acuerdos en torno a aspectos
estructurales.
-¿Qué significa
precisamente justicia social para la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos?
-Paz con Justicia Social significa que no es posible pensar en
una paz por la que hemos luchado siempre, si no hay cambios sustanciales que
nos emprendan hacia la democratización del país. Ello quiere decir varias
cuestiones. Significa que se reconozca que las comunidades agrarias,
campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas podemos tomar y poner en la
práctica nuestras propias visiones alternativas al sistema capitalista. En ese
sentido, tenemos nuestros propios planes de vida y nuestras propias relaciones
sociales, ambientales y económicas en nuestros territorios. Relaciones
económicas que hoy están subordinadas al imperio del capital. Significa que
abogamos y exigimos una democracia participativa y directa, donde se reconozcan
nuestras propias formas de gobierno y nuestras propias autoridades. En la
actualidad hay decisiones que se toman a nivel gubernamental que impactan en
contra de nuestras comunidades. Por ejemplo, no se respeta el derecho a la
consulta previa (Convenio 169 de la OIT) ni los mecanismos de participación
ciudadana y consultas populares contemplados en la Constitución.
-¿Qué ocurre con
la soberanía alimentaria?
-No obstante, que nuestras economías propias están bastante
diezmadas, podrían garantizar la mayoría de los alimentos para el país. O sea
que Colombia está en condiciones de auto-alimentarse. Pero del 60 al 80 %
de los alimentos son importados en el marco de los tratados de libre comercio.
Una de nuestras reivindicaciones fundamentales es la soberanía alimentaria y no
solamente la seguridad alimentaria. Al respecto, uno de nuestros objetivos es
que los alimentos sean producidos por nuestras propias comunidades. Colombia
tiene una geografía y biodiversidad tan ricas, que es capaz no sólo de producir
el alimento para todos/as los colombianos, sino que incluso podríamos
contribuir en la alimentación de otros países, empezando por los pueblos
hermanos de NuestraAmérica. Lo anterior se transforma en una disputa de
proyectos de desarrollo en torno a cómo se organiza el territorio. El gobierno
privilegia el extractivismo y los agro-negocios, mientras que nosotros
postulamos un ordenamiento territorial fundado en la agro-ecología, la
protección del medioambiente y de los recursos vitales para la humanidad como
el agua. Colombia todavía es uno de los grandes productores de agua y cuenta
con cuencas hidrográficas extraordinarias, aunque hoy están en grave riesgo de
desaparecer debido a la explotación minera.
“EL ESTADO
COLOMBIANO EN VEZ DE CAMINAR HACIA LA PAZ, MUY POR EL CONTRARIO, ESTÁ
PROFUNDIZANDO LAS CAUSAS DEL CONFLICTO”
-¿Cuáles han sido
las respuestas que han recibido por parte del Estado corporativo colombiano
respecto de sus demandas centrales?
-Desde el 2014 hemos presentado un pliego y acordado una agenda
con el gobierno nacional, en el contexto de una Mesa Étnica Nacional (lugar de
interlocución y negociación). Allí también pusimos un punto ligado a la
construcción de confianzas alrededor de la financiación de algunas obras de
infraestructura y proyectos productivos para el fortalecimiento de nuestras
organizaciones, entre otros temas. Se trata de aspectos que si el Gobierno
Nacional hubiera tenido la voluntad política, ya se habrían cumplido. Por
ejemplo, acordamos la dotación de $1.500 millones de pesos (600 mil dólares)
por año desde el 2014, pero al 2016 ni siquiera ha sido aprobado el presupuesto
del 2014. Ello ilustra claramente cómo el gobierno incumple sus compromisos. De
hecho, nosotros nos movilizamos y paramos desde el 30 de mayo próximo por 8
puntos bien definidos (3), y que consideran temas sustantivos que han sido
sistemáticamente no cumplidos.
-He visto las
imágenes de la implacable represión policíaco-militar en contra de las
movilizaciones que ustedes han desarrollado en los últimos años (4)…
-El gobierno, al igual que lo hace con las insurgencias, ha
implementado una estrategia de invasión y desgaste para hacerle el vacío a la
Mesa Étnica Nacional. Asimismo, el gobierno no está dispuesto a discutir
ninguna de nuestras demandas que toquen siquiera de manera mínima las
estructuras del modelo neoliberal. Por ello es que hemos resuelto efectuar el
Paro Agrario.
-¿Cuáles son las
características del Paro Agrario que se inicia el 30 de mayo?
-Es de carácter indefinido y con fines políticos muy concretos.
Queremos reponer nuevamente sobre la mesa las reivindicaciones que llevan
incumplidas más de dos años. La administración de Santos lo único que nos ha
dicho es que el modelo no va a cambiar hasta que no se cambie el gobierno. Y
así pasa que los pocos bienes públicos que quedan ya están en la lista para ser
privatizados; la educación dejó de ser un derecho y se convirtió en mercancía.
Lo mismo ocurre con la salud y otros derechos sociales y económicos. En
consecuencia, el desenvolvimiento del proyecto capitalista del Estado
colombiano en vez de caminar hacia la paz, muy por el contrario, está
profundizando las causas del conflicto. En general, también perseguimos
concitar la solidaridad nacional e internacional con nuestra causa para que la
administración de Santos comprenda la urgencia de abrir canales de negociación,
diálogo y participación con el movimiento social y popular.
-Y los Derechos
Humanos en Colombia…
-Todo arranca desde la concepción ‘por arriba’ de la ausencia de
inclusión social, económica, política y ambiental. Los efectos de la exclusión
son devastadores en materia de Derechos Humanos en el país. Por abajo hay
asesinados, desaparecidos, perseguidos, amenazados, judicializados por ejercer
el derecho a la
protesta. Muchos dirigentes y dirigentas han sido acusados
falsamente de ejercer terrorismo sólo por haber impulsado los paros que
realizamos el 2013 y el 2014. En este sentido, la situación de los DDHH en
Colombia bajo el gobierno de Santos no es sustancialmente distinta a la que
sufrimos durante los 12 años de la administración del ex presidente Álvaro
Uribe. Entonces Santos busca desmovilizar la insurgencia no sólo armada, sino
también al movimiento social a través de su negación reiterada de acceder a un
cese del fuego bilateral solicitada tanto por el pueblo movilizado, como por la
insurgencias armadas. Esto contrae un grave problema para nuestras comunidades
porque bajo el supuesto del gobierno de combatir a las insurgencias armadas, se
viola flagrantemente por el lado de las fuerzas estatales el Derecho
Internacional Humanitario. Por eso, en tanto el relato oficial dice que estamos
prácticamente al borde de un momento de post-conflicto y de paz en Colombia,
desde el 30 de mayo vamos a salir a las carreteras y las calles miles y miles
de campesinos y pueblo urbano, demostrando que la realidad es completamente
otra. Pondremos de manifiesto la verdad del país: que aquí se violan los DDHH;
que se profundiza un modelo que somete a la pobreza estructural a nuestra
gente; que se entregan sin mayores requerimientos ni contraprestaciones
nuestros recursos básicos al capital extranjero. El gobierno tendrá que
entender que la paz no es únicamente el fin de la guerra.
-La lucha del
pueblo colombiano se ofrece en medio de una ofensiva brutal del imperialismo
norteamericano en contra de otros pueblos de NuestraAmérica, como son los casos
de Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Honduras, Ecuador, sólo por nombrar
los más trágicamente visibles. ¿Cómo evalúan semejante coyuntura?
-Nuestra suerte como pueblos de Colombia, es la misma suerte de
varios países de NuestraAmérica. Sin duda que los gobiernos progresistas y
populares del continente están padeciendo una embestida impresionante por parte
del capital imperialista. Pero por otra parte y por la misma causa, también la
resistencia de los pueblos se multiplica. Sin una pizca de pretensión, los
pueblos colombianos estamos en pie de afirmar que hoy podemos aportar en la
resistencia popular a escala continental. Por eso solicitamos la solidaridad
internacional. Probablemente nuestra lucha y paro serán bloqueados
mediáticamente y sólo contaremos con la compañía de los medios
alternativos e independientes. Desde ya les aseguramos que la movilización que
comienza el 30 de mayo tendrá estatura histórica. Vamos a lograr varios de los
objetivos que nos hemos impuesto. El movimiento social y popular colombiano se
está reactivan do y radicalizando,
llegando al punto de poder exigir.
Notas
1. http://www.pazfarc-ep.org/
2. http://www.eln-voces.com/
3. http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/15/colombia-vuelve-el-paro-nacional-el-30-de-mayo-tras-dos-anos-de-incumplimiento-del-gobierno/
4. http://kaosenlared.net/colombia-el-video-de-la-represion-estatal-contra-el-paro-agrario/
1. http://www.pazfarc-ep.org/
2. http://www.eln-voces.com/
3. http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/15/colombia-vuelve-el-paro-nacional-el-30-de-mayo-tras-dos-anos-de-incumplimiento-del-gobierno/
4. http://kaosenlared.net/colombia-el-video-de-la-represion-estatal-contra-el-paro-agrario/
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12106
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