Deuda Pública y nuevo Gobierno Macri
1 de diciembre de 2015
Por Héctor Giuliano*
En materia de endeudamiento público -al contrario de lo que
comúnmente se cree- no existe cambio sino continuidad de la política de
gobierno en la Argentina porque la administración saliente (CFK-Scioli) y la
electa (Macri) tenían y tienen un mismo objetivo de fondo: volver al mercado
internacional de capitales para tomar más deuda externa.
Tanto el fracasado Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 como la
Hoja de Ruta Boudou de 2008 partían de la base que la reestructuración o
refinanciación de la deuda de entonces, iba a permitir aliviar el perfil de
vencimiento de las nuevas obligaciones para que la Argentina pudiera volver a
colocar bonos en el exterior.
Pero los errores de diseño del Megacanje -altas tasas de interés
en moneda extranjera, cupones PBI compensatorios de la quita, aceptación de
cláusulas leoninas a favor de los acreedores y, sobre todo, irresolución del
problema de los holdouts–
así como las utopías de la Hoja de Ruta K -idea de arreglos convenientes con
los tenedores que no entraron en el canje y con el Club de París- dieron
paulatinamente por tierra con las esperanzas de paliar el problema financiero
insoluble de la deuda pateando siempre los compromisos para adelante.
Y es así como un gobierno que asumió signado por una crisis de
deuda -por insolvencia y por iliquidez- termina dejando a su sucesor una nueva
crisis de deuda por los mismos motivos.
CUADRO DE SITUACIÓN
La falta de datos oficiales confiables en materia
económico-financiera dificulta cuantificar los problemas de la herencia que
recibe la nueva administración Macri (inflación, pobreza/indigencia, monto del
PBI/niveles de crecimiento, deuda pública del Estado Central/Deuda Pública
Nacional, etc.) pero pueden identificarse, prima facie,
tres cuestiones centrales e inmediatas:
1- La citada crisis de deuda -como condicionante total de la
política económica y financiera de gobierno- con el detonante del problema de
los holdouts a la cabeza.
2- La falta de divisas propias en el Banco Central (BCRA), como
resultado de la política de pagos de la deuda externa con reservas
internacionales y de la salida sistemática permitida de capitales.
3- La elevada inflación real existente -con aumento del nivel de
precios y distorsión de los precios relativos- la desactualización de precios/tarifas
de servicios públicos y el retraso cambiario.
El verdadero panorama y nivel de gravedad de la situación heredada
lo dará el acceso a los datos oficiales, lo que depende no sólo de que se
conozcan sino también de que se den debidamente a publicidad cosa que es
particularmente importante en cuanto al tema de la deuda.
AGENDA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN
La lógica y los tiempos de la Economía son muy diferentes a los de
las Finanzas y, en este momento, los principales y determinantes problemas de
la Argentina son financieros antes que económicos.
En línea con las acuciantes cuestiones expuestas, la nueva
administración Macri va a tener que tomar medidas urgentes en los tres campos:
1- Inicio de conversaciones de allanamiento -mal llamadas negociaciones–
con los fondos buitre en Nueva York, lo que implica desandar el camino del
desacato ante el fallo Griesa y ponerse en manos del mediador Pollack, que
actúa en la práctica como reestructurador de una deuda que aumenta
progresivamente con el paso del tiempo y con la aparición del resto de los holdouts (los denominados me too), a los que el
juez acaba de incorporar fácticamente en los reclamos contra nuestro país.
2- Recapitalización del BCRA, dado el vaciamiento de reservas
sufrido bajo la
administración K , y la consiguiente reestructuración de su
deuda cuasi-fiscal.
3- Ajuste fiscal para atenuar el desequilibrio de las finanzas
públicas (fuertemente determinado por el problema de la deuda y sus servicios),
reducción de los subsidios, estabilidad de precios y tipo de cambio.
Ninguno de estos puntos de agenda es fácil de encarar ni
predecible para la acción de cualquier gobierno pero tanto la extracción
político-ideológica de la nueva administración Macri como la superestructura de
poder económico-financiera que lo sostiene permiten entrever los lineamientos
de su planteo al respecto.
PRIORIDADES DEL NUEVO
GOBIERNO
Tanto el candidato oficialista Scioli como el vencedor candidato
opositor Macri venían sosteniendo -ellos y sus portavoces económicos- una receta
común para encarar el problema central del endeudamiento argentino: tomar más
deuda.
La cuestión de la deuda es el eje central y absoluto de todo lo
que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política; y las
acciones y/o preanunciadas y/o previsibles para la nueva administración lo
demostrarían prontamente:
a) Contacto inmediato con los holdouts para arreglar la forma de pago a los
acreedores -fondos buitre y resto de los me too– lo
que conlleva una nueva reestructuración de deuda después del fracaso el
Megacanje 2005-10.
b) Probable apelación para ello a la variante Gramercy ,
por el antecedente del pago de fallos del CIADI contra el país, que fueron
triangulados por vía de la compra de los derechos de las sentencias a los
acreedores y luego refinanciación al gobierno argentino con bonos.
c) Ampliación del contrato de swap de monedas con China -se habla de unos
20.000 MD- a los efectos de sostener las reservas del BCRA y cubrir los pagos
de servicios de la deuda en moneda extranjera, sobre todo los pagos derivados
de la aceptación/implementación de la sentencia Griesa.
d) Préstamo-puente con los mismos destinos, provenientes de bancos
internacionales, en la plaza de Nueva York -presumiblemente liderados por la Banca Morgan (que
habría ofrecido 5.000 MD de crédito directo y 10.000 MD como agente de grupos
de inversores financieros)- y preparación de nuevas colocaciones de bonos en
moneda extranjera a mediano plazo.
e) Conversión progresiva de deuda cuasi-fiscal del BCRA (por
Lebac/Nobac) en deuda por Letras del Tesoro, para traspaso de obligaciones y
descarga parcial del altísimo costo financiero de las letras/notas, que hoy se
colocan a tasas del 30 % anual en pesos (y que son las que fijan el piso de las
tasas de las mercado).
f) Conversión de los atrasos en la entrega de divisas a
importadores -que hoy acumulan 9/10.000 MD- en bonos de la deuda pública; lo
que implicaría la triangulación con inversores financieros que compren luego
dichos bonos a los tenedores posesionándose así de esa nueva deuda del Estado.
g) Aceleración de la toma de deuda externa por las provincias -con
la CABA, Buenos Aires, Neuquén y Mendoza a la cabeza- en el marco del nuevo
régimen de toma de deuda por entidades subnacionales y con el propósito
inmediato que las divisas así obtenidas sirvan para reforzar la posición del
reservas del BCRA.
h) Previsible continuidad en las operaciones de endeudamiento
externo, también con fines de provisión de divisas, por parte de YPF y/u otros
organismos nacionales.
i) Forzoso replanteo de las relaciones financieras
Nación-Provincias a la luz del fallo de la Corte Suprema
haciendo lugar al reclamo conjunto de Córdoba, Santa Fe y San Luis, lo que
conlleva una suma incalculable en caso de extenderse al resto de las
jurisdicciones.
j) Atención del déficit del sistema previsional actual de la ANSES
e incremento con el desfinanciamiento del 15% de la coparticipación en momentos
en que tiene el 65% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) prestado al
Tesoro en forma incobrable. Y
k) Cobertura del déficit fiscal creciente -140.000 M$ (millones de
pesos) al 30.9 y que se estima superará los 200.000 M$ a fin del ejercicio
2015, lo que implica un aumento adicional del endeudamiento público porque el
déficit se cubre con deuda.
Este último punto reviste particular gravedad, ya que se entiende
que el nuevo gobierno -por lógica- no podría encarar un severo plan de ajuste
fiscal apenas iniciada su gestión, por lo que debería apelar forzosamente a más
endeudamiento para atender las cuentas inmediatas (sueldos/jubilaciones y
deudas exigibles de proveedores) y sostener la transición hacia reducciones de
recursos por baja de subsidios y aumentos de tarifas en los servicios públicos.
La deuda es, además, un componente implícito en el sostenimiento
de la política cambiaria porque -pese a sus dichos iniciales- se piensa con
fundamento que la nueva administración Macri no va a poder liberar el cepo y
unificar el mercado cambiario en forma abrupta y en el inicio de su gestión:
Porque tales medidas implicarían una devaluación de hecho y -en
mayor o menor medida- el inevitable traslado a precios de la misma.
Porque el gobierno necesita mantener un retraso cambiario relativo
para poder pagar servicios de la deuda externa y garantizar los de las nuevas
obligaciones a contraer, siendo que la mayoría de la recaudación fiscal
obviamente está en pesos mientras que los nuevos compromisos y sus servicios
están en moneda extranjera.
Porque el retraso cambiario relativo -por devaluación inferior a
la inflación real- es, a la vez, un componente básico de la lucha
anti-inflacionaria como ancla de precios internos y medida en tándem con las
altas tasas de interés locales (hoy del 23-24% a nivel mayorista Badlar) que
garantizan los niveles de rentabilidad financiero-bancarias (la misma alianza
fáctica de la Banca con la
administración K ).
El retraso cambiario y su correlato de altas tasas de interés
locales -clave de las altísimas ganancias financieras por diferencia frente a
las tasas internacionales- continuarían así siendo el eje de la política
monetaria, cambiaria y bancaria de la nueva administración.
Como puede observarse, todas -absolutamente todas- las acciones
clave a desarrollar en el marco de un replanteo inmediato de la crisis de deuda
argentina que deja el gobierno Kirchner, serían así cubiertas con la colocación
de más deuda.
Notablemente, la política de pagos de la deuda externa sostenida a
ultranza por la
administración K , el traspaso de la deuda impagable como
deuda intra-Estado (con tendencia a la licuación por impago y/o por
sub-indexación), el vaciamiento de las reservas internacionales del BCRA para
cancelar deuda en moneda extranjera, el aumento de las tasas de interés locales
y el creciente déficit fiscal, son todos factores componentes de la política seguida
durante la llamada década ganada que han terminado sirviendo al endeudamiento
forzoso, presente y futuro, del Estado Argentino.
CONCLUSIÓN
El gobierno Kirchner ha batido récords de pago de la deuda del
Estado. La presidenta
CFK declaró en septiembre de 2014 que desde el año 2003 su
administración había pagado más de 190.000 MD (millones de dólares) en total
por servicios de la deuda pública, fundamentalmente externa y con terceros. Sin
contar todavía las deudas agregadas durante el corriente año 2015.
Estos pagos se destinaron básicamente a cancelar deuda con
terceros -acreedores privados y organismos financieros internacionales- a costa
de la Deuda intra-Estado, es decir, usando recursos fiscales administrados por
el gobierno para traspasar las deudas impagables al Estado Central.
Tal política de pagos de la deuda -en el marco de un sistema de
deuda perpetua, donde los vencimientos de capital se refinancian en su
totalidad mientras se pagan los intereses y se toma deuda nueva- tuvo por
finalidad desagotar los altísimos niveles de deuda externa que se arrastraban
desde el default de fines de 2001 para volver a contraer más deuda.
Con la agravante de que ese mecanismo de pagos a ultranza seguido
hasta sus postrimerías por el gobierno K -que vivió pagando y terminó debiendo
más de lo que heredó (178 contra más de 270.000 MD)- se hizo bajo el falso mito
del desendeudamiento.
Pocas veces en la historia reciente un engañoso discurso oficial
sobre la deuda pública ha sido tan funcional a los intereses de los acreedores
financieros del Estado.
* Licenciado
en Administración y Finanzas y experto en Deuda Pública y Externa
Fuente:
http://www.agenciacta.org/spip.php?article17975
No hay comentarios:
Publicar un comentario