Nuevos tratados de “libre comercio”:
TTIP, CETA, TiSA, TPP…
Una sopa de siglas para
liberalizar (más) el comercio mundial
26 de enero de 2016
La multitud de
tratados que se están negociando a escala planetaria marcan una nueva ofensiva
por liberalizar el comercio mundial. Porque más allá de las siglas, estos
tratados fomentan un marco legal que permite a las corporaciones
transnacionales imponerse al resto, en un sistema cada vez más desigual, que
destruye empleo, desplaza al pequeño comercio, daña los ecosistemas y tensa más el
conflicto social, abriendo camino a un capitalismo aún más salvaje.
Por Lucía Bárcena, Tom Kucharz y Luis Rico
Lunes 25 de enero de
2016
El 7 de octubre pasado
una enorme balanza presidía la entrada de la Comisión
Europea (CE) en
Bruselas. Uno de sus platos albergaba unos sacos de arena en representación de
las multinacionales. En el otro había más de tres millones de firmas de la
ciudadanía europea, recogidas a lo largo de un año, en contra de las
negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por
sus siglas en inglés) entre EE UU y la UE, y de otros Tratados de Libre
Comercio (TLC) como el de la UE y Canadá (CETA) y el que 50 países negocian
para liberalizar sus servicios públicos (TiSA). Con esta acción se abría la
Semana de Lucha contra los TLC, durante la que se llevaron a cabo actos en todo
el planeta, como la multitudinaria manifestación en Berlín que sumo a 250.000
personas.
Una semana más tarde,
del 19 al 23 de octubre, se celebró en Miami la 11ª ronda de negociaciones
sobre el TTIP, haciendo caso omiso a millones de voces de la ciudadanía global
que se resisten a seguir el camino impuesto de las potencias occidentales (EE
UU, UE y Japón fundamentalmente) hacia una mayor liberalización comercial. A
fecha de hoy, el Tratado Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) entre EE
UU, Japón y otros diez países de Asia oriental, Oceanía y América [1], y el
CETA se encuentran pendientes de ratificación [2]; mientras que el TTIP y TiSA
están aún en proceso de negociación [3].
El foco en el TTIP
Aunque todos los TLC
implican consecuencias similares, es precisamente el TTIP el que más atención
mediática está recibiendo, resultado en gran parte a la denuncia de los
movimientos sociales por el oscurantismo de las negociaciones. La campaña
social para “sacar al tratado de la trastienda” ha sido tan efectiva que ha
obligado a la CE a modificar su estrategia de poco ruido hacia una ofensiva
para publicitar sin descanso los supuestos beneficios del TTIP. Para ello,
comenzó tomando medidas para aumentar la transparencia de las negociaciones.
Se ha habilitado una
sala de lectura (reading room) para que los/as eurodiputados/as consulten
algunos de los textos de las negociaciones. Sin embargo, las ofertas de EE UU
en la negociación, los textos consolidados (aquellos que unen las ofertas de
ambas potencias) o las actas de las reuniones siguen siendo confidenciales. Y
el acceso a la sala de lectura, bajo juramento de confidencialidad y estricta
vigilancia, se ha de hacer sin ningún tipo de dispositivo para tomar notas (ni
bolígrafos, ni papel, ni cámara de fotos, ni teléfono móvil), lo que convierte
las medidas de transparencia en un simple lavado de imagen.
Aparte de estas medidas, cada movimiento de la
CE confirma los hechos de que el TTIP va a anteponer los intereses de la elite
empresarial a los derechos ambientales y sociales de la ciudadanía. El 88%
de las casi 600 reuniones que la Comisión ha mantenido con los “actores
interesados” son con representantes de los grupos de presión de las grandes
empresas [4] y en plenas negociaciones del Tratado se está produciendo un
trasvase de altos cargos de la UE a multinacionales y viceversa [5]. Además,
los textos de la negociación que han sido filtrados, apuntan a que las empresas
formarían parte de un cuerpo consultivo (el órgano de cooperación reguladora)
cuyo objetivo es revisar el impacto de la legislación europea y estadounidense
en el comercio y con ello podrían actuar como colegisladores a la hora de
desproteger ambiental y socialmente a la ciudadanía europea [6]. A su vez, en
EE UU, tras una votación muy ajustada y con la oposición de parte de la bancada
demócrata, se ha otorgado “la vía rápida” (fast track, en inglés) para el TPP y
el TTIP, por la cual el Congreso y el Senado de EE UU solo pueden aprobar o
rechazar los Tratados, pero no introducir enmiendas, como ya ocurre en la UE
con el Parlamento Europeo (PE).
Aun así, las
negociaciones están yendo a un ritmo mucho más lento del inicialmente esperado
por ambas partes, que estimaban su conclusión para finales de este año, 2015.
Ahora reconocen que no se finiquitarán antes de 2017. En este caso, la UE, por
la presión de quedarse excluida tras la reciente firma del TPP y la necesidad
de presentar algún avance, está tratando de agilizar el proceso, pero encuentra
que sus ofertas de liberalización y reformas legislativas no están siendo
suficientemente correspondidas por EE UU, que por haber firmado ya un TLC
importante y encontrarse en año electoral presenta más cautelas. La CE está
presionando para que EE UU derogue la Buy American Act
y abra su mercado de contratación pública, que prioriza a las empresas locales,
algo en lo que EE UU no parece dispuesto a ceder. Otros puntos, como servicios,
agricultura, protección de las inversiones, cooperación reguladora o el
capítulo de químicos son también causa de desencuentros.
Con todo, la CE se
encuentra en una compleja situación en la que, por un lado, dada la fuerte
campaña en contra, no puede ser demasiado evidente en sus propuestas de
liberalización, y por el otro intuye que cuanto más tiempo pase, más oposición
ciudadana encontrará. Para tratar de legitimar el TTIP han centrado sus
esfuerzos en conseguir el apoyo del grupo socialdemócrata en el Parlamento
Europeo. Dicho apoyo se consiguió en una polémica votación, que incluyó una
serie de artimañas legales por parte del Presidente socialdemócrata Martin
Schulz (incluido su aplazamiento hasta asegurar los votos favorables [7]), a
cambio de una serie de recomendaciones no vinculantes sobre la reforma del
mecanismo Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus
siglas en inglés), la exclusión de los servicios públicos y la protección de
datos [8].
La rebaja de la
legislación socioambiental en la UE ya es un hecho
Durante la última ronda
de negociaciones del TTIP, se filtró el borrador de la propuesta de la UE para
el capítulo de Desarrollo Sostenible del Tratado [9]. En el documento no hay
más que una serie de buenos propósitos vagamente redactados y no vinculantes en
los que no se especifica cómo se va a asegurar su cumplimiento, lo que deja el
texto en el más absoluto vacío jurídico. No se incluye ni una mínima evaluación
de los posibles impactos socioambientales del TTIP ni ninguna mención a la
obligación de las partes de cumplir con los acuerdos ambientales o laborales
internacionales, eliminando la posibilidad de que medidas tomadas en favor del
medio ambiente (como de lucha contra el cambio climático) puedan quedar por
encima de las obligaciones comerciales del tratado.
Con ello, la UE
continúa con la estrategia de la Constitución Europea
y del Tratado de Lisboa, en donde tras una exquisita retórica ambiental
vagamente redactada se detallan todos los aspectos político económicos, de
corte claramente neoliberal. Ello ha supuesto que el grado de incumplimiento de
la legislación ambiental europea sea muy alto, especialmente cuando hay
intereses económicos en el camino, como muestra el reciente caso Volkswagen,
que demuestra la total complicidad de la CE en con el gigante automovilístico [10].
Mientras tanto, en el
transcurso de las negociaciones, ya se está produciendo una rebaja de la
legislación ambiental existente, como ha ocurrido con las 17 nuevas variedades
de transgénicos aprobadas [11], la mayor dificultad que van a experimentar los
Estados miembros para prohibir dichos cultivos [12] o la dilución de la
Directiva de Calidad de Combustibles para que no discrimine a los más
contaminantes [13]. Esta perspectiva es más que preocupante al observar las
Prioridades de la CE para 2016 que mezclan la finalización de las negociaciones
del TTIP con la
iniciativa REFIT [14], que pretende revisar una serie de
legislaciones europeas, como la directiva REACH , la de pesticidas o la de
hábitats, para eliminar costes reguladores. Las políticas de promoción del
comercio internacional se han impuesto a las de protección socioambiental.
Todos los derechos
para las grandes empresas, ninguna obligación
El debate sobre la
inclusión de un capítulo de protección de las inversiones (que permitiría a
inversores extranjeros demandar a los Estados a través del ISDS) [15]
ejemplifica el trato de favor que otorga la CE a los intereses de la elite
empresarial. El creciente rechazo de la ciudadanía europea al ISDS obligó a la
Comisión, en otoño de 2014,
a realizar una consulta sobre dicho mecanismo, cuya
participación, pese a la complejidad del tema, fue la más alta de la historia
de la UE. Los
resultados arrojaron un 97% de respuestas abogando por la eliminación de
tribunales privados de protección de las inversiones.
Lejos de escuchar a la
ciudadanía, la Comisión ha presentado una serie de reformas al ISDS para tratar
de apaciguar las críticas y justificar el polémico apoyo del grupo
socialdemócrata al Tratado en el Parlamento Europeo. En su última propuesta, en
septiembre de 2015, la CE aboga por sustituir el ISDS por un Sistema Judicial
de Inversiones (Investment Court System en inglés) que incluye la designación
de jueces cualificados y un mecanismo de apelación, hasta ahora inexistente.
Estos cambios corrigen algunos de los problemas del ISDS, pero dejan sin
resolver las pegas fundamentales. Continúa siendo un mecanismo privado que
discrimina a las empresas medianas y pequeñas y a la ciudadanía frente a las
multinacionales, las únicas con capacidad de hacer uso del sistema de
protección de las inversiones. Y sigue siendo un sistema unidireccional, en el
que las empresas pueden denunciar a los Estados, pero no a la inversa.
El mecanismo ISDS
contrasta con las pocas obligaciones que contraen los inversores extranjeros en
los TLC [16] y la dificultad para juzgar a las empresas multinacionales en
casos de violación de los derechos humanos. En junio de 2014, pese a los votos
en contra de los representantes de países miembro de la UE y de EE UU, en la
26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se adoptó la decisión de
“Establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre
las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos
humanos”. Durante las primeras sesiones, en julio de este año, la UE trató de
descarrilar el proceso al deslegitimar el mandato adoptado un año antes y la
agenda del grupo de trabajo.
Comercio global para
una sociedad cada vez más desigual
La multitud de
tratados que se están negociando a escala planetaria marcan una nueva ofensiva
por liberalizar el comercio mundial. Porque más allá de las siglas, los TLC, en
línea con el paradigma de la OMC, fomentan un marco legal que permite a las
corporaciones transnacionales imponerse al resto, en un sistema cada vez más
desigual, que destruye empleo, desplaza al pequeño comercio, daña los
ecosistemas y tensa más el conflicto social, abriendo camino a un capitalismo
aún más salvaje. En esta vía la brecha social ha ido en aumento. Según el
informe de Oxfam Internacional Europa para la mayoría, no para las élites [17],
una cuarta parte de la población europea vive en condiciones de pobreza, siendo
España el cuarto país más desigual. El informe deja en evidencia que las
medidas de austeridad y las políticas sociales de la UE no han respondido a las
necesidades reales de la población mientras que el número de milmillonarios no
ha dejado de aumentar.
Esta desigualdad es
fruto del pacto de las elites económicas con las instituciones democráticas,
que se revela con el más absoluto descaro en cada nuevo caso de puertas
giratorias. Una desigualdad que ya no es solo una desigualdad económica, sino
que pasa a ser una desigualdad creciente de poder a todos los niveles, en el
que grandes corporaciones e instituciones públicas crean sistemas burocráticos
cada vez más inaccesibles y alejados de las necesidades reales de las personas
y el medio ambiente.
Una batalla
ideológica
Para calmar el conflicto social generado por
la desigualdad se hace necesario diseñar unas reglas del juego que legitimen la realidad. Así , se
mantiene este sistema caduco, que subsiste y se resiste buscando nuevas formas
de existencia sin tener que romper con sus principios básicos. Muchas son las
palabras, o metáforas [18], de las cuales se ha apropiado el sistema neoliberal
y a las que recurre constantemente para autojustificarse. Se habla de igualdad
de oportunidades o de libre mercado. Pero un mínimo análisis muestra que el
neoliberalismo va asociado a la disminución de la movilidad social [19] (las
opciones que tienen los miembros de una sociedad para cambiar su condición
socioeconómica) y a una amplia y férrea regulación comercial [20], como se
demuestra con el mecanismo ISDS.
Además de la cooptación terminológica, el
sistema se sirve de una serie de mitos. A modo de mantra, se ha defendido la
causalidad entre tratados comerciales y de inversión, inversión extranjera
directa (IED), crecimiento y creación de empleos. Sin embargo, un estudio
realizado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) sobre el impacto en las economías más desfavorecidas entre 1985-2012
en los países que tenían un Acuerdo Internacional de Inversión (AII) desvela
que no existe una relación entre los AII y el incremento en la IED; más bien ha
supuesto un obstáculo para el desarrollo de muchos países, en muchos casos
teniendo que enfrentarse a inversores en costosos juicios [21]. A su vez, la Comisión Económica
para América Latina y El Caribe (CEPAL), concluyó en una investigación reciente
que por cada millón de dólares invertidos (de IED) se crea solamente un puesto
de trabajo –en el caso de las actividades extractivas– y dos puestos si la
inversión se orienta a manufacturas intensivas en recursos naturales [22].
En un contexto de
crisis ecológica, que impide cualquier salida a la situación actual a través de
políticas keynesianas de fomento estatal de la producción y del consumo, el
TTIP se pone en el centro de un debate ideológico muy relevante, como es el de
qué queremos contraponer al modelo de comercio neoliberal globalizado. Aquí, el papel de los
movimientos sociales sigue siendo fundamental no sólo para visibilizar,
denunciar y poner fin a la impunidad de las corporaciones, sino para presentar
alternativas al modelo, como pueden ser los mercados de economía social, al modo de la Red Vasca de Economía
Social que a día de hoy representa el 8,26% del empleo en Euskadi y que ha sido
más capaz de mantenerse frente a la crisis respecto a otros sectores de la
economía general [23].
Por suerte, las crisis
también son momentos de oportunidad. Cuando el conflicto social y ambiental crece
se cuestionan los sistemas de legitimación y las reglas del juego pueden
cambiar. Por ello la lucha contra los TLC va más allá de evitar su firma, pues
puede abrir las vías de encontrar nuevas formas de organización económica
dentro de los límites del planeta, de participación política y democracia
directa
[24].
NOTAS:(...)
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Nuevos_tratados_de_libre_comercio_TTIP_CETA_TiSA_TPP_Una_sopa_de_siglas_para_liberalizar_mas_el_comercio_mundial
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