viernes, 22 de enero de 2016

II. Tratemos de no entrampar la más amplia unidad de acción encolumnándola detrás de falsos héroes. Tratemos de superar la lectura binaria y fragmentaria de la realidad.

Jujuy: la Paja, el Trigo y el Garrote
21 de enero de 2016

El cambio de versiones oficiales sobre la detención de Milagro Sala parece estar ligada al repudio de distintas organizaciones, algunas de las cuales fueron víctima de los atropellos de la Tupac Amaru, pero que entendieron que la avanzada era contra la protesta social. El envalentonamiento para esta detención tiene también sus orígenes en un amplísimo apoyo del “ciudadano a pie”, en parte como consecuencia de prácticas patoteriles por parte de la Tupac, deviniendo en una falsa conciencia revanchista. Todo este cóctel se erige en un confusionismo social en donde se mezclan la paja y el trigo, pero donde tras dicho montón se esconde también el garrote. 

Por Radio Pueblo.

Desde el conocimiento público del hecho las noticias fueron cruzadas, dudosas, primero anunciaron la detención y allanamiento de la casa de Milagro Sala[1], luego que la casa no había sido allanada, respecto de los motivos de la detención en sí también hubo versiones cruzadas, primero aparecen en la prensa declaraciones del fiscal de Estado Mariano Miranda indicando que “se debe mantener la detención de la líder Milagro Sala hasta tanto no se deje de cometer el delito por el cual fue imputada”[2], mientras ministro de Seguridad Ekel Meyer “la comisión del delito sigue, y esto se va a ir agravando con el transcurso del tiempo”[3], apareciendo luego desmentidas en la prensa de Meyer declarando que “La continuidad del acampe nada tiene que ver con la detención de Sala”[4] y, luego del enorme repudio cosechado, que lo que influyó en la continuidad de su detención fueron sus antecedentes penales[5].
 El cambio de versiones de los funcionarios y políticos sobre la continuidad de la detención desde el día de la misma, el sábado, y su rectificación la tarde del lunes parece estar ligada al amplio espectro de repudios que cosechó tal decisión política entre distintas y disímiles organizaciones políticas, sindicales y sociales de Jujuy, algunas de las cuales fueron incluso víctima de los atropellos de la misma Tupac Amaru, pero que entendieron que la avanzada era contra la protesta social en su conjunto.
 Sin embargo lo dicho, el envalentonamiento para esta avanzada tiene también sus orígenes en un amplísimo apoyo del ciudadano de a pie[6] logrado en parte por el recurso a un discurso oficial republicano en su superficie y en parte como consecuencias de los años de aplicación por parte de la Tupac de prácticas patoteriles, deviniendo el conjunto en una falsa conciencia visiblemente revanchista que ha despertado en algunos casos las expresiones más regresivas y pro-repesivas contra el importante número de desocupados y precarizados que una economía pobre y concentrada como la de Jujuy (52% de pobreza y 15% de indigencia[7]) no para de engrosar.
 Todo este cóctel se erige en causa de un visible confusionismo social en donde se mezclan irremediablemente la paja y el trigo, pero donde tras dicho montón se esconde también el garrote.

La Paja
 Las primeras declaraciones oficiales sobre la detención de Milagro Sala dan cuenta tanto del objetivo centrado presionar para finalizar el acampe como de un uso político de la ley. En el primer caso con las declaraciones ya mencionadas de los funcionarios y, en el segundo caso , ya que a lo largo de todo el acampe, y por comprensión del clima reinante, no hubo ninguna manifestación violenta de la Tupac, circunstancia que poco pueden centrarse en el artículo 211 del código penal “infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes”, en cuanto al artículo 209, citado por el ministro, que dice “el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”, sólo una interpretación extensiva a cualquier protesta social puede ser aplicada. Respecto del acampe en sí, frente al cual el gobierno sacó una solicitada en los primeros días de enero definiendo las penas que cabrían al acampe[8], el mismo artículo establece al acampe como una contravención, donde “en estos casos, la fuerza policial deberá intimar a los infractores para que desocupen el lugar o permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos, aún en forma parcial”, más allá de las consecuencias penales que siguen en el articulado.
 Otro indicador del tratamiento que deseaba darse al acampe, y ampliable a la forma en que se estructuró el gobierno para afrontar la protesta social se puede ubicar en dos funcionarios, uno es el secretario de Seguridad Pública, quien acompañó al ministro Meyer en la detención, el Coronel Retirado Guillermo Siri, ex jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20[9], el otro, vital para el caso de un corte de ruta, es el secretario de Seguridad Vial, Comandante Mayor Retirado Luis Alberto Martín, ex Jefe del Escuadrón 53 de gendarmería en Jujuy.

La Paja en el ojo ajeno
 El despliegue de estas medidas, previsiblemente orientadas hacia la criminalización de la protesta social, no podría haberse dado en una provincia de larga trayectoria combativa sin las otras pajas que envuelven el trigo, el apoyo social concitado como reacción a las acciones y metodología de la misma Tupac Amaru.
 Resulta previsible el rechazo de los estratos medios y altos hacia las acciones cuya sensibilidad burguesa caracteriza como “violentas” o fuera de su visión excluyente de la ciudadanía, pero el rechazo no parte sólo de estas facciones, hay también un apoyo de los trabajadores y los pobres a esta avanzada, en parte por el cóctel ya remarcado, pero también porque las acciones de la dirigencia de la Tupac se orientaron a la contención, cooptación y reencauzamiento de grandes porciones del movimiento piquetero local y, a veces, a la represión de la protesta social, como aconteció cuando la crisis de la vivienda del 2011, desactivada por la Tupac tras la petición del gobierno de “pacificar la provincia”[10], cuyas consecuencias habitacionales aún perduran, o la represión a integrantes de la Casa de la Mujer “Maria Conti” el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres[11], cuando se disponían a marchar para exigirle al gobernador Fellner declare la emergencia en la provincia, los tortazos a otros referentes de la lucha social[12] y un listado de acciones que bien resume un texto del grupo Razón y Revolución[13].
 La visualización de la opulencia en que vivían la mayoría de los referentes de la Red de Organizaciones Sociales, grupo liderado por la Tupac, los más de los cuales son lisamente hoy empresarios, con boliches, taxis y otras empresas a su cargo, difícilmente permitía al integrante llano de esta organización poder llegar a pensarse alguna vez como compañero y no como empleado, circunstancia que electoralmente se tradujo en las elecciones a diputados de 2015 en 26.926 votos, 19.638 votos menos que en 2013 y que constituyen un pequeño porcentaje del padrón de la Tupac (que ronda los 60 mil) y de la cantidad de planes sociales que manejaba (unos 100 mil); las reprimendas internas tras la magra elección ahondaron la brecha. Sobre esto último cabe destacar que si se suman los votos que el FIT y el partido de la Dignidad obtuvieron en las mismas elecciones el número llega a 29.211 votos, superando a los otros votos sin aparato alguno.

El Trigo
 Más allá de la disposición de algunos de sus dirigentes en cumplir un rol sistémico para con una reconstrucción paraestatal del Estado, lo concreto es que esa fue la vía por la que se encauzaron los recursos que paliaron la agobiante realidad que vivían decenas de miles de jujeños y jujeñas desde la oscura década de los 90.
 Entre 1991 y 2001 la industria manufacturera de la provincia perdió más de 8000 puestos de trabajo, mientras la agricultura 5000 y la minería 1000[14]. Después del descalabro de 2001 y 2002, hasta 2013, hasta lo que las estadísticas lo permiten, la industria manufacturera siguió aportando más o menos lo mismo al PBG, pero con una pérdida del 23% de los puestos de trabajo y en un contexto de concentración creciente[15].
 Todo lo dicho generó, como ocurre en estos descalabros, una proverbial desocupación y fuertes tensiones a la baja del salario. Es por estos números que el empleo público (la mayoría de estos nuevos puestos en negro, mientras por la presión se recurría al recorte salarial y a las jubilaciones forzadas) y los planes sociales se transformaron en la forma de contener a una importante fracción de los desocupados y aportaron a estabilizar la subsistencia del precarizado.
 Este es el contexto que se esconde tras el acampe, el temor de los marginados de perder sus ya precarias fuentes de subsistencia y volver a los cinturones apretadísimos de aquellos años lamentables. Es la resistencia ante un cambio que, como dice la canción, parece sacado de “un museo de grandes novedades”.

El garrotazo
 Volviendo a lo mencionado sobre el matiz militarizante buscado en la seguridad pública y la seguridad vial (dos puntos claves para la lucha social) y sobre los débiles argumentos para la detención de Milagro Sala, el discurso oficial se centra ahora en varias denuncias por fraude, una por 29 millones de pesos, otras dos por montos de 50 a 60 mil pesos y otras que vienen en camino[16].
 Parte de este reposicionamiento está ligado al paso en falso que significó la detención, buscando así no dejar flanco débil en la legitimación de su discurso, pero también por un hecho menos visible a nivel nacional: varios de los dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales salieron del acampe para mostrarse ahora como aliados del gobierno.
 La previsible reabsorción por parte del Estado o de la estructura partidaria de estos desprendimientos y el posible de otras instituciones con salarios públicos gestionada por la Tupac Amaru aporta una importante cuota a la desmovilización social, hecho que es reforzado por el reparto centralizado por el Estado de bolsones, la aparición súbita en los barrios de meriendas (otro ámbito con fuerte presencia de organizaciones sociales) administradas por punteros o centros vecinales y la bancarización de personas que perciban cualquier fondo del Estado, sobre todo de organizaciones sociales.
 De esta manera el gobierno parece encaminarse a que el Estado reabsorba algunos roles largamente abandonados y cubiertos por organizaciones sociales, de allí la expresión eliminar a los “intermediarios” quedando luego por supuesto en el mismo gobierno la potestad de decidir quienes, cuanto y bajo que condiciones recibirán los paliativos.
 “Por dentro de la ley todo, por fuera nada”, aseguró el gobernador, resta definir bajo que correlación de fuerzas se escribirá la ley.
[6] Según una encuesta difundida por la encuestadora ARESCO el 83,6% de la población rechaza el acampe, pero también, más allá del posible sesgo político de la encuesta, el apoyo es palpable en el día a día.
[7] Datos del año pasado de la Cátedra de Economía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu, consistentes con los datos de la junta interna de ATE-Indec. También hay que agregar que de acuerdo al INDEC, al 2013 el 35,3% del empleo era estatal (en forma directa,) y la construcción concentraba el 12,5% de los puestos de trabajo provinciales, dependiendo principalmente de las obras públicas, mientras otros rubros como el comercio (19,6) dependen en gran medida también de los salarios estatales para funcionar.
[9] Sitio donde hoy se concentra el reparto de bolsones tras la “eliminación de los intermediarios”
[14] GOLOVANEVSKY, Laura; MEDINA, Fernando; MARTÍNEZ, Ricardo Gabriel. Economía y empleo en Jujuy. 2010. CEPAL.
[15] Hasta el punto que menos del 2% de los locales censados en 2005 generaban el 60% de los puestos de trabajo y casi el 90% del valor agregado del rubro

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article11369
Publicadas por a la/s

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)