Servicios,
buches y espías para todos
(Otra vez,
gato por liebre)
28 de Enero de 2015
28 de Enero de 2015
Por: CORREPI
Desde la madrugada en que apareciera
muerto, con un tiro en la cabeza, el titular de la Unidad Fiscal AMIA
Alberto Nisman, se impuso en los medios
(“amigos” y “enemigos” del gobierno) un escenario que mezcló irreverentemente
el atentado terrorista a la AMIA y sus 85 muertos con opiniones más o menos
“expertas” sobre pestillos y cerraduras, pasadizos con aires acondicionados,
dermotest vs. barrido electrónico, autopsias “psicológicas”, escuchas
telefónicas que dan más vergüenza ajena que miedo y demás paparruchadas
distractivas. Con el paso de los días, sin embargo, el tema de los “servicios
de inteligencia” se fue afianzando como telón de fondo del espectáculo, hasta
llegar al discurso presidencial del lunes 26 de enero, en el que la presidenta
anunció, por cadena nacional, que se había dado cuenta que es necesario “cortar
de cuajo” con esa “calesita permanente de fiscales, jueces y medios de comunicación” que constituye la Secretaría
de Inteligencia, una “deuda de la democracia”.
Hasta el más benévolo dirá que resulta bastante tardío el reconocimiento de la “deuda” por parte de quien ejerce la primera magistratura desde hace más de siete años, y fue cónyuge y primera socia política del que goberno los cuatro años anteriores, sin contar sus previas experiencias en bancas legislativas y casas de gobierno municipales y provincial.
Hasta el más benévolo dirá que resulta bastante tardío el reconocimiento de la “deuda” por parte de quien ejerce la primera magistratura desde hace más de siete años, y fue cónyuge y primera socia política del que goberno los cuatro años anteriores, sin contar sus previas experiencias en bancas legislativas y casas de gobierno municipales y provincial.
La
SI (Secretaría de Inteligencia), hasta 2005 SIDE (Secretaría de Inteligencia
del Estado) y en su origen CIDE (Coordinación de Informaciones de Estado,
creada en 1946 por el presidente Juan Domingo Perón) depende directamente del
Poder Ejecutivo Nacional. No hay –no hubo nunca- intermediación alguna entre el
Secretario de Inteligencia, que es un miembro especial del Gabinete de
Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, y la Presidencia de la Nación. Por algo cada
gestión, desde 1983 a
la fecha, colocó en ese cargo a “hombres de confianza”, como lo fueron, desde
mayo de 2003, Sergio Acevedo, Héctor Icazuriaga, y ahora Oscar Parrilli; o
antes Facundo Suárez (padre) para
Raúl Alfonsín; Juan Bautista “Tata” Yofre y Hugo Anzorreguy para Carlos Menem;
Fernando de Santibáñez y Carlos Becerra para Fernando de La Rúa y Carlos Soria
y Miguel Ángel Toma para Eduardo Duhalde.
“Los más leales de los leales” parece ser el lema para elegir a quienes dirigen el aparato de espionaje más importante, pero no el único con el que cuenta el estado argentino. Además de la SI o SIDE, cada fuerza armada y cada fuerza de seguridad tiene su propia estructura en materia de espionaje y análisis de datos, que sólo trascienden de vez en cuando, y por algún episodio puntual, como sucedió con el Proyecto X de Gendarmería en noviembre de
No significa ello que no existan “internas”, a partir de fricciones entre sectores que responden a proyectos divergentes dentro del amplio espectro de los partidos de gobierno, al punto de generarse en más de una ocasión enfrentamientos fraccionales en los que unos y otros utilizan, contra sus competidores internos, las mismas herramientas con las que cumplen su “función pública”. Es que, como decía Rodolfo Walsh, “hombres violentos suelen tener parientes violentos (…) y sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria”. Fue así que, poco después, una interna en el ministerio de Seguridad puso en primera plana al infiltrado agente de
¿Acaso descubrimos con el oficial Balbuena que la PFA tiene su propio aparato de “inteligencia”? No. Si en los ‘80 trascendieron las tareas de inteligencia sobre militantes populares realizadas por el DEPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional) de
Lo constatamos en 1995, cuando el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, denunció ante la justicia federal a un conjunto de militantes y organizaciones por una serie de graves “delitos”. La prueba acompañada, que sirvió al juez Liporace, después de tener la causa en secreto de sumario por casi dos años, para dictar procesamientos y órdenes de detención, eran un video y “dos carpetas conteniendo información de inteligencia” (sic) encuadernadas con tapas azules.
El video contenía imágenes editadas, confusamente mezcladas, subtituladas y ¡musicalizadas! en las que se observaban rostros de dirigentes de las agrupaciones denunciadas en distintas actividades y protestas, como movilizaciones en el aniversario de Walter Bulacio, manifestaciones estudiantiles contra
Buena parte de los datos se referían a reuniones cerradas en locales o domicilios privados, por lo que se los debió obtener “pinchando” teléfonos, introduciendo micrófonos o mediante agentes encubiertos infiltrados en las agrupaciones. En posteriores investigaciones judiciales,
Similares “informes de inteligencia” son habitualmente provistos por personal de
En 2001, CORREPI intervino en la defensa de los imputados en la causa nº 22.944 del Juzgado Correccional nº 8, secretaría nº 61 de la Ciudad de Buenos Aires, iniciada como consecuencia de la movilización a la Casa de la Provincia de Salta el 18 de junio de 2001, en repudio de los asesinatos de José Barrios y Carlos Santillán. Allí, el Comisario José Antonio Portaluri, jefe de
También en 2001, descubrimos que los militantes de CORREPI éramos foco de interés de los servicios del Servicio Penitenciario Bonaerense. Una compañera abogada, que concurrió a un penal provincial, notó que, antes de autorizar su ingreso, el guardiacárcel consultaba un listado. Con cierta ingenuidad, el uniformado le pidió disculpas por la demora, explicándole que “si vienen los abogados que están en este memo, tenemos que avisar a la superioridad”. En el marco de una acción de habeas data, confirmamos la existencia del “Despacho 02/01″, que ordenaba al personal de todas las unidades penales de la provincia, comunicar a la Secretaría de Informaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense la visita de los abogados de nuestra organización antirrepresiva, incluyendo los nombres de los internos entrevistados. El Inspector Mayor del SPB Carlos A. Scheffer, titular de esa secretaría, y firmante de la directiva, declaró ante el titular del juzgado nº 19 de La Plata que el despacho había sido dictado en atención a que había recibido una nota anónima que acusaba a los militantes de CORREPI de “fomentar y facilitar motines y fugas en los penales”. Explicó que, aunque el anónimo “carecía de todo viso de seriedad”, decidió redactar y firmar la orden interna, a través de la cual se registraban todas las concurrencias a cárceles de los integrantes de la organización, así como los nombres de los visitados, en su mayoría presos políticos.
No es necesario, para el activo militante, recordar el rol que jugó en 2002, antes y después de la masacre del Puente Pueyrredón, el secretario de Inteligencia de entonces, Carlos Soria, uno de los encargados de instalar el clima que anticipaba, desde los más altos niveles del poder político nacional,
Ya en 2004, verificamos, nuevamente, la existencia de estas tareas de inteligencia en la causa iniciada tras la represión a la movilización del 31 de agosto de ese año, en Plaza de Mayo. Además de muchos heridos, fueron detenidos 102 compañeros, siete de los cuales fueron procesados con prisión preventiva, hasta diciembre de 2004. La principal “pieza acusatoria” era un “informe” emanado del Departamento Seguridad de Estado de la PFA, basado en tareas de inteligencia seguidas contra varias agrupaciones, en el que, por el sólo hecho de “haber participado” de determinadas movilizaciones o de “haber reivindicado” hechos de protesta antiimperialista, se identificaba a varios dirigentes de esas organizaciones, acompañando material fotográfico y “fichas” personales. Además de esos datos, el informe, firmado por el comisario Cantalicio Bobadilla, contenía su propio “análisis” de la información, que concluía que, en realidad, todas esas agrupaciones eran simples “frentes de masas” de una única organización clandestina, que tenía por objeto desestabilizar el sistema democrático.
El juez a cargo, Juan José Galeano, no sólo incorporó el informe y le dio entidad como prueba válida, sino que, en otra causa que simultáneamente instruía por un escrache a
Después de las masivas movilizaciones antiimperialistas en Buenos Aires y Mar del Plata durante la Cumbre de Presidentes de noviembre de 2005, más informes de inteligencia fueron utilizados para criminalizar a los manifestantes. En el caso de Mar del Plata, el juez federal Castellanos recibió un “informe de inteligencia” elaborado por el ministerio de Seguridad bonaerense. El informe incluía precisos datos de todo el arco político que se movilizó contra Bush en Mar del Plata, y no estaba firmado por un comisario ni un comandante de gendarmería, sino por el ministro León Arslanián.
Además de estos ejemplos de “inteligencia” federal y bonaerense, en tiempos nada lejanos se verificó, también, que la Armada hacía lo propio en la ciudad de Trelew. Y si dispusiéramos de más espacio, podríamos abundar con otros ejemplos concretos, empezando por el aparato de inteligencia del ejército, dirigido, por decisión de Cristina Fernández, por el genocida general César Milani.
Es con estos antecedentes que debemos analizar hoy el proyecto de reforma de la SI anunciado por la presidenta, que, como todo lo anterior, tampoco es novedoso.
El
19 de abril de 2004, en tiempos de la “cruzada Blumberg”, el gobierno nacional,
entonces encarnado en Néstor Kirchner, anunció un “Plan Estratégico sobre
Justicia y Seguridad”. El “plan”, además de las clásicas recetas de mano dura
(baja de la edad de imputabilidad, dificultación de las excarcelaciones y otras
medidas alternativas a la prisión preventiva, justicia “veloz” para delitos in
fraganti, incorporación al Código Penal de nuevos delitos “contra el
terrorismo”, aumento del número de efectivos de las fuerzas, creación de
figuras como el “arrepentido”, construcción de más cárceles, etc.) preveía la
creación de la
AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES en reemplazo de la entonces SIDE , con
más o menos las mismas características que anoche explicó Cristina Fernández.
Aquel Plan Estratégico fue presentado en el Salón Blanco de
On
El aparato estatal, con sus gobiernos de turno, bajo el nombre y la estructura legal que los tiempos le aconsejen, va a seguir espiando, infiltrando, reclutando buches y persiguiendo a propios y extraños, mientras sean unos pocos los que v
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