"La Argentina aún tiene pendiente definir un verdadero
Plan de Gestión Integral de recursos hídricos"
2 de enero de 2016
Frente a las inundaciones que tuvieron un
fuerte impacto en 5 provincias del litoral de nuestro país y que provocó ya la
evacuación de 20 mil personas, con grandes daños materiales y pérdidas de vidas
humanas, debemos nuevamente retomar el debate intencionadamente olvidado por la
dirigencia política, acerca de la necesidad de poner en marcha un plan nacional
de recursos hídricos que se ocupe de prevenir este tipo de situaciones y al
mismo tiempo dé respuestas concretas frente a los desbordes climáticos y
urgencias como las vividas en estos últimos días en nuestro país.
Por
Jorge Cuello*
Entre otras cosas, debería terminarse el
relevamiento de glaciares a cargo de las provincias, tal como lo establece la
ley que los regula, ya que son en las altas cumbres donde se inician gran parte
de los cursos de los ríos argentinos y una vez relevados protegerlos desde su
nacimiento a su desembocaduras de los daños ambientales provocados, entre otras
cosas, por la minería y otras actividades productivas como la industria, la
pesca o la agricultura.
Además, debería ponerse en marcha definitivamente,
la ley de protección de bosques nativos, a través del accionar conjunto entre
las provincias y la nación, debiendo las primeras hacer el relevamiento de las
zonas protegidas en cuyas áreas se prohíba todo tipo de actividad productiva y
el relevamiento de las zonas que son aptas para la producción y el desmonte
mientras que la Nación debe destinar los fondos necesarios para garantizar su
protección a través de subsidios otorgados a los propietarios para evitar que
desforesten zonas de alto valor ecológico.
Ello porque según lo han manifestado algunos
expertos, las zonas inundadas actualmente coinciden causalmente con las zonas
en donde la deforestación de bosques ha avanzado en forma significativa en los
últimos años. Es decir, la desaparición de la floresta, trae aparejado este
tipo de inundaciones porque el agua de las lluvias cuando cae a la tierra es
absorbida por los árboles, quienes actúan como si fueran esponjas, pero cuando
estos ya no están más aferrados a la tierra, el efecto es desbastador porque el
agua por algún lado tiene que fluir y estos desbordes son típicas consecuencias
de la deforestación y altas precipitaciones.
Otro asunto fundamental, tiene que ver con el
saneamiento de las cuencas hídricas que han sido contaminadas por la radicación
de industrias y el vertido de sus desechos a los cursos de agua, el impacto del
uso de los agroquímicos en la agricultura y en la producción de frutas y
hortalizas y el vertido sin tratamiento de los desechos residenciales
cloacales. Entre las cuencas más afectadas, podemos mencionar la del Rio Sali Dulce, la del Matanza -
Riachuelo y la del rio Reconquista, a lo que debemos sumar, numerosos lagos y
arroyos de diferentes puntos del país afectados por este tipo de actividades
humanas.
Y resulta fundamental la realización de las
obras de infraestructura que permitan, por un lado, la contención de los cursos
de agua superficiales a través de sistemas de canalización y almacenamiento del
agua en periodos de crecidas y su administración racional en épocas de sequía
tal como afirmaba Ameghino cientos de años atrás. Y otras obras, vinculadas,
con el acceso al agua potable para el consumo humano y el servicio de cloacas
son también fundamentales para garantizar otros derechos como el derecho a la
vida o la salud de las personas.
Las aguas subterráneas merecen un capítulo
aparte y deben ser una prioridad de todas las administraciones gubernamentales
nacionales, provinciales o municipales, debiendo ser el Sistema Acuífero
Guaraní, unos de los mas grandes reservorios de agua dulce del planeta que está
bajo el territorio argentino, brasilero, paraguayo y uruguayo, una de las joyas
de la madre naturaleza que debemos cuidar y preservar para las generaciones
presentes y el futuras y sobre el cual debemos velar por su soberanía regional
compartida entre los cuatro socios del MERCOSUR.
Por último, vamos a señalar lo que ya hemos
dicho en otras oportunidades, a raíz de los desastres naturales provocados por
las grandes crecidas de las aguas superficiales o las lluvias intensas que
provocan desastres en los ámbitos urbanos o rurales, con consecuencias
dramáticas como lo ocurrido un 2 de abril en la ciudad de La Plata, en relación
a la puesta en marcha de planes para afrontar catástrofes naturales, los cuales
entre otras cosas, deben estar orientados a desarrollar sistemas de monitoreo y
generación de alertas satelitales para anticipar futuros hechos climáticos
extremos y adoptar medidas preventivas, preparar como Centros de Evacuación
ante eventuales emergencias climáticas a distintos espacios públicos (Escuelas,
Clubes, Edificios Públicos, Cuarteles de las FFAA) y crear, apoyar, formar y
financiar el desarrollo de cuerpos locales o barriales de voluntarios de
Defensa Civil para actuar en las emergencias.
Estos y otros tantos desafíos que tenemos por
delante, deben ser una prioridad de todos los gobiernos y fuerzas políticas con
representación parlamentaria en todos sus niveles - Nacionales, provinciales o
municipales - debiéndose comprometer a gestionar las cuencas hídricas a través
de organismos interjurisdiccionales con la participación activa además de
usuarios, organizaciones ambientales, institutos de investigación científica y
universidades nacionales tal como ocurre con la ACUMAR en la cuenca Matanza Riachuelo.
En definitiva, un gran consenso nacional en
torno a la gestión integral de las aguas debería ser una buena excusa para
alcanzar la tan anhelada unidad nacional en clave de proyecto federal que
contemple las realidades regionales de todas las provincias del país y que
asegure la sostenibilidad de un recurso que es tan vital que resulta
fundamental para la vida humana en el planeta.
*Abogado y docente de Derecho Ambiental de la
UBA
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