A SIETE AÑOS DE SU DESAPARICIÓN
a
siete años de su desaparición
27 de enero de 2016
27 de enero de 2016
La Izquierda Diario
difunde el documento unificado que se leerá en la jornada cultural que se
realizará el próximo sábado 30/01 en Lomas del Mirador.
Nuestro recorrido
Hace siete años, la policía bonaerense secuestraba, torturaba,
asesinaba y desaparecía a Luciano
Arruga. Sus familiares, amigos, organismos de derechos humanos, organizaciones,
partidos de izquierda y medios
alternativos nos encontramos a defender nuestras reivindicaciones en esta plaza
que lleva su nombre. Hemos demostrado que con la militancia organizada no sólo
pueden prosperar las causas particulares de cada familia, sino que también
pueden transformarse las leyes, asentarse la jurisprudencia en los Tribunales,
condenar pública y políticamente a funcionarios de gobierno e instituciones que
integran alguna de las fases de la desaparición forzada de personas.
Cuando empezamos a buscar a Luciano ,
La desesperante pérdida, falta de conocimiento, sometimiento de clase, el miedo
y la soledad estratégica posterior a la desaparición retardaron aún más los
tiempos habituales para cualquier investigación, pero -sobretodo- fueron la
justificación para la amenaza, la agresión y la persecución. Por
eso, porque el Estado está organizado para encubrir y esto es manifestado por
sus funcionarios indistintamente por complicidad o por inercia, cuando buscamos
a Luciano aquel 31 de enero de 2009
dos veces en el hospital Santojanni, la respuesta fue no. Ningún NN coincidía
con la descripción y no podíamos pasar a reconocer a nadie. Luego nos enteramos
de que estaba ahí, por eso también pasó meses en una morgue judicial de la
Ciudad de Buenos Aires con la nómina administrativa de una persona sin
identidad mientras exigíamos su aparición con vida.
El poder judicial es indispensable para completar el círculo de
impunidad. Con la desaparición de Luciano
nos enfrentamos a una fiscal, Roxana Castelli, que entregó la investigación a
la propia fuerza sospechada. También soportamos ser los principales sospechosos
por nuestra condición de pobres: el juez Gustavo
Banco aceptó en quince oportunidades a lo largo de un año y medio todos los
pedidos de la segunda fiscal, Celia Cejas, para pinchar nuestros teléfonos a
escondidas. Ante semejante maltrato, nos dispusimos llevar hasta las últimas
consecuencias un jury de enjuiciamento que condenara a los funcionarios que se
comportaron como si nuestra condición de clase pudiera demostrar una
culpabilidad irrevocable. El procedimiento establecido para sancionar a un funcionario
de la justicia es una trampa, son sus propios compañeros quienes resuelven las
denuncias realizadas.
Por ese motivo es evidente el cajoneo a esta investigación que
debería desarrollarse a partir de nuestra denuncia contra Roxana Castelli,
Celia Cejas y Gustavo Banco.
Para encarar la búsqueda de una persona desaparecida cuando están sospechadas las fuerzas de seguridad, las amenazas son el punto de partida. Autos de civil que nos vigilaban, patrulleros que encendían las sirenas a la madrugada en la puerta de nuestra casa o personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros.
Para encarar la búsqueda de una persona desaparecida cuando están sospechadas las fuerzas de seguridad, las amenazas son el punto de partida. Autos de civil que nos vigilaban, patrulleros que encendían las sirenas a la madrugada en la puerta de nuestra casa o personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros.
La policía no sólo tiene la estructura estatal para torturar,
asesinar y desaparecer: también el encubrimiento político de todos los
estamentos del poder para garantizarse la impunidad. Sólo
luchando con absoluta independencia de cualquier gobierno de turno puede
quebrantarse ese poder, y por eso logramos encarcelar y condenar por el delito
de torturas al policía Julio Diego Torales, que mantuvo encerrado e incomunicado
en la cocina del destacamento a Luciano
Arruga durante más de diez horas en septiembre de 2008. La jurisprudencia
asentada con ese juicio que se desarrolló en marzo de 2015 es histórica: no
sólo por la dificultad que implica conseguir las condenas por torturas sino
también porque acreditamos con contundencia el
hostigamiento sistemático previo al desenlace. La detención juzgada fue crucial
por lo traumática, porque allí comenzó la cuenta regresiva. Luciano soportó y sobrevivió a los meses posteriores
con pánico a la policía porque sabía que tenía los días contados. Los abogados defensores del torturador Torales son viejos
conocidos en La Matanza.
Se dedican hace años a defender a la Bonaerense, tienen
vínculos directos con el Pro a nivel local y son quienes comandaron la
embestida judicial contra nuestro compañero Pablo Pimentel. El presidente de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos de nuestro distrito tuvo que enfrentarse a una
imputación por extorsión cuando los defensores de la policía asesina de Gabriel
Blanco, asesinado en la comisaría de San Carlos en Isidro Casanova, lo acusaron
de ofrecer beneficios a los presos a cambio de declaraciones contra los
efectivos.
La misma lucha organizada nos permitió caratular esta causa como
desaparición forzada y sostener esa figura aún después del hallazgo de Luciano y del intento del entonces gobierno de
Daniel Scioli de hacer pasar este asesinato por un accidente de tránsito. El
delito de desaparición forzada es de lesa humanidad, no prescribe y se sigue
cometiendo a cada momento que la persona no está. En el país no hay un solo
funcionario público condenado con esa figura que se tipificó en 2011. La
perversa metodología de ocultar los cuerpos data de la última dictadura
militar, pero se practica en democracia con la misma impunidad. El caso de
Julio López, doblemente secuestrado y desaparecido, es muestra cabal. Las
empresas periodísticas cumplen un rol central para garantizar la impunidad
sembrando dudas sobre las víctimas, relativizando infundadamente las denuncias
de las familias y silenciando explícitamente su voz.
Encontramos a Luciano
gracias a la presentación de un hábeas corpus a comienzos de 2014. El poder
judicial rechazó el pedido en dos instancias y nosotros apelamos esas
decisiones hasta llegar a la
Cámara Federal de Casación Penal, que terminó dándole curso.
Las medidas tomadas en consecuencia fueron las que permitieron el hallazgo: la
reapertura de los archivos de la Policía Científica de la noche del 31 de enero de
2009 arrojó que un NN había sido atropellado en General Paz y Emilio Castro,
trasladado por el SAME e internado en el Santojanni hasta que murió luego de
una operación y permaneció meses en la morgue judicial de la Capital Federal
para ser enterrado en mayo de 2009 “sin identidad”.
Nuestra lucha nos llevó al hallazgo histórico, pero también nos
permitió sobreponernos a la versión oficial, “que parezca un accidente”, y
demostrar de forma contundente que sí, lo había matado la policía bonaerense y
lo había desaparecido el Estado argentino con la perversa colaboración de
instituciones de toda índole.
Haberlo encontrado generó medidas probatorias irrevocables: Luciano corría por la General Paz en una
zona en que ésta se encuentra a metros de altura y sin acceso peatonal. Para
llegar allí, tuvo que trepar un terraplén empinado y saltar una baranda o ser
arrojado de un auto. La persona que lo embistió asegura que lo vio desesperado,
escapando de algo y que no cruzaba normalmente, sino que corría en diagonal por
la vía rápida. Otro testigo declaró que tiene la seguridad de que, en la
colectora de General Paz, del lado de Provincia, había un patrullero doble
cabina detenido y con las luces bajas. Luciano
llevaba puesta ropa que no era suya y toda la evidencia que hoy serviría para
demostrar cómo llegó allí, como sus zapatillas y elementos personales, se
esfumó. . No es la primera vez que, como método de tortura y forma de
exculparse, las fuerzas de seguridad someten a los jóvenes asesinados a
situaciones en las que la muerte es ocasionada por algún factor externo. El
caso de Ezequiel Demonty sobrevuela esta causa. El joven que fue arrojado al
Riachuelo y murió ahogado también fue asesinado por la policía. A Luciano Arruga, en cambio, lo
obligaron a correr por la vía rápida de General Paz.
Nuestra Lucha también fue por el cierre del destacamento de Lomas
del Mirador, donde Luciano fue visto
con vida por última vez, pero también porque en ese mismo lugar se llevaban
adelante detenciones ilegales de menores de edad. A fines de 2011, luego de un
acampe frente al municipio de La Matanza, conseguimos cerrar el destacamento de
Lomas del Mirador. Desde octubre de 2013, gracias a tomar el lugar durante 68
días, nos pertenece absolutamente. Cuando encontramos a Luciano
se votó en Senadores la ley de expropiación que cede definitivamente el ex
destacamento a la personería jurídica de nuestros compañeros de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos de La Matanza. Hasta el último día de su gestión
esperamos con ansias que el ex gobernador Daniel Scioli pusiera la firma que
necesitábamos para reglamentar la ley. Scioli , siendo coherente con su habitual
comportamiento, nos ignoró sin mediar comunicación. La misma reacción tuvo
cuando desde un medio le pidieron explicaciones por el hallazgo tardío del
cuerpo de Luciano . Su séquito lo
imitó. Ricardo Casal, a quien postulaba como ministro de Justicia si ganaba el
balotaje, no tuvo reparo en atacar a esta familia afirmando que la desaparición
fue un simple caso hospitalario. Jorge Telerman, entonces vocero del gobierno
de la Provincia, también hizo el ridículo emitiendo un comunicado pretendiendo
hacernos llegar una solidaridad cínica y dando por sentado que su jurisdicción
no tenía incidencia en lo sucedido, aludiendo a “los hechos ocurridos en la
Ciudad de Buenos Aires”, para negar implícitamente la barbarie cometida por su
propia policía. Ahora pesa sobre María Eugenia Vidal nuestra exigencia de
reglamentar la ley de expropiación y lucharemos hasta conseguirlo. Nosotros
luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga
jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por
ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el próximo 17 de
octubre, a dos años del hallazgo de Luciano ,
nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar
exigiendo memoria, verdad y justicia.
Nuestra
posición
El Estado volvió a demostrar que la maquinaria que funcionó en la
última dictadura cívico-militar nunca se desmanteló con el retorno de la
democracia: sus instituciones sostienen la misma perversidad de forma selectiva
e invisibilizada.
El municipio de La Matanza fue una de las primeras instancias del
Estado en rechazar todo tipo de acompañamiento o búsqueda de la verdad en la
desaparición de Luciano : el entonces
intendente Fernando Espinoza decidió no sólo desoír por nuestros pedidos sino
fortalecer a su policía creando una patrulla municipal. El recambio actual de
gestión no nos depara algo diferente: la intendenta Verónica
Magario trajo a los más importantes líderes de su partido en
la provincia de Buenos Aires, que formaron parte de la gestión paupérrima de
Daniel Scioli. Las políticas de seguridad tan
festejadas por los medios masivos de
comunicación son las que nos dejan como consecuencia los 4644 asesinados por
las fuerzas del Estado y más de 200 desaparecidos en democracia.
La política llevada a cabo con los NN es ilegal e irregular. Las
fuerzas de seguridad, las morgues, el Registro Nacional de las Personas, los
médicos que son cómplices, el poder judicial y los cementerios son la
maquinaria mafiosa que ejecuta la desaparición forzada de personas en
democracia. En el caso de Luciano el
encubrimiento en los procedimientos posteriores a su muerte queda manifestado.
La política estatal para manipular a los cuerpos “sin identidad” es siniestra,
basta recordar las denuncias realizadas por los familiares de la inundación de
abril de 2013 en La Plata: personas enterradas dos veces, cuerpos identificados
en fosas comunes, junto a cadáveres de perros o fetos. La única excepción estatal
en este crimen fue haber encontrado a Luciano .
El nuevo gobierno asume con una intencionalidad más que clara, la
emergencia en seguridad a nivel nacional sólo puede explicarse comprendiendo la
impronta represiva que se gesta para los próximos cuatro años, junto al intento
de imponer un protocolo antipiquetes que no es más que la vía libre para
deslegitimar y reprimir las protestas de los trabajadores. El crecimiento del
aparato represivo y todas las fuerzas provinciales junto a la creación por
decreto de las policías locales en “la década ganada”, es la herencia que
necesitaba el macrismo para incrementar los operativos de saturación que para
la juventud pobre no son más que control, verdugueo, golpizas, detenciones
ilegales y torturas. El gobierno saliente dejó servida en bandeja la estructura
para ejecutar la violencia que garantiza el disciplinamiento de los
trabajadores: 45 mil policías bonaerenses a los que
se sumaron más de 25 mil locales. La formación de la represión en las casas de
estudios de nuestra juventud no es casualidad, buscan cooptar a esos mismos
jóvenes pobres víctimas de la violencia del Estado y enfrentarlos con su propia
clase. El caso de Lucas Cabello, joven baleado por un efectivo de la Policía Metropolitana
en La Boca, es muestra contundente de la inclinación del presidente Macri, pero
las ya conocidas represiones al hospital Borda, a los terrenos tomados del
parque Indoamericano, a la
Sala Alberdi o al barrio Papa Francisco, o el funcionamiento
durante su primera gestión de la patota de la UCEP son la muestra cabal de que
a la organización y las exigencias por necesidades básicas se responderá con
palos y violencia.
La impronta del gobierno macrista ya se tradujo en la represión
ordenada por Patricia Bulrich a los trabajadores de Cresta Roja y a los de la
municipalidad de La Plata que reclamaban por el despido de 4500 compañeros. No
es casualidad que, en la misma semana en que el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo permitiendo que, sin motivos, la
policía pueda solicitar DNI a cualquier ciudadano, se ejecute de manera inédita
el traspaso de 18 mil policías federales a la órbita de la Metropolitana en
Capital Federal. No podría ser de otra manera si hay que someter al silencio y
la represión violenta a más de 23 mil trabajadores estatales despedidos. La
contracara de esta embestida es el violento ajuste que buscan imponer por la
fuerza.
No podría ser posible, si no, que el presupuesto votado en la
provincia de Buenos Aires con el aval de los bloques del Pro, el Frente
Renovador y el Frente para la Victoria ,
incremente un 54% la inversión en “Seguridad” restando en áreas como salud y
educación. La intencionalidad es sobradamente clara. La arbitraria detención de
la militante
Milagro Sala , acusada de incitación a cometer delitos y
tumulto es un precedente inaceptable para todos los luchadores: cortar calles y
hacer acampes y vigilias es la única alternativa que nos queda para reclamar el
cumplimiento de nuestros derechos. Exigimos la liberación inmediata.
No se quedan atrás los prontuarios de los funcionarios a cargo de
las Fuerzas: el nuevo jefe de la Bonaerense designado por María Eugenia Vidal,
Pablo Bressi, es un ex oficial del Grupo Halcón, responsable de la Masacre de
Ramallo. Fernando Díaz, el nuevo jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, es
el mismo que gestionaba a la institución durante 2005, cuando ocurrió el motín
en la cárcel de Magdalena en el que murieron incendiados 32 reclusos en un
estado de abandono criminal. La decisión política en materia penitenciaria es
que los presos deben ser tratados como escoria y que las cárceles deben estar
pobladas de pobres. Los institutos de menores, las cárceles para niños siempre
nombradas con eufemismos, se encuentran en un estado de hacinamiento, falta de
higiene, violencia y abandono que pocas veces puede ser denunciado ya que los
organismos de derechos humanos no consiguen entrar. Las personas alojadas en
instituciones de encierro en la Argentina se mueren, además de asesinadas por
las fuerzas penitenciarias, por enfermedades medievales.
La noticia de la triple fuga desmanteló una situación de
podredumbre feroz hacia adentro de los uniformados: las instituciones
represivas son mafias organizadas.
Hasta el último día de la gestión dela presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, los militantes de izquierda junto a
organizaciones y organismos de derechos humanos pedimos que la mandataria
derogara la ley antiterrorista que denunciamos y que fue impuesta por el
gobierno de los Estados Unidos. También exigimos el cese de la judicialización
con esa u otras leyes represivas y la persecución a los luchadores populares.
Hasta el último día de la gestión de
Nosotros seguiremos luchando por alcanzar nuestras
reivindicaciones cualquiera sea el gobierno de turno, porque estamos
convencidos de que la represión es una característica inherente a cualquier
gestión, y como elemento intrínseco para la gobernabilidad es que la repudiamos
de plano y la combatimos en unidad con organizaciones y partidos de izquierda y
organismos de derechos humanos que conserven la misma independencia. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano
Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás
podría ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada
que el próximo 17 de octubre, a dos años del hallazgo de Luciano ,
nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar
exigiendo memoria, verdad y justicia. En el marco de este contexto tan adverso
y con la imperiosa necesidad de dar muestras contundentes de nuestra capacidad
de movilización para frenar los ataques, los familiares y amigos de Luciano tanto como las decenas de organizaciones que
firman este documento convocamos a todos sindicatos, centros de estudiantes,
organismos de derechos humanos, trabajadores, coordinadoras de estudiantes
secundarios, familiares de víctimas de la represión estatal, agrupaciones y
partidos de izquierda a la más amplia unidad para salir a la calle con la
espalda más ancha que nunca.
EXIGIMOS
REGLAMENTACIÓN YA DE LO MATÓ BASTA DE REPRESIÓN
POLICIAL BASTA DE PERSEGUIR LA
PROTESTA DEROGACIÓN DE LAS
LEYES ANTITERRORISTAS Y DE TODA LEGISLACIÓN REPRESIVA LIBERTAD A MILAGRO
SALA BASTA DE GATILLO FÁCIL BASTA DE
DESAPARICIONES FORZADAS NI UNA FAMILIA EN LA
CALLE, NI UN PUESTO DE TRABAJO MENOS JUSTICIA PARA LUCIANO
ARRUGA
Convocan
Familiares y amigos deLuciano
Arruga - H.I.J.O.S. Zona Oeste - HIJOS La Plata - APDH La Matanza - CORREPI -
Justicia por Iara - Comisión de solidaridad con Reina Maraz - SUTEBA La Matanza
- Frente Popular Darío Santillán - Partido Obrero - PTS en el Frente de
Izquierda - MST - Movimiento Sur - Libres del Sur - Colectivo La Poderosa -
Izquierda Socialista - Entre Todos UNLaM - Patria Grande - Frente Popular Darío
Santillán CN - El Transformador - Sembrando Rebeldías - Mundanas - Izquierda
Revolucionaria - FORA Lomas de Zamora - Colectivo de Fotógrafxs Fotografía a
Pedal - Pañuelos en Rebeldía - La Mella en Cárceles - PSTU - Agencia Para la
Libertad - Corall - COB La Brecha - Nuevo MAS - Las Rojas - Agrupación Política
Hombre Nuevo - Juventud de Hombre Nuevo Fernando Deliens - La
Retaguardia-Periodismo Social
Familiares y amigos de
Adhieren
Cooperativa
La Vaca - Corriente Popular Juana Azurduy - Trabajadores Organizados de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia - Zainuco - Cae Babylon - El Zumbido"
Facebook: Aparición con vida de Luciano
Arruga
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Luciano -Arruga-documento-unificado-a-siete-anos-de-su-desaparicion
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