Gratuidad
universitaria: Triunfo táctica,
¿victoria estratégica?
9 de enero de 2016
9 de enero de 2016
Por Alvaro Ramis(Punto Final)
La nueva política pública de gratuidad
universitaria constituye un “triunfo táctico” del movimiento estudiantil y de
la ciudadanía antineoliberal que apoya sus demandas. Los estudiantes
pertenecientes al 50% más vulnerable de la población no deberán pagar el
arancel ni la matrícula durante la duración formal de la carrera. Basta que
se matriculen en universidades adscritas a la gratuidad, las que han sido
declaradas elegibles según los requisitos establecidos en la ley. En concreto, se
beneficiarían unos 234 mil estudiantes, lo que representa el 20% de la matrícula total del
sistema.
Hasta este punto, nada más que decir. Sólo
celebrar que los esfuerzos desplegados desde hace décadas, y más radicalmente
en 2006 y 2011, han llegado a un primer resultado. El alivio económico al
bolsillo será importante, y se ha creado un precedente concreto, ya que ha
primado formalmente el derecho social a la educación por sobre el criterio que la
define, piñeristamente, como un bien de consumo. Esto no hubiera sido posible
sin una movilización permanente, tanto a nivel callejero como también de la que
se hace estudiando, conversando, discutiendo, convenciendo a los que hay que
convencer.
El problema es que este triunfo inmediato ha
requerido para su concreción de circunstancias bastante contradictorias, que
pueden comprometer a largo plazo la victoria estratégica contra la educación de
mercado. La forma como se ha dado satisfacción a una demanda económica
inaplazable, innegable y concreta, puede dañar la transformación del sistema de
educación superior. El triunfo táctico de hoy, si no se analiza el curso de los
acontecimientos y las definiciones que vienen, se puede convertir en una
derrota estratégica, ya que podría significar la clausura de la demanda
estudiantil y la consolidación del mercado de la educación, si no se procede a
un cambio sustantivo en su marco regulatorio.
LUCHA POLITICA Y LUCHA ECONOMICA
Esta situación no es una anomalía. Es muy
normal que una parte importante de un movimiento social o sindical se movilice
primariamente por objetivos económicos inmediatos y le sea indiferente la lucha
política. En medio de lo peor de la dictadura muchos compañeros sólo salieron a
la calle en 1983, cuando la situación económica se les hizo insoportable. Y
nunca asociaron sus demandas económicas a las consignas de libertad,
democracia, derechos humanos. El “economicismo” siempre logra amplias
movilizaciones de masas y muy rápidamente. En cambio una movilización
estrictamente política siempre resulta mucho más difícil, ya que sus objetivos
son inmateriales: tienen relación con la dignidad, la autonomía de los sujetos,
la participación, la justicia, todos elementos que influyen de forma cualitativa
en la concreción de un derecho, pero que no permiten dar sustento inmediato a
las necesidades de la vida.
De allí que no se deben disociar las demandas políticas y las
demandas económicas, ya que esa bifurcación suele beneficiar a los amigos del statu quo . Cómo pensaba el viejo Plejanov,
inmerso en esta misma discusión en la Rusia de 1900: “No nos rebelamos contra
la agitación basada en la economía, sino contra aquellos agitadores que no
saben aprovechar los conflictos económicos de los trabajadores con los
empresarios para desarrollar la conciencia política de los trabajadores”(1).
GRATUIDAD NO IMPLICA DESMERCANTILIZACION
Hoy sólo se ha resuelto la gratuidad en un
primer año como “marcha blanca”, por la vía de una glosa en el presupuesto. Se
ha logrado después de una turbulenta tramitación parlamentaria, que ha incluido
un veto del Tribunal Constitucional. Lo que se abre es una segunda fase que se
deberá concretar en una nueva ley general de educación superior. En el actual
escenario, poco ha cambiado para los grandes grupos económicos que han
construido el negocio de la educación superior como un sistema desregulado y
concentrador de poder y riqueza. Para ellos la única diferencia es que ahora,
en vez de cobrar a los alumnos, deberán hacerlo al Estado, su nuevo gran
cliente. Hasta el momento las exigencias de la gratuidad no amenazan su
negocio.
En Chile existen 60 universidades, las que no
pueden lucrar por ley, aunque en los hechos muchas lo hacen de forma sibilina,
desviando sus ganancias por medio de transferencias a sociedades de papel.
Además hay 58 centros de formación técnica (CFT) y 42 institutos profesionales
(IP) que no tienen legalmente esta restricción al lucro. Sin un cambio profundo
en la ley y en la capacidad de fiscalización del Estado, los nuevos recursos
públicos vendrán a alimentar la billetera de los controladores de estas
instituciones.
Otras preguntas son: ¿Cómo se deben calcular
los aranceles? ¿Qué pasa si se forma un cartel de sostenedores que se coluden
para incrementar artificialmente los precios que cobran al Estado? ¿O si por el
contrario, los aportes del Estado no logran cubrir los aranceles de las
carreras? ¿Se instaurará un copago? La información oficial habla de la fijación
de un “arancel regulado”, pero hasta la fecha no se ha institucionalizado un
instrumento de esa naturaleza. Tampoco sabemos qué pasará con el 80% restante
de la matrícula total del
sistema que no entra en la cobertura actual. ¿Será incluido progresivamente o
el 20% actual es el piso y el techo al que se llegará? Recordemos que hasta el
21 de mayo de 2015 la gratuidad incluía al sexto
decil, lo que se redujo luego del cónclave de la Nueva Mayoría del 3
de agosto de 2015 sólo al quinto. En medio de la crisis del precio de los commodities y la baja de la demanda china por
nuestros productos no se ve fácil lograr un incremento presupuestario a corto
plazo.
Pero el problema clave radica en los criterios
de elegibilidad de las instituciones. Oficialmente se fijaron tres para las
universidades no estatales: acreditación por cuatro o más años, tener
participación de alumnos y/o funcionarios en alguna instancia del gobierno
superior institucional, y no tener sociedades con fines de lucro entre los integrantes
de sus corporaciones o fundaciones . Juan Pablo Figueroa,
de Ciper, sometió a este examen a las universidades existentes y llegó a la
conclusión que las únicas privadas no tradicionales que clasificaban de forma
rigurosa bajo estas exigencias eran tres: las universidades Alberto Hurtado
(UAH), Católica Silva Henríquez (UCSH) y Diego Portales (UDP)(2).
El primer criterio se ha aplicado con rigor y
se han excluido las universidades con menos de cuatro años de acreditación.
Pero este criterio muestra su debilidad cuando se analiza la “industria de la
acreditación” universitaria, puesta tantas veces en tela de juicio por
denuncias de corrupción, tráfico de influencias, y más profundamente, por los
absurdos criterios que priman a la hora de conceder estas certificaciones. El
segundo criterio se ha cumplido a medias. Varias universidades privadas que han
accedido a la gratuidad han adaptado su estructura para incorporar la
participación mínima de sus académicos y estudiantes. Pero se trata de
cosmética. Los “señores de La Querencia” desean mantener el control de sus
fundos universitarios sin que nadie amenace sus caprichos.
Y el tercero es el más resistido y el que fue
objeto de controversia en el Tribunal Constitucional. Basta releer El Negocio de las Universidades en
Chile , de María Olivia
Mönckeberg, para captar la maraña de sociedades que están involucradas en un
negocio que genera utilidades exponenciales. En palabras de Patricio Basso, ex
secretario ejecutivo de la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA) “las universidades
son mejor negocio que la cocaína”. Y lo ejemplifica gráficamente: “Los actuales
aranceles en Chile están muy por sobre la docencia, son un robo con aval del
Estado. Esto tengo que demostrarlo, y lo hago mediante los siguientes puntos. En
primer lugar, viendo las utilidades de las universidades. Te pongo un ejemplo, la San Sebastián se
constituyó en el año 90 con 14,4 millones de pesos puestos por los socios.
Luego, 23 años después, tiene un patrimonio de 37.457 millones de pesos”(3).
Este volumen de ganancias es superior a cualquier otro sector de la economía
nacional. Ni la minería tiene esta tasa de rentabilidad.
De allí que la carta de navegación de las
movilizaciones de 2016 ya esté clara. Es justo celebrar las conquistas
económicas ya conseguidas porque son fruto de la movilización y la lucha
social. Pero si el movimiento se paraliza es posible que a largo plazo el
triunfo táctico y parcial de hoy se convierta en una victoria estratégica de
los sostenedores del lucro y la mercantilización de la educación.
Notas
(1) Baron,
Samuel H. (1958). “Plekhanov’s Russia
(2) “ Los desconocidos
detalles de cómo se implementará la gratuidad universitaria en 2016” . Ciper 18.08.2015.
(3) El Desconcierto , 21.12.2015.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 844, 8
de enero 2016.
www.puntofinal.cl
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207638
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207638
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