Reforma
laboral ¿sí o no?
1 de marzo de 2019
El tratamiento y aprobación del proyecto original de reforma
laboral en el Congreso nacional podría quedar como una cuenta pendiente del
mandato presidencial de Cambiemos. A lo sumo, según reconocieron desde la
cartera de Producción y Trabajo, aspiran a lograr consenso para un proyecto
limitado que recoja los artículos vinculados con el blanqueo laboral y la
posibilidad de habilitar un Fondo de Cese Laboral en algunos sectores que así
lo acuerden.
Red Eco Alternativo
(Por Mario Hernández para Red Eco)
Argentina – Mientras, las patronales han optado por avanzar por la vía de los
hechos. Para eso han recurrido al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un
mecanismo al que apelan a fin de imponer nuevas condiciones de trabajo. Estos
recursos, de ser aprobados, por ejemplo, habilitan el pago de indemnizaciones
por despido por el 50% del valor estipulado por la Ley de Contratos de Trabajo.
La reducción de las indemnizaciones fue uno de los puntos más controvertidos
del Proyecto de ley de reforma laboral original que fue rechazado por las
protestas duramente reprimidas contra la reforma previsional de diciembre de
2017.
Además, la práctica apunta a generar
planteles con bajo costo imponiendo una mayor carga de trabajo y la
polifuncionalidad a los empleados que continúan trabajando. Así, bajo la
amenaza de cierre, las empresas avanzarían en la aplicación de otro de los
artículos de la postergada reforma laboral, el denominado “ius variandi” que
concede a las patronales el derecho de modificar las condiciones de trabajo.
En los últimos días, empresas como la
fábrica de neumáticos FATE, parte del grupo Madanes que gestiona ALUAR, entre
otras firmas, presentó un PPC que, según denunció el sindicato SUTNA, apunta a
imponer una reforma laboral en los hechos.
El mismo camino tomó Editorial
Atlántida que, según denuncian los delegados de la Comisión interna del
SiPreBA, persigue el propósito de imponer despidos con indemnizaciones al 50% y
modificar las condiciones laborales de los trabajadores que continúen en su
labor.
A contramano de la mentada “revolución
de los aviones” anunciada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la empresa Avian Líneas
Aéreas, ex Macair Jet del Grupo Socma, de la familia del presidente Mauricio
Macri, también dio inicio a un pedido de Procedimiento Preventivo de
Crisis en el Ministerio de Producción y Trabajo, según confirmó Pablo Biró,
titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.
Según el portal especializado aviacionenargentina.com, “dicho
procedimiento buscará, entre otros detalles, la caída de los convenios
colectivos de trabajo homologados, acordar un salario de crisis en torno al 75%
de los sueldos actuales para garantizar los puestos de trabajo en un marco de
diálogo y paz social.”
El presidente de la Asociación de
Abogados Laboralistas, Matías Cremonte destacó que el crecimiento de este
recurso -según la Secretaría de Trabajo, entre 2016 y 2018 se presentaron
a proceso preventivo de crisis 246 empresas, siendo solamente 108 los casos en
2018, el valor más alto desde 2005– “no tiene sólo que ver con la crisis
económica, sino con el hecho de que hay un escenario muy favorable a los
empresarios en el Ministerio de Producción y Trabajo, que los viene
favoreciendo en cada procedimiento. La estrategia está al servicio de las
empresas, no siempre habiendo demostrado que fuera necesaria o efectiva tal o
cual medida”, sentenció.
Mientras tanto, la mesa chica de la Confederación Argentina
de Trabajadores del Transporte (CATT) recibió en la sede del Sindicato La
Fraternidad, al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y al Secretario
de Trabajo de la Nación, Lucas Fernández Aparicio.
Los sindicalistas confirmaron que Sica
desmintió que se trabaje en un Proyecto de Reforma Laboral para que se trate en
el Congreso Nacional en el período de sesiones ordinarias. Sin embargo, el
funcionario ratificó que el Gobierno continuará negociando y propiciando
cambios en los Convenios colectivos de distintas ramas de la economía, en mesas
de negociación sectoriales. Algo que en 2019 ya fracasó para textiles y
metalúrgicos.
Sin embargo, en las últimos días se
conoció el informe denominado “Leyes Para la Transformación Productiva ”,
donde el Gobierno plantea medidas ya rechazadas por los gremios cuando se
intentó llevar la reforma laboral al Congreso.
El texto, del Ministerio de Producción
y Trabajo, propone una condonación de deudas por incumplimiento de la normativa
laboral (blanqueo), la reducción de las indemnizaciones por despido, la eliminación
de las multas que castigan el empleo no registrado, y el fondo de cese.
La presentación incluye la posibilidad
de blanquear a trabajadores informales con condonación de deudas y de pagar
menos multas por parte de los empleadores, que además podrán pagar menos
indemnización.
“El mal llamado ‘blanqueo’ laboral que
propone el gobierno nacional implica una segunda privación de derechos para los
trabajadores no registrados. Después de haber sido contratados de manera
informal (es decir, sin vacaciones, aguinaldo, obra social, etc.), el proyecto
oficial busca eliminar el resarcimiento que les corresponde a los trabajadores
por esa situación. Se reduciría el monto de las multas que deben pagar los
empleadores infractores, que ya no iría al bolsillo del trabajador sino al
sistema de seguridad social.
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Fuente: https://www.anred.org/?p=111183
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