Políticas laborales y precariedad bajo
el kirchnerismo
24 de junio de 2015
Desde el gobierno
nacional se presenta la política laboral aplicada durante la última década como
una reversión de la flexibilización y precarización. Sin embargo, el análisis a
fondo desmiente este planteo.
Por Esteban Mercatante
@EMercatante
En el
balance que el propio kirchnerismo hace de estos doce años de gobierno, las
políticas laborales ocupan un lugar destacado. El aumento del salario mínimo,
la revitalización de las negociaciones colectivas son piezas centrales. En este
balance positivo el gobierno incluye también la sanción de más de 50 leyes
laborales desde 2003 hasta acá, como informaba el ministro de Trabajo
Carlos Tomada en una reciente entrevista.
Reformas laborales que reafirmaron
la precariedad
En los
balances de la década y pico del kirchnerismo, es muy común que se busque hacer
pasar la parte por el todo. Así ocurre también con la manera en que se
presentan las reformas laborales de la década, como una reversión de la
avanzada contra los derechos de los trabajadores ocurrida durante la década del
noventa.
Pero si
bien la nueva normativa modificó los aspectos relativos al derecho colectivo
del trabajo, tendió a
convalidar los mecanismos previamente establecidos en lo referente a los
principales aspectos que constituyen la flexibilización laboral.
En el número 20 de la revista Ideas de
Izquierda de junio,
con un dossier dedicado al movimiento obrero y las “novedades” del accionar
empresario -con apoyo sindical y estatal- para minar conquistas y atacar a los
sectores del sindicalismo combativo de los lugares de trabajo, Clara
Marticorena realiza un análisis de los rasgos centrales
de la legislación laboral durante el kirchnerismo. Allí demuestra que “el gobierno del
Estado dejó de promover leyes flexibilizatorias pero no revirtió el legado de
la reestructuración capitalista, a través de reformas parciales en la
legislación sancionada en los ‘90 y de la homologación de convenios y acuerdos
colectivos que incluyen distintas modalidades de flexibilización horaria,
contractual y en la organización de funciones y tareas, las cuales han operado en
muchos casos como ’moneda de cambio’ de los aumentos nominales de salario
logrados por los trabajadores en paritarias”. La autora agrega que “los cambios
legales se vincularon fundamentalmente con las condiciones salariales y de
contratación sin avanzar centralmente sobre la organización del proceso de
trabajo”.
La
precariedad de la fuerza de trabajo fue así preservada en varias de sus formas,
permitiendo que se expandiera sobre los nuevos sectores que recuperaron el
empleo. Con precariedad laboral nos referimos no sólo a su expresión más
saliente, el empleo no registrado o en “negro”, que hoy afecta a un 32 %
de la fuerza de trabajo (por debajo del 50 % de 2002 pero con un piso muy
alto), sino también a una amplia gradación de condiciones de deterioro que se
encuentran entre este extremo de precariedad y el contrato de trabajo por
tiempo indeterminado con plenos derechos.
La precariedad en el empleo
registrado
Los
contratos “basura”, establecidos por un plazo determinado, se multiplicaron en
los últimos años en todos los sectores de la economía: comercio, gastronomía,
servicios, agroindustria, construcción. Estas variantes de trabajo precario
pero formal alcanzan incluso a algunos de los sectores de más vigoroso
crecimiento, como es el caso de la industria automotriz. Cuando esta comenzó a
recuperar sus niveles de ocupación tras la abrupta caída del período 1998-2002,
estableció para los nuevos ingresos a planta formas de contratación que se
caracterizan por tener un plazo temporalmente limitado e “implican para el
trabajador una situación de alta inestabilidad en su ocupación” (Gentile y
Vidosa, 2013). Si tomamos por ejemplo el sector automotriz, allí sucesivos
acuerdos del SMATA con las automotrices permitieron que “todas las innovaciones
flexibilizadoras que introdujeron en los años ‘90 los convenios colectivos de
las nuevas radicaciones empresariales, que, si bien no pudieron en este caso
aplicarse al conjunto de los trabajadores, sí se establecieron para los nuevos
trabajadores que se incorporasen a partir de ese momento” (Guevara, 2012). El
resultado es que se avanzó aún más en la fragmentación “distinguiendo entre
nuevos ingresos y viejos, sumándose a la diferencia entre contratados y
efectivos” (Guevara, 2012).
El trabajo
eventual, a través de las prestadoras como Adecco o Manpower, también siguió
floreciendo durante esta década.
Junto
con los contratos a término y otras variantes que florecieron en los noventa y
siguieron creciendo, tenemos la tercerización o subcontratación, que “consiste
en el encargo o la entrega de una determinada actividad periférica, eventual o
secundaria, de una empresa principal para ser realizada de manera autónoma, por
una empresa subcontratada” (Neffa, 2013). Aparte de que reduce costos e
incrementa la flexibilidad para las empresas, la tercerización segmenta la
fuerza de trabajo y contribuye así a favorecer la disciplina en el ámbito
laboral. En algunos casos la tercerización permite incorporar trabajadores de
otros gremios con sueldos de convenio más bajos, como ocurre en numerosas
compañías petroleras, como PAE, que emplean trabajadores encuadrados en UOCRA.
Como quedó destapado por la investigación del asesinato del militante del
Partido Obrero Mariano Ferreyra en 2010 a manos de la patota de la Unión Ferroviaria
-comandada entonces por José Pedraza-, la burocracia sindical es activa
participante en la tercerización, creando en todos los rubros numerosas
empresas que lucran con la misma.
De esta
forma, al mismo tiempo que durante los años del kirchnerismo se produjo las
reformas de algunas leyes y el impulso de la negociación colectiva -en buena
parte una respuesta a una presión “desde abajo” del movimiento obrero, que
mostraba en 2004 una efervescencia que impuso la necesidad de dar respuestas
para encauzarla-, se expandieron en el colectivo obrero las condiciones más
degradabas de contratación, alcanzando a mayores porcentajes de los
trabajadores registrados que en cualquier momento previo.
Política de Estado
No es
extraño que la “lucha” contra el empleo precario arroje estos resultados al
cabo de una década, cuando el propio Estado aplica a gran escala estas formas
de contratación degradas. En el caso del empleo público, la contratación a
término (10% de la planta nacional) convive con un sector no registrado (12% de
los empleados públicos de todo el país), y con formas tercerización, así como
el ocultamiento de la relación de dependencia bajo la contratación por locación
de servicios. A nivel nacional la inestabilidad laboral afecta al 26,4% de los
trabajadores estatales.
Fuentes
Gentile, Julia, y Vidosa, Regina
(2013), “Transformaciones en el mercado de trabajo y la estructura productiva
en Argentina durante la post-convertibilidad: el caso de la industria
automotriz”, Congreso ASET, Buenos Aires.
Guevara, Sebastián (2012),
“Reactivación de la movilización obrera en la industria terminal automotriz
(2004–2011). Recuperación parcial del salario con persistencia en la
flexibilización laboral”, Trabajo y Sociedad 19, Buenos Aires.
Neffa, Julio César (2013), “La tercerización
y la subcontratación como características del nuevo modo de desarrollo”,
Congreso ASET, Buenos Aires.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Politicas-laborales-y-precariedad-bajo-el-kirchnerismo
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