Máxima Acuña, Yeni
Cojal y Teresita Antazú,
tres ejemplos de la lucha contra las multinacionales
extractivas
Lideresas indígenas en
Perú:
cuerpos contra la minería
27 de marzo de 2019
Por Enric
Llopis (Rebelión)
“Dicen que aquí en mi terreno hay oro, y por
esa ambición del oro es que me quieren quitar mi terreno a la mala, a la fuerza. Aún hasta
matándome”, afirma la campesina y defensora ambientalista en el departamento
peruano de Cajamarca, Máxima Acuña Atalaya. La ONG EarthRights
International, que representa a la familia Acuña-Chaupe,
informo el 21 de marzo que continuará en Estados Unidos con la demanda
interpuesta contra la compañía minera Newmont, tras el fallo favorable obtenido
-en fase de apelaciones- en los tribunales de este país. “Los Acuña-Chaupe no
conseguirán un juicio justo en Perú, las cortes (de justicia) locales no han
garantizado los derechos de la familia”, explicó la abogada de la ONG Marissa Vahlsing.
EarthRigts denuncia que, desde
2011, la empresa estadounidense -uno de los gigantes globales en la producción
de oro- ha desplegado una campaña de “abuso y acoso” para expulsar a la familia
de sus tierras y construir una mina para la extracción de oro y cobre. Se trata
del megaproyecto Conga que promueve la empresa Yanacocha,
controlada por Newmont Mining Corporation con sede en Denver (51,3% de las
participaciones); la peruana Minas Buenaventura (43,6%) y la japonesa Sumitomo
Corporation (5%). El proyecto está teóricamente suspendido
desde finales de 2011, debido a las protestas populares por el impacto
ambiental (por ejemplo, por la pérdida de lagunas y humedales).
Tras cinco años de proceso
penal, en mayo de 2017 la
Corte Suprema de Justicia de Perú confirmó la sentencia que
absolvía a Máxima Acuña Atalaya y su familia de un supuesto delito de
usurpación agravada, del que les acusaba la minera Yanacocha.
“Decisión histórica en Perú. No más criminalización contra Máxima Acuña”,
celebró Amnistía Internacional (AI), que tres meses antes informó de “una nueva
incursión –de madrugada- del personal de seguridad de la empresa para destruir
cultivos que la familia mantenía para su subsistencia”. Máxima Acuña recibió en
2016 el Premio ambiental Goldman. Entre 2011 y 2014 la activista denunció
intentos de desalojo y agresiones por parte de la policía peruana, recuerda AI
(estas denuncias contra la policía y la minera continuaron años después). En
mayo de 2014 la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó
al Gobierno de Perú que adoptara medidas para garantizar la vida e integridad
personal de 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas de
Cajamarca, entre ellas la familia Acuña-Chaupe (La organización feminista
DEMUS y la
ambientalista GRUFIDES demandaron de nuevo al Estado peruano
ante el CIDH, en 2017, por el incumplimiento de las medidas).
Rocío Silva Santisteban es
activista, feminista, consultora en derechos humanos y, entre 2011 y 2015,
directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
(CNDDHH). Ha acompañado a víctimas de violaciones de los derechos humanos, como
Máxima Acuña, a quien entrevistó para el libro “Mujeres y conflictos
territoriales” (2017), presentado en un acto organizado por la ONG Entrepobles en
el centro cultural Ca Revolta de Valencia. En un artículo publicado en 2015 en
el periódico digital La Mula (“Mujer en política, muestrario de ataques”), la
investigadora recordaba, además de los insultos en las redes sociales (“perra”,
“terrorista antiminera”, “roja radical”) cómo –dirigiendo la Coordinadora- fue
golpeada en las piernas durante una marcha; o cómo periodistas justificaron que
se le escupiera en la cara durante un plantón de protesta en 2014.
“El líder no es quien maneja
los libros, se pelea con el presidente o está en la cabeza; el líder es quien
ha iniciado desde abajo, el que aprende junto con los demás y tiene que dar
ejemplo; si el líder no sabe pelar una papa, ordeñar una vaca o trabajar una
chacra, para mí no es un líder”, afirma la activista Yeni Cojal
Rojas en otra de las entrevistas del libro. Dirigente de la Organización de
Mujeres Defensoras de la Pacha Mama Plataforma Celendín (OMUDEFPC) y
rondera del caserío de Molinopampa (provincia de Celendín), Yeni Cojal ha
afrontado procesos penales por participar, junto a otros 15 líderes
comunitarios, en una protesta contra el proyecto Conga en 2012; una decena de
organizaciones de derechos humanos rechazaron en un comunicado, cuando se
celebró el juicio en 2017, la petición de condena -por parte de la Fiscalía- de
hasta 16 años de prisión contra los activistas; en el caso de la lideresa
indígena, “fue informada de las acusaciones en su contra cuando ya se había
iniciado el proceso, negándole la oportunidad de defenderse”. Las
organizaciones recordaron que cinco personas murieron como consecuencia de la represión
-por la policía y el ejército- de las movilizaciones contra la minera en julio
de 2012.
El informe presentado por la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos de Perú a la CIDH (2016) señala que Yenii Cojal Rojas ha
hecho frente a otro proceso penal, junto a 11 personas (cinco de ellas
mujeres), que rechazaban la iniciativa hidroeléctrica Chadín II promovida por
la multinacional brasileña Odebrecht en la cuenca del río Marañón; el
Ministerio de Energía y Minas aprobó en 2014 el Estudio de Impacto Ambiental
para la construcción de la represa, cuyo objetivo es la generación de 600
megavatios de electricidad en este afluente del río Amazonas. Las comunidades
afectadas presentaron en mayo de 2018, con el apoyo de EarthRights y el
Instituto de Defensa Legal, una demanda judicial de amparo al considerar que el
proyecto de central hidroeléctrica Chadín II –uno de los 20 planeados en la
cuenca del río Marañón- “inundaría las tierras aledañas y generaría el
desplazamiento de al menos un millar de personas que viven en los departamentos
de Cajamarca y Amazonas”, además de daños a los ecosistemas.
Rocío Silva Santisteban
subraya en el libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales” la lucha de
Teresita Antazú, procesada como dirigente de la Asociación Internacional
de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDESEP) junto a 53 personas –la mayoría
indígenas- por el “baguazo” (enfrentamiento entre policías y comunidades
indígenas en la ciudad de Bagua, departamento de Amazonas, en junio de 2009,
que se saldó con 33 muertos entre policías y civiles; el “baguazo” se produjo
en el contexto de un conjunto de decretos legislativos que afectaban a las
comunidades indígenas, y la respuesta de éstas en forma de paros y bloqueo de
carreteras); ante la orden de captura, Teresita Antazú, líder del pueblo
Yanesha, se negó a huir a Nicaragua pese a lo que le aconsejaban: “Me quedo acá
porque tengo mi familia, mis hijos, tengo mi organización, soy la presidenta y
me han nombrado no para irme a otro país sino para servirlos acá”.
La Campaña “Defensoras no
están solas” destaca en su página Web que 10 mujeres murieron asesinadas en
Perú en el contexto de conflictos sociales entre 2003 y noviembre de 2017.
Incluye un listado de casos –“Huellas imborrables”-, entre los que está Lizeth
Emperatriz Vásquez, quien en 2012 –con 17 años- se manifestaba contra la minera Yanacocha
en Cajamarca; pese a que los policías la arrastraron y golpearon en el suelo,
fue procesada por “resistencia a la autoridad”, con una petición por parte de
la fiscalía de nueve años de cárcel; el caso fue archivado a los dos años. Otra
“huella imborrable” es la de la agricultora Cleofé Neyra
Neyra, secuestrada y torturada en 2005 durante la lucha contra la minera
británica Monterrico Metals, que impulsaba el proyecto cuprífero Río Blanco en
la región de Piura (actualmente las propietarias de las concesiones de Río
Blanco son tres firmas chinas: Zijin Mining Group, Tongling Nonferrous Metals y
Xiamen C&D Real Estate). Flor de María Parana. Sus cuatro hijos padecieron
“graves problemas en su salud” tras los derrames de crudo en 2014 que
afectaron, entre otros, a los pobladores de la comunidad de Cuninico, en la
región de Loreto, y cuya responsabilidad atribuyeron a la empresa estatal
Petróleos del Perú.
En junio de 2018, la Federación Internacional
de Derechos Humanos (FIDH), que agrupa a 184 organizaciones de 112 países, se
hizo eco de la “estigmatización”, la “criminalización” y el “marco represivo”
en el que actúan las personas defensoras de los derechos humanos en Perú. La
federación señaló que entre 2011 y mediados de 2018 fueron asesinadas 119
personas defensoras y en 2017 más de 800 estaban siendo objeto de
criminalización. El libro de José de Echave C. “Diez años de minería en el Perú
(2008-2017)” (CooperAcción, 2018) se hace eco del balance de los conflictos
sociales que realiza la Defensoría del Pueblo para el periodo 2006-octubre de
2016: un total de 270 personas muertas y 4.614 heridas.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=254096
No hay comentarios:
Publicar un comentario