El empuje extractivista en Colombia y la convergencia entre
conservadores y progresistas
15
de octubre de 2016
Desde el punto de vista de los movimientos
sociales no puede pasar desapercibido que este discurso de Santos expresa
cristalinamente que para su gobierno, así como para el de Correa, la
resistencia ciudadana no es una cuestión de minorías, sino que se ha vuelto tan
potente, e incluso eficaz, para terminar siendo un gran dolor de cabeza de
ambos gobiernos.
La proliferación de emprendimientos extractivistas en Colombia,
sigue generando importantes impactos sociales y ambientales, y por ello se
multiplican las resistencias ciudadanas y las tensiones políticas. El proceso
de paz ofrece muchas opciones para poder democratizar las políticas
ambientales, protegiendo tanto a las comunidades locales como a sus ambientes.
Pero también encierra muchos riesgos, entre ellos un repotenciamiento de las
locomotoras extractivistas.
En ese contexto, hace pocos días atrás, el presidente Juan Manuel
Santos brindó un discurso de enorme importancia para entender el futuro
inmediato que desea para los extractivismos. Anunció que buscaría apoyarlo
económicamente y protegerlo militarmente, mientras compartió sus ideas para
controlar y encauzar la resistencia ciudadana. A todas esas revelaciones, de
enorme relevancia, le siguió otra todavía más sorprendente: seguirá las
sugerencias que le hizo el presidente ecuatoriano Rafael Correa para convertir
a las comunidades locales en “cómplices” de los extractivismos. Desembocamos
así en una convergencia entre conservadores y progresistas para proteger los
extractivismos y controlar la sociedad civil organizada.
El empuje extractivista colombiano
Analicemos el caso, comenzando por describir el contexto en el
cual se realizaron estas revelaciones. Todo ocurrió en el acto de inauguración
del II Congreso Internacional de la Asociación Colombiana
del Petróleo (ACP), el pasado 29 de septiembre de 2016. Esa asociación nuclea a
corporaciones como Chevron, Exxon, Oxy, Pacific, Petrobras, Repsol, Shell y
Total, y sus ejecutivos estaban presentes en la sala. El evento contó con
500 asistentes registrados, y el tema en discusión era el “futuro del petróleo
y el gas”.
En esa ocasión, Santos defendió el proceso de paz colombiano, y la
vez intercaló informaciones y opiniones sobre el sector petrolero y el papel
que le asigna en un escenario post-conflicto1. Sus palabras
destacaron la importancia de la explotación petrolera para el crecimiento
económico del país, con citas a las recaudaciones de impuestos y su uso en
distintas obras. Mencionó a la llamada “enfermedad holandesa” (aunque uso el
calificativo de “resfrío”), y resaltó el aporte de todo esto para reducir la
pobreza.
A juicio de Santos, los problemas que enfrenta ese sector, en el
orden que les dio, fueron la caída de los precios internacionales, la protesta
social y los bloqueos, las licencias ambientales demoradas y la competitividad. En
el plano económico, el presidente colombiano le anunció a las corporaciones que
tiene la intención de bajarles los impuestos, incentivar la explotación (con
medidas fiscales entre otras) y que su prioridad es apoyar a la extracción.
Avanzó aún más, explicando que si el proceso de paz tiene éxito,
entonces las fuerzas armadas que resulten liberadas de sus presentes posiciones
para enfrentar a las guerrillas, serían reubicadas para proteger la
infraestructura petrolera. Aunque Santos no lo dijo explícitamente, es obvio
que esa protección militar se erguirá ante las comunidades locales, tal como se
desprende de otros de sus dichos en su discurso.
El mensaje a los empresarios fue muy claro: el gobierno destaca el
valor del extractivismo petrolero, apoyará económica y políticamente a las
empresas y, si la paz se firma, los militares se desplegarán para protegerlos.
Es, por lo tanto, un escenario de profundización de los extractivismos, una
situación que muchos ya han alertado dentro de Colombia.
Santos reconoció que hay protestas sociales y las vinculó con un
ambientalismo “fundamentalista”. Ahora las ONGs vienen a defender el ambiente,
vienen a “atacar” a cualquier empresa, subrayó el presidente. Enseguida
reconoció que “infortunadamente, no nos digamos mentiras, la industria
petrolera está de primera” en esa lista, “está en la mira”.
La calificación de la resistencia ciudadana como “fundamentalista”
es un término que repetidamente vienen usando todos los gobiernos, también los
progresistas, para criticar y rechazar las movilizaciones ciudadanas.
Y para enfrentar toda esa problemática, a los “fundamentalistas”,
Santos ofreció una receta que no es propia, sino que es la que le aconsejó el
presidente de Ecuador, Rafael Correa. Allí está la otra impactante revelación:
un progresista le explica a un conservador cómo defender los extractivismos y
lidiar con la protesta ciudadana. En efecto, Santos relató que Correa le
aconsejó sobre los modos para enfrentar a los ambientalistas “fundamentalistas”
e inyectar dinero en las comunidades para que sean “cómplices” de los
extractivismos. Consejos que Santos destacó, aceptó y valoró tanto que los
compartió con los empresarios petroleros. Quedó confirmada la CPC: una
convergencia progresista – conservadora.
Las enseñanzas de Correa a Santos
Esto es lo que dijo Santos: “Yo
hablaba con el presidente Correa del Ecuador, sobre las consultas y las
protestas, él me decía: mire yo tengo una población muy difícil, en ese
sentido, la mayoría, 50% indígenas, muy antipetroleros, e inclusive el gobierno
ha sido muy hostil a la industria petrolera en muchos sentidos, así lo percibe
mucha gente, pero yo hice algo que ha sido muy, muy efectivo, y es algo muy
práctico.
Que en lugar de ir, perforar, y después ir a hablar con las
comunidades, lo hago a la
inversa. Antes de perforar, antes de hacer cualquier cosa,
voy y hablo con las comunidades y les pregunto, ¿cuáles son sus necesidades?
¿ustedes qué quisieran? ¿qué es lo que necesitan?
Entonces las comunidades se ponen de acuerdo, las comunidades se
ponen de acuerdo: mire, necesitamos esta carretera, necesitamos este hospital,
necesitamos esta cosa. Ah, bueno, esto es posible si podemos perforar aquí, y
entonces eso va a producir los recursos para esto.
Que eso cambia totalmente la mentalidad, la agresión de las
comunidades, a la complicidad de las comunidades. Eso me lo decía el presidente
Correa. Y eso fue muy importante para continuar nosotros en el ejercicio de la
exploración y la sísmica en Ecuador”.
Con esto quedaron expuestas muchas cosas. La primera es que para
el gobierno de Ecuador, desde una mirada progresistas, los ambientalistas e
indígenas también son “fundamentalistas” o “anti-petroleros”. Ese gobierno,
además, tiene una estrategia explícita para enfrentarlos. La segunda es que
esas prácticas le gustaron mucho a Santos y las valora como un ejemplo a seguir
por su propio gobierno en Colombia como modo de superar la resistencia
ciudadana a los extractivismos. Le gustó tanto que ya le adelantó a todo el
empresariado petrolero colombiano que usará los instrumentos de Correa. O sea, el
progresismo le enseña a los conservadores cómo imponer los extractivismos. Esto
es, ni más ni menos, que la más clara evidencia de una CPC, una convergencia
progresista conservadora.
Las prácticas gubernamentales sean de uno u otro régimen político
convergen, por un lado, hacia el control político de los extractivismos para
legitimar ante la opinión pública y el electorado la importancia de ese tipo de
explotaciones, y por el otro lado, hacia controlar o anular la resistencia
ciudadana. Los progresismos y los conservadores aprenden unos de los otros y,
más allá de los discursos, conciben de similar manera las oposiciones
ciudadanas y convergen hacia similares prácticas. Todo ese intercambio podría
llevar a preguntarse si Santos sería el más “progresista” de los gobernantes
conservadores, o si Correa representaría al más “conservador” entre los que se
autoproclaman como progresistas.
La convergencia hacia los extractivismos
El examen de las estrategias extractivistas en América del Sur
muestra un panorama muy particular. Por un lado, existe una amplia diversidad
en las justificaciones políticas, que van desde los extractivismos defendidos
por gobiernos conservadores a los promovidos bajo ideas progresistas. Sus
discursos son extremadamente distintos, en unos casos apoyándose en el mercado
y en los otros invocando al socialismo.
Pero, por otro lado, existe una llamativa convergencia en las
prácticas concretas para imponer emprendimientos como las explotaciones
mineras, petroleras o agrícolas2. En repetidas
ocasiones en los últimos años se ha alertado sobre esas similitudes entre
progresistas y conservadores. Y de la misma manera, a lo largo de estos años,
se alzaron las defensas progresistas que insistían en que esas afirmaciones
eran una exageración sin evidencia. Tampoco faltaron quienes eran muy agudos en
entender los impactos negativos de los extractivismos dentro de Colombia, pero
no lograban advertirlos en países como Ecuador y Bolivia, ensimismándose en la
ilusión de un paraíso social y ambiental bajo los progresismos.
Sin embargo, en esas naciones se repite la imposición de emprendimientos
mineros, petroleros y agrícolas de todo tipo, se recortan los mecanismos de
consulta y participación ciudadana, y no se duda en usar la represión policial.
El testimonio de Santos muestra que, en la intimidad, Correa parece creer que
su gobierno “dialoga” con las comunidades, que antes de iniciar un proyecto extractivista
se acerca a hablar con ellas y que las escucha. Es un entendimiento contrario
tanto a lo que señalan muchos actores locales dentro de Ecuador como a un
examen del desempeño gubernamental. Basta pensar en el conflicto que todavía
persiste en cuanto a la explotación petrolera en el área de Yasuní en la
Amazonía o la imposición de emprendimientos mineros.
También se reconoce otro punto sobre el que se ha alertado desde
la teoría sobre los extractivismos: los gobiernos usan intencionalmente las
compensaciones económicas como un instrumento para justificar los
extractivismos, para amortiguar la resistencia ciudadana, e incluso para
dividir a las organizaciones locales. El gobierno ecuatoriano le diría a las
comunidades locales que para cumplir sus pedidos, por ejemplo de carreteras u
hospitales, sólo sería posible si hay extractivismo, según lo que cuenta
Santos. Y se apela al dinero, sea en obras o en pagos, para que la “agresión”
se convierta en “complicidad”, desnudándose la base conceptual de muchas
prácticas: pagar por la
aceptación. Este sería el mecanismo que quiere potenciar en
el futuro inmediato la administración Santos.
Esas son ideas que deben ser cuestionadas. Es evidente que las
responsabilidades estatales de proveer servicios básicos son fines en sí
mismos, y no pueden ser reducidas a una mera consecuencia de un extractivismo
exitoso. Dicho de otro modo, no se puede extorsionar a las comunidades locales
diciéndoles que se les proveerá de infraestructura o servicios solamente si
aceptan los impactos y contaminaciones extractivistas. Y de la misma manera, el
entregar obras o dineros para que la gente no proteste dista mucho de una
verdadera política en justicia social o ambiental. Estamos ante prácticas que
convierten la compensación económica en un mecanismo de control y
apaciguamiento político.
Tanto se ha insistido con esas ofertas monetarias que, hay que
reconocerlo, muchas comunidades locales están divididas. Y también hay que
entender esa situación, ya que para muchos comunarios sumidos en la pobreza por
décadas, esas mejoras en infraestructura o una ayuda en dinero, pueden tener un
enorme impacto en sus vidas. Pero todos esperaríamos que el gobierno no se
aprovechara de la condición de pobreza para negociar aceptaciones cómplices.
Aunque estamos frente a una CPC, no se debe caer en confusiones.
Es que progresismo y conservadurismo siguen siendo distintos; no es lo mismo el
régimen político de gobierno ecuatoriano que el observado en Colombia. Pero en
algunas cuestiones clave, tales como el papel de los extractivismos como motor
del desarrollo, convergen hacia similares planes de acción, parecidas
herramientas políticas y económicas, e incluso semejantes posturas culturales.
Se descalifica a quienes alertan o cuestionan tildándolos de
“fundamentalistas”. Es por ello que puede hablarse de una situación CPC, donde
la convergencia está en los instrumentos y prácticas. Pero los marcos
conceptuales bajo las cuales son presentadas siguen siendo diferentes y las
metas son distintas.
A su vez esta confluencia sirve para reforzar la distinción entre
izquierdas y progresismos3. Es que la
utilización de ese tipo de prácticas y acciones para imponer los extractivismos
son factores que explican el cambio de las izquierdas iniciales hacia los
progresismos actuales en naciones como Ecuador, Bolivia, Argentina o Brasil.
Finalmente, desde el punto de vista de los movimientos sociales no
puede pasar desapercibido que este discurso de Santos expresa cristalinamente
que para su gobierno, así como para el de Correa, la resistencia ciudadana no
es una cuestión de minorías, sino que se ha vuelto tan potente, e incluso
eficaz, para terminar siendo un gran dolor de cabeza de ambos gobiernos. En
muchos casos, esa resistencia ciudadana cuestiona las bases conceptuales del
desarrollo, expresado tanto en extractivismos progresistas como conservadores.
Por lo tanto, esos discursos que la tildan de minorías infantiles, no tienen
ningún sustento, y ellos lo saben, lo que es de enorme
importancia. Debemos tomar nota de esta situación.
- El discurso de J.M. Santos
está disponible por el servicio de prensa presidencial en
https://www.youtube.com/watch?v=b870ezpLm3Y
- Sobre los diversos
extractivismos ver la entrevista a Eduardo Gudynas, Palabras al Margen, 9
noviembre 2015, http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/entrevista-a-eduardo-gudynas
- Sobre la distinción entre
progresismo e izquierda, ver Izquierda y progresismo: la gran divergencia,
E. Gudynas, ALAI (Agencia Latino Americana de Informaciones), Quito, 23
diciembre 2013, http://www.alainet.org/es/active/70074
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