Áreas protegidas en peligro, indígenas cercados y empresas
chinas:
el balance ambiental de Bolivia en el 2018
3 marzo 2019
Por Miriam
Telma Jemio
La deforestación, el
tráfico de fauna silvestre la explotación ilegal de oro en ríos de la Amazonía
por empresas chinas y el inicio de proyectos en áreas protegidas y territorios
indígenas marcaron el año que termina. En el lado positivo, se sentó precedente
con la primera sentencia contra traficantes de jaguares, los indígenas chimanes
recuperaron parte de su territorio ancestral y el gobierno boliviano firmó el
Acuerdo de Escazú.
En el 2018 se confirmaron varias de las principales
preocupaciones que expertos, activistas y pueblos indígenas tenían sobre el
futuro de la gestión ambiental en Bolivia. Un ejemplo claro ha sido el reciente
rechazo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a la acción de
inconstitucionalidad presentada por un grupo de pobladores y
legisladores contra cuatro leyes que permiten la exploración y
explotación de hidrocarburos en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Este es uno de varios proyectos de extracción de los
recursos naturales insertos en la política económica del gobierno de Evo
Morales que, en los últimos años, le ha abierto las puertas a las actividades
hidrocarburíferas, mineras y agrícolas dentro de las áreas protegidas y territorios
indígenas. A esto se suma la cuestionada participación de empresas chinas en el
desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, que van desde carreteras
hasta hidroeléctricas, la presencia de cultivos ilegales de hoja de coca en
seis áreas protegidas de Bolivia, los actos de corrupción detrás del tráfico de
madera y las nuevas mafias que le arrancan los colmillos a los jaguares.
Mongabay Latam ha preparado un balance para despedir el 2018
y también identificar esas tareas que quedan pendientes para el año que viene.
Lo malo:
áreas protegidas en la mira
La política económica boliviana ha puesto en jaque a algunas
de las áreas protegidas más biodiversas del país y los críticos no se han
quedado callados. Leonardo Tamburini, investigador y experto en temas
indígenas, sostiene que el Estado ha diseñado una arquitectura jurídica, entre
2012 y 2015, para intervenir en territorios indígenas y áreas protegidas con el
fin de realizar actividades extractivas y ampliar la frontera agrícola.
Entre las normas a las que se refiere Tamburini figuran, en
primer lugar, los Decretos Supremos 2298 y 2366, ambos publicados el
año 2015, que según los expertos reducen la consulta previa a un simple trámite
administrativo y permiten la exploración y explotación de recursos
naturales en áreas protegidas.
En la misma línea está la Ley 969 que permitirá la
construcción de infraestructura en el Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) y que da luz verde para la construcción
de hidroeléctricas que afectan por lo menos a seis áreas protegidas
bolivianas.
Otro de los peligros de la política extractiva boliviana es
que este año se ha expandido la frontera petrolera a otros territorios. “Las
operaciones ya no están solo focalizadas en el Chaco, sino que han ingresado a
la zona andina amazónica del país”, dice Silvia Molina, investigadora del
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
Para la investigadora esto tendrá un fuerte impacto en
la zona (Amazonía) porque toda actividad petrolera demanda la construcción
de infraestructura, mientras que la minería transforma el territorio y
contamina con mercurio el agua y los suelos.
“La política económica del gobierno se dirige cada vez más a
profundizar la explotación de la riqueza natural del país, porque requiere
contar con mayores ingresos económicos para mantener el gasto público”, dice
Molina, por eso incursiona más en áreas protegidas y territorios indígenas, con
condiciones favorables para las empresas extranjeras.
En este escenario, sostiene la especialista del Cedla, el
rol del Ministerio de Medio Ambiente y de la Autoridad de la Madre Tierra ha sido
decepcionante pues, el primero, avala las acciones del gobierno y, el segundo,
se presenta en espacios internacionales como un Estado que respeta el medio
ambiente, cuando en la práctica no lo hace.
La irrupción de actividades extractivas en áreas protegidas
también pone en serio peligro la conservación de la biodiversidad. De
hecho, Vincent Vos, biólogo e investigador del Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado (Cipca), menciona un estudio que estima que en las
próximas décadas la flora y fauna de la Amazonía boliviana se reducirá en un 40
%, sin que se instalen proyectos extractivos.
Las áreas protegidas son claves para conservar refugios
para la vida silvestre, “intervenirlas, sin duda, provocará un aumento en las
tasas de pérdida de biodiversidad e incluso la extinción de especies”’,
remarca Vos.
Por eso la aprobación de la exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional
de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en Tarija, ha sido mal recibida por un
sector de la población boliviana. Los comuneros han rechazado el ingreso
de las empresas YPFB Chaco y Petrobras a San Telmo Norte y al Área
Astillero y denuncian que incluso el Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(Sernap) habría cambiado la zonificación del área protegida para facilitar la
obtención de las licencias ambientales que dan luz verde al inicio de la
exploración.
Pero otra
fracción de comuneros apoya el proyecto. En eso se apoya el Gobierno que firmó
un convenio la semana pasada con ellos. “Este convenio con el Distrito 11,
tiene el objetivo de velar por las fuentes laborales locales, permitiendo el
desarrollo y la protección de nuestra naturaleza”, afirmó el viceministro de
Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero, Carlos Quispe.
Quispe desmintió que la empresa operadora haya ejecutado
actividades en la zona núcleo de la Reserva Tariquía y resaltó que la consulta
pública se realizó en junio.
Lo
preocupante: la arremetida de las hidroeléctricas
En su búsqueda por convertir a Bolivia en el centro
energético de la región, el Gobierno también ha sacado adelante, a pesar del
rechazo de las comunidades de la zona, tres proyectos energéticos.El
primero ha sido la construcción de las represas El Chepete y El Bala, que
pondrían en peligro al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
Madidi (La Paz) y la Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón
Lajas (Beni). El segundo proyecto polémico ha sido la construcción de la hidroeléctrica Rositas ,
que se prevé impactará al Área Natural de Manejo Integrado Río Grande Valles
Cruceños (ANMI), al Parque Nacional y ANMI Serranía del Iñao y al Área
Protegida Municipal Parabanó. Finalmente, la construcción de la hidroeléctrica Ivirizu que
ya ha deforestado alrededor de 500 hectáreas dentro del Parque Nacional
Carrasco (Cochabamba), como lo denunció Mongabay Latam.
Los efectos han sido denunciados por los pueblos
indígenas: pérdida de fuentes de agua y alimentos, y envenenamiento de ríos,
del aire y el suelo con mercurio.“El gobierno nos está despojando de nuestros
recursos de vida con la ejecución de proyectos de carreteras e hidroeléctricas
en territorios indígenas y áreas protegidas, para facilitar el más perverso
extractivismo como son la minería, las exploraciones petroleras, la
deforestación para monocultivos y transgénicos como la coca, la soya y la caña
de azúcar”, denuncia la indígena uchupiamona Ruth Alipaz.
Alipaz ve al
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como un brazo operativo del
Gobierno para despojarlos de sus tierras. Ellos culpan a esta institución de
autorizar asentamientos de colonos irregularmente en los territorios indígenas,
como sucedió en las tierras del pueblo Tacana en el departamento de Santa Cruz.
La reserva de Tariquía se caracteriza
por su enorme biodiversidad. Foto del Servicio Nacional de Áreas Protegidas
La reacción de Morales suele ser
categórica cuando alguna de estas decisiones es cuestionada. Frente a la
denuncia presentada por líderes indígenas bolivianos en abril, en el Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, el mandatario
boliviano reaccionó advirtiendo que se llevaría las inversiones a otro lado.
“Esos proyectos como Rositas, es el pedido del departamento de Santa Cruz, sin
embargo algunos hermanos, repito nuevamente, bajo la influencia de algunas
empresas u ONG, protestan. Yo decía, si no quieren no hay problema, hay otros
departamentos que quieren y han consensuado, vamos a trasladar esa inversión a
otros departamentos”, dijo en un acto público.Para Silvia Molina del
Cedla, en doce años de gobierno “los indígenas están peor que antes, sus
derechos están violados como nunca, sus territorios están afectados como
nunca”. El Gobierno, señala la investigadora, está llevando a estos pueblos a
emigrar a los cinturones de pobreza de las ciudades. “Ellos requieren la
protección del Estado para resguardar la riqueza que representan para el país
[…], no se atienden sus verdaderas necesidades, se les impone una visión de
futuro y desarrollo”, lamenta Molina.
Además de las hidroeléctricas, el plan energético del
Gobierno ha sumado también nuevos proyectos como los agrocombustibles. El
1 de noviembre se inició la comercialización del etanol, una iniciativa
público-privada que para Morales aportará energía limpia a la matriz
energética, permitirá incrementar en un 1 % el Producto Interno Bruto (PIB) y
reducirá la subvención e importación de combustibles líquidos. Se prevé una
inversión privada en el sector agrícola y agroindustrial de 1600 millones de
dólares y el incremento gradual de la productividad y la variedad de cultivos.
Aunque el Gobierno afirma que el etanol es un combustible
verde, Miguel Crespo, director de Productividad Biosfera Medio Ambiente
(Probioma), remarca que en realidad se ampliará la frontera
agrícola y aumentará la importación de alimentos. Para Marco Gandarillas
del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), el bioetanol “es
un estímulo directo para la ampliación de la frontera agrícola para plantar
caña, lo que implica más deforestación”.
Lo
imparable: el aumento de la deforestación
La pérdida de bosques se ha incrementado en las últimas
décadas por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, la adjudicación de
tierras del Estado a comunidades campesinas, interculturales e indígenas, el
desarrollo de actividades extractivas y las políticas dirigidas a garantizar la
seguridad alimentaria.
Pablo Solón Romero, analista y director de la Fundación Solón ,
critica que la ABT hable de una disminución de la tala ilegal cuando, en la
práctica, lo ilegal se está volviendo legal. “No se está reduciendo la
deforestación, eso muestran los datos de la ABT. El impacto en términos ambientales es el
mismo, ya sea legal o ilegal la deforestación”, puntualizó.La Autoridad de
Bosques y Tierra (ABT) calcula que entre los años 2016 y 2017 se
deforestaron en Bolivia más de 554 000 hectáreas . Y
aunque la institución estatal sostiene que la deforestación ilegal bajó en un
26 % en 2017, la legal se elevó en un 10 %, manteniendo su tendencia al alza
desde hace cuatro años. La deforestación ilegal representa el 57 % y la
legal el 43 %.
Además, señala Solón, exembajador del actual Gobierno, si se
contrastan los datos de deforestación con los focos de calor registrados —las
quemas que realizan los agricultores para habilitar sus tierras— se puede
concluir que la superficie deforestada podría ser mayor y que pasaría incluso
las 300 000
hectáreas .
Las áreas
protegidas, por otro lado, siguen siendo el blanco de los traficantes de
madera. “La tala indiscriminada e ilegal de árboles dentro de las áreas
protegidas y fuera de ellas es permanente. Las denuncias que recibimos de las
comunidades son constantes”, sostiene Abel Mamani, director del Sernap. Los traficantes falsifican los
certificados emitidos por la ABT para transportar la madera,
como lo denunció Mongabay Latam junto a seis medios periodísticos en el especial “Madera sucia”.
El Parque Nacional Carrasco es el más golpeado por este
cultivo ilegal: pasó de tener 95 hectáreas en el 2016 a 117 en el 2017. Le
sigue los pasos el TIPNIS que tiene 33 hectáreas
sembradas.Por otro lado, la deforestación en algunas áreas protegidas
también está vinculada al avance de los cultivos ilegales de hoja de
coca. El informe anual de Monitoreo de Coca de 2017 de la Oficina de
Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC) confirma que existen
por lo menos 253
hectáreas tomadas por esta actividad ilegal y que las
áreas protegidas más amenazadas son el TIPNIS y Carrasco en Cochabamba; Amboró
en Santa Cruz; y Apolobamba, Madidi y Cotapata en La Paz.
Lo feo:
inversiones chinas bajo la lupa
La incursión de las empresas chinas en Bolivia se ha
convertido en una seria preocupación para diferentes instituciones ligadas a la
investigación y a los derechos humanos y ambientales.
“Es el tema que más nos preocupa, porque el desempeño
ambiental de las empresas chinas es el más bajo que hemos visto hasta ahora, y
están en las áreas más sensibles y frágiles”, puntualiza Marco Gandarillas del
Cedib.
Para el investigador es de ‘’extrema preocupación’’ que el
Estado aplique un modelo de flexibilización ambiental con estas empresas y que
permita la impunidad para los delitos que cometen en el país. El tráfico de
colmillos y partes de jaguar es uno de los problemas más conocidos, pero hay
otros que se han denunciado y que están relacionados con la construcción de
hidroeléctricas, carreteras, la incursión petrolera y, una de las más sonadas
en el país, la participación de ciudadanos chinos en la minería ilegal de oro.
Una
investigación de Gandarillas develó que las empresas chinas están presentes en
todos los sectores. En lo formal, están inscritos como proveedores del Estado
de manera individual o formando sociedades accidentales, y dentro del terreno
de la informalidad, como lo reveló una investigación
publicada por la Agencia de Noticias Fides, han buscado
asociarse con cooperativas que desarrollan la minería ilegal en ríos de la
Amazonía. “Extraen el oro con las dragas y, ahora, estamos viendo los
‘dragones’, que son muchos más grandes. Están amalgamado con
mercurio para extraer la mayor cantidad de oro’’, lamenta Gandarillas porque la
contaminación con mercurio, de ríos y suelos, es incontrolable.
Gandarillas
menciona, en el ámbito de lo formal, otro caso muy sonado en Bolivia y que
involucra a la empresa china BGP. Esta firmó un contrato con la petrolera
estatal YPFB, en abril de 2015, para realizar la exploración sísmica en el
Bloque petrolero Nueva Esperanza, en la cuenca del Río Madre de Dios, al norte
del departamento de La Paz.
Como resultado de este trabajo, BGP fue acusada -por
organizaciones del sector ambiental y de derechos humanos- de generar un
impacto ambiental en el área y poner en riesgo el territorio indígena Tacana,
así como la vida del pueblo indígena no contactado Toromona. Esto se detalla en
el informe Impactos de empresas chinas en los
Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina, elaborado por la Federación Internacional
de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones
Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA).
Para Gandarillas esto ocurre por la debilidad de las
entidades como el Sernap, cuya función es controlar pero no tienen la capacidad
para hacerlo.
¿A cuánto asciende hoy la deuda externa que tiene Bolivia
con China? El embajador Liang Yu confirmó en marzo de este año, en una
entrevista concedida a un medio local, que la cifra bordea los 609
millones de dólares y no los 7 mil millones como, señaló, han publicado
algunos medios. También reveló un dato que hasta ese momento no se tenía tan
claro: que actualmente “60 empresas chinas operan en Bolivia, y el
valor de contrato de los proyectos alcanza casi 7 mil millones de
dólares”. ¿De dónde proviene el dinero? Según Liang Yu “la fuente de financiamiento
de dichos contratos proviene del Gobierno boliviano, las instituciones
financieras internacionales, privadas, etcétera”.
Para el investigador de Cedib, por lo tanto, es necesario
empezar a observar bajo qué condiciones se están firmando los contratos, porque
presume que existen acuerdos expresos que allanan el camino a las empresas
chinas. “Se adjudican obras, megaobras, sin cumplir los procedimientos,
licitaciones, fiscalización. Se flexibiliza su tipo de funcionamiento’’, señala
Gandarillas.
Silvia Molina del Cedla coincide con Gandarillas y resalta
la falta de transparencia que existe en los acuerdos de financiamiento
celebrados entre ambos gobiernos. “No sabemos en qué condiciones se dan, hay
una total pasividad de las autoridades nacionales cuando se denuncia violación
de los derechos”, indica. El Cedla sistematizó 250 denuncias contra empresas de
origen chino, entre 2015 y 2018, la mayoría por la vulneración de derechos
laborales.
La investigación del Cedla establece también que con el financiamiento
de China y los contratos llave en mano, resultado de la flexibilización,
cambiaron los procesos de inversión pública, la adjudicación de contratos y se
abrió el país a la llegada de más de 60 empresas chinas.
Lo bueno:
una sentencia esperada, un acuerdo justo y un territorio recuperado.
En noviembre pasado, tras ser suspendida la audiencia en 13
oportunidades, los ciudadanos chinos, Ying Lan y Ming Ly
fueron sentenciados a tres y cuatro años de prisión respectivamente por
traficar principalmente partes de jaguar. Esta decisión judicial fue un logro
para las autoridades ambientales, activistas y profesionales, que vigilaron de
cerca el caso y que estuvieron presentes a lo largo del proceso.
La asesora legal de la Direna de Santa Cruz señala que si
bien es un logro la sentencia, en la práctica es muy difícil conseguir que los
jueces y fiscales entiendan la magnitud del problema porque, básicamente, no
están especializados en los delitos ambientales.Hoy, a pesar que los abogados
de la defensa preparan la apelación, la sentencia constituye un precedente y
envía un mensaje contundente a aquellas personas que forman parte de estas
mafias que trafican animales silvestres.
Pero en lo que sí coinciden la mayoría de bolivianos es en
reconocer el papel que jugó la sociedad civil a lo largo del juicio. “Se generó
un movimiento sin precedentes, que permitió romper la impunidad. Fue
sobre todo gracias a un grupo pequeño de activistas fuertemente comprometidos,
pero también por algunos actores públicos que mostraron la efectividad de los
cambios normativos e institucionales”, explica el biólogo Vincent Vos, para
quien la prensa también tuvo un papel clave. “El periodismo de investigación de
alta calidad provocó una fuerte reacción del público en general”, que fue el
respaldo para los abogados y activistas en el caso de los colmillos.
La firma del Acuerdo de Escazú por el Gobierno boliviano es
considerado otro avance. Este acuerdo, en el que participan países de
América Latina y el Caribe, permitirá asegurar el acceso a la información de
manera oportuna, promoverá la participación de la población en las decisiones
que afecten sus vidas y, sobre todo, permitirá proteger a los defensores
ambientales. Por eso, Marco Gandarillas considera positivo que Bolivia lo haya
firmado. “Es un acuerdo muy claro, muy bien detallado, el cual da muy poco
margen para que los Estados puedan dilatar su implementación”, remarca.
Si bien Solón y Tamburini consideran también que la firma
del tratado es una buena noticia, temen que el Estado boliviano no respete los
compromisos.
El 2019 será un año electoral y los analistas y expertos aún
no tienen claro cuál será la estrategia del gobierno para enfrentarse a todos
estos graves problemas ambientales.Otro hecho que llamó, en buen sentido, la atención
de los bolivianos fue la recuperación del territorio indígena chimán. El
28 de noviembre funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA),
junto a los dirigentes del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), realizaron el
desalojo, destrucción y confiscación de bienes de los madereros ilegales
asentados ilegalmente en el bosque chimán, ubicado en el Beni. Pablo Solón
Romero resalta este hecho como positivo, porque después de casi tres décadas se
logró recuperar las tierras que por ley les pertenecen a los chimanes.
Nota del
Editor: 9 de enero de 2019
En la entrevista realizada a Marco Gandarillas del Cedib, el
experto se refirió a la problemática de la minería ilegal en Bolivia, en
especial a las cooperativas y a la modalidad de ‘dragones’ usada para extraer
oro. Dicha información fue publicada por primera vez como parte de una
investigación periodística realizada por la Agencia de Noticias Fides el 17 de
junio de 2018.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Areas-protegidas-en-peligro-indigenas-cercados-y-empresas-chinas-el-balance-ambiental-de-Bolivia-en-el-2018
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