Guardia
Whasek:
criminalizar
al pueblo Wichí
29 de marzo de 2019
Los sucesos de ayer en la localidad de El Sauzalito, ubicada en El
Impenetrable chaqueño dieron pie una situación de extrema tensión y a la
militarización de la
zona. Durante la mañana, unas sesenta personas ocuparon la
comisaría local y liberaron a un detenido. En las redes sociales y en algunos
medios de comunicación regionales se desató una campaña para instalar un
escenario de violencia y paramilitarismo contra la Guardia Comunitaria
Whasek. Desde la Guardia informaron que vecinos y familiares
del detenido fueron los protagonistas y alertaron sobre una maniobra para
perjudicar a la
organización Wíchi.
Por
Agencia Timbó| ANRed.
“Nación wichí”, “guerrilla”, “grupos
paramilitares” comienzan a ser eco estigmatizando a un pueblo que padece una
permanente violencia desde todos los aspectos. Unos días antes del informe
emitido por TN sobre las “guardias Wichi”, en el mismo pueblo, una niña fue
encontrada inconsciente en un predio de fútbol: abusada y con graves lesiones
en la cabeza y el rostro. La agresión fue comunicada por la Guardia Wíchi y es
uno de los tantos casos de violación hacia mujeres originarias de las
comunidades: “detengan los femicidios, los ataques violentos a mujeres
indígenas, el narcotráfico, la comercialización y el consumo de drogas”,
expresaron hace unos días en un comunicado de prensa.
Desde diciembre de 2018, cuando se
formó la
Guardia Comunitaria Wichí Whasek, los medios hegemónicos
regionales y nacionales desarrollaron un discurso en el que se afirma que esta
organización representa una fuerza paramilitar y peligrosa, que se arroga el
derecho a hacer uso de armas y a controlar caminos. Se difundió la “portación
de armas” sin hacer reparo que entre los 160 comuneros había dos viejos rifles
de aire comprimido. El alboroto mediático trajo el recuerdo, todavía fresco,
del asesinato de Santiago Maldonado y la criminalización del lof Cushamen:
hachas, palas viejas, herramientas del campo y alguna honda eran el “arsenal mapuche” que escondía la “RAM ”. En aquel entonces las
pantallas avivaban el “separatismo Mapuche”.
La construcción de un enemigo interno fue la impronta constante en
los discurso del gobierno para reprimir la protestas que amenazan zonas
reservadas para negocios inmobiliarios, extractivos, etc. En el Chaco comienza
a repetirse la misma formula que justifique la militarización de una zona muy
rica en bienes naturales: lo que queda del corazón de la vieja cuña boscosa
chaqueña, la segunda región más importante de América Latina en donde aún se
conserva una importante cantidad de hectáreas de monte. Convertir a El
Sauzalito, este pueblo a las puertas de El Impenetrable con unos dos mil
habitantes, en otro Pu Lof en Resistencia Cushamen como en aquel entonces lo
hizo la
ministra Patricia Bullrich. En Cushamen se elaboró la idea de
la influencia externa, terrorista, subversiva para establecer el control en
territorios legítimamente indígenas y ponerlos a disposición de los intereses
económicos de grandes empresas extranjeras como la perteneciente a Benetton.
Eso llevó a los intentos de desalojo, la represión y, posteriormente, al
asesinato y desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de la
Gendarmería.
El 20 de marzo, con el objetivo de
brindar información sobre su organización y funcionamiento, Ariel Fabian,
vocero de la
Guardia Comunitaria Wichí Whasek brindó una conferencia de
prensa en la Casa de la Memoria de la ciudad de Resistencia, capital de Chaco.
Fabian explicó que la Guardia surgió como una necesidad de la comunidad para
dar solución a problemas acuciantes en su territorio: el narcotráfico, la trata
de personas, la violencia de género y la tala indiscriminada e ilegal del
monte. Actualmente la integran unas 160 personas en El Sauzalito y 180 en
Misión Nueva Pompeya. Aunque no han sido legalizadas, la Guardia cuenta con una
resolución municipal que avala su existencia. Han expresado que entienden los
límites y alcances en materia de vigilancia dentro del territorio indígena.
La Guardia, que no tiene nada que ver
con una organización paramilitar ni guerrillera, mantiene un buen diálogo con
el ministro de Seguridad, el Ingeniero Daniel Chorvat, en el que han discutido
la posibilidad de colaborar en las tareas de vigilancia territorial de la policía. En
testimonios brindados en medios de comunicación, el ministro aclaró que, en
materia de seguridad, control de caminos y uso de las armas, el Estado tiene la
exclusividad.
La expulsión de los territorios ancestrales, el saqueo de los
bienes naturales que representaban el sustento vital humano y cultural de estos
Pueblos, la situación de extrema pobreza y necesidad, los abusos y violencia de
género, el profundo racismo arraigado, además de la corrupción y el
narcotráfico instalados en la zona son indicadores a tener en cuenta cuando las
organizaciones y comunidades finalmente tienen estas reacciones y realizan
estas acciones.
Más Noticias:
Fuente: https://www.anred.org/?p=112668
No hay comentarios:
Publicar un comentario