UNITAS desmiente a Evo: los incendios son por desmontes, más que
por cambio climático
3 de octubre de 2019
En el conversatorio con
periodistas “Políticas de Tierra y Medioambiente”, el responsable de Defensa de
Derechos Humanos de UNITAS, Daniel Espinoza, y el investigador del Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea,
informaron sobre la situación de la política agraria en Bolivia y los incendios
en la Chiquitanía, además de la acción realizada ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).
Espinoza explicó que el informe
principalmente consta de cuatro puntos, que reflejan la situación que se generó
a partir de la deforestación de quema controlada en el oriente boliviano, según
el reporte del portal Urgentebo sobre la conferencia de prensa de UNITAS, una
de las principales organizaciones de la sociedad civil boliviana.
El primero desmiente el argumento de
autoridades del Gobierno central, quienes afirman que los incendios
incrementaron debido al cambio climático.
“La tendencia al incremento de quemas forestales de los últimos
años refiere que estos desastres también son provocados por los chaqueos en
la zona”, señala, par añadir que “a solicitud de sectores empresariales se
busca ampliar la frontera agrícola, con el fin de potenciar la seguridad
alimentaria, la producción de etanol y biodiesel y la exportación de carne de
res”.
El tercer punto consignado por
Urgentebo, es que el Gobierno nacional emitió diferentes normativas (el Decreto
Supremo 3973 y la Ley 741) que autorizan la quema controlada, además se eximió
a las personas que estaban sancionadas por el delito de quema ilegal y las
sanciones por hectárea quemada son mínimas. Esto hace que no existe una
limitación real a la quema controlada.
El cuarto punto refiere que se ha
vulnerado, esencialmente, el derecho al medioambiente y a las obligaciones
incumplidas por parte del Estado se las señala al no controlar de manera
eficiente las quemas forestales, esperándose que “la Relatoría considere las
vulneraciones que se están observando en Bolivia y que se pronuncie al
respecto. También que solicite los informes respectivos al Estado para que
hagan su descargo de qué es lo que está pasando en Bolivia”.
Espinoza explicó, de acuerdo con el
boletìn de UNITAS, que la solicitud ante la CIDH responde a los pueblos
indígenas afectados por los incendios: Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos,
Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona. Resaltó que algunos pueblos se encuentran
en una condición de mayor vulnerabilidad frente a los incendios debido a sus
reducidas poblaciones o situación de aislamiento voluntario, como el caso de
los Ayoreos del Ñembi Guasu, una de las áreas más afectadas por el fuego.
“Se ha informado a la CIDH respecto a
la normativa, las políticas públicas y el accionar del Estado boliviano con
relación a esta crisis ambiental, ésta última se evidenció cómo las autoridades
del Estado reaccionaron de manera inadecuada, primeramente al responder de
manera tardía y por otro lado al no declarar zona de desastre nacional,
impidiendo así la asistencia internacional en toda su capacidad”.
Con relación a lo informado a la
Relatoría de la CIDH, precisó que también se abordó lo referido a las
obligaciones del Estado y derechos vulnerados. “Estos son fácilmente
identificables: vivienda, trabajo, educación, salud y medioambiente, en los que
el Estado tiene la obligación de respetar y de garantizar, o sea procurar la
realización de estos derechos. La tardía respuesta del Estado ante los
incendios y no declarar zona de desastre, es un acto de negligencia con
relación a las obligaciones contraídas ante el sistema interamericano de
defensa de derechos humanos”, aseveró.
Por su lado, Ormachea hizo un análisis de la situación de la
política agraria en Bolivia y mencionó que el gobierno está “desesperado” en el
desarrollo agropecuario basado en la ampliación de la frontera agrícola, debido
a problemas como el fin de los precios altos de las materias primas, el bajo
nivel de exportación del gas, del zinc, de la plata y de productos
agropecuarios, y la presión tributaria que “está llegando al límite”.
“Esto hace un escenario de bajos ingresos y es esto lo que impulsa
al Gobierno a plantearse como estrategia para la generación de ingresos el tema
del desarrollo agropecuario, pero basado en la ampliación de la frontera
agrícola”, lamentó.
Mencionó que este es el Gobierno que más leyes y decretos ha
aprobado a favor de campesinos, pero “ninguno de ellos se ha convertido en
programas de desarrollo para estos sectores”.
RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS
Decenas de organizaciones no gubernamentales
(ONG) a nivel nacional llevaron adelante su Rendición Público de Cuentas con la
finalidad de promover una cultura de transparencia como práctica esencial para
lograr la legitimidad, sostenibilidad, efectividad y protección del trabajo que
realizan.
La iniciativa se enmarca en la “Semana Global de
la Rendición de Cuentas”, que cumplen cientos de organizaciones, instituciones
y redes a nivel mundial para transparentar sus actividades. Bolivia no es ajena
a este movimiento mundial y desde la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo
de Acción Social (UNITAS) y sus 22 instituciones asociadas se emprendieron hoy
eventos donde, por ejemplo, se detallaron los presupuestos ejecutados, la
cantidad de proyectos realizados, el total de personas beneficiadas, entre
otras cifras de sus actividades.
En el caso particular de UNITAS y sus
asociadas, la directora de esta institución, Susana Eróstegui, informó
que en 2018 se ejecutaron 153.216.235 bolivianos en 151 planes, programas y
proyectos realizados en todo el país y que tuvieron a un total de 426.092
personas beneficiadas de manera directa y 3.673.305 personas beneficiadas
indirectamente.
VER
https://redunitas.org/detallan-informe-sobre-la-chiquitania-presentado-ante-la-cidh-en-rendicion-de-cuentas-de-las-ong-en-bolivia/
Fuente:
https://www.bolpress.com/2019/10/03/unitas-desmiente-a-evo-los-incendios-en-la-chiquitania-son-por-desmontes-mas-que-por-cambio-climatico/
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