ACCIÓN ECOLÓGICA: ANTE LAS MEDIDAS TOMADAS POR
EL GOBIERNO DE LENIN MORENO
Una
vez más las lógicas de explotación y concentración de la riqueza
vigentes en nuestro país, recaen sobre la población, los territorios y
la naturaleza.
En
respuesta a presiones del FMI y utilizando una justificación
aparentemente ambiental, el gobierno elimina los subsidios a los
combustibles mientras las políticas oficiales promueven la expansión de
la frontera petrolera, minera y de los agronegocios, que son actividades
empresariales con graves responsabilidades frente al cambio climático, a
más de ser beneficiarias de subsidios perversos disfrazados de apoyos a la industria y garantizan la impunidad de las empresas.
Qué
otra cosa puede ser sino subsidios a estas empresas la flexibilización
de los controles ambientales a sus operaciones, como son los permisos
para deforestar, para utilizar agroquímicos de manera recurrente incluso
mediante fumigaciones aéreas, utilizar ingentes cantidades de agua
dulce para el procesamiento industrial y convertir los esteros y ríos en
vertederos de desechos tóxicos. Sólo la quema del gas a través de
mecheros en las zonas petroleras durante 25 años equivale a 5 millones
de millones de dólares.
¿No
constituyen subsidios la construcción de carreteras con dinero público o
el despliegue de fuerzas policiales o militares para otorgar seguridad y
protección sobre todo frente a conflictos con las poblaciones
afectadas?
A
pesar de que el paquete de medidas tomadas es presentado como necesario
para enfrentar el déficit de los fondos fiscales, las empresas mineras
mantienen enormes privilegios, como son, entre otras, la exoneración del
impuesto a la renta por 10 a 15 años a partir de que generen ganancias,
la devolución del IVA, la exoneración del impuesto a la salida de
divisas, la exoneración del impuesto por ganancias extraordinarias, la
libertad de operar desde paraísos fiscales.
Por
su parte, la industria de la palma se beneficia de créditos
preferenciales, de un impuesto al valor agregado tarifa cero para
maquinarias y repuestos, tiene exoneración de pago del impuesto a la
renta para nuevas inversiones en zonas fronterizas, y los exportadores
de aceite de palma cuentan con la exoneración de pagos para la salida de
divisas.
Las
represas e hidroeléctricas gozan del subsidio entregado en agua, lo que
provoca conflictos con las comunidades que por esta razón sufren
vulneración de su derecho de acceso al agua para consumo y su soberana
alimentaria. Con base en esta condición de privilegio, se planifica la
construcción de alrededor de 200 hidroeléctricas.
Una
de las medidas dispone bajar y simplificar el impuesto único al banano
con el argumento de dinamizar al sector y generar empleo. Se pasa por
alto que esta actividad se basa en el trabajo precarizado y que su
modelo de producción es dependiente de insumos tóxicos y de la
importación de maquinaria agrícola. En general, se expande la
agricultura empresarial mientras se margina a los sistemas
agroalimentarios sostenibles que alimentan a un 60% de la población
ecuatoriana, poniendo en grave riesgo a la soberanía alimentaria del
país.
Todo
este modelo se asienta en mayor endeudamiento, venta anticipada de
petróleo y regalías mineras. Por ejemplo, la deuda adquirida con China
para adelantar los proyectos petroleros en el Yasuní, o aquella con las
instituciones financieras internacionales que incluye fondos para
garantizar el pago de la deuda externa y de laudos arbitrales. Estas
deudas se pagan con la ampliación de la explotación petrolera y minera, y
con medidas de ajuste como las tomadas en estos días.
Son
éstos los subsidios que deben eliminarse porque profundizan el
extractivismo y el agronegocio que implican más daños a los territorios
de pueblos indígenas y campesinos y violación de derechos humanos y de
la naturaleza.
En
ningún país donde se han eliminado los subsidios a los combustibles
fósiles, se ha reducido el consumo de combustibles y la tasa de
emisiones. Ninguna cifra demuestra significativamente que con medidas
económicas, fiscales o similares se haya detenido el calentamiento
global. Por el contrario, se ha garantizado la impunidad para las
empresas petroleras y otras altamente consumidoras de energía como la
agroindustria y la minera.
¿Por
qué no subir los impuestos a las empresas petroleras y mineras? ¿Por
qué no exigir a Chevron Texaco que pague su deuda social y ecológica,
calculada en más de 9 mil millones de dólares?
Con
el alza del precio de los combustibles -y de los pasajes- el gobierno
perdona los crímenes ambientales de los verdaderos contaminantes y pone
la responsabilidad del cambio climático sobre los sectores populares.
La
violencia que se expresa en estos días para aplacar la legítima
reacción de la población frente a las medidas que se pretenden imponer a
la fuerza es un reflejo de la que se vive en los territorios para
imponer los proyectos extractivos y el agronegocio.
Exigimos
el cese de la represión y la violencia de la fuerza pública a las
expresiones legítimas de protesta y demandamos la derogatoria del
decreto de excepción.
Hacemos
un llamado a la comunidad internacional y organismos de protección de
derechos humanos de NNUU para que designen una comisión de alto nivel
que verifique lo que está pasando en nuestro país, y que permita detener
la violencia que se está impulsando desde el gobierno con el fin de
imponer el paquete neoliberal.
Exigimos que se pare la expansión de la frontera minera, petrolera y del agronegocio que está detrás de estas medidas.
Saludamos
y agradecemos al movimiento indígena por su presencia en las calles.
Sus luchas son y han sido la defensa del agua, los bosques, las
semillas, la naturaleza. Nos enorgullecen esas raíces que cimentan
nuestra cultura y nuestro país.
7 de octubre de 2019
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JUBILEO SUR/AMÉRICAS (JS/A)
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