Se abre un nuevo ciclo
de resistencia popular contra
el neoliberalismo
17 de octubre de 2019
Por Mario Unda.
Correspondencia
de Prensa
Hace pocas horas finalizó el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena con el anuncio de que se dejaba sin efecto el decreto 883, emitido el 2 de octubre, para ser reemplazado por un nuevo decreto, que debe ser redactado por representantes del movimiento indígena y del gobierno. En consecuencia, se levantó el paro. Se puede hacer por ahora un primer balance, provisorio, claro.
Vuelve la resistencia popular
La resistencia popular, que había sufrido años de represión y persecuciones bajo la era de Rafael Correa, volvió a instalarse. En los 11 días de paralización se movilizaron diversos sectores sociales: al principio, los transportistas, los indígenas y los obreros. Los transportistas anunciaron un paro que duró dos días y que terminó tras la negociación de un incremento de los pasajes. Pero eso no detuvo la oleada social: el movimiento indígena y el movimiento sindical, que ya venían preparando acciones en contra de las políticas del gobierno, ocuparon la escena, y atrajeron la solidaridad de estudiantes de varias universidades que organizaron brigadas de atención a la salud y el cuidado de albergues, especialmente para mujeres y niños indígenas; luego se activaron grupos feministas y finalmente, los últimos dos días, amplios sectores de las clases populares y medias de la población urbana. Como ya había ocurrido antes, el pueblo se construye en la confluencia de la lucha, un poco de manera organizada, otro poco de manera espontánea. Como toda confluencia de estas características, su futuro está por definirse, y será un elemento central de la realidad en el futuro inmediato.
Confluencias y fragmentaciones del movimiento popular
La confluencia de esta hora presenta ciertas diferencias respecto a las anteriores, que se habían articulado alrededor de un movimiento social: los estudiantes en la década de 1970; el movimiento sindical en los primeros años de la década siguiente; el movimiento indígena entre 1992 y 2002; o la explosión de la clase media urbana en 2005. Ahora, sin embargo, el eje fue una difícil e incompleta confluencia de indígenas y obreros.
Parte de los efectos del ataque del correísmo a los movimientos sociales fue el debilitamiento de las proximidades entre ellos, el afloramiento de suspicacias y el predominio de particularismos. En estos 11 días de lucha se pudo observar igual la tendencia a la aproximación cuanto los límites que ella enfrenta. Por eso el gobierno, aunque fue derrotado, alcanzó a mover fichas, aunque sea y por de pronto para ganar tiempo. Su táctica fue siempre dividir la movilización atendiendo demandas particulares: la subida de pasajes desmovilizó a los transportistas. Luego intentó separar a los indígenas de los obreros: en un momento dado, el gobierno y los medios de comunicación dejaron de referirse a las demandas del movimiento sindical y se concentraron en la oferta de compensaciones para el campo; al principio no obtuvieron resultado, pero finalmente lograron separar a los dos actores centrales del movimiento popular en los diálogos: el domingo se reunieron con los indígenas para tratar el decreto 883 y pospusieron para el martes un posible diálogo con el movimiento sindical, que se dará ya seguramente sin el calor de la movilización popular masiva. Al mismo tiempo, busca separar a los trabajadores públicos del resto del movimiento sindical, anunciando su disposición a revisar las medidas que les afectan particularmente: reducciones salariales y de vacaciones.
El gobierno ha mostrado así su disposición a negociar fragmentos del paquete con el fin de mantener la posibilidad de implementar los núcleos centrales del modelo neoliberal: las privatizaciones y la sobreexplotación del trabajo y de
Un primer enfrentamiento con las tendencias represivas y antidemocráticas de la burguesía
El gobierno de Moreno, tras un andar vacilante en un inicio, fue convirtiéndose en expresión de la voluntad neoliberal de los grupos monopólicos y del FMI. Esto ocurrió en medio de una serie de episodios de tira y afloja, en que el gobierno cedía cada vez más a los deseos de las cámaras empresariales, pero sin aplicar por completo las medidas solicitadas, de manera que su accionar siempre fue considerado por ellas como insuficiente. La firma de la carta de intención con el FMI selló el desplazamiento del gobierno hacia el neoliberalismo, pero demoró en la aplicación de las medidas exigidas. La misma carta de intención con el FMI explicaba el motivo: el anexo 3 se refería a los riesgos de desatar protestas sociales con las medidas que se implementarían.
Esto permitió el despliegue de dos tendencias: la primera, la rápida solidificación del bloque en el poder, con un discurso único esgrimido por el gobierno y el FMI, los gremios empresariales y sus intelectuales orgánicos, el gobierno norteamericano y la gran prensa, todos apuntando a una rápida implementación de medidas "dolorosas pero necesarias"; eso se tradujo en una intensa campaña a través de los medios de comunicación en el último medio año.
Por otra parte, pareciera que el bloque en el poder llegó a la pronta conclusión de que su programa sólo podría imponerse de manera violenta. A medida que pasaba el tiempo, la virulencia, la inflexibilidad, las amenazas y atemorizamiento ganaron espacio en sus pronunciamientos. El clímax llegó en estos días de conflicto, y desnuda claramente la naturaleza represiva y antidemocrática de la burguesía y del neoliberalismo. No se trató solo de acusar a los manifestantes de vándalos, delincuentes y terroristas, sino de amenazarlos con aplicarles el código penal inventado por Rafael Correa, que prevé penas de tres años de cárcel por participar en protestas, sino que el ministro de defensa, el exmilitar Oswaldo Jarrín, lanzó una abierta amenaza de reminiscencias fascistoides: habló de utilizar armas letales contra las personas movilizadas y recordó que los militares están preparados para
Las acciones gubernativas iban en la misma dirección: a las pocas horas de iniciadas las protestas se decretó ya el estado de excepción por 60 días (reducido a 30 por una complaciente Corte Constitucional), y le siguieron la militarización y el toque de queda. Que no se trataba únicamente de bravatas lo demuestran las cifras ofrecidas por la defensoría del pueblo: entre el 3 y el 13 de octubre la represión gubernamental causó por lo menos 7 muertos, 1340 heridos y más de 1150 detenidos. Se trata de la mayor violencia ejercida contra la protesta social en los últimos 30 años.
Sin embargo, ni la represión ni la amenaza lograron detener la movilización. La
última medida de toque de queda, establecida por las Fuerzas Armadas entre las
3 de la tarde del sábado y las 3 de la tarde del domingo, ni siquiera pudo
aplicarse: el "cacerolazo", convertido en verdaderas fiestas
populares en los barrios de Quito, impidió de hecho su aplicación. Queda, no
obstante, una constatación: la implementación del modelo neoliberal recurrirá a
la violencia más brutal para aplicarse y los grupos de poder han desnudado su
naturaleza violenta y criminal. Además, esa mentalidad violenta ha comenzado a
permear en ciertos grupos de sectores medios.
Dos asuntos más para concluir estas primeras reflexiones. El primero: parece ser que el retorno al neoliberalismo no logrará fácilmente estabilizar su reinado, y la “crisis estructural” del Estado, de la que hablaba en su momento Agustín Cueva (1), vuelve a ponerse frente a nosotros como horizonte ineludible. Si la crisis de los 25 años de la etapa neoliberal anterior nos trajo el populismo correísta, la crisis del populismo nos lanza nuevamente al neoliberalismo; pero esta nueva oleada neoliberal nace ya en crisis: la violencia cada vez más desbocada de las clases dominantes y de su gobiernos son el signo primero; la resistencia social es la respuesta que desde ya se está gestando. El resultado no puede ser otro que democracias frágiles y restringidas.
El segundo: como nos lo mostró esta jornada de lucha intensa, también la construcción del pueblo será un campo de conflicto. Competirá allí la derecha, combinando su violencia reencontrada con intentos de movilizaciones de masas. Competirá allí también el populismo correísta, que demostró en estos días tener aún capacidad de incidencia en sectores urbanos populares, como lo había demostrado hace poco, en las elecciones locales de marzo de este año. Y competirá también el movimiento popular, es decir los movimientos sociales autónomos, probablemente alrededor de los obreros y de los indígenas, que serán puestos en el centro del conflicto por los intentos de implementar el modelo neoliberal. Qué tendencia logre predominar marcará el tono y el color de los tiempos que vendrán -que ya comenzaron a venir.
La derecha y el neoliberalismo han perdido una primera batalla,
pero ¿podemos suponer que se van a detener allí? Es improbable. Recién
finalizado el diálogo, se abre la disputa por el contenido del nuevo decreto
que reemplazará al 883: eso ya nos dirá algo. ¿Se cumplirá el martes el
ofrecido diálogo del gobierno con los trabajadores?, ¿qué destino tendrá?
¿Cuáles serán los siguientes movimientos del bloque neoliberal en el poder?
¿Sostendrán a Moreno o preferirán deshacerse de él? ¿Logrará el movimiento
popular encontrar y construir los caminos para acercamientos y articulaciones o
se extraviará en los límites estrechos de los intereses corporativos? Lo único
cierto parece ser que ha comenzado un nuevo ciclo de resistencia popular contra
el neoliberalismo. Ha comenzado con una gran fuerza, pero tendrá una labor
mucho más esforzada por delante.
Nota:
1)
Agustín Cueva (1937-1992), sociólogo e historiador ecuatoriano, fue animador de
los debates sobre la “teoría de la dependencia”. Obtuvo el Premio Ensayo de
Editorial Siglo XXI por su obra El desarrollo del capitalismo en América
Latina, en la cual propone, desde una visión marxista, un análisis de la
“transición latinoamericana al capitalismo” en el siglo XIX, por la vía
"junker", exploró lla formación social “como coexistencia de varios
modos de producción”, Fue presidente de la Asociación
Latinoamericana de Sociología y Jefe de la División de
Estudios Superiores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Mario Unda. Sociólogo, activista del movimiento urbano-popular.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=261489
No hay comentarios:
Publicar un comentario