Las tierras indígenas siguen con inseguridad
jurídica
3 de octubre de 2019
Jueces en Río Negro ordenan desalojos. Las
leyes existentes que garantizan los derechos de los pueblos indígenas no se
cumplen y las que regularían los derechos ya consagrados quedan cajoneadas. En
estas décadas con derechos adquiridos, los originarios siguen luchando para ser
reconocidos y poder vivir dignamente.
Por Agustina López Oribe.
Actualmente en ambas cámaras del Congreso
hay proyectos de ley para regular la propiedad comunitaria indígena. El
proyecto (S-1984/19) que tramita en el Senado es la tercera vez consecutiva que
se presenta. La primera, fue en 2015 mientras los pueblos qom, wichí, pilagá y
nivaclé de Formosa esperaban que la Presidenta Cristina
Fernández los recibiera acampando 10 meses en la avenido 9 de
Julio. En plena campaña presidencial Macri les prometió prioridad en su agenda
política y los convenció para que desalojen. Pero luego, en todo su mandato, la
ley de propiedad comunitaria no avanzó ni un centímetro.
En tanto no se regule la propiedad
comunitaria indígena, la ley de emergencia territorial (26160), que prohíbe los
desalojos a nivel nacional hasta no se releven las tierras que les corresponden
a los pueblos, sigue vigente. Y no se cumple. Hubo desalojos durante estos
largos 13 años de vida de la
ley. La Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de
Río Negro está denunciando que en pocos días tres desalojos fueron ordenados
por jueces provinciales. Las comunidades Pino Quiñe, Newen Kurruf y Buenuleo
son las imputadas por el delito de usurpación pero en ningún caso están
realizados los relevamientos para garantizarles tierras aptas y suficientes
para su desarrollo como ordena la Constitución Nacional.
En una jornada dictada en el Colegio
Público de Abogados sobre “La Propiedad
Comunitaria Indígena- Desafíos de su implementación”, Paula
Barbieri de la
Defensoría General de la Nación explicó que “la ley ordena
dos cosas: por un lado suspende los desalojos y por otro, ordena que se realice
un relevamiento territorial. No puede avanzarse con los desalojos cuando existe
una ley de emergencia territorial que los suspende”; y agrega que “es
fundamental que la administración de justicia tenga una mirada de la diversidad
cultural y un enfoque de derechos humanos de los pueblos indígenas por parte de
los funcionarios judiciales. Esta va a ser la única forma de encontrar
respuesta adecuada a los planteos de las comunidades o cuando las comunidades
están involucradas en algún proceso. Muchas veces la estrategia es iniciar
desalojos de toda una comunidad. Entonces, que quien reciba el expediente no
perciba que está tratando un caso de un denunciante contra otro privado, sino
que detrás hay un derecho colectivo, que hablamos de tierra indígena, que no
hablamos de propiedad privada. Es algo que parecería básico pero no siempre
sucede”.
La realidad es otra. Jorgelina Duarte, del
Consejo Continental de la
Nación Guaraní (CCNAGUA) participó en septiembre de la 42°
sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y dio
un claro mensaje de falta de cumplimiento de las normativas que refieren a los
territorios: “Las leyes y los instrumentos legales están ahí, pero no se ponen
en práctica. Se siguen violando de manera sistemática. En Argentina tenemos una
ley muy débil, ya que solamente se aprobó un presupuesto, en primera instancia,
para demarcar nuestros territorios. Luego se prorrogó dos veces pero continúa
sin finalizar el proceso”, transcribió el portal El Orejiverde. Y añadió: “Por
estas razones nos vemos amenazados, porque no tenemos la seguridad de nuestros
territorios ya que falta el cumplimiento real y efectivo del artículo 75,
inciso 17 de la
Constitución Nacional ”.
Entonces, hay dos vías posibles y
complementarias para dar solución a los problemas territoriales de los pueblos
indígenas y que, luego de una histórica lucha, cumplirían con lo que ordena la Carta Magna. Por
un lado, que el INAI termine con las demarcaciones de los territorios de las
comunidades, lo que requiere de la voluntad de las provincias y de la Nación. Y , por otro
lado, una ley que regule la entrega de los títulos de la propiedad comunitaria,
de características superadoras a la propiedad privada. “Es la deuda pendiente
hacia los pueblos del Estado Nación porque terminaría con la inseguridad que
tienen hoy las comunidades en sus posesiones tradicionales y ancestrales. El
desafío es implementar los derechos”, dijo el abogado Benito Espíndola, del
pueblo diaguita en la misma jornada en el Colegio de Abogados. Y se refirió a
la ley 26160: “Es un problema que después de tres prórrogas no se haya
terminado con los relevamientos territoriales. Quizás el motivo de tanta demora
sea por las propias características de la propiedad comunitaria, hay muchos
intereses en juego. Por suerte o por desgracia, los recursos naturales están en
territorios indígenas. Ahí se entiende cómo después de tantos años algunas
provincias no terminan con los relevamientos”.
Lo que dice Espíndola tiene sentido tanto
en Río Negro como en Neuquén donde no se otorgan personerías jurídicas que
garantizarían los inicios de los trámites de relevamiento. Y es que las
comunidades mapuche Pino Quiñe y Newen Kurruf están sobre tierras con alto
potencial para extraer hidrocarburos, en plena zona de Vaca Muerta y la comunidad Buenuleo
es de gran interés para explotación turística porque se ubica al pie del cerro
Ventana, en Bariloche . Y la
intención que expresan los pueblos indígenas es la de preservar los territorios
de la contaminación que provocan estas actividades.
Los pueblos qom, wichí, nivaclé y pilagá
de Formosa también siguen luchando por sus territorios y todavía no obtuvieron
sus títulos comunitarios. Las promesas de Macri se diluyeron de su agenda y las
prioridades escritas allí fueron otras.
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Fuente: https://www.anred.org/2019/10/03/las-tierras-indigenas-siguen-con-inseguridad-juridica/
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