HAITÍ.
Otro manifestante asesinado; el país al borde de una guerra civil
(+ vídeo)
La crítica
situación haitiana hace tiempo que está madura para un cambio. Pero lo maduro
comienza a pudrirse. La crisis parece no tener fin, y la situación social,
política y económica alcanza una gravedad sin precedentes, aún para la
habitualmente convulsionada nación caribeña. Ya son cuatro las semanas del
último ciclo de intensa conflictividad social, seis las semanas de crisis
energética, y el plazo supera el año y medio si consideramos la inestabilidad
política y social generalizada.
Tres perspectivas se
desprenden de la situación actual: la posibilidad de una cada vez más
improbable estabilización conservadora con la continuidad presidencial o con un
recambio controlado de figuras; el inicio de una transición política de ruptura
que expresaría la disputa entre los diferentes sectores, clases e intereses que
componen una oposición por demás diversa y contradictoria; o el fatal desenlace
de una guerra civil, conforme los niveles de violencia social y la represión
policial y parapolicial comienzan a desbocarse.
Las tentativas imposibles de estabilizar el país
Los
intentos de estabilización conservadora del país tienen dos grandes promotores.
Por un lado el propio presidente Jovenel Moïse junto con su mentor y ex
presidente Michel Martelly. En un movimiento coordinado, el presidente de la Asamblea Nacional ,
Carl Murat Cantave, se posicionó por un diálogo en el país, poco antes de que
el gobierno anuncie la
enésima Comisión montada para facilitar un diálogo rechazado
de forma unánime por todos los sectores de la vida nacional. La Comisión nació
muerta, dado que todos y cada uno de sus miembros son parte del actual o bien
del anterior gobierno: Evans Paul, ex Primer Ministro; Rodolphe Joazil, antiguo
presidente de la
Asamblea Nacional ; Liné Balthazar, presidente del partido
oficialista, etc.
Por otro
lado, la oposición conservadora aglutinada en la llamada Alternativa
Consensual , respondió rápidamente poniendo en pie un espacio
paralelo, llamado Comisión de Apoyo para el Traspaso del Poder. La misma afirma
que sólo negociará las condiciones de una salida «pronta y ordenada» del actual
presidente Jovenel Moïse, y se propone elegir en su reemplazo a un juez de la
Corte de Casación. La otra figura ejecutiva, que se estima tendrá aún más poder
que dicho juez, sería un Primer Ministro surgido de las filas del Sector
Democrático y Popular, el sector más poderoso y dinámico de la mencionada
Alternativa Consensual. Esta salida implica, virtualmente, un
mero recambio presidencial que dejaría intactos los principales resortes del
sistema económico y político que ha conducido al país hacia el abismo. Esta la
estrategia que ya suscriben algunas naciones influyentes como Francia y Canadá,
las cámaras de comercio nucleadas en el Foro Económico Privado, y diferentes
familias de la oligarquía tradicional como la que expresa Reginald Boulos,
dueño de importantes cadenas de supermercados y concesionarios de autos.
Una transición de ruptura
Sin
embargo, todo parece indicar que las motivaciones profundas de las protestas
que sacuden al país ya han superado la perspectiva única de forzar la dimisión
del presidente, e incluyen otras reivindicaciones. El sistema político
construido tras la caída de la dictadura de Jean-Claude Duvalier, y las décadas
prácticamente ininterrumpidas de políticas económicas neoliberales dictadas por
el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado norteamericano, han
tocado fondo.
Las últimas
movilizaciones tuvieron en los diez departamentos del país un notorio carácter
anti-imperialista. Se trató de protestas de rechazo a la injerencia
internacional, dado que los países y los organismos supranacionales nucleados
en el Core Group venían de ratificar su apoyo a Jovenel Moïse. Por eso
diferentes columnas de manifestantes se dirigieron directamente hacia la sede
de la Misión de las Naciones Unidas para la Justicia en Haití (MINUJUSTH) y a
la embajada estadounidense.
El otro gran espacio opositor
construido al calor de la crisis, el Foro Patriótico, propone lo que sus
principales dirigentes llaman una «transición de ruptura». Este espacio sesionó
en la localidad rural de Papaye a fines del pasado agosto, y ha conformado un
Comité de Seguimiento Nacional para ejecutar y monitorear las principales
resoluciones adoptadas. En ese sentido, Camille Chalmers, economista y uno de
los referentes del espacio, destacó la organización de Comités departamentales
para centralizar y potenciar las movilizaciones, la propuesta de un gobierno de
transición formado por un Consejo de Gobierno de tres miembros en lugar de un
presidente, y la construcción de un órgano de control con representantes de los
departamentos. De esta forma, afirmó Chalmers, «se tendrá la garantía de una
transición controlada por los actores nacionales, y el comienzo de una reforma
profunda del sistema político y económico». Del Foro Patriótico hacen parte más
de 60 organizaciones, entre movimientos sociales campesinos y urbanos, partidos
políticos de izquierda, sindicatos y centrales sindicales, organizaciones
juveniles y de mujeres, coaliciones democráticas y progresistas, etc.
La represión policial y la guerra de baja intensidad
Lo que
sucede en Haití comienza a asemejarse a una guerra civil de baja intensidad en
la que sin embargo no se enfrentan dos ejércitos, sino un gobierno y la
maquinaria estatal contra la inmensa mayoría de la población. El día de
ayer fue asesinado otro periodista, quien fue encontrado en el baúl de su auto
con dos impactos de bala en la cabeza en la localidad de Bayas. Se trata de
Nehémié Joseph, periodista de Panik FM y corresponsal de Radio Méga en la
región central del país. Joseph había sido ya amenazado por miembros del
partido de gobierno. Sus análisis de la actualidad nacional y su incisivo
trabajo como corresponsal irritaban a las autoridades. Incluso habían sido
organizadas protestas para evitar su nombramiento en la sede regional de la Oficina Nacional
de Seguros de la Vejez (ONA, por su sigla en francés).
Según la Red Nacional de
Defensa de los Derechos Humanos de Haití, 77 personas fueron asesinadas ya en
lo que va del año en el contexto de las protestas, la mayoría por represión
policial o de grupos irregulares. Al momento de escribir esta nota, otro joven
acaba de ser asesinado en Saint Marc, en el departamento Artibonite, por un
disparo en la cabeza de la Policía Nacional. Incluso hay quiénes alertan que
de nuevo han comenzado a ser introducidos en el país mercenarios
norteamericanos para operativizar una represión selectiva en las comunidades y
barrios más movilizados. Pese a la dificultad de confirmar dicha información,
cabe destacar que eso mismo sucedió en febrero de este año, cuando un grupo de
ex militares estadounidenses fueron detenidos en Haití en portación de armas de
alto calibre y tecnología militar de punta.
También el
día de ayer, bandas criminales atacaron un vehículo y secuestraron un autobús
que se dirigía hacia Jérémie, capital de Grand-Anse, dejando un saldo de cuatro
heridos. Como sucedió en octubre y noviembre del año pasado en los momentos de
alza de la movilización, el crimen organizado directamente ligado al poder
político es estimulado para sembrar terror en la población y obstaculizar el
desarrollo de las protestas.
Pese al incremento de la represión escasos
organismos internacionales de derechos humanos se han posicionado sobre la crisis. Los actores
locales temen, a su vez, que la violencia desatada sirva para justificar nuevas
intervenciones internacionales violatorias de la soberanía nacional.
*LautaroRivara (Sociólogo y miembro de la Brigada Dessalines
de Solidaridad con Haití)
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