Comando Unificado contra la
violencia de la RAM : La nueva embestida del Estado Nacional y provinciales
contra el pueblo mapuche
3 de enero de 2018
Una vez más,
asistimos a una medida del gobierno nacional y los gobiernos provinciales de
Neuquén, Río Negro y Chubut, que atenta contra leyes y principios democráticos
consagrados en la
Constitución Nacional , configurando un paso más en la
escalada de hostigamiento a los pueblos indígenas.
El gobierno
busca construir una entidad a la que identifica como RAM (Resistencia Ancestral
Mapuche) -con argumentos notablemente endebles- como el enemigo privilegiado,
al tiempo que extiende esta caracterización de “peligrosidad” a grupos
políticos de izquierda, sectores anarquistas, organizaciones no
gubernamentales, movimientos sociales, de los que afirma que confluirían en un
accionar violento y extendido que ameritaría una respuesta contundente del
Estado: la creación de un “comando unificado”.
El informe que
se hizo público en los últimos días y que es la razón por la que se crea dicho
“comando unificado”, está plagado de inexactitudes, información
intencionalmente distorsionada y sesgado de modo tal, que lleve a la
justificación del uso de la violencia estatal. Afirma sin más –careciendo del
respaldo necesario, dada la gravedad de la información que transmite- que la tal RAM sería un
movimiento etnonacionalista violento estrechamente vinculado a la Coordinara Arauco Malleco
de Chile (CAM) y dependiente del Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP),
quienes compartirían sus objetivos políticos: la lucha insurreccional contra el
Estado argentino (y el Estado chileno) y la propiedad privada de la
tierra.
En el informe,
llegan a ilustrar como “armas utilizadas” por las organizaciones “terroristas”
a herramientas tales como serruchos, destornilladores, motosierras o tenazas,
todas ellas indispensables para cualquier trabajo llevado adelante en el campo.
Algunas otras de “las pruebas” aportadas son los panfletos distribuidos en los
lugares donde se llevaron adelante acciones ilícitas, comunicados en la web y
pintadas, sin detenerse a considerar que “cualquiera” puede imprimir panfletos,
subir comunicados a la web o pintar consignas. Es de destacar que todo el
material probatorio que presenta este “informe“ ha sido tomado de publicaciones
en medios masivos de comunicación y
de páginas de internet, y que en donde se afirma que cuenta con “indicios”
propios que probarían la culpabilidad de las organizaciones, dichos indicios no
se explicitan.
En un extenso
capítulo segundo, los autores le atribuyen a la RAM, livianamente, 96 hechos
judicializados y de conocimiento público, sin adjuntar ninguna otra prueba que
–otra vez- panfletos, pintadas, trascendidos, etc. etc., demostrando una vez
más cómo el aparato de inteligencia “construye la realidad”, realidad que
responde y se adapta a los parámetros ideológicos de este gobierno.
El informe da
por ciertos este conjunto de hechos, como si todos ellos ya hubieran sido
juzgados, contaran con sentencia firme, y hubieran sido cometidos por miembros
de la RAM, quienes previamente habrían confesado su membrecía y su autoría (a
través de la sola presencia de panfletos). Por el contrario, muchos de los
hechos denunciados ya han sido públicamente desmentidos. Hasta tal punto dicho
informe es parcial, malintencionado y engañoso, que confunde la preservación
cultural con la formación de un Estado paralelo, ejemplificando esta situación
con el permanente reclamo por parte de las comunidades mapuches de que se
permita ingresar por la frontera hierbas medicinales, que precisamente
responden a sus propias prácticas y no configuran delito, sino que por el
contrario, el derecho a la procuración de la salud por vías tradicionales
está reconocido en la legislación vigente. Es decir, no solamente se confunde
intencionalmente el reclamo por la defensa de pautas culturales acotadas con
una supuesta amenaza a la soberanía nacional, sino que se pretende un retroceso
en el ejercicio de los derechos ya reconocidos por el Estado argentino después
de muchas décadas de pacífico y trabajoso diálogo intercultural.
La creación de
un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional cuyo
objetivo es combatir a este “enemigo mapuche”, recuerda la terrible historia
del terrorismo de Estado en Argentina. Su fuerza argumentativa radica
precisamente en el conjunto de falacias, que nuevamente invocan conexiones
internacionales, vínculo con las guerrillas colombianas (ya hoy en proceso de
paz), o nexos con organizaciones kurdas.
Pero no sólo
“imagina” los nexos con enclaves internacionales, sino que también incluye
organizaciones no gubernamentales, ejemplificando con el Observatorio de
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), una organización reconocida
a nivel nacional e internacional que trabaja acompañando los derechos de los
pueblos indígenas en nuestro país, en especial los derechos de las comunidades
mapuche.
En definitiva,
ignora la vigencia de los derechos indígenas en Argentina, considera que la
propiedad comunitaria indígena –aunque sea un derecho de rango constitucional-
es incompatible con la propiedad privada, demonizando cualquier sector, grupo,
organización que luche por la vigencia de estos derechos, cubriendo con un
manto de sospecha cualquiera de sus actividades.
Asimismo,
contradice la ley de inteligencia nacional 25.520 que prohíbe que cualquier
organismo de inteligencia obtenga información “…sobre personas, por el
solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o
de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales,
comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por
la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción” (art. 4,
inc. 2).
El informe
conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los
gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut es lamentable y
genera una profunda preocupación por la tozuda decisión manifestada por el
gobierno de perseguir al pueblo mapuche, configurando escenarios que vuelven a
justificar la represión y criminalización. No olvidemos que en los últimos
cuatro meses hemos asistido a la muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado
en un contexto de represión, y el posterior asesinato de Rafael Nahuel en el
lago Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, por parte de las
fuerzas de seguridad estatal.
En
tanto Espacio Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural,
queremos manifestar nuestro rechazo hacia el conjunto de acciones políticas que
el gobierno está llevando a cabo en relación a la histórica problemática
indígena, pretendiendo convert
Es imperioso
detener esta escalada de violencia institucional.
NO más persecución y demonización de
los pueblos indígenas.
Por la defensa de la vida. Por el respeto de
la Constitución y el régimen democrático. Por el reconocimiento del derecho a
las tierras y el territorio de los pueblos indígenas.
Espacio
Nacional por la Paz y el Dialogo Intercultural
mesanacionalintercultural@
Link para ver
documento fundacional de este Espacio con sus integrantes y adherentes
Envío links a
publicaciones de sentido convergente con el presente, producidos por la
Correpi, La izquierda diario y el CPR (CEPPAS), que traen otros puntos a
colación, también interesantes.
--
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/
http://twitter.com/prensauac
(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) --> https://goo.gl/c6AkmJ
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