Buenaventura:
exclusión histórica y represión estatal
3
de junio de 2017
Por Santiago Arboleda Quiñónez (Razón Pública)
La ciudad es una gran fuente de riqueza y sin embargo alberga a
miles de familias en pobreza y exclusión extremas. La respuesta del gobierno a
los reclamos de esta población ha consistido y sigue consistiendo en represión
y en promesas que incumple.
Reclamos viejos
Reclamos viejos
En este año – y justamente durante el mes de
la afro-colombianidad, se oyó con fuerza la exigencia de justicia social y
liberadora para el pueblo afrodescendiente.
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El 9 de mayo se declaró el paro cívico en Quibdó “por la salvación
y la dignidad del Chocó”.
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Seguidamente, el día 16, el Comité Interorganizacional, que reúne
un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil, llamó a un paro
cívico indefinido y pacífico en Buenaventura, el principal puerto del país,
bajo la consigna: “para vivir con dignidad y en paz en el territorio”.
En ambos casos se están pidiendo condiciones
básicas de existencia, entre ellas el simple derecho al agua potable.
Circunstancias similares desataron en el
puerto del Pacífico la protesta popular del 3 y 4 de junio de 1970, la cual
dejó cuatro muertos, muchos heridos y las instalaciones de la Aduana en llamas.
En esa ocasión la promesa que hizo un viceministro fue poner en marcha la “zona
franca industrial y comercial de occidente”. Pero dos años más tarde esta
seguía siendo una ilusión, como lo denunció en su momento el escritor Helcías Martán Góngora.
El 16 de septiembre de 1988 también Tumaco se
declaró “huérfano del Estado colombiano” y anunció su independencia para
separarse de Colombia y unirse a Ecuador. Este acontecimiento, denominado el
Tumacazo, dejó 15 muertos, más de 100 heridos y la destrucción de varias
instalaciones públicas.
Durante décadas la costa pacífica ha estado
movilizada para superar la exclusión estructural, pero no ha obtenido ninguna
respuesta integral por parte del Estado.
Desde 2014 y de manera permanente en
Buenaventura se han producido marchas que han sido ignoradas o minimizadas por
el gobierno central. Tal vez la más notable, que además derivó en un paro de
varios días que fue atendido por el presidente Santos, fue la del 19 de febrero
de 2014, convocada por la Diócesis de la ciudad bajo el lema: “Entierro de la
violencia en Buenaventura: para vivir con dignidad”.
Para impedir el paso de las tractomulas, en el
paro actual la población escogió tres puntos principales de concentración: el
Bajo Calima, el Puente del Piñal y El Gallinero, además de algunos sitios
auxiliares.
Promesas incumplidas
El pasado 24 de mayo el senador Alexander López denunció la extraña coincidencia de
que hubiera más violencia contra la comunidad justamente en las zonas previstas
para la expansión portuaria y la aplicación del denominado Plan Master 2050, un
proyecto coordinado por la Presidencia de la Republica y que – bajo el
eufemismo de “reubicación”- está expulsando de la isla a la población hacia la
zona continental.
López también subrayó que el 70 por ciento de
la población del puerto vive en extrema pobreza. Esta es la zona del mundo
donde más mujeres mueren por causa de cáncer de cuello uterino, 27 niños por
cada 100 mil habitantes mueren al año, mientras la media nacional es de 12. Sus
400.000 habitantes, en su mayoría afrocolombianos, viven sin agua potable
permanente.
Todo esto contrasta dramáticamente con la
riqueza que produce el puerto, por donde ingresa el 27 por ciento de los
recursos que le entran al país y que es el epicentro de los tratados de libre
comercio en Colombia.
López denunció que el presidente Santos
incumplió las promesas hechas en abril de 2014, cuando anunció 400 millones de
dólares para inversiones en salud, educación, saneamiento y otras necesidades
básicas. Es más, de acuerdo con el senador, el presidente afirmó que en 8 meses
entregaría el acueducto, con 24 horas de servicio, y cuya inversión sería de
21.000 millones de pesos. Además se comprometió a abrir el hospital de tercer
nivel, liquidado en 2013.
Durante décadas la costa pacífica ha estado
movilizada para superar la exclusión estructural.
Pero hasta hoy nada de esto se ha concretado. El investigador
Alirio Suárez ha denunciado que Hidropacífico, el operador privado, vende el
agua a los buques a 17.500 pesos por metro cúbico, a través de la firma Acuabuque ,
lo que deja a la población sin agua para consumir. Sin embargo, ninguna
autoridad toma cartas en el asunto.
A lo anterior se suma que el Plan Todos Somos Pazcífico (PTSP) no
ha funcionado para brindar pronta y adecuada solución a estos problemas. Entre
los resultados de este proyecto apenas está una serie de reuniones con la
población, acompañadas de convocatorias y trámites burocráticos, mientras el
deterioro social se sigue intensificando.
La respuesta represiva
Las múltiples movilizaciones en Buenaventura y
fuera de ella han expresado su consenso a partir de la identificación de
elementos comunes entre los muchos habitantes que han sufrido la exclusión
estructural e histórica.
El paro cívico pacifico ha demostrado la
fuerza del poder popular de la región, desplegado por un movimiento social
amplio, cuya agenda apuesta tanto por resolver la deuda histórica como lo
coyuntural, al pedir que se decrete la emergencia económica, social y
ecológica.
Sin soluciones específicas a estos problemas
y, lo que es más grave, sin voluntad política, el gobierno de Santos ha
respondido con dilaciones. Su táctica de negociación parece consistir en una estrategia
de “administración de la crisis” a través de la guerra.
El 19 de mayo el presidente retiró la comisión
negociadora y media hora después se desplego un operativo militar, que incluía
el Esmad vestido como para la
guerra. El organismo estatal entró atropellando con bombas
lacrimógenas a mujeres, niños y jóvenes, y violentando una población que se
encontraba cantando con marimbas y jugando futbol en los puntos de
concentración.
En medio de la dispersión, la comunidad
respondió coreando: “que viva el paro cívico” y “el pueblo no se rinde”. Ya en
la noche la Policía y el Esmad permitieron que se produjeran saqueos y
destrucciones a los almacenes, después de lo cual se decretó el toque de queda
para deslegitimar el paro y construir una imagen que justifica la represión
contra los líderes del mismo.
Pero la realidad es otra: Colombia tiene un
gobierno indolente y racista que no ha hecho nada para resolver una calamidad
pública continuada. Al presidente Santos sólo le interesa el puerto de
Buenaventura por la agenda económica, no por su gente.
La militarización de la región y la agresión
oficial a la población reproducen el terror instaurado por los grupos al margen
de la ley durante las tres últimas décadas. ¿Es esta la respuesta de un nobel
de paz a “sus compatriotas”? ¿Estamos frente a la continuidad de un modelo
económico que se mantiene a través de la guerra?
Las negociaciones
En estos momentos la mesa de negociación está
instalada en el Hotel Cosmos, en el centro de la ciudad. Pero mientras
el Comité de paro exigió la presencia permanente de los medios
de comunicación, como garantía de transparencia, el gobierno planteó una
negociación a puerta cerrada.
La comunidad se mantiene unida, ensayando
nuevas opciones de liderazgos. Este renovado movimiento social, de composición
heterogénea popular pero con una matriz marcadamente afrocolombiana, tiene a la
cabeza el Comité Interorganizacional de Paro, una organización en la que se
vislumbra, tal vez, la nueva clase política de Buenaventura y el Pacifico.
Sus 400.000 habitantes, en su mayoría afrocolombianos, viven sin
agua potable permanente.
Esta es una clase política que exige dignidad y
justicia puede entrar a llenar el vacío histórico y romper la relación de
dependencia y enclave que ha tenido a lo largo de los siglos Buenaventura. Esta
condición no permitió crear una clase político-económica propia, con un sentido
de pertenencia e identidad con la localidad y la región. La actual
coyuntura es un escenario propicio de participación para acabar con la calamidad
pública perpetuada por más de un siglo en Buenaventura.
Santiago Arboleda Quiñónez, Licenciado en
Historia de la Universidad del Valle. Magíster en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional
de Andalucía y Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón
Bolívar. Profesor del Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227276
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