Nieve mortal sobre
Argentina
Cambiemos y lo que no
cambió
4 de enero de 2018
Por Roberto Gargarella y Rubén Lo Vuolo (Revista Anfibia)
Una forma cada vez más común -engañosa siempre- de entender la
vida pública nacional, consiste en leer los sucesos de hoy como producto de un
súbito devenir de los tiempos, esto es decir, no en continuidad sino como
ruptura drástica frente a la historia anterior. Se trata de una explicación al
estilo de la que podía dar Juan Salvo, el protagonista de El Eternauta de Héctor Oesterheld, a finales de
los 50. El Eternauta, en efecto, dio cuenta de la tragedia que afectaba
a la Argentina en su época mostrando de qué modo los males del país tenían que
ver con una invasión repentina –llegaban los Ellos-
cuyos agentes se dedicaban a capturar a inocentes locales, convirtiéndolos en
hombres-robots, mientras un minúsculo grupo de héroes –los resistentes- buscaban
confrontar con los invasores. La explicación del tipo Eternauta se reconoce en quienes presentan los
penosos sucesos políticos de la primera etapa del gobierno de Macri (represión
de la protesta; maltrato y muerte a las comunidades indígenas; desacertada
política minera; claudicación en la política de medios ;
políticas de “ajuste económico”; etc.) como hechos sin historia, desenraizados
del tiempo. Dicha mirada presenta los problemas nacionales como si se tratara
de una nieve mortal que, de repente, y de forma más o
menos inesperada, cayó sobre el país, desatando las peores desgracias sobre una
sociedad que vivía en calma.
La explicación tipo Eternauta,
llamativamente, apareció en estos meses en muchas ocasiones, de forma
explícita. De modo más significativo, ella puede reconocerse cotidianamente,
implícita en notas, informes, y reportes que quieren dejar constancia del duro
estado de situación actual, al que se presenta como cataclismo impensado.
Lecturas semejantes buscan encubrir que la situación actual es producto de una
obra colectiva vinculada con una degradación de la práctica política que lleva
años. Por lo demás, la idea de que hoy nos gobiernan usurpadores
imprevistamente caídos del cielo, nos impide reconocer que el actual gobierno
es el resultado de una construcción cuyo éxito y legitimidad se debe en buena
medida a lo que hicieron y dejaron de hacer muchos de quienes hoy se presentan
como líderes de la resistencia. Aproximaciones del tipo Eternauta no sirven para explicar lo que
necesitamos entender (por qué el actual presidente ganó las elecciones
presidenciales, o por qué tuvo una excelente elección de legisladores a dos
años de su mandato), salvo de un modo estrambótico, más propio del relato de
Oesterheld (los medios de
comunicación como herramienta enemiga que genera alucinaciones sobre las
víctimas locales). Finalmente, explicaciones del estilo “nieve mortal sobre la
Argentina” nos llevan a pensar que una política justa exige, ante todo,
liberarnos de los usurpadores para abrir el acceso al poder de los resistentes.
Ello, como si las prácticas no muy lejanas de muchos de los que se pretenden
héroes, hubieran sido de naturaleza esencialmente diferente de la que hoy
predomina.
Política sin historia y sin contexto.
La historia y el
contexto, más que lo excepcional y lo repentino, dan cuenta de los males de
hoy. Por lo demás, es sólo así -reconociendo las continuidades y relaciones de
precedencia entre ayer y hoy- que podemos evitar un nuevo tránsito por la senda
de los errores repetidos. Para ilustrar las implicaciones tan diferentes entre
un tipo de explicación (estilo “nieve mortal”) y otra con la vista puesta en la
historia nacional, podemos repasar cualquiera de los sucesos más relevantes de
los últimos meses.
Comencemos, por caso, por algunos de los
hechos más trágicos del 2017, vinculados con las muertes de Santiago Maldonado
y Rafael Nahuel. Una lectura posible de tales sucesos asocia a esas muertes con
un “giro enloquecido de la historia,” que nos vuelve a colocar frente a un
Estado criminal, que persigue y mata a los miembros de las minorías más
débiles. De acuerdo con este enfoque, la llegada del nuevo gobierno resulta el
factor determinante para explicar muertes como las mencionadas, y para
anticipar las que, sin dudas, van a repetirse en el corto plazo. Una lectura alternativa
a la anterior, más preocupada por el contexto y la historia, vincularía en
cambio a tales muertes con prácticas que nuestro Estado desarrolló de modo
consistente durante siglos.
Se trata de políticas que se agravaron en las últimas décadas al
calor de medidas “neo-desarrollistas” y “extractivistas”, que reconocen como
principal límite el desafío que les imponen las comunidades indígenas. Tales
políticas explican por qué coaliciones tan diferentes como los que gobernaron
en Chile, Ecuador o la Argentina, en distinto tiempo dictaron, todas ellas, leyes antiterroristas muy similares. Dichas leyes
antiterroristas surgieron, en nuestro país, en defensa de proyectos de dudosos
beneficios para la sociedad y de probado impacto ambiental negativo, como el de
“Vaca Muerta;” y políticas irracionales, como las que se llevaron a cabo en
violación de la “ley de glaciares.”
Enfocada de este modo, la situación que
enfrentamos hoy se avizora distinta: no estamos, entonces, frente a un caso de
“nieve mortal”, sino frente a políticas que llevan décadas, y que se expanden a
lo largo del país y mucho más allá de nuestras fronteras. Tal lectura sugiere,
por lo demás, la necesidad de reconocer continuidades antes que rupturas, como
así también la necesidad de adaptar reformas estructurales que no se limitan a
remover a un grupo improvisado de “invasores,” recién caído del cielo.
Tomemos otro caso paradigmático de estos
meses, como lo es la prisión preventiva para Milagro Sala. Otra vez, algunos
han querido ver en el hecho un súbito devenir represivo de la política –un
cambio compatible con la llegada de los Ellos.
La prisión preventiva para Milagro Sala representa así, para algunos, la
reaparición de los “presos políticos” en la Argentina, un hecho que a la vez
vendría a confirmar que el país se encamina a consolidar un régimen de
“dictadura civil.” Sostener esa lectura, sin embargo, requiere barrer bajo la
alfombra un tema mayor –el de la protesta social- al que la política argentina
viene respondiendo indebidamente desde el mismo momento en que se tornó viral,
esto es, desde la destrucción del viejo modelo industrial; el debilitamiento
del sindicalismo; la explosión del desempleo y la crisis del 2001.
A partir de esa gran crisis, hubo protocolos de protesta de corta vida;
apareció Proyecto X, destinado a monitorear a la izquierda a través de la
Gendarmería que controlaba Nilda Garré; un agente vinculado con los servicios
de inteligencia, Sergio Berni, fue designado como autoridad máxima en el área
de Seguridad; se produjeron actos continuos de “represión terciarizada”; el
general Milani quedó a cargo del espionaje para el gobierno; y un largo
etcétera.
Lecturas del tipo “nevada mortal sobre la
Argentina” no quieren ver -y quieren impedir que veamos- que estamos frente a
una política represiva sostenida en el tiempo, que desde hace décadas viene
regando de muertos nuestras calles (2 muertos en situación de protesta social
durante la presidencia de Menem, 45 durante la de De la Rúa; 2 durante la de Duhalde , 2 durante la de Néstor Kirchner ,
más de 20 durante el gobierno de Cristina Kirchner). A la luz de todas las
muertes producidas en nuestro país desde el 2001, a través de gobiernos
en apariencia muy diferentes, resulta particularmente grave que la actual
administración no haya aprendido la lección, y siga privilegiando el uso de la
coerción estatal como principal medio para lidiar con el conflicto social.
Debemos impedir, por tanto, que ese camino represivo se mantenga, pero en todo
caso –siempre- conscientes de que no nos encontramos frente a la “excepción”,
sino frente a una “continuidad agravada”: la criminalización de la protesta
parece ya una política de Estado, que distintos gobiernos han ejercido en su
momento por distintos medios y que
el actual busca consolidar sostenido en normas y prácticas de gobiernos
anteriores.
Un ejemplo más cercano en el tiempo es el
vinculado con las políticas de “ajuste económico”, que se expresaron
recientemente en los cambios impuestos en el tema jubilatorio. El ajuste en la
movilidad del haber jubilatorio que se acaba de aprobar no es el punto de
partida de un cambio súbito (impulsado, aparentemente, por un comando
alienígena recién llegado a la Tierra). Se trata, más bien, de otro jalón en
una historia que lleva décadas, que incluye a gobiernos que –con buenas o malas
razones- privatizaron el sistema quitándole fondos y recortando beneficios, se
negaron a pagar derechos adquiridos incluso luego de re-estatizarlo; se
rebelaron frente a la sentencia emitida por la Corte Suprema en
“Badaro”; dispusieron, de modo cruel, que cada jubilado que quisiera cobrar lo
suyo tuviera que iniciar y ganar un nuevo juicio; y finalmente –ante el
panorama de que los jubilados seguían litigando y ganando sus juicios-
decidieron impulsar una nueva ley –aquella que de modo agraviante se llamó de
“democratización de la justicia”- para agregar una instancia más a los reclamos
de la tercera edad, apostando así a la muerte de los litigantes, como forma de
que ellos no cobraran nunca lo que les correspondía por derecho.
Esta reconstrucción histórica debe permitirnos reconocer que el
gobierno anterior había correctamente recuperado los recursos fiscales y
financieros que iban a parar a las AFJP e incorporado muchos personas sin
cobertura con la llamada “moratoria previsional”. Pero debemos admitir también
que esos fondos extraordinarios no fueron utilizados para organizar un sistema
capaz de pagar beneficios sostenibles en el tiempo, de carácter universal y
solidario, sino que sirvieron principalmente para financiar el déficit público
y que la moratoria previsional, además de ser “transitoria”, permitió el
ingreso de personas en edad pasiva sin cobertura, pero lo hizo aplicando un
nefasto sistema que les quitaba el “aporte no realizado” del beneficio pagado
para seguir manteniendo la ficción de un sistema contributivo, incapaz de
sostenerse en el tiempo. Entonces, tenemos razones para denunciar, en la
actualidad, el despojo que significa el cambio de un sistema de actualización
de beneficios, pero –otra vez- evitando la miopía que nos impide ver de dónde
venimos, y cuáles son los problemas que afectan a un sistema de previsión
social que es insostenible y necesita ser reformado.
En fin, no se trata de diluir en el tiempo las
graves responsabilidades del actual gobierno, ni licuar entre muchos las
violaciones de derechos cometidos por sujetos particulares, identificables por
su nombre y apellido. De lo que se trata, por el contrario, es de reconocer que
el actual gobierno avanza con políticas regresivas, en muchos casos
inconstitucionales e injustas, montado cómodamente en la plataforma que le
dejaron gobiernos anteriores en los cuales tuvieron un papel preponderante
muchos de los que hoy se pretenden “héroes resistentes”. Más aún, los programas
heredados y sus resultados son los que, en buena medida, han abierto un crédito
impensado a políticas de orientación ortodoxa que no tenían lugar en la agenda
pública luego de la crisis de 2001-02. Si esto no se reconoce, se corre el
riesgo de pensar que lo que necesitamos es una vuelta a las políticas aplicadas
previamente.
En definitiva, necesitamos reconocer que la
discriminación y el maltrato hacia los más débiles; las políticas de
expoliación y uso irracional de los recursos naturales; la criminalización de
la protesta social; el avance de la creciente e injusta desigualdad social y económica
que se promueve en el país, no empezaron ayer, no se explican sólo por las
políticas actuales, ni son producto de alguna inesperada “nieve mortal” caída
sobre el país de modo repentino.
No hay comentarios:
Publicar un comentario