Revista Biodiversidad,
sustento y culturas N° 94
1 de noviembre de 2017
Editorial
El primero de enero de
1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
que pregonaba ser un instrumento pionero de armonización de las economías de
los países signatarios, en este caso Estados Unidos, Canadá y México.
Ese mismo día, el
EZLN, un movimiento de base comunitaria, indígena, se levantó en armas contra
el Estado mexicano (con amplias repercusiones globales que siguen vigentes)
justamente por rechazar de modo tajante los tratados de libre comercio, al ser
instrumentos que implican la renuncia de la soberanía nacional.
Lo dijo en su último
texto antes de morir el investigador Guillermo Bonfil Batalla: los TLC “impiden
la posibilidad de realizar un futuro propio (consecuente con la propia
historia, la propia realidad plural, con los múltiples gérmenes de futuro que
viven en las culturas mexicanas)”. Y añadía: “Ese modelo, ¿lo estamos adoptando
libre y soberanamente los mexicanos?”.
Su propósito inicial
fue ser candados para impedir que pudieran modificarse o revertirse las
llamadas reformas estructurales del Banco Mundial y del FMI, pactadas en el
consenso de Washington (reformas que desmantelaban todas las políticas públicas
que durante años definieran un cierto horizonte de desarrollo con justicia).
Hoy suplantan las legislaciones nacionales en aras de cláusulas pactadas fuera
de las cámaras legislativas, en los ámbitos del comercio y la inversión,
abriendo más y más margen de maniobra a las corporaciones mientras tejen normas
y leyes que cierran el ámbito de lo jurídico a la población afectada, que queda
indefensa. Los TLC son instrumentos de desvío de poder y el TLCAN fue el modelo
original de donde partieron y fueron refinando su sojuzgamiento del derecho.
Pasados los años siguen
firmándose acuerdos bilaterales o multilaterales que “se caracterizan por su
amplitud y su carácter abierto y ‘en curso’, que obliga a los países firmantes
a ampliar periódicamente lo acordado y a emprender en años venideros un número
indefinido de reformas jurídicas, administrativas, económicas y sociales cuyo
fin es otorgar condiciones cada vez más favorables a las inversiones de las
empresas”. Verdaderas reformas legales ‘paulatinas’ definidas a nivel
ministerial, lejos del seguimiento que puedan hacer los parlamentos, las
instancias jurídicas o la opinión pública de cada país”, haciendo prevalecer la
normatividad derivada de los acuerdos “comerciales” o de “cooperación” en
detrimento de la legalidad nacional y de los derechos de la población.
Sean acuerdos de
“cooperación o comercio o culturales o de transferencia tecnológica”,
establecen una serie de normas, criterios, requisitos, estándares,
procedimientos, programas, proyectos y asignación de presupuestos, incluida la
gestión de vastos segmentos de la actividad gubernamental como lo es la
administración, la propiedad intelectual, la sanidad alimentaria, la
normatividad laboral o ambiental, las normas de calidad y sobre todo la
competencia de los tribunales para dirimir asuntos cruciales.
Con tales acuerdos,
las compañías pueden vigilar la redacción de políticas y regulaciones que
afecten a sus países asociados, al punto de someter sus querellas al Arbitraje
de Disputas Inversionistas-Estado (ADIE) en tribunales privados. “Los tratados
confieren a las transnacionales (TNCs) derechos especiales para someter a los
gobiernos a un arbitraje vinculante toda vez que se sientan maltratadas. Las
TNCs pueden ‘demandar’ en igualdad de condiciones a gobiernos cuando adopten
políticas o regulaciones protectoras que afecten las inversiones y beneficios
de las mismas. A las compañías locales no se les confieren estos derechos.”
Hoy los TLC
bilaterales o multilaterales, no sólo el TLCAN, propugnan un interminable
desmantelamiento jurídico de todas las leyes que impulsaban derechos colectivos
y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios de los pueblos
indígenas y campesinos, sus tierras, semillas, aguas, montañas, minerales y
bosques. Pero además brindan a las corporaciones acceso a nuevos mercados, derechos
de propiedad intelectual (DPI), telecomunicaciones y energía. Permiten una
devastación ambiental sin precedentes, la precariedad laboral cercana a la
esclavitud que les es crucial. Los gobiernos signatarios son forzados a
reformar sus leyes con compromisos vinculantes para no dar marcha atrás.
En México, las
condiciones económicas, sociales, políticas y culturales se recrudecieron por
la devastación que el TLCAN desencadenó, hasta llegar al extremo de un horror
cotidiano de violencia interminable. La sociedad civil, seriamente agraviada,
convocó al Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó entre 2011 y 2014 en
el país. El Tribunal ético, preocupado por lo que llama “un sojuzgamiento de
las estructuras jurídicas y de derecho ante los intereses de la economía en
todo el planeta”, identifica los TLC como instrumentos que atropellan el estado
de derecho de las naciones firmantes. Por ello, en su sentencia final en
México, el Tribunal dijo:
El derecho neoliberal
tutela la acumulación de la riqueza y la concentración del poder económico y
político frente la eliminación de los “perdedores”. Se sustenta en la
arquitectura de la impunidad construida a favor de las empresas multinacionales
y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del
mismo.
El gobierno mexicano
ha intervenido para facilitar la transformación y eliminación compulsiva por medios económicos de amplias masas de población de
la ciudad y el campo consideradas “innecesarias” o “superfluas”. Los gobiernos
mexicanos han utilizado el poder del Estado para acelerar esta eliminación
mediante actos directos de despojo de medios
de producción o por intervenciones distorsionantes en la economía de
subsistencia. […]
El TLCAN forma parte
de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos
entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda
ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de
los derechos humanos.
Es crucial comprender
que el TLCAN y las otras instituciones neoliberales no están diseñadas para
promover el bien social. [...] Son acuerdos que elevan el estatus legal de los
grandes inversionistas y, simultáneamente, vinculan el poder económico del
Estado a sus intereses, a la par que erosionan el compromiso y las opciones de
los Estados nacionales para proteger a la ciudadanía.
Un propósito central
de estos tratados comerciales ha sido desarmar a los pueblos despojándolos de
las herramientas de identificación, expresión, resistencia y capacidad transformativa
que puede brindarles la soberanía nacional y la existencia de un Estado
legítimo.
Como bien lo planteó
bilaterals.org en el texto de la página siguiente, no es posible transigir con
posiciones que buscan reformar o remodelar los tratados para hacerlos “más
humanos”. Requerimos identificarlos como “instrumentos integrales que promueven
y afianzan el imperialismo y el poder del capital global, cumpliendo sus
objetivos geopolíticos”, y no dejarnos distraer de nuestro trabajo organizativo
y anti-sistémico “fuera del cajón del capitalismo”, por campañas fragmentarias
y superficiales. La defensa de nuestros territorios y la construcción de la
autonomía de los pueblos, así lo exige. (6)
Biodiversidad y Grain
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