Gobernadores oficialistas y
opositores acuerdan rumbo con Macri
19 de
noviembre de 2017
Hasta ahora, sólo San
Luis queda afuera del acuerdo suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los
gobernadores de Provincia. No sólo se trata de un pacto que remite al reparto
de los recursos fiscales entre la Nación y las Provincias, sino a un pacto político
que allana el rumbo trazado por Mauricio Macri desde que asumió la gestión
presidencial en diciembre del 2015; ratificado con la ampliación del consenso
obtenido en las elecciones de medio término en octubre pasado.
Por Julio Gambina.
El acuerdo supone
declinar la continuidad de los juicios de las Provincias contra la Nación,
algunos con sentencias en firme, pero con dificultades concretas para asegurar
las cancelaciones. Por esto es que los gobernadores desde una lógica pragmática
aceptaron cancelaciones en bonos cobrables en el mediano plazo antes que un
futuro de demandas de percepción de sentencias judiciales de dudosa
cobrabilidad.
Con
el resultado electoral del 22/10/2017, la iniciativa política del Gobierno
Nacional aseguró los consensos de oficialistas y opositores al frente de los
gobiernos provinciales, con la excepción por ahora de San Luis.
Todos
apuntan a la Gobernadora bonaerense como la gran ganadora, por asegurarse
imprescindibles fondos para la gestión en los próximos dos años antes de la
renovación del gobierno provincial en disputa en 2019.
El
PRO en Cambiemos necesita mantener consenso electoral para sostener la
gobernación bonaerense, los distritos que actualmente gobierna, consolidando su
posición y en lo posible ir por más distritos bajo su conducción en el nuevo
ciclo a disputar desde 2019.
Más
allá de las posiciones del partido del Gobierno, el PRO, lo que importa es el
consenso amplísimo de oficialistas y opositores, especialmente del peronismo
diverso, en un rumbo que es claramente amigable con los objetivos y necesidades
de los grandes empresarios locales y externos, quienes demandan acelerar las
reformas reaccionarias que ahora no solo avala Macri, sino también los y las
gobernadores/as.
Ahora el consenso se define en el Parlamento
El
pacto fiscal actúa como un paraguas político para los legisladores que
responden a los distintos poderes ejecutivos provinciales, y sustenten las
propuestas legislativas en materia laboral, previsional y tributaria.
La
estrategia del gobierno Macri apuntó a cambios sustanciales reaccionarios para
luego negociar, especialmente con la cúpula de la CGT y los/as gobernadores/as.
Primero se distribuyó para el debate una propuesta de máxima, que concitó
rechazo, para terminar elevando un borrador que mantiene la esencia de los
cambios demandados por los inversores.
El
objetivo de las propuestas, aun cuando no pasaron algunos intentos
descabellados en materia de pérdidas de derechos sociales, sindicales y
laborales, constituyen un paquete pro empresas, pro ganancias y apuntan a una
lógica de favorecer la demanda de ganancias y por la acumulación de los
potenciales inversores, locales o externos.
Disminución
de indemnizaciones y baja de posibilidad de ejercer el derecho a litigio por
despido figuran entre las principales consecuencias de la propuesta de
flexibilización laboral sostenida del poder ejecutivo nacional, acompañada por
una gestión administrativa del Ministerio de Trabajo contra las organizaciones
sindicales.
La
baja de aportes patronales y la impunidad hacia los evasores previsionales a
cambio de regularización del empleo da cuenta de la general orientación para la
reducción del costo empresario en la explotación económica. Claro que es
consustancial con el orden capitalista, pero enfatiza el carácter clasista de
la hegemonía legislativa buscada a favor de los intereses de los inversores.
Más
claro queda el tema con el ahorro previsional buscado con las modificaciones a
la actualización de las jubilaciones y prestaciones de la seguridad social. Las
cifras son escandalosas y podrían alcanzar los 100.000 millones de pesos para
el 2018. Si existe ahorro es en contra de los ingresos de los perceptores de la
seguridad social, especialmente la población jubilada.
Esos
“ahorros” en la seguridad social y algunos cambios impositivos constituyen la
fuente de recursos para atender el acuerdo fiscal con los gobernadores. Los
jefes políticos de las provincias, no San Luis por ahora, y el gobierno
nacional son responsables directos de la estafa a las jubilaciones presentes y
futuras.
La
zanahoria ofrecida es que junto a la actualización trimestral por inflación
habrá un porcentaje adicionado, quizás el 5% del crecimiento económico del PBI,
Se trata de cifras menores a la formula actual y por eso se habla de ahorro. Lo
cierto es que la pretensión oficial apunta a lograr consenso legislativo,
imposible desde la minoría congresal de la coalición de gobierno, por lo que se
buscó apoyo de gobernadores opositores y ahora en el Congreso. Si fuera
posible, antes de fin de año.
El mapa de la confrontación al consenso
No
solo existe la iniciativa del poder, mediada por el gobierno y los opositores
funcionales a la lógica de la ganancia.
También
actúa y desde el conflicto social una línea de confrontación con los propósitos
de máxima de los capitales más concentrados que actúan en la economía local o
que pretenden ingresar con sustanciales y reaccionarios cambios.
En
el conflicto social que manifiestan cotidianamente organizaciones sindicales y
territoriales se visibilizan diferentes estrategias sociales y políticas, que
no terminan de constituirse en hegemónicas de la diversidad que expresa la
fragmentación de la sociedad de abajo.
Así,
entre otros proyectos políticos emergen algunos que se referencian en el
kirchnerismo, aun con diferencias entre ellos, incluso respecto del peronismo
(con identidad matizada respecto al kirchnerismo); pero también en la izquierda
partidaria, también protagonista de la fragmentación, aún con frente electoral
de unidad.
Sin
embargo, también existe una amplia franja que no se reconoce en estas
identidades de peso electoral y que se manifiesta en una gran diversidad de
organizaciones sociales y políticas que buscan su articulación y conformación
en un proyecto alternativo que supere la gestión del orden capitalista.
En
rigor, diversos espacios kirchneristas-peronistas y referidos a la izquierda
partidaria, junto a este otro sector que mencionamos, transitan diversas
propuestas de unidad de acción que no necesariamente fructifican en unidades
políticas más efectivas a los efectos de definir una estrategia integral en la
disputa del poder.
Una
de las diferencias entre los proyectos remite al alcance de los propósitos de
la unidad.
Para
algunos alcanza con establecer límites al macrismo y sus políticas de ajuste y
reestructuración, aunque eso suponga mantener una lógica de gestión capitalista
aminorando la ofensiva del capital contra el trabajo o contra la Naturaleza. Para
otros supone confrontar al orden capitalista y requiere una amplia
fundamentación para ganar voluntades sociales contra el consenso político y
mediático vigente.
Existen
propuestas a caballo de ambas orientaciones, que atraviesan el debate entre las
organizaciones sociales, las centrales sindicales y variadas agrupaciones
políticas, culturales y sociales.
Hasta
se sugiere la intervención papal en estas disputas, en una lógica de discusión
de alternativas que supera los límites nacionales. Es que desde la ruptura de
la bipolaridad hacia 1991 se habilitó la discusión por la recreación de la
alternativa al capitalismo.
Lo
que aparece en primer lugar es la crítica al capitalismo, pero con ello,
quienes creen que se puede mejorarlo y quienes sostenemos el carácter
incorregible del orden capitalista.
Nuestro
debate en la Argentina no es distinto del que recorre Nuestra América o el
mundo, concentrado en formas de acumulación de poder para reformar el
capitalismo o para transformarlo.
En
esa disyuntiva se discute el qué hacer en reuniones de la CGT, o si se quiere,
de algunos gremios que discuten la orientación del triunvirato, o de muchos que
manteniendo la afiliación a la Central mayoritaria no se reconocen en el
liderazgo de los negociadores con el Gobierno; pero también ambas CTA, que
discuten la reunificación o la afirmación de identidades propias con matizados
proyectos estratégicos.
Adicionemos
que la CTA en origen se propuso como articuladora del movimiento de
trabajadores y trabajadoras, no solo de sindicatos, sino también de movimientos
sectoriales, territoriales, culturales y de personas, postura que ahora
disputan organizaciones como la CTEP.
Más
allá de la mención a centrales sindicales y de movimientos sociales, la
conflictividad abarca al creciente movimiento de mujeres y diversas formas de
reivindicaciones sociales, culturales, ambientales, de migrantes, en defensa de
los pueblos originarios, por la tierra y la soberanía alimentaria, energética o
financiera, dando forma una inmensa diversidad de inconformidad con la
hegemonía capitalista y a veces, con el propio capitalismo. Es algo que se
manifiesta en el movimiento Fuera la OMC.
Entre
todas estas manifestaciones del conflicto social se redefine un nuevo mapa
político de la confrontación social y política a los objetivos del consenso
mayoritario de oficialistas y opositores en gobiernos locales y el nacional,
como en el Parlamento.
Las cartas están echadas
y el juego está en proceso. Debe reconocerse que quienes participan de la gesta
no lo hacen por el sólo placer de participar, sino que se apuesta a desplegar
estrategias que puedan asegurar éxitos.
No es pequeño lo que
está en juego, sea la consolidación del ajuste reaccionario favorable a los
grandes inversores; la gestión de un orden capitalista contenido en su
voracidad (imposible para quien escribe); o la perspectiva de discutir un
horizonte de emancipación social. En definitiva, la construcción de una
estrategia de poder alternativa a la iniciativa de la hegemonía reaccionaria en
curso.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article15476
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