Gobernadores oficialistas y opositores
acuerdan rumbo con Macri
19 de noviembre de 2017
Hasta ahora, solo San Luis queda afuera del
acuerdo suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de
Provincia. No solo se trata de un pacto que remite al reparto de los recursos
fiscales entre la Nación y las Provincias, sino a un pacto político que allana
el rumbo trazado por Mauricio Macri desde que asumió la gestión presidencial en
diciembre del 2015; ratificado con la ampliación del consenso obtenido en las
elecciones de medio término en octubre pasado.
Por Julio Gambina.
El acuerdo supone
declinar la continuidad de los juicios de las Provincias contra la Nación,
algunos con sentencias en firme, pero con dificultades concretas para asegurar
las cancelaciones. Por esto es que los gobernadores desde una lógica pragmática
aceptaron cancelaciones en bonos cobrables en el mediano plazo antes que un
futuro de demandas de percepción de sentencias judiciales de dudosa
cobrabilidad.
Con el resultado
electoral del 22/10/2017, la iniciativa política del Gobierno Nacional aseguró
los consensos de oficialistas y opositores al frente de los gobiernos
provinciales, con la excepción por ahora de San Luis.
Todos apuntan a la
Gobernadora bonaerense como la gran ganadora, por asegurarse imprescindibles
fondos para la gestión en los próximos dos años antes de la renovación del
gobierno provincial en disputa en 2019.
El PRO en Cambiemos
necesita mantener consenso electoral para sostener la gobernación bonaerense,
los distritos que actualmente gobierna, consolidando su posición y en lo
posible ir por más distritos bajo su conducción en el nuevo ciclo a disputar
desde 2019.
Más allá de las
posiciones del partido del Gobierno, el PRO, lo que importa es el consenso
amplísimo de oficialistas y opositores, especialmente del peronismo diverso, en
un rumbo que es claramente amigable con los objetivos y necesidades de los
grandes empresarios locales y externos, quienes demandan acelerar las reformas
reaccionarias que ahora no solo avala Macri, sino también los y las
gobernadores/as.
Ahora
el consenso se define en el Parlamento
El pacto fiscal actúa
como un paraguas político para los legisladores que responden a los distintos
poderes ejecutivos provinciales, y sustenten las propuestas legislativas en
materia laboral, previsional y tributaria.
La estrategia del
gobierno Macri apuntó a cambios sustanciales reaccionarios para luego negociar,
especialmente con la cúpula de la CGT y los/as gobernadores/as. Primero se
distribuyó para el debate una propuesta de máxima, que concitó rechazo, para
terminar elevando un borrador que mantiene la esencia de los cambios demandados
por los inversores.
El objetivo de las
propuestas, aun cuando no pasaron algunos intentos descabellados en materia de
pérdidas de derechos sociales, sindicales y laborales, constituyen un paquete
pro empresas, pro ganancias y apuntan a una lógica de favorecer la demanda de
ganancias y por la acumulación de los potenciales inversores, locales o
externos.
Disminución de
indemnizaciones y baja de posibilidad de ejercer el derecho a litigio por
despido figuran entre las principales consecuencias de la propuesta de
flexibilización laboral sostenida del poder ejecutivo nacional, acompañada por
una gestión administrativa del Ministerio de Trabajo contra las organizaciones
sindicales.
La baja de aportes
patronales y la impunidad hacia los evasores previsionales a cambio de
regularización del empleo da cuenta de la general orientación para la reducción
del costo empresario en la explotación económica. Claro que es consustancial
con el orden capitalista, pero enfatiza el carácter clasista de la hegemonía
legislativa buscada a favor de los intereses de los inversores.
Más claro queda el
tema con el ahorro previsional buscado con las modificaciones a la
actualización de las jubilaciones y prestaciones de la seguridad social. Las
cifras son escandalosas y podrían alcanzar los 100.000 millones de pesos para
el 2018. Si existe ahorro es en contra de los ingresos de los perceptores de la
seguridad social, especialmente la población jubilada.
Esos “ahorros” en la
seguridad social y algunos cambios impositivos constituyen la fuente de
recursos para atender el acuerdo fiscal con los gobernadores. Los jefes
políticos de las provincias, no San Luis por ahora, y el gobierno nacional son
responsables directos de la estafa a las jubilaciones presentes y futuras.
La zanahoria ofrecida
es que junto a la actualización trimestral por inflación habrá un porcentaje
adicionado, quizás el 5% del crecimiento económico del PBI, Se trata de cifras
menores a la formula actual y por eso se habla de ahorro. Lo cierto es que la
pretensión oficial apunta a lograr consenso legislativo, imposible desde la
minoría congresal de la coalición de gobierno, por lo que se buscó apoyo de
gobernadores opositores y ahora en el Congreso. Si fuera posible, antes de fin
de año.
El
mapa de la confrontación al consenso
No solo existe la
iniciativa del poder, mediada por el gobierno y los opositores funcionales a la
lógica de la ganancia.
También actúa y desde
el conflicto social una línea de confrontación con los propósitos de máxima de
los capitales más concentrados que actúan en la economía local o que pretenden
ingresar con sustanciales y reaccionarios cambios.
En el conflicto social
que manifiestan cotidianamente organizaciones sindicales y territoriales se
visibilizan diferentes estrategias sociales y políticas, que no terminan de
constituirse en hegemónicas de la diversidad que expresa la fragmentación de la
sociedad de abajo.
Así, entre otros
proyectos políticos emergen algunos que se referencian en el kirchnerismo, aun
con diferencias entre ellos, incluso respecto del peronismo (con identidad
matizada respecto al kirchnerismo); pero también en la izquierda partidaria,
también protagonista de la fragmentación, aún con frente electoral de unidad.
Sin embargo, también
existe una amplia franja que no se reconoce en estas identidades de peso
electoral y que se manifiesta en una gran diversidad de organizaciones sociales
y políticas que buscan su articulación y conformación en un proyecto
alternativo que supere la gestión del orden capitalista.
En rigor, diversos
espacios kirchneristas-peronistas y referidos a la izquierda partidaria, junto
a este otro sector que mencionamos, transitan diversas propuestas de unidad de
acción que no necesariamente fructifican en unidades políticas más efectivas a
los efectos de definir una estrategia integral en la disputa del poder.
Una de las diferencias
entre los proyectos remite al alcance de los propósitos de la unidad.
Para algunos alcanza
con establecer límites al macrismo y sus políticas de ajuste y
reestructuración, aunque eso suponga mantener una lógica de gestión capitalista
aminorando la ofensiva del capital contra el trabajo o contra la Naturaleza. Para
otros supone confrontar al orden capitalista y requiere una amplia
fundamentación para ganar voluntades sociales contra el consenso político y
mediático vigente.
Existen propuestas a
caballo de ambas orientaciones, que atraviesan el debate entre las organizaciones
sociales, las centrales sindicales y variadas agrupaciones políticas,
culturales y sociales.
Hasta se sugiere la
intervención papal en estas disputas, en una lógica de discusión de
alternativas que supera los límites nacionales. Es que desde la ruptura de la
bipolaridad hacia 1991 se habilitó la discusión por la recreación de la
alternativa al capitalismo.
Lo que aparece en
primer lugar es la crítica al capitalismo, pero con ello, quienes creen que se
puede mejorarlo y quienes sostenemos el carácter incorregible del orden
capitalista.
Nuestro debate en la
Argentina no es distinto del que recorre Nuestra América o el mundo,
concentrado en formas de acumulación de poder para reformar el capitalismo o
para transformarlo.
En esa disyuntiva se
discute el qué hacer en reuniones de la CGT, o si se quiere, de algunos gremios
que discuten la orientación del triunvirato, o de muchos que manteniendo la
afiliación a la Central mayoritaria no se reconocen en el liderazgo de los
negociadores con el Gobierno; pero también ambas CTA, que discuten la
reunificación o la afirmación de identidades propias con matizados proyectos
estratégicos.
Adicionemos que la CTA
en origen se propuso como articuladora del movimiento de trabajadores y
trabajadoras, no solo de sindicatos, sino también de movimientos sectoriales,
territoriales, culturales y de personas, postura que ahora disputan
organizaciones como la CTEP.
Más allá de la mención
a centrales sindicales y de movimientos sociales, la conflictividad abarca al
creciente movimiento de mujeres y diversas formas de reivindicaciones sociales,
culturales, ambientales, de migrantes, en defensa de los pueblos originarios,
por la tierra y la soberanía alimentaria, energética o financiera, dando forma
una inmensa diversidad de inconformidad con la hegemonía capitalista y a veces,
con el propio capitalismo. Es algo que se manifiesta en el movimiento Fuera la
OMC.
Entre todas estas
manifestaciones del conflicto social se redefine un nuevo mapa político de la
confrontación social y política a los objetivos del consenso mayoritario de
oficialistas y opositores en gobiernos locales y el nacional, como en el
Parlamento.
Las cartas están
echadas y el juego está en proceso. Debe reconocerse que quienes participan de
la gesta no lo hacen por el sólo placer de participar, sino que se apuesta a
desplegar estrategias que puedan asegurar éxitos.
No es pequeño lo que
está en juego, sea la consolidación del ajuste reaccionario favorable a los
grandes inversores; la gestión de un orden capitalista contenido en su
voracidad (imposible para quien escribe); o la perspectiva de discutir un
horizonte de emancipación social. En definitiva, la construcción de una
estrategia de poder alternativa a la iniciativa de la hegemonía reaccionaria en
curso.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article15476
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