Gradualismo acelerado
El “ahora es cuando”
del gobierno de Macri
11 de noviembre de 2017
Por Eduardo Lucita (Laarena)
Macri llamó a centrarse en el futuro y en la generación de
expectativas. El esquema es sencillo: república (democracia, transparencia,
ciudadanía plena, eficiencia) vs. populismo (autoritarismo, corrupción,
ciudadanos cautivos, ineficiencia).
El presidente Macri da muestras cotidianas de estar dispuesto a capitalizar el impacto de los resultados electorales del 22 de octubre pasado. No se habían terminado de computar los votos que ya había convocado a una amplia reunión para acordar lo que llamó los “Consensos Básicos” que facilitarán acelerar el gradualismo, tal como le piden los grandes capitalistas.
Ese acuerdo dio un primer paso bajo la forma de un monólogo presidencial con que el presidente apabulló a sus cuidadosamente seleccionados invitados -dirigentes empresariales, sindicales, judiciales, políticos y funcionarios- que en un número mayor a 150 se dieron cita el 30 de octubre en el Centro Cultural Kirchner (próximo a cambiar de nombre).
El presidente Macri da muestras cotidianas de estar dispuesto a capitalizar el impacto de los resultados electorales del 22 de octubre pasado. No se habían terminado de computar los votos que ya había convocado a una amplia reunión para acordar lo que llamó los “Consensos Básicos” que facilitarán acelerar el gradualismo, tal como le piden los grandes capitalistas.
Ese acuerdo dio un primer paso bajo la forma de un monólogo presidencial con que el presidente apabulló a sus cuidadosamente seleccionados invitados -dirigentes empresariales, sindicales, judiciales, políticos y funcionarios- que en un número mayor a 150 se dieron cita el 30 de octubre en el Centro Cultural Kirchner (próximo a cambiar de nombre).
Filosofía barata (y zapatos Botticelli)
En el CCK, el presidente esbozó lo que puede
ser una suerte de concepción filosófica de su gobierno: desterrar toda idea del
pasado y dejar atrás los relatos historiográficos: el cambio de imagen en el
papel moneda es una muestra no menor. Llamó a centrarse en el futuro y en la
generación de expectativas. El esquema es sencillo: república (democracia,
transparencia, ciudadanía plena, eficiencia) vs. populismo (autoritarismo,
corrupción, ciudadanos cautivos, ineficiencia). Un pasado de decadencia frente
a un futuro promisorio aunque indefinido. Apoyarse en la iniciativa privada, en
el individualismo innovador, en el emprendedurismo. Llamó a “perder el miedo a
los cambios y a dejar atrás los prejuicios”. El gobierno da así una disputa
simbólico-cultural por el sentido de las cosas.
Los “Consensos Básicos” a los que convocó no
lo son sobre un proyecto o modelo de país -se lo da por conocido y aceptado-
sino sobre un conjunto de leyes y normas específicas con las que tomarían forma
políticas de Estado de largo plazo. De alguna manera busca recuperar la lógica
de los pequeños relatos propios de la década de los noventa.
Lo hemos dicho en notas anteriores: no hay que
confundir consensos electorales con hegemonía política. Si la entendemos como
la capacidad de una clase o fracción de clase de hacer valer como generales sus
valores morales y culturales, si esa clase o fracción es capaz de conciliar en
las diferencias los distintos antagonismos sociales, habrá entonces alcanzado
la hegemonía.
Por ahora el macrismo la está disputando, el
2019 será un buen test.
Aprovechando el envión electoral
En el ínterin entre este presente cargado de
un pasado que no pasa y el futuro esperanzador que promete pero para el que no
hay plazo de llegada, es que el gobierno presentó con una velocidad inusitada
una serie de medidas bajo el lema “Es ahora o nunca”. Es la idea fuerza del
“reformismo permanente” que se corporiza en las reformas impositiva, laboral y
previsional (también educativa y política). De conjunto medidas de largo
alcance que supuestamente combatirán la pobreza, crearan empleo y aportarán al
equilibrio fiscal, pero que la experiencia (desechada) indica que concluirán en
una nueva transferencia de riqueza a los sectores más concentrados de la
economía y en un cambio la relación de fuerzas sociales entre las clases.
En concreto
La reforma laboral diluye el pago de horas
extras en un “Banco de Horas” que condiciona la jornada legal de 8 horas y la
amplia según las necesidades empresarias; reduce las indemnizaciones por
despidos, no contemplando para su cálculo horas extras, aguinaldo o
bonificaciones; inventa nuevas categorías de trabajadores (pasantías) lo que
implica pérdida de derechos; crea un Fondo de Despidos por el cual el
trabajador paga su propia indemnización; elimina la responsabilidad solidaria
en los casos de empresas subcontratistas; limita a un año el tiempo para
iniciar juicios laborales y establece un blanqueo que reduce las contribuciones
patronales. Cuando se refiere a la Ley de Contrato de Trabajo redefine el
concepto del derecho laboral que nació para compensar las asimetrías entre el
capital y el trabajo. Por el contrario este anteproyecto habla de la
coordinación entre empresarios y trabajadores, poniéndolos en un pie de
igualdad, dejando de lado su carácter de tutelar sobre el más débil. Adicionalmente
busca reducir los ámbitos de actuación de los fueros laborales y el accionar de
los sindicatos y sus centrales.
La reforma previsional no ha sido explicitada,
aunque se reitera una y otra vez que es necesaria, salvo en cuanto a reemplazar
el actual régimen de actualización de jubilaciones, pensiones y planes sociales
-movilidad jubilatoria- por un ajuste trimestral por el índice de inflación.
Según cálculos previos el Estado reduciría su gasto en no menos de 100 mil
millones de pesos anuales.
En líneas generales, la reforma impositiva
rebaja impuestos a las empresas y recarga a las personas físicas. Por ejemplo,
entre otros, reduce 10 puntos la alícuota sobre las ganancias que se
reinviertan; disminuye gradualmente hasta su eliminación el controvertido
impuesto al cheque, que puede deducirse de ganancias y elimina el llamado
impuesto tecnológico, que protegía la armaduría electrónica -y a sus
trabajadores- de Tierra del Fuego a costa de altos precios para los
consumidores al mismo tiempo que impulsa aumentos de impuestos internos sobre
productos de consumo. Se supone que los cambios tributarios tendrán un saldo
neutro. No se aumentan ingresos y lo que se logra bajar por rebaja de subsidios
a los servicios públicos se los lleva el aumento de intereses de la deuda. Así la única
baja del gasto público viene del régimen previsional.
Pero para que todo esto cierre es necesario
que las provincias adhieran al Pacto de Responsabilidad Fiscal (mantener el
gasto y el empleo en función de la inflación y el crecimiento vegetativo de la
población). El gobierno presiona para que bajen o eliminen Ingresos Brutos, que
es un impuesto sencillo de cobrar y el principal ingreso de las provincias (en
total cerca de 4 puntos del PBI). Los gobernadores temen perder ingresos ante
la posibilidad de que la
Corte Suprema falle a favor de la provincia de Buenos Aires
su reclamo de reponer su participación histórica en el Fondo del Conurbano
bonaerense, por lo tanto se resisten a bajar el impuesto. Pero el gobierno
tiene un as en la manga para presionarlos, si firman el pacto los fondos para
el Conurbano no saldrían de las arcas provinciales sino del ahorro del sistema
previsional por modificación del método de ajuste. Así el “todos tienen que
ceder algo” que dijo el presidente pero serían los jubilados, pensionados y
beneficiarios de subsidios sociales quienes financien la baja impositiva que
favorecerá a los capitalistas.
En síntesis, la tríada de reformas busca
aumentar la tasa de explotación del trabajo, promover la precarización,
redefinir el concepto de trabajo y hace recaer el financiamiento de los cambios
impositivos en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Todo será discutido y el gobierno aspira a que
el Congreso apruebe las leyes antes de abril de 2018. Es que no es solo una
política de ajuste, se trata de toda una reformulación de la relación Estado-mercado ,
de un aparato estatal cada vez más vinculado y determinado por su asociación
con sectores del capital más concentrado. El nombramiento del titular de la Sociedad Rural como
nuevo ministro de Agroindustria y de un empresario citrícola como embajador en
los EEUU; la puesta en venta de las represas en construcción en el sur y la
eliminación de la obligación de liquidar las divisas de exportación son pruebas
más que simbólicas.
Eduardo Lucita.
Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
No hay comentarios:
Publicar un comentario