Paro nacional de las comunidades
Campesinas, Indígenas, Afrodescendientes y Sectores Populares por la
Implementación de los Acuerdos de La Habana
PLIEGO DE
EXIGENCIAS
Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de
Interlocución y Acuerdo – MIA
Octubre 2017
El Acuerdo de Paz suscrito por las FARC-EP y el gobierno
nacional le puso fin a más de seis décadas de confrontación armada, lo que
significa “en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el
conflicto armado, son millones de colombianas y colombianos víctimas de
desplazamiento forzado, cientos de miles de muertos, decenas de miles de
desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones1
que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio”.
Por otro lado, “el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo
de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que
contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión
social y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el
territorio nacional”2
Para las comunidades campesinas, afrodescendientes, los
pueblos indígenas, poblaciones urbanas, sectores y organizaciones sociales y
populares, la Paz de nuestro país no se reduce al hecho de acallar los fusiles
y silenciar el ruido de la
guerra. La Paz está en construcción, y para que sea estable y
duradera, sus pilares deben estar soportados en la justicia social, la
ampliación de la democracia, la reconciliación y en transformaciones
económicas, políticas y sociales que se requieren para la vida digna y un buen
vivir del conjunto de la sociedad colombiana. El incumplimiento de la
implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, pone en riesgo el cierre
definitivo del conflicto armado, obstaculiza la democratización económica y
política del país y la inclusión de los sectores sociales históricamente
marginados. En consecuencia, está en peligro la esperanza y el anhelo de los/as
colombianos/as y sus futuras generaciones de vivir en un país en paz con
democracia y justicia social. Existen incumplimientos por parte del Gobierno
nacional en la implementación normativa y territorial, que junto a algunos sectores
políticos opuestos a la paz, pretenden crear un escenario de renegociación de
lo acordado.
El Congreso al día
de hoy no ha expedido ninguna norma para la Reforma Rural Integral
– RRI, solo se han emitido algunos decretos Ley que crea el fondo de tierras y medidas para promover el acceso a ella.
Las comunidades y organizaciones no cuentan con garantías reales para la
participación en la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial - PDET. Se han introducido modificaciones a las leyes y actos
legislativos que se tramitan en el Congreso respecto a la implementación
normativa del punto 2 del Acuerdo, y las Circunscripciones territoriales
especiales de paz – CTEP han sido objeto de cambios. El gobierno nacional aún
no presenta la Ley de garantías para la participación y la protesta social. No
existen avances significativos para garantizar verdad, justicia, reparación
integral y garantías de no repetición a las víctimas, ni avances en la lucha
contra el paramilitarismo. Al día de hoy van 127 líderes sociales asesinados
este año y es constante la violación de los derechos humanos a lo largo y ancho
de la geografía nacional. El gobierno nacional continúa ejecutando las nefastas
políticas impuestas por Estados Unidos consistentes en la erradicación
violenta, quebrantando los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de
uso ilícito suscritos con las comunidades de varios departamentos. Estos
incumplimientos también son reflejados en la no incorporación de los enfoques
transversales étnico y de género en la implementación. En
razón a lo anterior, la
Mesa Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo - MIA conformada
por: la Coordinación nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –
COCCAM, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, la Asociación
nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, la Coordinación Nacional
de Pueblos Indígenas – CONPI, la Coordinación Nacional
de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes - CONAFRO, la Federación
nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -FENSUAGRO, y organizaciones
campesinas, indígenas, afrodescendientes, locales, territoriales y regionales
de 29 departamentos, presentamos al gobierno nacional, el siguiente Pliego de
Exigencias de Derechos: (…) Leer
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