Tribunal Internacional
de los Derechos de la Naturaleza
La sociedad civil actúa ante
la
irresponsabilidad de los gobiernos
20 de noviembre de 2017
Por Alberto Acosta (Rebelión)
“Cualquier cosa contraria a la Naturaleza lo
es también a la razón;
cualquier cosa
contraria a la razón es absurda”
Baruch de
Spinoza
“Un árbol no tiene ningún significado para
una empresa”, afirmó Mirian Cisneros, presidenta kichwa de la comunidad
amazónica de Sarayaku. Pero ese mismo árbol tiene gran sentido para Mirian y su
comunidad, pues “si se corta un árbol, se corta la casa de los espíritus
sagrados”. En s u relato resonó la larga y compleja lucha de su comunidad
contra el Estado ecuatoriano y la petrolera argentina Compañía General de
Combustibles (CGC). Durante el neoliberalismo dicha empresa entró en territorio
de la comunidad a buscar petróleo sin autorización de la comunidad y, con
complicidad del Estado, colocó a la fuerza casi una tonelada de pentolita (un
poderoso explosivo utilizado en la prospección sísmica).
La resistencia de Sarayaku paró la actividad
petrolera. En 2003 sus habitantes denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, llegando a la Corte Interamericana
en 2010. Dos años después, este máximo tribunal resolvió a favor de Sarayaku,
un pequeño poblado amazónico que aún resiste a las petroleras y al Estado. Pero
a pesar de dichas resoluciones, el gobierno de Rafael Correa -atropellando de
nuevo la voluntad de Sarayaku- entregó parte de su territorio a la petrolera
china Petroandes.
El testimonio de Miriam Cisneros dio base para que el Tribunal Internacional por los
Derechos de la Naturaleza construyera, junto con otros casos de destrucción
ambiental en el mundo, su veredicto en contra de varios Estados irresponsables.
Este Tribunal sesionó el 7 y 8 de noviembre en Bonn, en paralelo a la Conferencia
de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP-23). Y allí se condenó varias violaciones a los Derechos de la Naturaleza
y a los Derechos Humanos en Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador,
España, EEUU, Guayana Francesa, Isla Mauricio, Nigeria, Perú, Rusia, Sudáfrica,
Suecia.
Presidió la sesión Tom Goldtooth , de la Red Indígena
Medioambiental. Como jueces actuaron Cormac Cullinan, del
Instituto de Derecho Salvaje de Sudáfrica; Osprey Orielle Lake, de la Red de
Mujeres por la Tierra y la
Acción Climática , de Estados Unidos; la italiana Simona
Fraudatario , del Tribunal Permanente de los Pueblos; Shannon
Biggs, de Movement Rights, de Estados Unidos; el senador argentino Fernando
Pino Solanas; la exdiputada alemana Ute Koczy; la keniata Ruth Nyambura ,
del Colectivo Africano de Ecofeministas; y, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente
de Ecuador. De fiscales de la acusación ejercieron Ramiro Ávila, jurista y
profesor de la
Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, y la estadunidense Linda
Sheehan , de la organización Planet
Pledge.
La primera vez que este Tribunal sesionó fue
en 2014, en Quito. Siguieron reuniones similares en Lima y Paris, ambos casos
en paralelo a las Cumbres Climáticas de Naciones Unidas, en 2014 y 2015;
también ha sesionado sobre temas específicos en Australia, Ecuador y EEUU.
En esta ocasión el Tribunal escuchó
testimonios sobre fractura hidráulica (fracking) en EEUU y Argentina;
energía nuclear en Sudáfrica con participación rusa; minería de lignito en
Alemania, solo a 50
kilómetros de la conferencia COP 23
en Bonn; extractivismos y su infraestructura en la Amazonía, como la carretera
que atraviesa el TIPNIS en Bolivia; proyectos REDD+ o similares, como
Socio-Bosque en Ecuador; monocultivos que despojan agua en Almería – España; el
impacto de los tratados de libre comercio sobre la Naturaleza. Un
tratamiento especial se dio a los defensores de la Naturaleza en EEUU (pueblo
Siux), Rusia (pueblo Shor) y Suecia (pueblo Sámi).
Durante estos dos días de intensas sesiones,
53 personas de 19 países presentaron dichas violaciones de los Derechos de la Naturaleza. Además ,
quedó evidenciado que los pueblos indígenas de todo el mundo son fundamentales
en la defensa de la Madre
Tierra , por lo que destacó su actuación en todo el proceso
del Tribunal, como expertos y testigos.
De hecho, el Tribunal enjuició a la actual
civilización capitalista: un sistema de patrones de
dominación/explotación/conflicto -como diría el gran pensador latinoamericano
Aníbal Quijano- creados por el dominio del capital en la política y la
economía, cuya expansión destruye la Naturaleza y persigue a sus defensores.
Este Tribunal exigió cambios estructurales y sistémicos para que se respeten
los Derechos Humanos y de la Naturaleza, implicando -entre otros puntos
fundamentales, como la equidad y la igualdad- la no criminalización de los
defensores de dichos derechos y la urgente desmercantilización de la
Naturaleza.
El marco jurídico referencial de este Tribunal es la Declaración Universal
de los Derechos de la
Madre Tierra , expedida en 2010 en la Cumbre de los Pueblos en
Tikipaya, Bolivia; así como la Constitución del Ecuador de 2008: la única en el
mundo que hasta ahora reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Incluso
en este Tribunal se desnudó el nefasto papel de los sistemas jurídicos
imperantes en facilitar el cambio climático y la degradación de la Naturaleza a
nivel mundial.
Este Tribunal internacional, inspirado en el Tribunal Russell
-conocido también como Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra o
Tribunal Russell-Sartre- creado en 1966 para condenar los crímenes del
imperialismo yanqui en Indochina, es una iniciativa de la sociedad civil para
reunir públicamente testimonios sobre la destrucción de la Pachamama o Madre
Tierra, así como la criminalización de sus defensores.
Es claro que cualquier acuerdo en la COP 23 y las acciones de allí
derivadas en combate del cambio climático serán estériles si los gobiernos
siguen ampliando los extractivismos, profundizando el uso de combustibles
fósiles y nucleares, permitiendo a las corporaciones aprovechar mecanismos de
resolución controversiales en los acuerdos comerciales para impedir la adopción
de medidas efectivas para proteger la vida. Ningún acuerdo alcanzado desde la
formalidad internacional enfrentará al cambio climático si sigue agudizándose
la mercantilización y la financiarización de la Pachamama: la “economía verde”
es una vía contraria a los Derechos de la Naturaleza y, por ende, a los Derechos
Humanos.
De hecho la situación se empeora
aceleradamente. Basta ver la evolución de la emisión de CO2 luego del tan promocionado (como
inútil) acuerdo de Paris en el 2015. Ese año dicha emisión fue de 3,3 partes
por millón/año, con lo que la concentración de gases de efecto invernadero
alcanzó las 403,3 partes por millón, la cifra más alta hasta ahora, de acuerdo
a datos de la Organización Meteorológica Mundial. Una
concentración de gases, que si mantuviera en ese nivel, nos afectará los
próximos mil años. Es por tanto preocupante el impacto que esta situación
provoca y seguirá provocando en los ecosistemas marinos y terrestres, con
efectos negativos para los seres humanos y para la Pachamama. Y bien
sabemos que la situación de sigue deteriorando.
En estas circunstancias, cuando los gobiernos
no asumen su responsabilidad, la sociedad civil responde -de nuevo- tomando la delantera. Así ,
mientras que la COP 23 fue un festival de falsas soluciones y de promesas sin
compromiso, la sociedad civil identifica a los responsables por sus nombres,
los sanciona éticamente y suma propuestas concretas a las luchas de
resistencia. Así este Tribunal ético es parte de una potente pedagogía
liberadora, la cual debe replicarse y ampliarse si la Humanidad no desea devenir
en su propio verdugo.
El autor es economista
ecuatoriano. Miembro del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Ex-presidente
de la Asamblea
Constituyente
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234249
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