Debate sobre la capacidad o no de
diálogo de funcionarios y empresarios con la comunidad del área de explotación
"El acuerdo
social para desarrollar la minería no existe"
12 de enero de 2020
A partir del artículo "¿Es posible
un minería sustentable", publicado el domingo anterior en el Cash, tres
investigadadores mendocinos de la Universidad de Cuyo se sumaron a la polémica. Afirman
que es difícil establecer un diálogo entre funcionarios muchas veces ligados a
empresas mineras y comunidades repetidamente estigmatizadas, engañadas y
criminalizadas.
Por Gabriel Liceaga,
Lucrecia Wagner y Nicolás Parise Schneider
En la edición del domingo anterior en el Cash, Anabel Marin sostiene
que el conflicto social y político que atravesamos en Mendoza relacionado con
la minería transnacional a gran escala abrela oportunidad de definir otra política de explotación de
los recursos naturales. Disentimos con la idea central de Marin, agregando también a
la discusión puntos de vista, experiencias y sensibilidades ausentes en ese
planteo.
El núcleo central de esa posición es el
siguiente: la minería es un sector que debe desarrollarse dada su capacidad de generar divisas y de alentar otras actividades con
posibilidades exportadoras. Este potencial del sector sería especialmente
importante en un país que atraviesa una crisis económica que se expresa en una
carestía de dólares y en el que el principal sector exportador (el agro
productor de cereales y oleaginosas) tiene un peso económico y político
exagerado. Por ello, el actual gobierno nacional debería crear instituciones y
procesos que permitan construir un acuerdo social
para el desarrollo de la actividad.
Acaso el punto más valioso del argumento sea reconocer que actualmente no existen instancias reales de diálogo entre
quienes impulsan y quienes rechazan la actividad. Frente a
ello, propone que este diálogo social debería tener “objetivos
transformadores”, lo cual puede entenderse como un llamado a que el complejo
minero-gubernamental no sólo hable, sino también escuche.
Sin embargo, la propuesta
dialogal de Marin, aunque bienintencionada, parece desconocer algunas
circunstancias, basadas en la experiencia de numerosas comunidades y
poblaciones a lo largo del país y el continente. Entre ellas cabe notar:
1. La asimetría de los supuestos hablantes. La vinculación entre empresas mineras
transnacionales y la población potencialmente afectada por sus proyectos no es
horizontal, ya que aquellas tienen la capacidad de intervenir
significativamente en la vida cotidiana de la población, aún antes de
instalarse. Se produce así lo que ha sido caracterizado como “contaminación
social”, es decir, la generación de divisiones y desigualdades al interior de
la población y el surgimiento de expectativas falsas o exageradas, sobre todo
en relación con las posibilidades laborales. Entre empresas mineras y
comunidades es difícil imaginar una habermasiana comunidad de diálogo, en la que no se
imponga el poder económico, político y mediático de las primeras.
2. La
existencia de lo que el economista catalán Martínez Alier ha denominado
“lenguajes de valoración”. El punto de vista estatal-económico (medido a escala
nacional o provincial, cuando se toman en cuenta las escasas regalías mineras)
es sólo eso: un punto de vista entre otros.Cualquier diálogo debería partir de no subestimar las
vocaciones territoriales, las historias, los intereses de los diferentes
poblados involucrados directa o indirectamente en un proyecto. Qué es
importante y qué no lo es, no puede fijarse de antemano, ni atendiendo sólo a
criterios macroeconómicos.
3. Es difícil establecer un
diálogo entre funcionarios muchas veces ligados a empresas mineras y
comunidades repetidamente estigmatizadas, engañadas y criminalizadas por su resistencia a diversos
proyectos. En muchos lugares del país existen fuertes organizaciones que llevan
cerca de 15 años lidiando con una propaganda insidiosa, con mentiras en los
medios de comunicación y con la judicialización de sus participantes. Esta
historia, por ejemplo, explica por qué la mayor parte de la población de
Mendoza, se ha manifestado en contra de la minería a gran escala en las
cabeceras de las cuencas y en áreas de reservas hídricas.
4. Las
poblaciones y organizaciones que rechazan la instalación de grandes proyectos
mineros conocen bien el tema y participan desde hace años en discusiones
públicas.
En definitiva, la discusión por la minería
transnacional a gran escala tiene ya una historia larga en el país y esta debe
ser reconocida y comprendida. El conflicto en Mendoza, sin ir más lejos,
comenzó en 2005, no en 2019. Pero desde comienzos del siglo a la fecha esta discusión
ha asumido nuevas dimensiones, sobre él se han construido identidades políticas
y territoriales; la ambientalización del conflicto social se ha profundizado.
También se han creado, en esa provincia, leyes y espacios de debate que han
demostrado que el acuerdo social para
desarrollar la minería no existe. En estos espacios, cabe mencionar, se
cuestiona duramente la propia noción de “minería sustentable”. Asimismo, la
persistente sequía en Chile y el oeste argentino constituye un agravado telón
de fondo sobre el que es necesario pensar la conveniencia y los riesgos
-también económicos- de abrir paso plenamente a la minería a gran escala. En
cualquier caso, es evidente que las problemáticas ambientales
cobran continuamente sentidos nuevos y actualizados.
Existen otras aristas que
podrían discutirse del planteo del Marin, por ejemplo, la idea de que contar con una minería más desarrollada
podría servir de contrapeso al complejo agroindustrial o su, al menos en Argentina, no
constatada capacidad de articularse con otros sectores, como las tecnologías de
la información. Pero
quizás el punto más endeble de este nuevo llamado al diálogo sea desconocer que
hay asuntos que tienen pocos matices. Andalgalá no quiere al proyecto Agua Rica
porque ya conoce a La Alumbrera; en Esquel no quieren poner en juego sus
puestos de trabajo ligados al turismo; los/as mendocinos/as no quieren
arriesgar el ya menguante caudal de sus ríos y arroyos; en Jáchal no creen en
las supuestas garantías técnicas que darían las normas internacionales puesto
que ya conviven con los derrames. Aquellas poblaciones quieren y exigen
respeto, y que su voluntad colectiva sea escuchada.
* Gabriel Liceaga: UNCuyo/Conicet.
** Lucrecia Wagner: Conicet.
*** Nicolás Parise Schneider:
UNCuyo/Conicet.
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