Sentencia
del Tribunal del Juicio Ético a las Transnacionales
10 de noviembre de 2011
Opinión
Consideraciones generales
El Juicio
Ético Popular a las Transnacionales es un proceso político pedagógico
de comunidades en lucha promovido por el proyecto “Resistencias Populares a la
Recolonización del Continente” que comprende, junto al Centro de Investigación
y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL) y al Equipo
de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, diversos colectivos y organizaciones
populares, organismos de derechos humanos e intelectuales de Nuestra América.
El Juicio
Ético Popular enjuicia a las corporaciones transnacionales, por ser
operadoras centrales del extractivismo, del despojo de los bienes de la
naturaleza y de los derechos de las poblaciones, y al sistema capitalista
patriarcal, neocolonial, del que son eslabones claves.
El proceso de investigación-acción en el que se constituyeron los
fundamentos de este Juicio Ético Popular, se articuló en las audiencias previas
de:
- Trelew – 16 y 17 de septiembre del 2011 – Audiencia del
Juicio Ético en Patagonia
- San Miguel de Tucumán– 23 al 25 de septiembre del 2011 – Audiencia del
Juicio Ético en el Noroeste Argentino (NOA).
- Wanda– 30 de septiembre y 1 de octubre del 2011 – Audiencia
del Juicio Ético en la
Triple Frontera
En estas audiencias fueron juzgadas: Minera La Alumbrera YMAD UTE ,
Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Repsol, Ledesma
SA., Río Tinto – Vale S.A. y PRC S.A. (Potasio Río Colorado SA), Proyecto
Navidad (Pan American Silver), Pan American Energy, Grupo Cargill, Alto Paraná.
Ledesma S.A.A.I., corporación de capitales de origen
argentinos, fue incluida en este Juicio por sus vínculos y sociedades con las
corporaciones transnacionales, porque reproduce sus métodos productivos y
estilo empresarial, y porque es un caso emblemático -como grupo de poder
económico civil-, en su complicidad con la desaparición, tortura y asesinatos
de luchadores sociales cometidos por la dictadura cívico militar de 1976-1983,
así como con la represión y criminalización de los movimientos populares en la
actualidad.
En la última audiencia, la fiscalía pidió que se agregue la condena a
corporaciones transnacionales productoras de agrotóxicos, sumando a Monsanto, a
las empresas Novartis, Syngenta,
Bayer, y a las empresas farmacéuticas
comoBig Pharma, por la realización de investigaciones clínicas de sus
nuevos productos con la sangre, el
dolor y la vida de más de 50.000 argentinos y argentinas.
Por qué un Juicio Ético Popular
En el
sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la
defensa de la propiedad privada, de la ganancia capitalista, del orden
patriarcal y racista, antes que del cuidado de las personas, de las poblaciones,
de las generaciones futuras y de los territorios que sufren las consecuencias
de dicho orden.
Esa
“justicia” criminaliza sistemáticamente a los y las pobres, a quienes protestan
ante las injusticias, a quienes se organizan y se rebelan. Cuestionarla desde
la ética es señalar los límites de su accionar y los intereses a los
que sirve.
Es desde esa
perspectiva, basada no en los marcos actuales de legalidad sino en el concepto
profundo de legitimidad, de reivindicación histórica de los derechos del pueblo
y de la naturaleza, que se ha constituido este Tribunal Ético Popular.
El Juicio Ético Popular tiene un sentido preciso y profundamente humano: la salvaguarda de la
vida y su reproducción actual y futura en todas sus dimensiones e implicancias.
El criterio de discernimiento
de lo más ético o lo menos ético radica en la vida: antiético es lo
que aniquila o tiende en el mediano y largo plazo a aniquilar la
vida. Partimos de una interpretación de la vida deudora de la relación que
los pueblos originarios mantienen con la naturaleza, la idea de “buen
vivir”.
El peligro mayor para la supervivencia humana está hoy en la
globalización fundamentalista de los mercados preparada por las sangrientas
dictaduras militares, que continuó en democracia con los mismos argumentos de
“favorecer el desarrollo y el progreso”.
A más de 500 años de colonización y recolonización del continente, este
Tribunal sostiene que no es lo mismo vivir “de” la naturaleza que vivir “con” y
“en” la Naturaleza.
Sin embargo, en defensa de los cometidos insaciables de las
empresas transnacionales, y en un marco de profundización de la lógica
capitalista y de expansión de las fronteras de explotación, se destruye el
medio ambiente y se tiende a acabar a pueblos enteros, a comunidades indígenas
y criollas campesinas que hoy parecen ser consideradas “poblaciones sobrantes”
de la sociedad.
Si la
enajenación de la Justicia forma parte de la expropiación estructural del orden
neocolonial capitalista, un Juicio Ético Popular contra sus
principales operadores -en el contexto de los Bicentenarios independentistas de
Nuestra América-, tiene por finalidad apoyar las luchas contra-coloniales, y
abrir nuevas brechas de emancipación.
Este Juicio afirma
su carácter popular por los intereses que defiende, por las
luchas de las que nace, y porque está hecho por y para los movimientos
que reivindican la capacidad del pueblo y de sus organizaciones para
ejercitar sus propias maneras de valorar lo justo y lo injusto.
Afirmado
como propuesta de justicia de los oprimidos y oprimidas, este Tribunal
Ético Popular hará llegar los informes sobre los casos juzgados y
las sentencias a las comunidades en lucha, para compartir los aprendizajes, los
conocimientos creados colectivamente, y utilizarlos en respaldo a las demandas.
Los hará llegar también a los poderes políticos y judiciales, a los medios de
comunicación y a la sociedad, para fortalecer las resistencias de los
movimientos populares que sufren de modo especial las consecuencias de estas
políticas.
Algunas
consideraciones sobre el modo de acumulación capitalista actual
En Nuestra América, el actual modelo de desarrollo responde a una nueva
fase de acumulación del capital, producto de
la división del trabajo territorial y global, a partir del cual nuestros países
han sido designados como proveedores de materias primas y bienes de consumo a
los países del Norte y a las potencias emergentes (China, India, y el propio
Brasil). Como en otras épocas históricas, América Latina aparece como
continente exportador de bienes de la naturaleza, lo cual reconfigura
negativamente nuestros territorios, destruye formas de vida, y genera nuevos
modelos de dominación a una escala nunca antes pensada.
A medida que se fueron ampliando la cantidad de proyectos extractivos y las
superficies territoriales intervenidas, los conflictos provocados por los
mismos no han cesado de crecer. Cada proyecto desencadena un conflicto que no
termina, ni aún cuando sea momentáneamente paralizado, o cuando se hubiere
agotado el ciclo de vida de la explotación. La conflictividad tiene, como los
pasivos ambientales, una sobrevida que excede largamente la del período de
explotación.
Algunas de las características de este modo de acumulación capitalista,
basado en un modelo de desposesión, extractivista, reprimarizador son:
- La importanteconcentración del capital -tanto en el plano de la producción y
comercialización de las materias primas, como en
el de la comercialización y distribución de sus productos- a través de un proceso de fusión y absorción en unas
pocas grandes empresas.
- Los gobiernos abren las puertas de los países a las
inversiones del gran capital extranjero, y hasta las subsidian con
el presupuesto nacional, colocando el
aparato del Estado al servicio de éstas. Las facilidades que viabilizan el
saqueo, se han convertido en “políticas de Estado”. La normativa jurídica y la
política fiscal (fundamentalmente la exención de impuestos), son fuentes que
favorecieron su expansión y consolidación.
- La Iniciativa
de Integración Regional Sudamericana (IIRSA) provee gran parte de la infraestructura
necesaria para interconectar las periferias con los puertos exportadores,
proveyendo los caminos más cortos para el traslado de los bienes comunes
naturales. Con ese fin se destruye la cordillera, se hacen navegables los ríos
para el traslado de grandes cargamentos, provocando daños irreversibles en el
ecosistema y en su biodiversidad irrepetible, en función de favorecer el
comercio y obtener grandes ganancias. Se construyen faraónicas usinas de
energía para uso extractivista de las corporaciones, que endeudan aún más a los
países del Sur e impactan de manera degradante en el medio y en las
poblaciones, generando gigantescas diásporas sociales. Son las nuevas venas
abiertas que delinean “las vías del saqueo”.
- La alta concentración de las tierras. A través de grandes inversiones agrícolas,
forestales, mineras, el capital se apropia de grandes extensiones de tierra y
fuentes de agua, muchas veces a costa de la expulsión de poblaciones del
interior, pueblos originarios y comunidades campesinas. Como ejemplo
denuncia la fiscalía popular de Alto Paraná que: “La compañía que
concentra la mayor cantidad de tierras es Alto Paraná, propietaria de 230 mil
hectáreas de tierras en Misiones. A esa cantidad deben sumarse los territorios
explotados por medio de testaferros, arrendamientos de tierra y otros tipos de
manejo de la tierra, con lo que la firma trasandina supera las 280 mil
hectáreas, lo que equivale al 10 por ciento de la superficie total de la
provincia de Misiones”.
- La consolidación del agronegocio implica la presencia de una cadena de
corporaciones transnacionales,cuyos roles
abarcan desde la provisión de semillas hasta la venta de productos en los
hipermercados, incluyendo la construcción de la infraestructura necesaria que
permite el traslado de las materias primas hacia los países importadores. La amplia
variedad de inversiones que realizan las empresasse
puede ejemplificar con la transnacional Cargill, que se dedica al procesamiento y comercialización de
oleaginosas y de cebada, y que a su vez ha construido frigoríficos y
molinos harineros, además de puertos, caminos, hidrovías (parte de la Iniciativa IIRSA )
así como una extensa red de acopios. Informa la fiscalía popular de Monsanto
que: “A este creciente control sobre un proceso determinado en la
cadena del agronegocio, se agrega el hecho de que las mayores transnacionales
participan a la vez en varias de estas etapas, logrando ampliar su control
sobre el sistema global y, por ende, acaparando un mayor volumen de negocios,
obteniendo más ventas e incrementando exponencialmente sus ganancias”.
- El control de las semillasy de los plaguicidas
asociados a ellas ha impuesto un paquete
tecnológico que incluye la producción, la venta, el control y la imposición de
semillas transgénicaspor parte de unas pocas compañías transnacionales, entre
las que merecen destacarse además de la estadounidense Monsanto que tiene un control del 23% del comercio de semillas
a nivel mundial, las empresas Novertis, Syngenta y Bayer.
Monsanto patentó variedades de cultivos -soja y algodón transgénicos,
maíz BT y colza modificada genéticamente- con el fin de controlar los mercados,
generando un alarmante proceso de mercantilización de la vida y de destrucción
de la biodiversidad, desconocido hasta hace unas décadas.
- El desarrollo de los monocultivos cuyo destino es fundamentalmente la exportación, no
sólo somete a los pueblos a la dependencia del monopolio de semillas, sino que
además atenta contra la soberanía alimentaria, al provocar que muchas tierras
que se destinaban a la producción de alimentos, ahora se utilicen para cultivos
de exportación. En un momento en el que en el mundo hay mil
millones de seres humanos padeciendo hambre, se reduce la producción de
alimentos, se destinan tierras al cultivo de agrocombustibles, se encarece el
precio de los alimentos y crecenlas ganancias extraordinarias de las
corporaciones transnacionales.
- Ladeforestación del monte nativo. La abrupta expansión de las fronteras del capital
verificada en las últimas décadas se ha realizado a costa de sacrificar el
monte nativo. La expansión de la superficie sojera, minera y forestal ha
implicado una gravosa pérdida de bosques nativos y la consecuente pérdida de
biodiversidad y desplazamiento de poblaciones cuyas estrategias de vida están
íntimamente ligadas al monte. Un caso particularmente engañoso es la promoción
de programas de forestación que terminan implantando grandes extensiones de
monocultivos forestales.En la mayoría de los casos la “forestación”
implica deforestación previa de monte nativo. Informa la fiscalía de Alto
Paraná: “En Misiones se talan más de 30 hectáreas de monte
por día y desaparecen 12 mil hectáreas cada año”.
- Ladestrucción de la agricultura campesina y familiar. El modelo de agronegocios presenta un carácter
excluyente, pues su avance vertiginoso, su expansión descontrolada, desborda
cualquier frontera e impide que las comunidades campesinas e indígenas
desarrollen sus formas tradicionales
de cultivo.
- A través
de un proceso de integración vertical de los distintos rubros de inversiones,
se haimpuesto un modelo
agroalimentario hegemónico, en el que la
alimentación transformada en mercancía es un mecanismo de control de nuestras
vidas por parte de las grandes
corporaciones transnacionales, que dominan la producción, comercialización y
distribución de alimentos a escala mundial, determinando qué, cómo, cuánto,
dónde, para qué y para quién se va a producir.
- La articulación entre diferentes explotaciones extractivas permite consolidar el modelo económico imperante. Un
ejemplo es el acuerdo Vale-Repsol para la provisión del gas necesario para
explotar el Proyecto Potasio Río Colorado. A lo largo de este juicio se ha
podido constatar que dicho emprendimiento tiene como objetivo abastecer a las
producciones de soja, caña de azúcar y palma aceitera en Brasil, contribuyendo,
de este modo, al desarrollo de los agronegocios y la tendencia al monocultivo,
en especial de la producción de agrocombustibles. Así, este proyecto contribuye
activamente al desmonte de la región amazónica y el Matto Grosso y, junto con
ello, a la desertificación de uno de los pulmones del planeta.
- Laexpansión
de la frontera de la explotación hidrocarburífera y minera configura
un escenario que favorece a las operadoras privadas, acentúa las asimetrías ya
existentes, aumentando su capacidad de negociación y chantaje frente a las
poblaciones. Desde el año 1993 hasta la fecha asistimos, en Argentina, a la
cristalización de un modelo altamente favorable al capital extranjero, gracias
a la consolidación de un marco legal que transfirió nuevas prerrogativas a las
provincias, política prácticamente inédita y a contramano de la tendencia a
nivel mundial. De esta manera, se agigantó la capacidad de negociación de
las operadoras privadas.
Profundizando
las políticas extractivistas del sector, en los últimos años han comenzado las
explotaciones no convencionales, entre las cuales se destaca el shale gas o gas
de pizarra que se obtiene a partir de la explotación del esquisto, una roca
sedimentaria formada a partir de depósitos de lodo, cieno, arcilla y materia
orgánica. Este tipo de explotaciones han cobrado relevancia a partir de un
contexto económico favorable, producto del aumento del precio de los
hidrocarburos, la irreversible declinación de las reservas tradicionales, y los
avances tecnológicos que hacen posible la utilización de técnicas más
sofisticadas. Las explotaciones no convencionales implican un mayor despliegue
territorial y la utilización de compuestos químicos que son fuente de
contaminación.
- La expansión
de la megaminería a cielo abierto es otra característica del actual
modelo de acumulación. La existencia cada vez más limitada de minerales de
superficie y de alta ley, ha generado la utilización de un método de extracción
que permite obtener el mineral diseminado, mediante la llamada “minería a cielo
abierto”, que implica la realización de enormes perforaciones (“open pif”) a
través de voladuras con explosivos, grandes maquinarias para la extracción y
trituración de las rocas, el transporte del mineral y la utilización de
sustancias tóxicas que permiten separar (lixiviar) y obtener el mineral. Es un
método altamente destructivo que utiliza ingentes volúmenes de agua y de
energía, en detrimento de regiones que padecen sequías y éxodo poblacional. Se
trata de minería a gran escala, de megaemprendimientos, una actividad que
consume enormes cantidades de agua y energía, y por ende compite por tierra y
recursos hídricos con otras actividades económicas (agricultura, ganadería,
turismo). En cuanto al consumo de energía, por ejemplo, informa la fiscalía de
Minera Alumbrera que ésta “utiliza casi el doble de la energía (175%) que el
total de la energía consumida por todo concepto por la provincia en su
conjunto. Las familias catamarqueñas utilizan sólo el 21 % de la energía
consumida por Minera Alumbrera. Esta situación se viene traduciendo en cortes
de energía sistemáticos, sumados a problemas de tensión y a restricciones en el
consumo en las épocas de mayor demanda energética, generalmente en los días de
temperaturas extremas en los inviernos, y en especial en los rigurosos veranos
de la zona”. Dada la envergadura de los emprendimientos, éstos tienden a
desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones desplazando economías
regionales pre-existentes. Por ende, es una actividad económica claramente
asociada con el saqueo, la contaminación y la destrucción de los territorios,
que viene expandiéndose en nuestro país y en otros muchos de nuestro
continente.
El control
de la palabra y de la comunicación
La
dominación de los capitales transnacionales y la creación de hegemonía política
del bloque de poder que sustenta al modelo se constituyen a través del control
de la palabra, de los mecanismos de “construcción de verdad”, de la
comunicación y difusión de mensajes que promueven el consumismo, la exaltación
del mercado, la violencia, en medios de uniformar las maneras de ver el mundo.
Es alarmante la difusión de imágenes degradantes de las mujeres, la
reproducción de estereotipos sexistas, la proliferación de la pornografía a
través de las nuevas tecnologías informáticas, que aumentan la capacidad de
maniobra de las redes de trata y de prostitución.
Este
Tribunal considera necesario llamar la atención sobre el papel de las
corporaciones de la comunicación y de la informática, alertando que:
- A pesar de
sus inmensas ganancias, el derecho a la comunicación no está garantizado para
los sectores populares excluidos de la sociedad.
- Algunas de
las grandes corporaciones de la comunicación y la informática actúan en el
mundo como aliadas del poder global militarizado, de sus servicios de
inteligencia y de información, e incluso están constituidas por empresas
creadas desde estos centros. Gran parte de la tecnología que utilizan, por
ejemplo el sistema de mapeo, de reconocimiento facial, el desarrollo de un
software de prospección de redes sociales, fueron desarrolladas por empresas
que recibieron financiamiento de la CIA. Muchas de las informaciones, comunicaciones
e imágenes que estas corporaciones circulan, fueron puestas al servicio de los
procesos de criminalización de los movimientos sociales y de control de las
protestas.
- En el
espacio virtual, todos los sistemas de redes sociales utilizan mecanismos para
la detección de lo que llaman tendencias y sentimientos. Estamos asistiendo a
un proceso de profundas transformaciones en nuestras relaciones de comunicación
y en la cultura. Desde
hace mucho tiempo el espacio público ha sido el espacio central de la
construcción política. Ahora asistimos a una privatización del espacio público.
El control en el espacio inmaterial, en el ciberespacio, está fundado en la
posibilidad de detectar y anticipar lo que va a suceder, donde coinciden los
intereses de control de los estados con los de las corporaciones.
- Las
corporaciones de la comunicación tienen las actitudes características de toda
empresa monopólica: crear estándares propios, garantizar obsolescencia
programada, profundizando los marcos del actual modelo de consumo. Tienen
mecanismos para garantizar que su clientela quede cautiva.
- La
dirección en que va apuntada la demanda y el consumo sobre estos bienes
inmateriales, se relaciona con la dilapidación de recursos materiales. Esto
impacta en el mundo material y en la vida de la gente. El óxido de
tantalio que está en cada celular cuesta vidas humanas. Las guerras de baja
intensidad en el África Occidental se producen por conseguir este tipo de
recursos. Las corporaciones de lo inmaterial tienen sus raíces puestas en el
mundo material, y profundizan nuestra dependencia hacia modelos de consumo
insostenibles.
Militarización,
intervencionismo, golpes de estado
Las corporaciones transnacionales promueven la militarización de los
territorios en los que están actuando, el intervencionismo y las invasiones
armadas, la desestabilización de los gobiernos, los golpes de estado, los
conflictos entre países, las acciones de inteligencia y contrainteligencia, las
guerras de baja, media y alta intensidad, anulando la soberanía y la
autodeterminación de los pueblos.
Ha sido evidente la posición de las corporaciones petroleras,
farmacéuticas, hidroeléctricas, del agronegocio, compañías fruteras, mineras,
de la telefonía celular, junto con los monocultivos de la palma africana, la
conspiración de las maquilas, en el golpe de estado de Honduras. La dictadura
cívico militar que emergió del mismo, recibió y continúa recibiendo el respaldo
de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el BID, y
las instancias financieras de la Unión Europea.
El golpe de estado se propuso restaurar los privilegios de las
corporaciones, sacando a Honduras del proceso de integración en el ALBA e
incluyéndola en las iniciativas de integración subordinadas al poder
norteamericano y europeo como los Tratados de Libre Comercio y el Plan Mérida.
Desde entonces, sigue creciendo la militarización, el paramilitarismo, las
agencias de seguridad, el narcotráfico, el sicariato, la intervención de militares
colombianos y salvadoreños en operativos represivos, la presencia militar
norteamericana a través del incremento de las bases militares y de la
participación directa en operativos de represión. Todos los días se producen
asesinatos, torturas y otras formas de agresión, especialmente contra las
comunidades campesinas, indígenas, garífunas, negras. En los años posteriores
al golpe de estado, han crecido brutalmente los femicidios, la violencia contra
las mujeres, los y las jóvenes, el asesinato de integrantes de la comunidad
lgttbi. Hay una especial agresión contra la libertad de expresión, que se
manifiesta en los asesinatos de periodistas y los ataques a las radios
comunitarias.
Estos hechos siguen en total impunidad y se agrava la represión que
sufre el pueblo hondureño. Tienen responsabilidad, en esta situación, los
gobiernos que han votado por el reingreso de Honduras a la OEA, a las
instancias de integración centroamericana, dando una imagen de retorno a la
“normalidad”, que no se condice con la grave situación que vive este pueblo.
En Colombia, el avance del militarismo, la instalación de nuevas bases y
operativos militares y paramilitares se dan en paralelo al crecimiento de la
inversión extranjera, de la implementación de un modelo económico a favor de
las empresas transnacionales, que se han instalado a sangre y fuego en contra
de los derechos de los pueblos a la soberanía y al territorio. Esto se
materializa con la incursión de Colombia en las grandes corrientes comerciales
mundiales a partir de los Tratados de Libre Comercio, como el firmado
recientemente con EE.UU.
Algunos de los impactos generados por las corporaciones transnacionales
en Colombia son: privatización de los servicios públicos, precarización del
trabajo (se denunció que hay 30.000 trabajadores precarizados en la industria
petrolera), concentración de la tierra (64,7% de la tierra está en manos del
0,4% de los terratenientes), destrucción del medio ambiente y la biodiversidad. Es
alarmante la denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos: 4 millones
de desplazados (10% de la población), 50.000 desaparecidos en los últimos cinco
años, 7.500 detenidos y detenidas políticas.
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