Muertes wichí: «Dejar morir» es violencia estatal
30 enero 2020
Una mujer
embarazada y un niño, ambos wichí, fallecieron esta semana. Se suman a una
cruel lista producto de las condiciones a las que son sometidas las comunidades
indígenas en nuestro país y en Salta en particular. Mientras tanto, el Estado
provincial responde con discursos que niegan su responsabilidad y estigmatiza a
las víctimas. Muertes evitables que responden a un proceso más complejo que la
actual crisis económica argentina y con responsabilidades compartidas entre una
provincia que abreva en el racismo y un modelo histórico de empresariado
terrateniente, desmontes, y persecutorio de los pueblos originarios
“Los
ocultan en el monte para que no los atiendan”. “Son comunidades cerradas que no
aceptan ayuda”. “Sólo se puede ingresar con la policía”.
El
domingo se murió un niño wichí en Salta. Uno más. Y el secretario de Salud
Pública de la provincia, Antonio de los Ríos, culpa a sus familias y, por
extensión, a las comunidades indígenas.
Los
niños y niñas wichí mueren por enfermedades curables y por desnutrición, pero
antes de eso, comienzan a morir por frases como la del secretario de salud
salteño. Frases que reproducen las prácticas de racismo del Estado y producen
un tipo de otredad y negatividad sobre las comunidades indígenas que luego
tienen consecuencias en los centros de atención de salud, en las escuelas, en
el sentido común de la sociedad, en los desalojos.
Se
resalta la pertenencia étnica, el hecho de ser wichí, porque las muertes
encuentran una de sus causas en su identidad originaria y en las respuestas
diferenciales, deficientes, que el Estado brinda por esa condición.
Cuando
desde el Estado provincial hablan de «esos wichí» que esconden a sus hijos
definen una extrañeza, un “otro”, un grupo de personas diferentes de un
“nosotros”, blanco y occidental.
Y
en ese vínculo no hay un reconocimiento de la diferencia intercultural, un
reconocerse distintos para escucharse y plantear prácticas de salud inclusivas,
sino que hay un ejercicio del poder que les niega el acceso a atención púbica.
Los
niños fallecidos son de comunidades que viven en parajes cercanos a
Embarcación, Orán, Santa Victoria
Este y Tartagal. Es en el Este de la provincia de Salta.
También
murió en su casa una mujer embarazada en la comunidad wichí en Santa Victoria Este. Y su bebé fue trasladado al hospital
de Tartagal.
El
gobierno provincial declaró la emergencia socio sanitaria. Pero las pésimas
condiciones de vida a las que son sometidas los pueblos indígenas en la región
no son una sorpresa para nadie. Denuncias de las propias comunidades, de
organizaciones sociales y las propias estadísticas estatales dan cuenta de un
violento proceso de invisibilización y negación.
Un
proceso que deja al desnudo la falta de acceso a la salud pública y a los
derechos básicos; en una de las provincias con mayores denuncias por desmontes
indiscriminados y violación a la Ley de Bosques y por el “desarrollo” de un
modelo de primarización de la agricultura basado en agrotóxicos en los que las
comunidades indígenas son unas de sus principales víctimas.
Víctimas
porque son desalojadas para que esas tierras sean privatizadas, por condiciones
de explotación laboral (una repetición histórica del trabajo semiesclavo de
indígenas en los ingenios salteños y jujeños desde fines del siglo XIX), por
envenenamiento por contaminación de agua y suelos y también, por el armado de
causas judiciales que terminan con dirigentes wichí presos cuando hacen
denuncias públicas.
Justamente,
el niño fallecido el domingo era de la comunidad indígena de El Tráfico, en el
municipio de Embarcación, donde seis personas de la comunidad estuvieron
arbitrariamente detenidas a inicios de enero y denunciaron violencia policial y
torturas.
Los
dueños de esos poderes económicos privados también son responsables civiles de
esas muertes en tanto en esos pueblos se transforman en amos y señores de la vida. Y sobre todo, de la
muerte.
Cómo
afirmaba Michel Foucault, el Estado moderno capitalista tiene la facultad de
«hacer vivir y dejar morir». Y “dejar morir” es una acción, no es un acto de
omisión, una muerte sin querer, ni una consecuencia no deseada de un modelo
económico y social.
Desde
el gobierno de la provincia de Salta, ahora cargo del gobernador Gustavo Sáenz y durante los últimos doce años de
Juan Manuel Urtubey, culparon de diversos modos a las comunidades indígenas
víctimas.
Pero
las comunidades “no se esconden en los montes” como afirmó el secretario de
Salud, Antonio de los Ríos. A los montes los habitan.
Las
comunidades no “son reacias a la atención médica” y por esa razón “ocultan a
sus enfermos”. Le temen a un sistema que las discrimina y estigmatiza. A un
sistema de salud fantasmal que cuando aparece, lo hace con prácticas violentas,
racistas e inconsultas.
Las
comunidades “no se encierran en su cultura”. Proponen un diálogo para buscar
soluciones conjuntas que tengan en cuenta la interculturalidad y no
resoluciones paternalistas urgentes, efímeras, unilaterales y forzadas.
No
es que las comunidades deban entender que “ya no sirve seguir sosteniendo
costumbres que las llevan a la muerte” y que por eso “tienen gastroenteritis o
se deshidratan”. Hace años que reclaman al gobierno provincial por el acceso a
agua potable y no son escuchadas.
Transformar
a las víctimas en culpables es una práctica discursiva que no es novedosa. Para
las comunidades indígenas fue moneda corriente durante el proceso de
conformación del Estado argentino.
Sus
territorios, y a las familias que los habitaban, “debieron” ser violentados por
no encuadrar en el modelo propuesto y ejecutado por las clases dominantes.
Fueron
culpables de hablar otras lenguas, de sus diversidades étnicas, de sus
culturas. Eran el “desorden y pasado” para el proyecto de “orden y progreso”
organizado a punta de armas, asesinatos masivos, y traslados forzados.
Esas
comunidades wichí que hoy sufren las muertes evitables de sus hijos e hijas,
algo imperdonable en las condiciones tecnológicas de la salud en el siglo XXI, siguen
siendo culpadas por la violencia estatal que se ejerce sobre ellas.
Hay
muchas muertes más que se dan en las comunidades por las pésimas condiciones de
vida y por desnutrición pero cuyas actas de defunción figuran como paro
cardiorespiratorio o shock séptico y que funcionan como eufemismos para ocultar
las verdaderas causas en las estadísticas oficiales.
Para
que las prácticas estatales no continúen “dejando morir” a las comunidades
indígenas una de las formas es escuchar lo que tienen para decir. La
interculturalidad aparece como una práctica llena de posibilidades, pero para
eso hay que hacerse cargo del racismo y la discriminación que cruza las
relaciones sociales entre los pueblos indígenas y el poder del Estado.
Ahora
es momento de la urgencia de las muertes, pero con un Estado que siga teniendo
una mirada de no reconocimiento pleno de las comunidades indígenas como sujetos
de derecho y sin considerarlas como interlocutoras legítimamente válidas para
que sean también parte de qué respuestas dar en la emergencia socio sanitaria,
la lista lamentablemente va a seguir creciendo. Ya sea por desnutrición,
enfermedades curables y también, además, por violencia física y represiones.
Porque también ahí hay una discrecionalidad de la violencia estatal por pertenencia
étnica.
El
secretario de salud de la provincia de Salta, Antonio de los Ríos, dijo -en
medio de todas las muertes de bebés y niños wichí- “que esto ocurre por
múltiples factores relacionados con la forma de vida de las comunidades
aborígenes, especialmente wichí, que son reacias a la atención médica”.
Es
una frase que trae el recuerdo de otra que también fue utilizada para
estigmatizar. En las palabras del secretario de salud salteño resuenan
discursos que dejan entrever que si los que mueren son wichí, es “porque algo
habrán hecho.”
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Muertes-wichi-Dejar-morir-es-violencia-estatal
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