Petróleo y medioambiente,
el caso
de Argentina
12 de octubre de 2017
Por Hernán Scandizzo*
La creación del
Observatorio Petrolero Sur (OPSur), en 2008, está estrechamente vinculada con
el eje de intervención que nos proponemos. Surgimos con el objetivo de
incorporar el abordaje socioambiental a la lucha de movimientos sociales,
organizaciones sindicales y políticas por la estatización de YPF, el control
público de los hidrocarburos y la apropiación social de la renta. Si bien por esos
años las movilizaciones contra la megaminería y el agronegocio, entre otras,
habían puesto la perspectiva socioambiental en la agenda pública, la crítica no
alcanzaba a los hidrocarburos y la matriz energética dependiente, casi en su
totalidad, de los combustibles fósiles. Eso a pesar de que desde mediados de la
década de 1990 el Pueblo Mapuche en la provincia de Neuquén batallaba para
frenar el avance de la explotación de hidrocarburos sobre sus territorios; y de
que las comunidades kolla de Orán se habían movilizado -por esos mismos años-
contra el tendido del gasoducto NorAndino.
Las comunidades del
Pueblo Kolla planteaban la defensa de sus territorios y la protección de las
selvas de yungas, y por esos años se dio una articulación con una organización
ecologista internacional, que también había incorporado a su agenda la lucha
para cambiar la traza del gasoducto, aunque ponía el foco en el impacto sobre
el hábitat los yaguareté, una especie amenazada. El foco en el impacto de la
actividad hidrocarburífera sobre la vida silvestre no se dio sólo en ese caso,
sino que era el enfoque habitual, por ejemplo, en las coberturas periodísticas
de los primeros años ’90. Lo verde, lo ambiental, lo eco, ocupaba un lugar en
la grilla de los medios masivos o,
por lo menos, de la prensa porteña. Otro caso más emblemático que el de los
yaguareté de las yungas, es el de la aparición masiva de pingüinos empetrolados
en las costas del Atlántico Sur, por el vertido de crudo al mar. También estuvo
en discusión el impacto de las piletas de purga, cavadas junto a los pozos, que
se transformaban en trampas mortales para la fauna, principalmente las aves que
las confundían con espejos de agua en sus rutas migratorias.
Los cuestionamientos a prácticas muy
extendidas, como el vertido de restos de crudo al mar al preparar las bodegas
de los buques para la carga de petróleo, el uso de piletas de purga sin
protección o la irrupción en los territorios para desplegar la infraestructura
demandada por la actividad hidrocarburífera, logran masividad / centralidad en
la agenda periodística por esos años, principalmente, en función de las
afectaciones a la vida silvestre. Sin embargo la aparición de pingüinos
empetrolados no era una novedad para los habitantes de las localidades del
litoral atlántico, aunque sí la masividad. Pero no sólo los pingüinos se
empetrolaban sino también las personas que se zambullían en el mar en las
playas de Comodoro Rivadavia. El crudo en los cuerpos estaba naturalizado, se
quitaba con aceite de cocina. El contacto con el petróleo, “empetrolarse”, no
era percibido como riesgoso para las personas. La imagen de los pingüinos
empetrolados funcionó como la carta de presentación de un hecho no sólo
noticiable sino también novedoso: “el petróleo afecta a la Naturaleza”; pero,
cabe destacar, era una Naturaleza que no incluía a los seres humanos. Una
percepción bastante extendida aún hoy.
Pingüinos y
liberalización del sector
Vale la pena hacer
un paréntesis en la referencia a los pingüinos empetrolados y poner de relieve
un dato que, tal vez no ocupa un lugar central en la memoria de aquellos
sucesos. Qué expresaba la aparición masiva de pingüinos en esas condiciones,
dado que en la memoria de las poblaciones costeras, la aparición de pingüinos
empetrolados o de personas manchadas de crudo luego de un baño en el mar eran
parte del cotidiano. Según investigaciones posteriores, eran un emergente del
proceso de privatizaciones y liberalización del mercado hidrocarburífero. Según
una investigación realizada por el biólogo Pablo García Borboroglu, del Centro
Nacional Patagónico —dependiente del Conicet— y su colega Dee Boersma, de la
Universidad de Washington, al analizar los relevamientos de 26 instituciones
que registran y/o rehabilitan aves marinas empetroladas, desde Fortaleza
(Brasil) hasta San Antonio Oeste (Argentina), a la luz de los datos de
explotación y comercio de crudo, los autores observaron “un dramático
incremento [de pingüinos empetrolados] a mediados de los 90, coincidente con el
crecimiento exponencial de exportaciones de petróleo en Argentina”.1
Pueblos empetrolados
Por esos mismos años
también tomaron estado público dos casos de “poblaciones empetroladas”, que no
son tan recordados como los pingüinos: se trata de las comunidades mapuche
Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma La Lata (Neuquén), y de la localidad santacruceña
de Koluel Kaike; en ambos se denunció la contaminación con hidrocarburos de las
aguas subterráneas utilizadas para consumo. Quizá esos olvidos -o mejor dicho,
que los casos de las poblaciones empetroladas no sean tan recordados como el de
los pingüinos, a pesar de que también tuvieron cobertura mediática-, de alguna
manera habilitan a que se repitan situaciones similares, como las denunciadas
por vecinos de Caleta Córdova tras el derrame de crudo de diciembre de 2007, e
incluso también se cuestione la legitimidad de las personas empetroladas que
demandan que se garanticen sus derechos.
·
Loma La Lata
Loma La Lata (LLL)
dista 100 km
al norte de Neuquén capital, allí se explota el yacimiento gasífero más
importante del país. Su descubrimiento y puesta en explotación, a cargo de YPF
estatal en 1978, fue punto de inflexión para la economía neuquina, marcó la
preeminencia de la provincia en el sector.
Este yacimiento
abarca 8 mil hectáreas de las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ. En 1995
los Paynemil constataron que el agua de las napas que extraían para consumo
tenía una particularidad: era inflamable -luego se confirmó una alta presencia
de hidrocarburos. Al año siguiente el Estado provincial constató que los
pobladores tenían 17 tipos metales pesados en sus cuerpos, principalmente
plomo, cadmio y mercurio.
En 1997 la Defensora
del Niño y el Adolescente de Neuquén, Nara Osés, denunció al Estado provincial
por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la población. Obtuvo
un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, pero la
inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos –instancia que aceptó la denuncia e intimó a la provincia y
Repsol-YPF a tomar medidas concretas: garantizar la provisión de agua segura.
Mientras tanto, en la Justicia sigue abierta la causa por la remediación
ambiental.2
Las demandas contra
la provincia y la principal operadora del yacimiento no impidieron que en el
2000 se prorrogara por 10 años a Repsol-YPF la concesión de LLL, que vencía en
2017. Dos años más tarde, en 2002, se registró en la comunidad Kaxipayiñ
un caso de anencefalia.3
A pesar de la exposición crónica al riesgo
tóxico que implica vivir en un yacimiento en explotación, los denuncias de la comunidad Kaxipayiñ
y particularmente la figura de su werken (vocero político), Gabriel Cherqui,
están instalado en el imaginario neuquino como el paradigma del mapuche que
realiza denuncias ambientales y demandas territoriales para obtener réditos
económicos.4 Un
estigma que se viene abonando desde hace casi dos décadas y que fue reafirmado
recientemente en el programa televisivo del periodista Jorge Lanata,5 y
al que también echaron mano funcionarios kirchneristas para descalificar la
posición mapuche durante el debate por el pago de la indemnización a Repsol,
tras la expropiación de YPF.6 Del
deterioro de la salud de los comuneros y la degradación de su territorio casi
no hay memoria, como si se tratara de un dato poco relevante.
·
Koluel Kaike
En 1999, a partir de una causa
judicial iniciada por un estudio jurídico de Buenos Aires en el juzgado federal
de Comodoro Rivadavia (Chubut), tomó estado público la situación ambiental de
Koluel Kaike, derivada de la explotación del área Piedra Clavada por parte de
la empresa PAE.7 A
partir de una serie de pericias ordenadas por la justicia se determinó que la
población de la localidad del norte de Santa Cruz estaba expuesta a compuestos
tóxicos acumulados en el suelo y aguas subterráneas. El caso se instaló en la
agenda pública y desde el Senado de la Nación en dos oportunidades se
presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional. La causa judicial
no prosperó, no por falta de elementos sino porque en 2006 quedó paralizada por
trabas burocráticas. La empresa denunció que detrás de la acción judicial había
un intento de extorsión, pero a pesar de ello, finalmente instaló una planta de
ósmosis inversa para tratar el agua con que se abastece a la localidad.8
Luego de esa primera
denuncia se sucedieron otras más, la última en 2013, en todas se destaca la
lentitud de la operadora para remediar daños ambientales y adoptar normas de
protección del ambiente.9 La
contaminación en Piedra Clavada fue tomada en 2007 como elemento para
cuestionar la prórroga anticipada del contrato de concesión a PAE, que
finalmente fue aprobado. Casi dos décadas más tarde el recuerdo de Koluel Kaike
se vuelve difuso.
·
Caleta Córdova (queremos ser pingüinos)
El 26 de diciembre
de 2007 fue descubierto un derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova, 20 km al norte del centro de
Comodoro Rivadavia: 300 m3
de petróleo tiñeron de negro siete kilómetros de playas, acantilados,
pesquerías, flora y fauna. El crudo provenía de un buque propiedad de la empresa Antares Naviera ,
que tuvo un derrame durante la maniobra de carga en la monoboya de la empresa Termap S.A .
Vecinos de Caleta
Córdova denunciaron que tras el derrame comenzaron a registrarse enfermedades
crónicas entre los pobladores y las adjudicaban a los diluyentes utilizados en
la limpieza del crudo. A mediados de 2011 fue entregada a la Oficina de Protección
de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adultez y la Familia de Comodoro una
lista de niños que sufrían afecciones en la piel y las vías respiratorias. La
dependencia convocó a autoridades del sistema de salud municipal y provincial,
y al Foro Ambiental
y Social de la Patagonia a integrar una mesa de trabajo.
“No hay una mirada desde el Estado sobre
cómo impacta el derrame de petróleo en la salud de la población que está en
contacto directo. Sí hubo una mirada hacia los pingüinos, porque no solamente hay
una contaminación de la vida de ese animal sino que hay una contaminación
visual. Pero en mí o en mis hijos el petróleo no va a dejar una contaminación
visual, seguramente va a dejar una contaminación residual, que puede llegar a
provocar un cáncer”. Rosa Montecino, vecina de Caleta Córdova.10
“Eran 18 niñitos con cuestiones
respiratorias, alergias y cuadros dermatológicos varios. Cuando vinieron los
vecinos a la Oficina de Derechos y Garantías empezamos a reunirnos con
distintos profesionales para que nos dijeran qué pasaba. Lo que queríamos era
que se hiciera un diagnóstico de esos chicos, pero no el Centro de Salud del
barrio, dependiente de la Municipalidad, sino por un dermatólogo infantil.
Logramos en ese momento que se acordara el traslado de esos chicos al Hospital
Regional de Comodoro Rivadavia, que fueran vistos por un dermatólogo y un
perito de parte. Habíamos acordado todo con la firma de la directora del
Hospital. ¿Y qué pasó? Nos enteramos que hicieron ese traslado, revisaron a los
chicos y no convocaron a la Oficina de Derechos y Garantías ni al perito de
parte, y luego dijeron que no había ningún tipo de problema. Lamentablemente no
pudimos avanzar de ahí.” Liliana Murgas,
jubilada de la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de Comodoro
Rivadavia.11
Estos son algunos
ejemplos de daños ambientales que tenían o podían tener impacto directo en la
salud de la población, donde no eran pingüinos sino “personas empetroladas”,
ninguno de ellos motivó dio lugar a investigaciones sobre la relación entre la
actividad hidrocarburífera y las consecuencias sociosanitarias por la
exposición crónica a ambientes tóxicos. A dos décadas de las primeras denuncias
la invisibilización de estas problemáticas alimentan en la población de
ciudades yacimiento percepciones sobre mayor prevalencia de cáncer o de las
llamadas enfermedades poco frecuentes (EPF) respecto de otras regiones del
país. Una percepción también instalada entre profesionales de la salud. Se crean
territorios de incertidumbre, como sucede en Comodoro Rividavia y la vecina
Caleta Olivia.12
Emergencia y muerte
de la cuestión ambiental
Si bien afirmábamos
que los daños y pasivos ambientales de la actividad petrolera han sido
permanentemente invisibilizados desde diferentes instancias de gobierno
(municipal, provincial y nacional); hay que subrayar que se han dado
particulares momentos en que en el discurso estatal se asumen los impactos
ambientales de la actividad petrolera. Lamentablemente todos tienen en común
que fueron fugaces y, en la mayoría de los casos, la “cuestión ambiental” fue
utilizada como variable de presión en negociaciones con operadoras privadas.
·
Neuquén, planes de diversificacion
productiva
En 1997 Felipe
Sapag, en su quinto y último gobierno, lanzó el Plan Neuquén 2020. La provincia
atravesaba un escenario contradictorio, por un lado se habían consolidado los
hidrocarburos como el sector dominante del PGB, el Neuquén Petrolero; por el
otro, se registraba una baja del precio de barril de crudo, las reservas
estaban en caída y se presagiaba un cercano “fin del petróleo”. Como telón de
fondo, la alta conflictividad social producto de la implementación de políticas
neoliberales de ajuste fiscal, tanto a nivel nacional y como subnacional. La
alternativa que el Plan proponía era diversificar la matriz productiva, apostar
fuertemente al desarrollo agroindustrial.
En ese proceso el
Gobierno neuquino también advirtió, por primera vez, que la degradación del
territorio por la explotación de hidrocarburos podía convertirse en un
condicionante del desarrollo productivo. A esa conclusión había arribado el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convocado por el Ejecutivo
provincial, tras evaluar los daños ambientales producidos por la actividad
hidrocarburífera en Rincón de los Sauces, luego de una serie de derrames que
habían afectado la cuenca del río Colorado. Los pasivos ambientales y
económicos de tres áreas petroleras de Rincón de los Sauces, aproximadamente
555 mil hectáreas, fueron valuados en 949 millones pesos/dólares, eran años de
paridad 1 a
1, que la Provincia reclamó sin suerte a las petroleras YPF, Pérez Companc y
San Jorge13.
Una década más
tarde, el primer avance del informe El riesgo de desastres en la planificación
del territorio del PNUD, realizado en el marco del Programa Nacional de
prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial del
Ministerio de Planificación de Federal de la Nación, advertía:
“Los procesos de
degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso suelo) son de
importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado territorial
planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva, pasando de una
economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más diversificada e
integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Este
cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre los problemas de
contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos”.14
Diagnósticos
similares fueron realizados por el Concejo de Planificiación y Acción para el
Desarrollo, organismo provincial.15
Sin embargo los
planes de diversificación productiva y la preocupación por los procesos de
degradación de los suelos perdieron lugar en las prioridades de la agenda
gubernamental a medida que el potencial de yacimientos no convencionales de gas
y petróleo adjudicado a Neuquén auspiciaba años de bonanza.
“Ese parece ser el
destino de Neuquén [proveer de energía al país], marcado por una historia
petrolera de un siglo y por oportunidades de sus cuantiosos recursos hidrocarburíferos,
hidráulicos, eólicos, solares y de biomasa. Pueden plantearse otros derroteros,
pero no han aparecido propuestas viables y sustentables, capaces de dar trabajo
a quienes habitan y habitarán la provincia a la par de suministrar al país la
energía que necesita para su desarrollo”, escribió el ingeniero y diputado
provincial (2011-2019) Luis Sapag, en su libro Volver
al Neuquén que viene, en pleno auge de Vaca Muerta (2013: 137-138).
La mejor síntesis
del espíritu de euforia que embargaba (y embriagaba) a la clase dirigente
local, hasta que la caída del precio de barril de crudo en 2014 los puso
nuevamente en tierra.
·
Expropiación de YPF
Los pasivos
ambientales acumulados por la actividad hidrocarburífera reaparecieron en la
agenda pública en los años 2012/2013, como una variable de presión, en el
período que va de la expropiación del 51% de la acciones de YPF a Repsol al
cierre de la negociación con la petrolera española por el monto de la
indemnización a pagar. En ese lapso, desde las mismas instancias del Estado que
sistemáticamente habían negado los impactos de esta actividad extractiva se
denunciaban los pasivos ambientales de la empresa, al tiempo que
invisibilizaban sus responsabilidades. Dado que diferentes estamentos del
Estado tienen por función controlar actividad y obligar a remediar daños, si
había pasivos es porque los daños no habían sido remediados oportunamente.16
·
Vaca Muerta
Como advertíamos, al
ponerse en marcha el proceso de legitimación de Vaca Muerta se desestimaron las
advertencias en torno a la huella petrolera, los procesos de degradación de
suelos y de agua advertidos por el PNUD en 1996 y 2010. En los planes de
desarrollo estratégico de la región Vaca Muerta , elaborados por el Ministerio
de Planificación Federal y los gobiernos de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La
Pampa, no hay referencia al impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera.
Tampoco se plantea como problemática la ampliación de la frontera petrolera
sobre tierras dedicadas a la producción frutícola; la única objeción se refiere
a la aceleración de los procesos de urbanización de esas tierras a partir de la
explosión demográfica dinamizada por la explotación de yacimientos no
convencionales.
Ante escenarios como
estos se abona la desconfianza de la población sobre el compromiso de las
autoridades estatales con el cuidado del ambiente. En tiempos de Vaca Muerta,
plantear en Neuquén objeciones a la ampliación de la frontera petrolera, en
sintonía con las advertencias hechas por el PNUD o el mismo COPADE, era
considerado por el gobernador Jorge Sapag y la vicegobernadora Ana
Pechén como campañas de terrorismo ambiental.17 No había lugar a criticar al fracking,
en sintonía con los postulados de autoridades nacionales y representantes del
sector empresarial, para el cual esta técnica acarrearía algo similar al
“riesgo cero”.
Los discursos en torno a la pretendida
inocuidad del fracking, la técnica aplicada para la explotación de yacimientos
no convencionales, no son patrimonio de las autoridades argentinas sino que
también los reproducen los gobiernos de Colombia y México, donde hay proyectos
similares en puerta. Por el contrario, funcionarios del gobierno de Bolivia
sostuvieron que de ninguna manera permitirían el aplicación de la técnica en su
país porque constituia un atentado contra la Madre Tierra ,
mientras que técnicos del sistema de licenciamiento ambiental de Brasil también
plantearon serias objeciones a la explotación de yacimientos no convencionales
por el alto riesgo ambiental que esto implica; cabe aclarar que en estos dos
países el fracking es un horizonte lejano.18
Anotaciones al
margen
Anoche [4 oct.] el
ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, afirmó que “el poder político siempre
definió que lo principal era la producción y no la remediación de los pasivos”.
Luego manifestó que el objetivo de fondo de la Ley de Pasivos, más dar
respuesta a los daños ambientales, era evitar la caída de puestos de trabajo a
partir de las obras de remediación.
Agulleiro además
señaló que necesita de la participación ciudadana, y particularmente de los
gremios, para monitorear la sustentabilidad de los proyectos hidrocarburíferos.
Una declaración que puede ser tomada como una invitación al involucramiento de
toda la sociedad en el cuidado del ambiente, o un reconocimiento de los límites
de los controles que desde el Estado provincial pueden ejercer sobre la
actividad.
El ministro también
dejó de manifiesto que más allá de los marcos regulatorio, las buenas prácticas
empresarias están determinadas por los costos. Lo sostuvo cuando se estaba
debatiendo sobre el uso de agua dulce en las operaciones petroleras, el
funcionario señaló que la garantía de que las petroleras no usan agua dulce en
tareas de recuperación secundaria está dada no por la prohibición sino porque
le resulta más económico usar agua de producción. Esta situación también fue
subrayada por la concejal y responsable de la secretaría de la Mujer del Sindicato
de Petroleros Privados de Chubut, Sirley García: “Se recortan las normas de
seguridad en tiempos de baja del precio del barril de petróleo para garantizar
la rentabilidad”. También en su intervención reconocía “que no está
internalizado en los trabajadores y la ciudadanía el derecho a un ambiente
sano”; lo planteó como una asignatura pendiente de los gremios del sector.
A modo de cierre
Han pasado más de
dos décadas desde la aparición de los pingüinos empetrolados y de las primeras
denuncias de los pueblos empetrolados, y aún se siguen naturalizando los
riesgos sanitarios a los que están expuestos tanto las poblaciones urbanas,
campesinas e indígenas que conviven directamente con la actividad como también
los trabajadores y trabajadoras del petróleo (quizá el sector más
invisibilizado) y la Naturaleza no humana. En el presente aún no hay
condiciones para que se dé un debate honesto sobre petróleo y medioambiente,
debemos seguir trabajando para alcanzar ese escenario.
* Periodista e investigador del OPSur. Este artículo fue
pensado como apunte para intervenir en la mesa Petróleo
y protección ambiental, en el marco del Taller
Internacional Recursos naturales y desarrollo local: Sostenibilidad, cohesión
social y resiliencia, organizado por la Universidad Nacional
de la Patagonia San
Juan Bosco y la Universidad de Kassel. Comodoro Rivadavia, 3
al 5 de octubre de 2017.
Notas:
http://www.opsur.org.ar/blog/2017/10/12/petroleo-y-medioambiente-el-caso-de-argentina/
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