La guerra de Macri
contra el pueblo mapuche
19 de agosto de 2017
Por Raúl Zibechi (La Jornada)
"Esta es la
nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la
educación, dijo Esteban Bullrich, entonces ministro de Educación y Deportes al
inaugurar un hospital-escuela en septiembre del año pasado (goo.gl/JxD7Wl).
Más allá de la brutalidad de las palabras del actual candidato a senador que
compitió con Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires, la frase
desnuda lo que piensan los de arriba de los pueblos originarios.
La Campaña o Conquista del Desierto fue un
genocidio perpetrado por el Estado argentino entre 1878 y 1885, cuando arrebató
grandes extensiones de territorio a los pueblos mapuche, ranquel y tehuelche.
Los indígenas derrotados por las fuerzas comandadas por Julio Argentino Roca
fueron deportados por la fuerza a campos de concentración, exhibidos en museos
o trasladados para servir como mano de obra forzada.
El objetivo de fondo, ese que no se puede
expresar en público pero es la fuerza motriz oscura de las acciones, fue la
expropiación de sus territorios para incorporar tierras al mercado y expandir
la república en zonas que, antes y ahora, son consideradas como desierto, porque son espacios poco
fértiles para la acumulación de capital.
Los Bullrich (el candidato macrista y su tía
Patricia, actual ministra de Seguridad) forman parte de una distinguida familia
de la oligarquía argentina, que jugó un papel directo en la Campaña del
Desierto.
El historiador Osvaldo Bayer mostró, con base
en documentos de la
Sociedad Rural , que entre 1876 y 1903 se otorgaron casi 42
millones de hectáreas a mil 800 familiares y empresarios amigos del presidente
Roca. Algunas familias, como la del ex ministro de Economía de la última
dictadura, Martínez de Hoz, obtuvieron gratis 2.5 millones de hectáreas.
Según un informe de la BBC, una buena parte de
esas tierras pertenecen actualmente a Benetton, que posee casi un millón de
hectáreas, siendo uno de los principales dueños de la Patagonia, en conflicto
permanente con las comunidades mapuche, ya que la multinacional ocupa parte de
sus territorios ancestrales (goo.gl/73JZTy).
El extractivismo es la continuación de la
Campaña del Desierto. Según el periodista Darío Aranda, de los 40 proyectos
mineros en estudios (en 2003), se avanzó hasta 800 proyectos (en 2015); de 12
millones de hectáreas con soya transgénica se pasó a 22 millones en el mismo
periodo.Amnistía Internacional contabilizó un piso de 250 casos conflictivos,
entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay empresas
(agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras) que actúan en complicidad,
por acción u omisión, de los gobiernos (goo.gl/71ckCG).
Los medios
hacen un trabajo sucio al vincular a los mapuche a las FARC, a grupos kurdos y
a ETA, sin prueba alguna, sólo apoyados en declaraciones del gobernador de
Chubut, al servicio del avance de la frontera extractiva. La ministra de
Seguridad, Bullrich, dio un paso más al señalar que los mapuches son un
problema para la seguridad nacional y acusarlos de terroristas, a la vez que asegura que
enarbolan un proyecto secesionista.
No vamos a permitir una república autónoma y
mapuche en el medio de la
Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el
desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista, dice quien en los
setenta militaba en el entorno de la organización armada Montoneros (goo.gl/yp2hfU).
Detrás de todo este cacareo hay una realidad
que es la que realmente molesta: en los últimos 15 años, luego de agotar la
instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 250 mil
hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes, asegura Aranda. O
sea, pese a la represión, la criminalización y la difamación, los mapuche están
ganando.
El conflicto del Estado con la comunidad
mapuche Pu Lof en Resistencia, en la localidad de Cushamen, provincia de
Chubut, se intensificó en 2015
a raíz de la represión y criminalización de sus líderes.
El lonko Facundo Jones Huala,
autoridad mapuche de la comunidad, fue detenido el 28 de junio de este año, el
mismo día en que se reunieron los presidentes Mauricio Macri y Michelle
Bachelet, acusado por los gobiernos de terrorismo, incendios, robos, amenazas
e, incluso, haberle declarado la
guerra a Chile y Argentina (goo.gl/1khbBy).
El primero de agosto efectivos de la Gendarmería Nacional
allanaron y quemaron instalaciones de la comunidad. En el
marco de la represión desapareció el activista solidario Santiago Maldonado,
cuando no pudo cruzar un río junto a sus compañeros perseguidos por los
policías. Hasta ahora nada se sabe de su paradero, el gobierno se niega a
responder mientras arrecian las marchas y concentraciones exigiendo su
aparición con vida.
Hay tres hechos que desesperan a los de arriba
y explican la brutalidad represiva.
·
Uno, el pueblo mapuche sigue vivo, no se rinde y recupera tierras,
que es la base de su reconstrucción como nación.
·
Dos, la campaña nacional e internacional en su apoyo. Un centenar
de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio
de Paz y Justicia y la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos, emitieron un
comunicado titulado La lucha
indígena no es delito, donde dicen queel Estado privilegia los intereses de
las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche.
·
Tres, que los mapuche han construido las más diversas
organizaciones, entre ellas la Resistencia Ancestral
Mapuche (RAM), dedicada a recuperar tierras. Daniel Loncon,
integrante de la Cátedra
Libre de Pueblos Originarios, dijo que entre los mapuche algunos prefieren la vía diplomática,
pero también hemos sido testigos de nuestros abuelos que se han muerto yendo de
oficina en oficina buscando la legitimación de sus tierras. El RAM en ese
sentido es una expresión del pueblo mapuche cansado de esta injusticia
histórica, pero consciente de dónde está el poderío económico que maneja todo
esto. Porque la recuperación no se hizo a un vecino, sino a una multinacional (goo.gl/GEqKq9).
¡Marichiweu!
¡Marichiweu!
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