La balanza de la
justicia inclinada
23 de agosto de 2017
Por Darío Aranda (Página/12)
El líder wichí Agustín Santillán inició una huelga de hambre
hace 15 días. Fue visitado por organismos de derechos humanos que reclaman su
libertad.
Agustín Santillán, referente wichí de Formosa,
lleva cuatro meses presos. El, su familia y organismos de derechos humanos
denuncian que se trata de un “preso político”, encarcelado por ser una de las
pocas voces críticas a Gildo Insfrán, gobernador desde 1995, y por reclamar los
derechos de los pueblos indígenas. “Es evidente la persecución implacable del
gobierno de Formosa contra Agustín Santillán”, afirmó en un comunicado el
Encuentro Memoria, Verdad
y Justicia , que visitó al dirigente wichí en la cárcel, donde
mantiene una huelga de hambre desde hace quince días. También están detenidos
los wichí Víctor Hugo Delgado y Roberto Frías. El juez Marcelo López Picabea se
niega a otorgarles la excarcelación.
Santillán es un joven wichí de Ingeniero
Juárez, el extremo oeste de Formosa, conocido dentro de los ámbitos indígenas
por organizar a las comunidades y exigir el cumplimiento de derechos indígenas:
territorio, salud, educación, trabajo, agua. Estuvo presente en el acampe
indígena de Buenos Aires en 2015, en entrevistas a canales porteños y encabezó
la marcha histórica (en Formosa) de 2013, donde un millar de originarios se
plantaron frente a la casa de Gobierno. “Estoy marcado”, solía resumir
Santillán.
A fines de marzo e inicios de abril las
inundaciones jaquearon el oeste de Formosa. Hubo saqueos y robos, algunos de
ellos protagonizados por jóvenes wichí. Desde el poder político y el juez
Marcelo López Picabea apuntaron contra Agustín Santillán, aunque él no estuvo
en ninguno de los episodios. Fue detenido el 14 de abril, golpeado y traslado
al penal de Las Lomitas (centro provincial). Su esposa, Gabriela Torres, habló
con Página12 la primera semana de detención y explicó que se trató de jóvenes
marginados de toda asistencia estatal, rehenes de la droga y el alcohol. Y, al
mismo tiempo, utilizados como grupos de choque de sectores políticos.
“A Agustín lo persiguen por luchar por
nuestros derechos. Lo quieren matar”, había alertado Gabriela Torres en abril.
Y adelantó que querían detener a toda la familia de Santillán, para así poder
quebrarlo emocionalmente. Una semana después, Torres fue detenida cuando
visitaba a su esposo (fue liberada tres días después).
Organizaciones de derechos humanos nucleadas
en Encuentro Memoria, Verdad
y Justicia visitaron a Santillán en la cárcel, el 4 de
agosto. “El relato de lo que sufrió Agustín las primeras semanas me llevó
cuatro décadas atrás, a los campos de concentración de la dictadura”, afirmó
Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. Detalló la situación
en celdas de aislamiento de un metro por dos, sin ventilación, con Santillán
atado y vendado, golpeado por los oficiales del servicio penitenciario.
Eloy explicó que la Cámara de Apelaciones
decretó la nulidad del procesamiento contra Santillán, que había sido emitida
por el juez López Picabea. A pesar de la nulidad, el juez Francisco Orella (que
estaba subrogando) y Picabea (que ya se reintegró), mantienen detenidos a los
wichí.
Eloy afirmó que “no existe motivo real” para
la detención de Santillán y aseguró que su prisión solo se explica porque
“Formosa tiene un gobierno feudal, donde Gildo Insfrán maneja la policía, al
Poder Judicial y todos los resortes del Estado. Y porque Santillán denuncia a
ese poder”.
Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos (APDH) La Matanza, también fue parte de la comitiva, y no
dudó: “Agustín es un preso político. Y está en esa situación porque molesta al
poder, denuncia las injusticias, y porque es un líder indígena que no han
podido comprar, que lucha por su pueblo”.
Pimentel alertó que Santillán lleva más de dos
semanas de huelga de hambre, con riesgo para su vida. Explicó que se
entrevistaron con el juez Orella, que les prometió que liberaría a Santillán ni
bien recibiera la notificación de la Cámara. Pero Orella
(ni Picabea) ya no atiende los llamados de los organismos de derechos humanos.
La delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
estuvo integrada también por Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea
Fundadora), Claudio Ferrero (Asociación de Profesionales en Lucha), Margarita
Pinto (Colectivo Memoria Militante), Alejandrina Barry (Centro de Profesionales
por los Derechos Humanos), Miguel Ranieri (Liberpueblo) y Silvana Di Lorenzo
(Resistencia Qom).
“Me meten preso por reclamar. Me meten preso
porque quieren ocultar la pobreza”, señaló Agustín Santillán en un carta
escrita en abril pasado. Y amplió: “Soy inocente. Acá hay mucho racismo. Tengo
miedo. No es seguro estar acá”.
El juez Marcelo López Picabea había emitido
orden de detención de 30 hombres y mujeres wichí, muchos de ellos cercanos a
Santillán y otros sospechados de los incidentes de inicios de abril. “Es una
cacería de wichís”, denunció la organización
Resistencia Qom , que acompaña a pueblos originarios de
Formosa.
Al cumplirse un mes de la detención, medio
centenar de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y
comunidades indígenas emitieron una carta abierta: “Repudiamos la creciente
criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo
claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín
Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”,
denunció el escrito, firmado por Asociación de Abogados de Derecho Indígena
(AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Confederación Mapuche
de Neuquén y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en
Tucumán (Upndt), entre otros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario