Corrupción, extractivismos y daño ambiental:
una íntima
asociación
14 de abril de 2016
Por Eduardo
Gudynas – La
corrupción se ha convertido en uno de los problemas centrales en América
Latina, hasta ocupar lugares centrales en las disputas políticas y poner en
jaque a algunos gobiernos. Buena parte de esas polémicas se han centrado en
aspectos partidarios y económicos, pero muy poco se ha dicho sobre sus impactos
ecológicos. Sin embargo, no debe pensarse que la corrupción sea inocua desde el
punto de vista ambiental, sino que, por el contrario, desencadena muchas
consecuencias. Esto es particularmente evidente en los extractivismos, donde
para imponerlos u ocultar sus impactos, una y otra vez aparece la corrupción,
revelando una íntima y mutua asociación.
No puede negarse que
denuncias e investigaciones sobre corrupción cruzan a casi toda América Latina.
Si bien se atienden sobre todo en sus implicaciones políticas y económicas,
cuando se observan con cuidado los principales casos, se encontrarán que en
muchos de ellos están envueltos emprendimientos sobre los recursos naturales.
Son casi siempre extractivismos mineros, petroleros o agrícolas, o las obras
necesarias para llevarlos adelante, desde represas a carreteras. Por esa misma
razón están repletos de impactos ecológicos, todos los cuales vienen siendo
denunciados desde hace años.
Algunos ejemplos
ilustran que esa asociación entre corrupción y extractivismos de alto impacto
ambiental se repite en todos los sectores y atraviesa gobiernos de todo tipo.
Si de un lado se observa a Colombia, se encuentra que una reciente revisión del
desempeño minero alerta sobre corrupciones que van desde tráfico de influencias
a delitos tributarios, desde acciones para obtener permisos sociales y
ambientales a la tolerancia de la violencia. Si en otro extremo se considera a
Bolivia, se repiten denuncias similares, y hasta el Ministerio Anticorrupción
encontró contratos mineros irregulares.
La apelación a empresas estatales también se
ha mostrado incapaz de detener la corrupción en los extractivismos. En efecto,
en todas las petroleras estatales sudamericanas se han encontrado casos de
corrupción o se están investigando denuncias. Estas van desde los sobornos para
conseguir contratos en Ecopetrol de Colombia a las acciones contra gerentes y
directores de PDVSA en Venezuela, pasando por las alarmas ante contratos de explotación
o remodelaciones en PetroEcuador.
La corrupción en los
extractivismos puede estar años sin investigarse. Muy ilustrativo de esas
resistencias es el caso de los “petroaudios” en Perú, que estalló en 2008,
durante el gobierno de Alan García pero cuyo proceso judicial realmente se
inició en 2014 (se grabó a un directivo de la estatal petrolera negociando
sobornos en favor de una empresa noruega).
Estos y otros ejemplos
muestran una íntima asociación entre los extractivismos y la corrupción. Es que los extractivismos en casi todos los casos implican
emprendimientos que tienen efectos ambientales (y sociales) tan negativos, que
la corrupción es necesaria al menos en dos frentes: para ocultar sus impactos y
consecuencias, y para lograr la asistencia del Estado en imponerlos.
Sin sobornos nunca se
habrían concretado esos emprendimientos.
Por esa razón no puede
sorprender que un reciente análisis de la organización que nuclea a la mayor
parte de los países industrializados (OCDE), sobre los sobornos en los negocios
internacionales, ubicó al sector extractivista en el tope de la lista. En su revisión de
427 casos, ese primer lugar fue del 19% en los extractivismos, seguido por la
construcción en segundo lugar (15%).
Hurgando entre los
extractivismos se encuentran todos los tipos posibles de corrupción. Los más
conocidos son los sobornos (coimas, mordidas), pero además están el cohecho,
por ejemplo para que un funcionario público autorice un mal informe de impacto
ambiental, el tráfico de influencias para favorecer concesiones mineras o
petroleras que anulan territorialidades indígenas o campesinas, encubrimientos
para ocultar impactos, pongamos por caso, de un derrame, la obstrucción de la
justicia por funcionarios públicos, o la prevaricación en los juzgados que no
atienden la violencia ejercida por empresas extractivistas.
Se repiten abordajes
entre medios y analistas
convencionales que reaccionan ante la corrupción sobre todo por sus impactos
económicos. Ellos se alarman por las pérdidas que todo eso acarrea para el
crecimiento económico o cómo entorpecen el clima de negocios para las empresas.
Esto ocurre cuando la corrupción escala a tales niveles que incluso impide la
dinámica que ellos consideran debería ser “normal” en los mercados.
Pero es necesario dar
unos pasos más allá de esa mirada. Sin duda, la corrupción tiene efectos
económicos que no pueden ser negados, y son más amplios, afectando por ejemplo
a pequeñas empresas o cooperativas locales que pueden ser desplazadas, y que
incluso llega hasta la economía familiar. Pero también hay un costo económico
cuando una comunidad debe lidiar con el agua o los suelos contaminados por un
emprendimiento extractivista autorizado gracias a la corrupción.
Ahora sabemos que la corrupción jugó papeles
decisivos en proyectos que no tenían sentido económico y mucho menos ecológico.
Ese es el caso de la enorme represa de Belo Monte, en el río Xingú (Brasil).
Esa obra implica un fenomenal impacto ambiental en ecosistemas amazónicos, es
innecesaria desde un punto de vista energético, y tendrá consecuencias
negativas para los pueblos indígenas del área. Era un proyecto rechazado una y
otra vez por las comunidades locales, por académicos, e incluso por buena parte
de las autoridades ambientales del gobierno brasileño.
Sin embargo, a pesar de todo, se la impuso y fue
finalmente construida. Ahora sabemos que, según las denuncias, para llevarla
adelante se pagaron sobornos por un poco más de 40 millones de dólares. Este
caso muestra un fenómeno perverso, donde una obra es impuesta para así poder
recibir los sobornos, y éstos, a su vez, eran requeridos para otros fines,
tanto empresariales como partidarios.
Ningún país está a
salvo de estos problemas. Los titulares actuales están centrados en los casos
en Argentina, Brasil o Venezuela, pero aún en los países que se presentan como
los más inmunes a la corrupción, Chile y Uruguay, están afectados, y allí
también encontramos a los extractivismos.
En Uruguay, la estatal
petrolera ANCAP fue objeto de una investigación parlamentaria que hará
denuncias en la justicia.
Se descubrió, por ejemplo, que uno de sus gerentes
participaba en una empresa privada que la propia petrolera contrataba. En
Chile, en el llamado “caso Penta” se encontró que el subsecretario de minería
del gobierno Piñera recibía un sobresueldo que posiblemente servía para aprobar
un proyecto minero. A ese caso le siguió la revelación de la trama de pagos de la minera SQM hacia
políticos y partidos.
La corrupción en los
extractivismos es mucho más grave de lo que parece a simple vista por estos
casos. Poco a poco está penetrando en ámbitos más profundos de la vida social,
cayendo en extremos de mercantilizar de la vida social y la Naturaleza. Nadie
está a salvo, y es alarmante que ya esté erosionando a comunidades campesinas e
indígenas.
Por ejemplo, en
Bolivia, el llamado Fondo Indígena se nutría de un impuesto sobre los
extractivismos de hidrocarburos, y su manejo recaía en delegados de
confederaciones indígenas y campesinas. Las investigaciones hoy en marcha
muestran que varios dirigentes desviaron fondos para beneficios personales y
hacia actividades electorales para apoyar al gobierno. Algunos dirán que este
es un caso más de corrupción ligada al extractivismo petrolero. Pero allí hay
un problema mucho más intrincado al develarse que una lógica utilitarista y
mercantil obsesionada con el dinero, y ubicada por encima de cualquier otro
saber o sensibilidad, o sea, la actitud del que adhiere a la corrupción,
también ha alcanzado esos “mundos” indígenas. En el mundo de la corrupción no
hay lugar para muchos de los grandes aportes que nos muestran los modos de
pensar y sentir indígenas, como la Pachamama o el Buen Vivir.
Para que quede claro:
los extractivismos están inmersos en redes de corrupción, presentes en todos
los sectores, y en todos los países. Nadie está a salvo. Allí donde encuentren
los grandes emprendimientos extractivos, con los mayores impactos ambientales,
territoriales y sociales, es más probable que en algún sitio se esconda la corrupción. Esta
es útil para lograr aprobaciones o mantenerlos funcionando. Es también
necesaria para ocultar o minimizar impactos, o para controlar a las comunidades
locales y la resistencia ciudadana. Los enormes volúmenes de dinero que mueven
algunos de esos emprendimientos generan muy fuertes presiones para encontrar
canales que usan la corrupción.
Si se mantienen los
extractivismos depredadores se repetirán una y otra vez los casos de
corrupción. Por ello, queda establecida una asociación que muestra que la lucha
contra la corrupción obliga a abandonar esos extractivismos.
Eduardo Gudynas es
investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en
Montevideo – www.ambiental.net;
twitter: @EGudynas
Una versión resumida de
este artículo se publicó en ALAI (Agencia Latino Americana de Informaciones),
Quito, 14 abril 2016, aquí …
Fuente: http://ambiental.net/2016/04/corrupcion-extractivismos-y-dano-ambiental-una-intima-asociacion/
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