SOBRE PROYECTOS DE LEY
ANTI-TERRORISTA
14 de marzo de 2007
Por Liberpueblo -
En atención a los distintos proyectos de ley “Antiterrorista” que existen hoy en el Congreso de la Nación y dada la voluntad oficial del Gobierno Nacional de sancionar dicha ley es que emitimos la presente declaración en donde alertamos y llamamos a coordinar esfuerzos a fin de evitar la sanción de cualquier Ley Antiterrorista así como para lograr la derogación de los Tratados Internacionales sobre Terrorismo suscriptos por el Gobierno Nacional durante el año 2005.
Nos encontramos ante una feroz ofensiva imperialista por parte de los Estados Unidos, que ha invadido Afganistán e Irak, bajo el falso argumento de luchar contra el terrorismo.
Esta ofensiva de los Estados Unidos ha agudizado la disputa entre los distintos países imperialistas por el control del mundo y de sus recursos naturales (petróleo, gas, agua dulce, etc).
Los hechos del 11 de septiembre de 2001, son utilizados por los Estados Unidos al servicio de sus ambiciones imperiales, las cuales se esconden bajo el discurso anti-terrorista y su lucha contra el terrorismo en pos de la libertad.
Los Estados Unidos son el principal terrorista del mundo, invade países, asesina a miles de personas (sólo en Irak han muerto desde la invasión estadounidenses 650.000 personas), utiliza sistemática y rutinariamente la tortura, desconoce los derechos humanos más básicos de la población, cuenta con prisiones más allá de la ley (ej. Guantánamo), ha destruido toda idea de privacidad aún para los propios norteamericanos e intenta controlar todos los flujos de información (mediante
Los Estados Unidos valiéndose de todo su poder e influencia, han dado un gran impulso a la creación de tratados y leyes “antiterroristas” en todo el mundo.
Así logró una resolución de Naciones Unidas (Resolución 1373) en la cual se convoca a todos “los Estados a trabajar de manera conjunta y urgente para prevenir y suprimir los actos terroristas”, y la sanción de
Esta legislación se propone destruir por completo las libertades democráticas que los distintos pueblos del mundo logramos conseguir gracias a una incansable lucha en la cual dieron su vida millones de personas.
Ante las presiones internacionales de parte de los Estados Unidos, Israel y distintos organismos internacionales (ONU, GAFI, FMI, entre otros), y por la necesidad de contar con una herramienta represiva legal contundente frente a cualquier tipo de protesta popular que atente contra sus objetivos, Kirchner ha manifestado en innumerables oportunidades su compromiso en la lucha contra el llamado “terrorismo”, siendo por su iniciativa que,
Con el fin de dar operatividad a los tratados y convenciones sobre Terrorismo suscriptos por él, Kirchner ha impulsado distintos proyectos de ley antiterroristas (los proyectos de los senadores del PJ Pichetto y Sonia Escudero), los cuales han sido resistidos por lo organismos de derechos humanos, docentes y estudiantes, organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, intelectuales, organizaciones de abogados, algunos diputados y senadores, entre otros.
Estos proyectos de ley (de máxima) no han podido ser sancionados hasta ahora por la lucha de las organizaciones populares y secundariamente por contradicciones en el seno de las fuerzas kirchneristas en el Congreso.
Dada esta situación es el propio Kirchner quien se pone a la cabeza de la sanción de la legislación antiterrorista. El 20 de diciembre de
La fecha de entrada del proyecto al Congreso da la pauta de cuál es uno de los objetivos centrales de la nueva ley antiterrorista kirchnerista: tener una herramienta jurídica óptima para reprimir a todo aquél que se organice en defensa de sus legítimos derechos, y así cerrar con represión la presente etapa de auge de luchas populares abierta en el Argentinazo. El mejor ejemplo de esta política de represión es Las Heras, donde el Gobierno a través de Gendarmería y la Policía de la Provincia torturo detenidos e impuso un estado de terror de tal magnitud que el propio párroco del pueblo manifestó que ni en la dictadura se había vivido situación igual en la región.
El Gobierno Nacional busca aumentar su poder legal de represión para tener una herramienta que otorgue desmedidas atribuciones a las fuerzas policiales, de inteligencia, a jueces y fiscales, (intervención de teléfonos sin orden judicial, confiscación preventiva de fondos a organizaciones populares, detenciones sin orden, ampliación del tiempo de incomunicación, agravamiento de las condiciones de detención, institucionalización de los infiltrados y provocadores en las organizaciones populares, etc.), lo suficientemente severa para con los que luchan, y lo más abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas como “terroristas”.
La conducta del Gobierno de Kirchner en esta materia, es una muestra de toda su política: mientras avanza con estos proyectos represivos anti-terroristas, no ha dado pasos reales para terminar con la impunidad del aparato represivo que participó en el genocidio de la dictadura y que ahora se muestra más activo que nunca, encontrándose el compañero Jorge Julio Lopéz desaparecido desde hace más de cuatro meses.
En lugar de avanzar con proyectos que dan grandísimas atribuciones a los organismos de seguridad e inteligencia del estado, en los cuales según el propio Presidente quedan muchísimos represores de la dictadura, encontrándose aún intacto el sistema de aquellos años, debería desclasificar y hacer públicos todos los archivos de esos mismos organismos de seguridad, militares y de inteligencia.
Es por esto que llamamos a unir todos nuestros esfuerzos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos, intelectuales, estudiantes, trabajadores ocupados y desocupados a resistir e impedir la sanción de cualquier tipo de ley anti-terrorista así como para lograr la denuncia de los tratados anti-terroristas suscriptos por
Proponemos concretamente que el encuentro
-La sanción de una ley que ordene desclasificar y hacer públicos todos los archivos de las fuerzas de seguridad, militares y de inteligencia, así como de todos los archivos privados que pudieran contener información sobre el genocidio perpetrado por el Estado Argentino entre los años 1976 y 1983.
-El cierre inmediato del centro de detención especial con que cuenta
- No a la sanción de cualquier tipo de ley “ antiterroristas”.
- Derogación de las leyes que aprobaron los pactos internacionales contra el “terrorismo”.
Fuente: http://argentina.indymedia.org/news/2007/03/495739.php
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