Detrás de la campaña
antimapuche
Extractivismo, medios y
un genocidio que no termina
11
de agosto de 2017
Por Darío Aranda (lavaca)
“Los indígenas no aceptamos el extractivismo.
Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas.
Por eso nos consideran un peligro”. Los líderes mapuches se defienden y
contestan los discursos que los tratan de separatistas, terroristas o cosas
peores. “La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente.
Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad”. Se
encargan de explicar lo que – parecía- ya estaba dado: la propia legislación
argentina reconoce los derechos de los pueblos originarios. Pero no se cumple.
Por qué: las presiones de terratenientes y empresas como Benetton. La operación
de los medios . El rol del modelo
económico. Y un genocidio que no termina. Darío Aranda explica en esta nota el
marco de la avanzada del gobierno contra los mapuches, en medio de la
desaparición de Santiago Maldonado.
El modelo extractivo: petrolero, minero,
agropecuario, forestal.
Una multinacional (Benetton) con directa
influencia en el poder político y judicial.
Políticas de Estado de despojo y sometimiento.
Un genocidio que jamás tuvo su “nunca más”.
Sólo algunos de los elementos detrás de la
campaña que pide represión para el Pueblo Mapuche.
Extractivo
Durante el menemismo se aprobó la ingeniería
legal que dio pie a la profundización del extractivismo en Argentina: leyes
mineras, privatización de YPF, ley forestal, aprobación de transgénicos con uso
de agrotóxicos. Pero la implementación en los territorios se dio durante el
kirchnerismo. Dos ejemplos: se pasó de 40 proyectos mineros en estudios (en
2003) a 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de hectáreas con soja
transgénica se pasó a 20 millones (22 en la actualidad).
El macrismo continúa esa línea: quite de
retenciones a la minería, baja de retenciones al agro, flexibilización laboral para
trabajadores petroleros. Más extractivismo, más avance sobre territorios
rurales, donde viven pueblos indígenas y campesinos.
Amnistía Internacional contabilizó un piso de
250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás siempre
hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en
complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos.
Cómo sucedió con la Campaña del Desierto, que
tenía como fin económico incluir tierras al mercado capitalista, la Argentina
del Siglo XXI repite la historia de avanzar sobre los pueblos indígenas.
Preexistente
“Mapuche” significa en mapuzungun “gente de la
tierra”. Los mapuches, como todos los pueblos indígenas del continente, son a
partir del vínculo con el territorio. De allí proviene su historia, su cultura,
su filosofía, su vida y de ese territorio dependen sus hijos, nietos y su
futuro como pueblo.
Un argumento falaz para atacar a los indígenas
del sur es que decir que son chilenos. Los pueblos indígenas tienen miles de años
de historia, y el Pueblo Mapuche en particular existe desde muchos antes de la
conformación de los Estado-nación. Es decir, son previos a la existencia de
Argentina y Chile. El artículo 75 de la Constitución Nacional
lo reconoce: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para
el desarrollo humano (…). Asegurar la participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.
Ante cada campaña mediática de ataque a los
mapuches, académicos repudian las falsedades de sectores periodísticos. En
enero pasado, investigadores del Conicet escribieron un texto que resume
cientos de estudios académicos: “Afirmamos que los mapuches no son araucanos de
origen chileno y no exterminaron a los tehuelches (…) Los mapuches no son
“indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en
estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en
lo que hoy es Argentina”.
Periodismo represivo
“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, tituló el diario Perfil el
domingo 8 de enero en un extenso artículo, referido al conflicto del Lof
(comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La
nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos, la
acción de (Facundo ) Huala y su grupo
puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer
política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más
personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores
argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiación del
grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico
de armas de Argentina a Chile. Facundo
Jones Huala sería el nexo”.
Dos días después, el martes 10 de enero, hubo
feroces represiones sobre el Lof Mapuche. Una por la mañana (Gendarmería
Nacional). Otra por la tarde (policía de Chubut). El miércoles se produjo un
tercer operativo violento. Tres represiones en dos días. Una cacería de
mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad. La
imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorrió el país.
A la campaña anti-indígena se sumó el diario
Clarín, con un extenso artículo anunciado en tapa el domingo 22 de enero y
doble página interna. “Facundo Jones
Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”,
fue el título, firmado por Gonzalo Sánchez. Citó en seis oportunidades voces
oficiales del Ministerio de Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de
Seguridad. Todas voces en “off”, sin nombre ni apellido, que acusan al Lof
Cushamen de hechos tan insólitos como ajenos a la realidad. Según Clarín :
-Los mapuches están vinculados a grupos kurdos
y a la ETA del país Vasco.
-Recibieron financiamiento del kirchnerismo.
-Afirma que el Lof Cushamen ocasionó
incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros hechos.
No se aporta ninguna prueba de todos estos
hechos. Sólo la opinión del gobernador Mario Das Neves y voces en off.
Gonzalo Sánchez, autor de la nota y editor del
diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula al Lof Cushamen (y a
Jones Huala) con la organización
Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuando la comunidad
nunca ha declarado ser parte de esa organización. Segunda coincidencia: Sánchez
no otorga ni una línea a la voz del Lof Cushamen, ni de sus abogados, ni de las
organizaciones de derechos humanos que acompañan.
Infobae no se quedó atrás. “Violencia,
anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a
Chile y la Argentina”, tituló el 9 de agosto un artículo de Martín Dinatale,
con todas voces en off y ninguna entrevista a mapuches. Un artículo que podría
haber sido escrito por Patricia Bullrich.
Insólita la nota de Claudia Peiró en Infobae.
Acusó a los mapuches de estar financiados por ingleses. “The Mapuche Nation, el
pueblo originario con sede en Bristol, Inglaterra”. No aporta una sola prueba
que acredite esa relación.
Clarín retrucó. “Jones Huala redobla la
apuesta: llamó a la rebelión y la lucha armada. Desde el penal donde está
detenido, el referente mapuche convocó abiertamente a la acción violenta”.
Firmada por el corresponsal el Bariloche ,
Claudio Andrade, conocido de las organizaciones mapuches por sus continuas que
rozan el racismo.
Por otro lado, también sobresalen
comunicadores, intelectuales, artistas y políticos que no dudaban en echar
sospechas sobre el líder qom Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo,
silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras
radiales afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían
entrevistas condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban
a silencio ante la violación de derechos. El periodismo afín al kirchnerismo
apoyó fervientemente la explotación petrolera en Vaca Muerta, aunque allí se
violaban derechos indígenas y también se reprimía (y se reprime). Con el
macrismo en el poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se
horrorizan y repudian la violencia que sufren los mapuches.
Periodistas de uno y otro lado tienen una
coincidencia: escriben sobre un hecho sin recorrer el territorio. No visitan
(ni visitarán) las comunidades indígenas. Son periodistas de escritorio. Y sus
mentiras repercuten de la peor manera: legitiman represiones.
Robo de bebés. Desaparición de personas.
Torturas. Campos de concentración. Asesinatos.
Lo sufrió la sociedad argentina en manos de la
última dictadura cívico-militar.
Lo sufrió el pueblo judío en manos del
nazismo.
El Pueblo Mapuche también padeció robo de
bebés, desaparición de personas, torturas, campos de concentración, asesinatos.
Pero no hubo jamás pedido de perdón, tampoco reparación ni justicia. No hubo un
“nunca más” para lo sufrido por los pueblos indígenas.
Diana Lenton, doctora en antropología y
docente de la UBA, lo resume así: “El Estado se construyó sobre un genocidio.
Se requirió que no hubiera más diversidad interna. Se anulan los tratados con
los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la
constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son
genocidios que dan origen a un Estado”.
Recuperaciones
“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en
idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica
reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios volver a
parcelas que les fueron arrebatadas en el pasado. En los últimos quince años, y
luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el Pueblo Mapuche
recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes.
Los pequeños burgueses urbanos deben
permanecer tranquilos: los indígenas no ocuparán los departamentos en Palermo o
Recoleta, ni les interesan las mansiones de Nordelta. Sólo vuelven a las
tierras de sus antepasados que hoy están en manos de grandes empresas.
Los legalistas también deben estar conformes:
las recuperaciones territoriales están respaldadas por tratados internacionales,
que tienen rango superior a las leyes locales.
“Siempre que sea posible, los pueblos
indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en
cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”,
detalla el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a
las leyes nacionales. El artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que
no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
La Declaración de las Naciones Unidas (ONU)
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007,
remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos
forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la reparación, por
medios que pueden incluir la
restitución (…) por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan
poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados,
tomados, ocupados, utilizados o dañados”.
“Las comunidades indígenas en la
jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es el título
del trabajo sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, ex secretario de
Derechos Humanos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal
del país. Al analizar la acción de la CIDH, abordó la posesión ancestral: “Los
miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión
de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros
inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual
extensión y calidad”.
La recuperación territorial implica mucho más
que hectáreas: instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el
concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un
espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el
desarrollo como pueblo originario.
Benetton
En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa
Leleque volvió al territorio indígena: recuperó 625 hectáreas dentro
de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Compañía de Tierras Sud
Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El Bolsón. El caso tomó
repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio Curiñanco,
autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez
Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton , que prometió la donación de
tierras dentro de Chubut. Pero la compañía sólo ofreció parcelas que eran
improductivas.
La comunidad no aceptó y aclaró que los
pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que
habían sido robados por privados. La causa avanzó en tribunales, hubo intento
de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó
la derrota entre otras cosas porque habilitaría que otras comunidades
repitieran la acción.
En noviembre de 2014, el Estado (provincial y
nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa
Leleque. En el marco de la
Ley Nacional 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por
parte del Pueblo Mapuche. La comunidad siempre denunció las irregularidades en
el título que adquirió la
compañía Benetton (explicadas en detalle en el libro “Ese
ajeno sur”, del investigador Ramón Minieri).
El 13 de marzo de 2015 se produjo una nueva
recuperación territorial en la estancia Leleque de Benetton. “Actuamos ante la
situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el
acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene
realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por
parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de
reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”,
explicó como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en
Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo
(MAP).
Ya no era un sólo mal ejemplo. Ya eran dos. Y
pueden ser más.
Benetton descargó todo su maquinaria legal
contra los mapuches y contrató una agencia internacional de prensa y lobby
(JeffreyGroup) para una campaña mediática, tanto a nivel provincial como
nacional. El responsable en Argentina de JeffreyGroup es Diego Campal, que se
presenta como “especialista en resolución de conflictos y gestión de crisis”.
Periódicamente llegaban las gacetillas de
prensa y fotos en alta definición de los “atentados” que sufría la estancia Benetton. Sus
principales destinatarios: el diario Jornada (Chubut), Río Negro (el más leído
de la Patagonia), Clarín y La
Nación. Los mismos comunicados llegaban al despacho del
gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y sus ministros.
La campaña mediático daba sus primeros pasos y
vinculaba a los mapuches con grupos paramilitares (ETA, FARC).
Enemigo interno
En diciembre de 2016, el gobernador Das Neves
pidió juicio político para el juez Guido Otranto por no haber condenado a Facundo Jones Huala (lonko del Lof en Resistencia de
Cushamen). “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con
delincuentes”, refirió en relación a mapuches. Además, instó a que la población
desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea
un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
El Ministerio de Seguridad, conducido por
Patricia Bullrich, acusó en un informe interno de agosto de 2016 a los pueblos
originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos
delictivos sin aportar ninguna prueba. El informe interno fue titulado
“Revalorización de la
ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”
ilegales y catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El
Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que
argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos
petroleros.
Un centenar de organizaciones de pueblos
originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la
“estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha
indígena no es delito”, cuestionó al gobierno: “El ministerio de Seguridad
coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la
seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y
criminaliza al pueblo mapuche”.
El 21 de junio pasado, un centenar de
efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe
(en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de
YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la
comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial
(nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la comunidad
abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a
territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un
procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden
judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes
en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche
de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
Peligro
“Ser indígena hoy es ser subversivo”, resumió
con simpleza en una mateada Jeremías Chauque, mapuche, músico, productor de
alimentos sanos (sin agrotóxicos). Y amplió: “Los indígenas no aceptamos el
extractivismo. Nunca lo aceptaremos. Y vamos a morir luchando contra las
mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos consideran un peligro”.
Disparen
Ante la desaparición de Santiago Maldonado, en
el marco de una represión de Gendarmería Nacional el 1 de agosto, la ministra Patricia
Bullrich apuntó contra las comunidades indígenas: “No vamos a
permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es
la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la
lógica anarquista”.
“Un estado plurinacional no depende del
permiso de una funcionaria. Está relacionado a una existencia de miles de años,
ante un estado moderno de solo dos siglos de existencia”, explicó la Confederación Mapuche
y afirmó: “La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente.
Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad. Si los
mapuches no asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos un pueblo sin historia y
peor aún, seríamos un pueblo sin futuro”.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), histórica
organización mapuche de la Patagonia, también emitió un documento: “Repudiamos
el accionar del Estado frente los hechos que han sucedidos (el Cushamen) y
manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia estatal y sus
familias. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y
responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situación de militarización
que sufren los pueblos originarios”.
“No queremos que la actitud de Estado y la
sociedad frente a nosotros sea de represión, discriminación y racismo”, precisó
la organización indígena. Recordó que el Pueblo Mapuche ha sufrido incendios,
persecuciones judiciales y policiales, amenazas de muerte, acosos,
allanamientos e intentos de desalojo. Y el CAI dejó una aclaración: “Mantenemos
nuestros reclamo y la firmeza en nuestra lucha”.
¿Solución?
Una pregunta recurrente es por dónde pasa la solución. Y la
respuesta indígena suele ser simple: “Que se respete la ley”.
Argentina tiene frondosa legislación que
favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional
(Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Ley 26160 (freno a los
desalojos), Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre
Pueblos Indígenas. La legislación vigente establece que los pueblos indígenas
deben contar con “tierras aptas y suficientes” y que se debe realizar la
“consulta libre, previa e informada” ante cualquier hecho que los pudiera
afectar. Traducido: ninguna empresa extractiva puede ingresar a territorio
indígena sin antes realizar todo un proceso de consulta (que puede llevar hasta
años) con la comunidad.
De la mano de jueces y fiscales, esas leyes no
se cumplen.
¿Por qué el incumplimiento? Porque es una
política de Estado que atraviesa a todos los gobiernos: violar los derechos
indígenas y beneficiar a petroleras, grandes estancieros, empresas del
agronegocio y mineras.
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