La desaparición
forzada y su contexto económico y estratégico
Angeles y demonios
19 de agosto de 2017
Una integrante del clan mapuche agredido testimonió ante el juez
que Santiago Maldonado estaba allí cuando irrumpieron los gendarmes abriendo
fuego. Desbarató así la operación oficial de encubrimiento de su desaparición
forzada. La demonización de esa comunidad, a la que intenta presentar como
terrorista y criminal una ministra descendiente de quienes se enriquecieron con
el remate de sus tierras arrebatadas por la violencia, es el verdadero mensaje
aterrador. ¿A qué viene Mike Pence?
Así no hubiera un solo indicio acerca de lo
sucedido con Santiago Maldonado, la actitud del gobierno nacional ante su
desaparición lo convertiría en sospechoso. La ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich dijo que no le constaba que el artesano bonaerense haya estado en la comunidad Pu Lof
en Resistencia, de Cushamen, Chubut, cuando irrumpió la Gendarmería, la mañana
del 1º de agosto. Eso no es cierto: una vez que el juez federal Guido Otranto
dio garantías sobre la reserva de identidad comenzaron los testimonios. Una
mujer declaró el viernes que conocía a Santiago y que estaba allí en el momento
de la agresión.
Bullrich agregó que “hablamos con cada uno de los efectivos
de Gendarmería que participaron del operativo, y ninguno dijo que estuviera
vinculado con este caso”. Hablar con los gendarmes es una cordial actitud que
nada tiene que ver con investigar su desempeño. También advirtió que “no vamos
a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina; esa es
la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la
lógica anarquista. Nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que en
la Argentina se asiente un grupo que utilice la violencia como forma de
acción”. Su segundo de a bordo, Gerardo Milman, acusó a la familia y a la
comunidad de no colaborar con la investigación, cosa que repetiría luego el
presidente Maurizio Macrì, y sostuvo que los gendarmes que intervinieron no
fueron separados de la fuerza porque no hay denuncias en su contra. En una
audiencia con el hermano y la cuñada de Maldonado, Milman dijo que habían
dispuesto operativos en fronteras y aeropuertos y les pidió información sobre
sus amistades y posiciones políticas. Es decir que sus dos hipótesis son que
Santiago podría haber salido del país en forma voluntaria o que algo habrá
hecho para desaparecer. El responsable directo del operativo y jefe de gabinete
del Ministerio, Pablo Noceti, anunció que están preparando denuncias contra la organización
Resistencia Ancestral Mapuche, y suministró al portal de
Internet “InfoBAE” fotografías del material secuestrado en las humildes
viviendas de la
comunidad. Por la misma vía difundió que una organización con
sede en Inglaterra financia a la comunidad y negó que los mapuche constituyeran
uno de los pueblos indígenas argentinos cuya preexistencia étnica y cultural
reconoce la Constitución.
Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona ,
está estudiando acciones por competencia desleal contra Noceti y Daniel Hadad
por la publicación del artículo “Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil
de dos grupos mapuche que tienen en vilo a Chile y la Argentina”. Las
fotografías oficiales suministradas a su vocero electrónico muestran el
imponente arsenal secuestrado: modernos equipos de comunicación, como un teléfono
celular de fines del siglo pasado; varios serruchos (importados, que llegaron
al país por el deficiente control de la frontera); limas, hachas, varios
martillos y una hoz, además de piedras atadas con una soga. Pese a que los
terroristas no cruzaron la hoz y el martillo, los investigadores hicieron la
conexión que los incrimina. Noceti también se jactó del secuestro de un “Manual
de la Ideología y la nueva guerra”, que según dice, “reivindica el accionar
terrorista de los años 70” .
Nada de eso. Su autor es el teniente coronel de ingenieros Julio Víctor
Carretto. Fue condecorado por Bolivia por su trabajo como asesor luego del
golpe de 1980, acompañó el motín carapintada y presidió el bloque de
legisladores bonaerenses del Modin, que en 1994 vendió su voto para reformar la
Constitución provincial y permitir la reelección del gobernador Eduardo
Duhalde. La única reivindicación que puede hallarse en sus páginas no se
refiere al “accionar terrorista” sino a la política. Es este
epígrafe: “La derrota cultural es la más cruel de todas las derrotas, la única
que nunca podremos superar, porque no es atribuible a la mala suerte ni a la
crueldad del adversario. A la conciencia de su debilidad el vencido agrega la
humillación de no esperar su salvación sino en las lecciones del vencedor cuyo
talento debe odiar e imita a una misma vez”. Se entiende el pánico oficial a
ambos lados de la Cordillera.
Hace casi un siglo y medio, Juan Bautista
Alberdi escribió en “Facundo y su
biógrafo”, que integra sus Escritos Póstumos: “No es terrorista todo el que
quiere serlo. Sólo aterra en realidad el que tiene el poder efectivo de
infligir el mal impunemente”. En este caso ese poder efectivo de infligir el
mal no reside en la pequeña comunidad sino en el Estado, que lo usa sin restricciones
legales ni morales. Dependerá de la profundidad y calidad de la movilización
social, que al menos no sea impunemente.
Acciones y omisiones oficiales
La presencia de Maldonado en las hectáreas
recuperadas por los mapuche dentro de la estancia Leleque ,
adquirida en 1991 por la transnacional italiana Benetton, no podía discutirse,
aun antes del testimonio recibido en el juzgado.
Amigo de una de las integrantes del Pu Lof en
Resistencia de Cushamen, Santiago había llegado de visita el día anterior con un
pequeño morral, no una mochila grande. El juez federal de Esquel Guido Otranto
había ordenado el despeje de la ruta 40, que era objeto de cortes intermitentes
en protesta por la detención de Facundo
Jones Huala. Pero luego de cumplida la orden, un centenar de gendarmes también
ingresaron al Pu Lof. Esa es la denominación del clan de cinco familias que
reconoce a Jones Huala como lonko (en su idioma mapu dungun) o líder (en el
anglicismo que incorporó la Real Academia Española ). Recibidos con piedras,
abrieron fuego con balas de caucho y de plomo, quemaron las humildes
pertenencias de los pobladores y persiguieron a los hombres que escaparon,
cruzaron el río y se dispersaron entre los matorrales. Como no conocía el
lugar, la escasa hondura del cauce ni el trato que esa fuerza de inseguridad
dispensa a los nativos, en vez de cruzar, Maldonado se agazapó entre las
malezas. La comunidad, que observaba desde la otra margen del río, en cuanto
los gendarmes se retiraron rastrilló el territorio hasta la madrugada, pero no
encontró ni a Santiago ni a su morral; sólo un cuello de abrigo que llevaba
consigo. En el primer rastrillaje, que Otranto encomendó a la Prefectura Naval ,
también se encontró un gorro de Maldonado. Un perro entrenado en el seguimiento
de olores lo olfateó y encaró en forma directa hacia el sitio donde la
comunidad vio por última vez al artesano. La prueba se repitió tres veces con
el mismo resultado.
Los mapuche se reunieron a la mañana siguiente
del ataque para reconstruir lo sucedido:
·
No faltó ningún miembro de la comunidad.
·
Dos personas vieron cómo los gendarmes descubrieron y redujeron a
un hombre escondido detrás de un árbol.
·
Escucharon dos frases inequívocas: “Estás detenido” y “Tenemos a
uno”.
·
Otros vieron desde una lomada cómo los gendarmes golpeaban a un
varón maniatado.
Después de mediodía una persona que permaneció
del otro lado del río vio que un camión que había ingresado al predio se acercó
hasta una camioneta blanca con guardas laterales verdes y se formaron dos
hileras de gendarmes entre las cuales se trasbordó un bulto. El vehículo partió
rumbo a Esquel.
·
Los vehículos de la Gendamería fueron lavados
antes del peritaje y en uno estaba rota la faja de seguridad. Es escasa la
probabilidad de que el allanamiento de instalaciones de Gendarmería, realizado
por la Policía Federal
diez días después del delito, suministre elementos significativos, ya que
tuvieron tiempo de sobra para eliminarlos.
Ni la APDH, ni la comisión bonaerense por la
Memoria, ni los familiares de Santiago dudaron de la actuación de la
Gendarmería, como consta en los hábeas corpus que presentaron. Tampoco el juez
y la Cámara de Apelaciones provinciales, que rehusaron intervenir porque la
fuerza que actuó fue federal. El defensor oficial federal Jorge Fernando
Machado, la fiscal federal Silvina Avila, y el juez federal Guido Otranto no
dudan de la presencia de Santiago en el lugar durante el operativo. La única
diferencia entre ellos es que mientras defensor y fiscal consideran que se
trata de una desaparición forzada, el juez contempla también la posibilidad de
que Santiago haya llegado a entrar al río, aunque no ha expuesto qué podría
haberle sucedido a partir de ese momento.
De acuerdo con las normas del Comité de
Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención contra las
desapariciones forzadas, basta la sospecha para que se activen las obligaciones
del Estado de investigar el caso, no como si se tratara de una Persona
Extraviada (según comunicó el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, Claudio Avruj) sino como un detenido-desaparecido. Lejos de ello, el
gobierno insiste en negar el hecho y tanto la ministra Bullrich
como su colega Rogelio Frigerio han atribuido la denuncia a una maniobra
electoral, lo cual termina de tipificar el delito de la desaparición forzada,
que en los términos de la Convención comienza con la privación de la libertad
cometida por agentes del Estado pero se complementa con “la falta de
información o la negativa a reconocer dicha privación de libertad” por parte de
las autoridades. Sus mentiras y sus silencios, sus acciones y omisiones los
condenan.
La responsabilidad
La comparación con la dictadura es una
hipérbole inevitable. De hecho, los instrumentos jurídicos supranacionales
contra la desaparición forzada de personas se inspiraron en esa práctica
sistemática tanto en la Argentina como en Guatemala: la Convención Interamericana
de 1994 y la
Convención Internacional de 2007. El impulso argentino fue
decisivo, por medio de los aportes de Rodolfo Matarollo y Adolfo Pérez Esquivel
desde la sociedad civil en el primer caso y de Jorge Taiana como canciller en
el segundo. Adoptada en junio de 1994 dos meses después de que se eligieran los
convencionales que reformarían la Constitución Nacional ,
la
Convención Interamericana entró en vigor con la segunda
ratificación, en 1996. En 1997 el Congreso le dio rango constitucional.
Para quienes puedan creer de buena fe la
patraña oficial de que todo es una fabulación kirchnerista:
·
·
Nadie hubiera podido aprovechar mejor el episodio con fines
electorales que Taiana, quien se abstuvo de hacerlo.
·
El ex encargado de las escenificaciones del anterior gobierno
desde la Unidad
Presidente , Javier Grossman, cobró 180.000 pesos por el
alquiler del palco que se utilizó en el acto del viernes.
·
En esa masiva concentración, que cubrió
incluso la primera cuadra de las tres avenidas que desembocan en la Plaza de
Mayo, se reclamó la aparición con vida de Santiago y el castigo a los
responsables. En ese último rubro todos los números del sorteo los tiene el abogado
Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, quien comandó en
persona el operativo de la
Gendarmería. Una de las fotos que acompañan esta nota fue
tomada sobre la ruta 40, a
la entrada de la
comunidad. Pese a su mala calidad, se alcanza a ver el cartel
a sus espaldas que dice estancia Leleque.
Incluso hay dos testigos de esa presencia y de
su rol de mando. Dos mujeres de la comunidad que fueron detenidas se lo
recriminaron a viva voz.
–No tienen derecho a detenernos sin orden de
un juez –le dijo una de ellas, que se llama Soraya y suele ocuparse de tareas
de comunicación.
–Sí tenemos derecho a detenerte hasta por seis
horas –respondió Noceti con el mismo tono acelerado que se escucha en los
reportajes que el día anterior concedió a radio Nacional de Bariloche y a la FM Sol.
Allí dijo que estaba dirigiendo los operativos
de individualización y captura de los mapuche que reclamaban frente al juzgado
federal de Bariloche por la
detención ilegal de Jones Huala. Explicó que no era necesaria una orden
judicial porque se trataba de hechos de flagrancia a los que dijo que se
aplicaría el artículo 213 bis del Código Penal, que amenaza con reclusión o
prisión de tres a ocho años a quien integre organizaciones que sin constituir
una asociación ilícita “tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus
ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser
miembro de la asociación”. Es útil saber que ese artículo fue introducido en el
Código Penal en 1974 por el presidente Juan Perón como parte de su
confrontación con ERP y Montoneros, organizaciones político-militares con las
que Noceti y el gobierno que integra equiparan a la Resistencia
Ancestral Mapuche. Jones Huala ha formulado varias
declaraciones contradictorias respecto de su relación con la RAM y sus
prácticas. En alguna dijo que formaba parte de esa sigla, en otras lo negó. Una
vez se pronunció a favor del uso de la violencia, otra afirmó que su comunidad
sólo padece la violencia institucional. Desde la cárcel de Esquel, donde
realiza una huelga de hambre, le dijo a La izquierda diario, el emprendimiento
periodístico del Partido de los Trabajadores Socialistas, que quienes los
llaman terroristas son ignorantes o están del lado de los intereses
reaccionarios. “No somos terroristas. Sí somos revolucionarios y
anticapitalistas” y “reclamamos que se reconozca un conflicto político que
supera a los gobernantes de turno, que existe desde mucho antes de que ellos
llegaran al poder. Es el conflicto entre la nación mapuche y los estados
coloniales modernos. A partir de ahí reclamamos la devolución del territorio
usurpado y que nos dejen vivir como queremos”.
–¿Quieren construir un Estado dentro de otro
Estado, como dice Patricia Bullrich?
–Nunca planteamos eso, sencillamente porque el
Estado es una concepción occidental. Nosotros no queremos eso. Nosotros
queremos vivir como mapuche, dentro de nuestras tierras. Nación y Estado son
dos conceptos diferentes. Y si hay que construir algo diferente a este Estado,
eso lo tiene que hacer la sociedad y todos los pueblos que habitan este suelo,
que no somos sólo los mapuche. Mientras tanto, pedimos que al menos dentro del
territorio mapuche se nos respete nuestra forma de vida y nuestras normativas.
Nosotros no queremos confrontar con los argentinos pobres ni con los chilenos
pobres. Ni siquiera hoy combatimos contra el Estado, sino que combatimos contra
las transnacionales y los terratenientes. Combatimos contra el poder económico
y político.
En las entrevistas radiales, Noceti vinculó a
la RAM con extremistas kurdos, con las FARC de Colombia, con gente del anterior
gobierno y con Adolfo Pérez Esquivel, notable ensalada ideológica. También la ministra Bullrich
empleó la idea de “un delito in fraganti” para justificar que los gendarmes
actuaran sin orden judicial. Pero se cuidó de explicar cuál habría sido ese
delito. Las cinco familias del clan (eso quiere decir Pu Lof) estaban dentro de
su territorio cuando los gendarmes lo asaltaron abriendo fuego. La duda es si
el delito que Bullrich atribuye a la comunidad no es la recuperación de unas
pocas hectáreas de la
estancia Leleque , ocupada por Benetton hace un cuarto de
siglo. Tendría coherencia con su historia, ya que la fortuna familiar se
originó en las tierras arrebatadas a los aborígenes por el Ejército. Una parte
fue entregada en forma graciosa o loteada a un décimo de su valor entre amigos
y favorecedores del presidente general Julio Roca, por medio de su hermano
Ataliva, nombre que Sarmiento convertirá en verbo como sinónimo de coimear. Y
el resto se loteó en la casa de remates Adolfo Bullrich, creada con ese fin.
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=230430
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