Venezuela: ¿Revertir los logros
constitucionales de los pueblos indígenas?
Constituyente y re-colonización
indígena: una respuesta a Luis Britto García
10
de agosto de 2017
Vemos con mucha preocupación este artículo por sus
implicaciones, que van más allá de lo teórico, en la medida en la que plantea
una serie de sospechas sobre los pueblos indígenas del país y el sentido de la
lucha por sus derechos y territorios, asomando subrepticiamente una eventual
criminalización de los mismos. Este planteamiento se produce en un contexto de
políticas progresivas de flexibilización económica, relanzamiento e impulso de
numerosos proyectos extractivistas, crecientes presiones del capital
transnacional y cambios constitucionales en puerta.
Por Emiliano
Teran Mantovani* y Francisco Javier Velasco
Páez**
Hace algunos días, el reconocido intelectual venezolano
Luis Britto García publicó el artículo ‘Constituciòn y Unidad Nacional’ (23 de
julio, ver aquí)
en el cual ofrecía su visión sobre la cuestión indígena en Venezuela, y su
relación con el Estado, el territorio y los llamados “recursos naturales”.
Vemos con mucha preocupación este artículo por sus implicaciones, que van más
allá de lo teórico, en la medida en la que plantea una serie de sospechas sobre
los pueblos indígenas del país y el sentido de la lucha por sus derechos y
territorios, asomando subrepticiamente una eventual criminalización de los
mismos. Este planteamiento se produce en un contexto de políticas progresivas
de flexibilización económica, relanzamiento e impulso de numerosos proyectos
extractivistas, crecientes presiones del capital transnacional y cambios constitucionales
en puerta.
En el texto, Britto García plantea que existe una estrecha
identidad entre las reivindicaciones de los pueblos originarios en toda América
Latina, y diversos organismos de asistencia e intervención estadounidense (como
el Indian Law Resource Center), que en teoría persiguen consolidar la autonomía
de estos pueblos sobre sus territorios. A lo largo del artículo, el autor
presenta casos en los que señala que las estrategias de movimientos indígenas
latinoamericanos son tuteladas y dirigidas desde Washington, como sería el caso
de los misquitos en Nicaragua, los mayas de Belice, los yanomami en la Amazonía
y grupos similares en Ecuador. Su conclusión apunta a una generalización en la
cual indica que “gran parte” de estos movimientos en toda la región estarían
entonces bajo el paraguas de los financiamientos de los EEUU, siendo
instrumentos pasivos para favorecer al imperialismo con el objetivo de afectar
la soberanía y unidad de los Estados Nacionales y apropiarse de los recursos
naturales de nuestros países.
Inspirado en esta sospecha, Luis Britto
cuestiona la categorización de “pueblo” que la Constitución Bolivariana
de Venezuela de 1999 (CRBV) le asigna a los indígenas debido a que
supuestamente en los artículos 119 al 126, se le otorgarían a éstos derechos
distintos y superiores respecto al resto de la población venezolana y se
sentarían las bases para constituir numerosos Estados distintos del venezolano. En este sentido, el autor
propone bajar de rango valorativo a los pueblos originarios, denominándolos
ahora sólo como 'comunidades', al tiempo que sugiere se deje de usar el
concepto de 'tierras' para hablar sólo de 'habitats'. Queda también claramente
cuestionado para Britto el hecho que el Estado tenga que realizar consultas
previas e informadas a los indígenas para poder ejecutar el aprovechamiento de
los recursos naturales de la Nación.
A nuestro juicio estos planteamientos están
descontextualizados y son tendenciosos y miopes.
·
En primer lugar, es falso que el reconocimiento de la existencia de diversos pueblos
(en plural) en la Nación venezolana, dé cabida a supuestos derechos
“superiores” de los indígenas y allane el camino a la posibilidad jurídica de
afectación de la integridad territorial, debido a que la CRBV es bastante clara
en su Artículo 126:
“Los pueblos indígenas, como culturas de raíces
ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta
Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía
nacional. El término
pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da
en el derecho internacional” (subrayado nuestro).
Si se revisa el conjunto de artículos del Capítulo VIII
'De los derechos de los pueblos indígenas', y se hace además hincapié en la
explicita delimitación y aclaración que plantea el artículo 126, no queda claro
en qué medida éstos supuestamente amenazarían la unidad de la nación.
·
En segundo lugar, los reclamos a una supuesta amenaza indígena
tienen cierto toque de cinismo en la medida en la que, en la realidad concreta,
estos derechos consagrados han sido sistemáticamente violados y son realmente
escasas las conquistas que se han obtenido hasta la fecha.
Más aún, no pocos
problemas y conflictos se han suscitado en lo que concierne a la demarcación de
tierras comunales, la consolidación de asentamientos y la ausencia de consultas
previas. Luchas como la de los yukpas, liderada por Sabino Romero al precio de
su vida; los actuales reclamos de diferentes pueblos indígenas de los estados
Bolívar y Amazonas por la carencia de consultas para la realización del
proyecto del Arco Minero del Orinoco, y por la urgencia de políticas efectivas
contra el flagelo de la minería ilegal, son algunos ejemplos de los desmanes
cometidos en contra de los derechos de los pobladores originarios venezolanos.
De nada sirve preocuparse por “la actitud del gobierno estadounidense hacia los
indígenas en su propio territorio”, si se escribe un artículo haciendo completo
mutis en lo que respecta al drama de nuestros propios indígenas.
Así que, en vez de inquietarse por lo que
establecen unos artículos que no se han cumplido, el profesor Britto García
debería denunciar el incumplimiento de los mismos, debería investigar cuáles
son las presiones que han obstaculizado su respeto fiel, para terminar
perpetuando la situación de injusticia social y ambiental que secularmente ha
afectado a los pobladores originarios.
·
En tercer lugar, Britto García apela a ejemplos foráneos para justificar el argumento
de la potencial ‘amenaza independentista’ de los pueblos indígenas, cuando es
importante dejar en claro que no hay indicio de movimiento separatista alguno
en Venezuela que haya sido generado o que esté en gestación, teniendo a los indígenas
como base social.
La contracara del problema planteado por Britto, que no es
reflejada en su artículo, es el marco histórico de
expoliación y exclusión permanentes que, a lo largo de varios siglos, han
sufrido los pueblos originarios latinoamericanos y venezolanos. Es en
esta perspectiva histórica que hay que entender las tensiones que generan en
nuestros días los problemas de tierra y territorio que corresponden en justicia
a cada uno de esos pueblos y comunidades, y que pueden ser precisamente la causa
de un deseo de separación, tal y como ocurrió con los misquitos en la Nicaragua
sandinista de los años 80, caso citado por el autor como ejemplo de sedición.
Cabe recordar que la cúpula sandinista, comenzando por el
propio comandante Tomás Borge, admitió haber cometido lo que califican de
graves errores al ignorar y considerar peyorativamente la cultura, las formas
organizativas y socio-productivas propias de los misquitos y los
afrodescendientes de la costa atlántica nicaragüense, lo que, conjuntamente con
la represión desatada en su contra, propició la captación de un reducido sector
de este pueblo por factores somocistas y contrarrevolucionarios. No obstante,
es necesario señalar que, luego de llevar a cabo una autocrítica y con el
concurso de expertos, se produjo una rectificación por parte de las autoridades
sandinistas quienes reconocieron las molestias causadas a esa población y
aceptaron la solución honrosa de la “Autonomía de la Costa Atlántica ”.
Convertir a los pueblos indígenas en chivos
expiatorios de las maniobras separatistas de grupos dominantes blancos y
mestizos, que buscan imponer su perspectiva de clase y sus intereses para
apropiarse de determinados recursos, es sumamente injusto y desvía la atención
de las verdaderas causas que generan estos procesos.
·
En cuarto lugar, el reconocimiento de los indígenas como 'pueblos' es en cambio un
logro histórico obtenido a partir de sus luchas y movilizaciones, consagrando
el hecho de que, antes que ‘extranjeros’ o ‘marginales’, son los pobladores ancestrales
de los territorios de nuestra actual República, y merecen el resarcimiento ante
la discriminación y el despojo histórico del desarrollo
capitalista/colonialista.
La propuesta de Britto García de eliminar
constitucionalmente su condición de pueblos, reproduce el patrón colonial que
ha intentado, racismo por medio, homogeneizar a los pueblos diversos, a las
diversidades culturales que los constituyen, subsumiéndolos en la identidad
nacional monocultural y generando permanentes procesos de etnocidio.
En su artículo, Britto confunde pueblo con Estado.
En este sentido es necesario subrayar que el reconocimiento de los pueblos
indígenas no tiene porqué apuntar a la conformación de nuevos Estados. El autor
incluso parece obviar el importante debate sobre plurinacionalidad que,
reconociendo la existencia de múltiples pueblos dentro de un mismo estado o
constitución, nutrió los pilares ideológicos del ciclo progresista
latinoamericano, del proyecto del Socialismo del Siglo XXI (también pensado
como indoamericano) y de la idea del Buen Vivir.
En el territorio de Venezuela no hay pueblos que
no formen parte de la venezolanidad, que es una y múltiple. Lejos de atentar
contra la identidad nacional, el reconocimiento de los derechos culturales y
materiales de los pueblos indígenas (que nunca deberían ser disminuidos sino
mas bien aumentados) constituyen un componente fundamental para el
enriquecimiento significativo y permanente de nuestra identidad y nuestro
patrimonio cultural. Britto García debería entonces sumarse al coro de voces
que exige la consulta a todos los pueblos y comunidades que hacen vida en
nuestro país cuando se trata de proyectos y megaproyectos negociados con
grandes transnacionales que involucran recursos y elementos estratégicos
relativos a la cesión de soberanía, la destrucción masiva de fuentes de agua,
biodiversidad y suelos.
Los verdaderos riesgos de pérdida de soberanía y
fragmentación del territorio nacional se asocian hoy en día a las políticas y
proyectos extractivistas (como por ejemplo ocurre con el Arco Minero del
Orinoco), que se insertan en la lógica y las prescripciones del proyecto
regional COSIPLAN-IIIRSA. Como sabemos, dicho proyecto tiene como propósito la
integración de los diversos territorios de América del Sur, con miras a facilitar
el flujo de los ‘recursos naturales’ expoliados por el gran capital y el
reforzamiento de la inserción subordinada de nuestros países en la
globalización neoliberal.
·
En quinto lugar, con relación al asunto del poder político, Britto invoca a la razón
de Estado. En este sentido, conviene recordar que los imperios coloniales y los
Estados republicanos post-independencia surgieron en el marco de un antagonismo
étnico territorial contra los pueblos y comunidades indígenas, contra sus
matrices de vida y sus modos de convivencia. La reducción de la presencia
indígena a un asunto geopolítico y de seguridad de Estado, tal y como lo hace
Luis Britto, nos retrotrae a ese antagonismo anclado en el eurocentrismo.
La reivindicación cerrada de “la soberana potestad
del Estado de explotar los recursos naturales, sobre todo los del subsuelo, en
la totalidad del territorio nacional”, orienta el argumento
político-intelectual del autor hacia el interés y la gestión que realizan las
élites administradoras del extractivismo y de la renta en el país, actores que,
en coalición con el capital transnacional (sea estadounidense, chino, ruso,
europeo, etc.) son los que a fin de cuentas deciden qué, cuánto, cuándo y dónde
se extraen los apetecidos “recursos naturales” para el mercado mundial.
La postura de Britto implica pues, un posicionamiento preferencial ante ese antagonismo étnico territorial
que se desarrolla contra los pueblos y comunidades indígenas durante estos
procesos de expansión de la apropiación de la naturaleza. De ahí
que desestime y desvalorice claramente la consulta previa a los indígenas. Y
ante la supremacía de esta potestad estatal, no son sólo los pueblos
originarios quienes se ven desarmados, sino también cualquier experiencia
territorial (tales como experiencias comunales, productivas y comunitarias) que
se pudieran oponer a cualquiera de estos proyectos, a pesar de que en la CRBV
estén contempladas las consultas populares y abiertas (arts. 70 y 299).
En nombre del “pueblo” y el “desarrollo” de la Nación se
ha justificado históricamente y en abstracto esta soberana potestad del Estado
de explotar los recursos naturales, clausurando además las posibilidades de
otras gestiones del territorio y de alternativas económicas. Ya son harto
conocidos los resultados que han dejado estos modelos de desarrollo en América
Latina (pobreza, exclusión, destrucción ambiental y dependencia). Dichos
resultados han motivado históricamente la crítica y las reivindicaciones
políticas de diversas expresiones de la izquierda en la región, incluso en el
marco de la reciente experiencia de los progresismos. En este período político
de los últimos lustros, aunque se produjo una más justa distribución de las
rentas, se agudizó notablemente la agresión a los pueblos indígenas, a los territorios
y los ecosistemas, profundizando la dependencia de nuestros países al modelo
primario exportador y haciéndonos finalmente más vulnerables en el plano
internacional ante los efectos de la actual crisis económica global.
·
En sexto y último lugar, es preciso reconocer que,
renunciando a cualquier pretensión de idealizar a los pueblos indígenas, éstos
no solo constituyen una parte esencial de la venezolanidad, sino que también
encarnan modos de vida y saberes de los cuales podríamos aprender para construir
alternativas al modelo capitalista rentista y al propio modelo civilizatorio.
A pesar de las numerosas agresiones culturales y físicas a las que son
sometidos aún en la actualidad, los pueblos indígenas venezolanos son los
principales defensores de las aguas y la biodiversidad del país, notablemente
amenazadas por las lógicas depredadoras del desarrollismo y las prácticas de
apropiación informal sumamente dañinas. En este orden de ideas, antes que
amenazas y potenciales conspiradores, nuestros pueblos originarios constituyen
un factor fundamental que puede contribuir medularmente para salir de la crisis
profunda que vive la sociedad venezolana en la actualidad. Es por
ello que reivindicamos la consigna ‘Sabino marca el camino’.
A nuestro juicio, el artículo de Luis Britto
García no cae en saco roto. Cada texto tiene su contexto y se incorpora a
campos en disputa sobre sujetos, saberes, territorios, valoraciones, derechos y
dignidades. Múltiples prejuicios y apetencias subyacen detrás de la negación de
los derechos de los pueblos indígenas. Intereses de transnacionales mineras,
petroleras, madereras, entre otras; a los que se suman en su acción etnocida y
ecocida mineros artesanales –por lo general ilegales–; las élites burocráticas
de los Estados que formalizan y legitiman esta lógica de despojo, extracción y
saqueo; todo ello con el concurso de los aparatos argumentales de intelectuales
orgánicos que apuntalan estos procesos.
El texto de Britto García parece útil para
terminar de neutralizar el ya frágil y carcomido derecho indígena, lo que
generaría un desplazamiento jurídico para finalmente allanar el camino de
impulso a la mega-minería en el Arco Minero del Orinoco y otra serie de
proyectos, ahora de la mano de una mayor participación e incidencia de las
compañías transnacionales, como se evidencia en el nuevo esquema de negocios
propuesto por el Gobierno nacional. Visto así, el artículo contribuye sobre
todo a eso que el intelectual mexicano Pablo González Casanova denominó hace ya
un tiempo “colonialismo interno”.
Para finalizar, preocupa la clara advertencia
que hace Britto García a quienes puedan oponerse a la tesis por él planteada:
quien no esté de acuerdo con este planteamiento es un secesionista, por lo que
“todo el que quiera dividirnos es nuestro enemigo”.
Caracas, agosto de 2017
*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo
de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma
de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención honorífica del Premio
Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela ’.
Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo
organizado por la
Fundación Rosa Luxemburgo y es promotor del Observatorio de
Ecología Política de Venezuela.
**Francisco Javier Velasco Páez es antropólogo de la UCV y ecólogo social, con
especialización en Ecodesarrollo de la Universidad de Montreal, master en
Planificación Urbana y Regional mención Ambiente en la Universidad Mc Gill
y doctor en Estudios del Desarrollo del Cendes. Profesor e investigador. Miembro de la Plataforma contra
el Arco Minero del Orinoco.
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