El “paquetazo
agrario”: claves para entender la política agraria en el Ecuador
31 de agosto de 2017
Por Stalin Herrera
OCARU-
Observatorio del Cambio Rural.
E l “paquetazo” fue una forma de tematizar o
entender la estrategia de los distintos gobiernos neoliberales que, a nombre
del desarrollo, la democracia y el “bien común” subordinaron al Estado a los
intereses de las elites. Entre los años 70 y 80, el Estado fue el promotor
central de la modernización y diversificación económica de las elites mientras
que, en los 90, financió la crisis económica y financiera a costa del
empobrecimiento de la población[1]. Hoy, el drama vivido en los 90 parecería
no repetirse porque el gobierno de la Revolución Ciudadana
recuperó el rol del Estado en la inversión social –sobre todo en educación,
salud e infraestructura[2]– y el desarrollo nacional –Plan Nacional
de Desarrollo, Cambio de la Matriz Productiva y Energética–. Sin embargo, la
política agraria del Ecuador repite el error: a nombre de los avances
constitucionales y las demandas de las organizaciones (el Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria )
favorece la ganancia de las elites “agroempresariales” y el agronegocio.
El “modelo” de agricultura en el Ecuador, en
sus rasgos generales, no ha cambiado: por un lado, existe un polo
primario-agroexportador que se sostiene sobre el control de los recursos
productivos más importantes (tierra, agua, tecnología) y la sobre explotación
laboral (trabajadores sin mayores avances en el reconocimiento de sus derechos
laborales)[3]; un importante sector, de pequeños y
medianos productores al centro; y en el otro extremo, una enorme proporción de
pequeños agricultores que basan su “economía de subsistencia” en las
actividades familiares, acusados de ser ineficientes
o improductivos.
Contrariamente al sentido común que ubica a la
agricultura familiar como un rezago del pasado, los trabajos que analizan la
estructura agraria del país muestran que para el 2000 el peso e importancia de
las UPAs de agricultura familiar campesina (AFC) es enorme: La CEPAL (2005), al
sumar variables de capacidad productiva y tecnología, planteó que la agricultura familiar representaba el 53% de las unidades,
mientras que las empresariales figuraban con un 5% y las tradicionales el 43%.
Wong y Ludeña (2006), por ejemplo, considerando el tamaño de la propiedad, la
cantidad de trabajadores utilizados, el ingreso y gasto de los hogares, calcularon
que la AFC
representaba el 88% de las UPAs, sumaban 739.952 unidades y controlaban el
41% de la tierra.
Chauveau (2008), plantea que el modelo de agricultura está
polarizado entre un grupo de más de 200 has que se componen de 16.000
“familias” de agronegocios y 38.000 familias de producción patronal; y un polo
de no más de 10 has compuesto por 550.000 familias de Agricultura Familiar,
230.000 familias minifundistas y 100.000 familias campesinas sin tierra.
Al mismo tiempo, Wong y Ludeña (2006), observaron
que la agricultura familiar
campesina, incluyendo la de subsistencia, vende la mayor parte de su producción (57%) fuera de la finca; el 24% la
vende en la finca y sólo consume el 19% de lo que produce. Es decir, que la AFC
tiene una enorme importancia económica productiva y está fuertemente integrada
al comercio, pero no solo a la producción de alimentos para el consumo interno,
sino que también está “presente” –de manera subordinada– en la producción de
alimentos agroindustriales[4].
En este sentido, el debate planteado por AVSF
– Sipae (2015) con datos del Ecuador, y North y Berry (2015) observando los
resultados de Taiwán, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Holanda, nos
proponen algo aún más interesante: la AFC o los pequeños productores familiares
pueden, cuando disponen de los recursos productivos necesarios y el apoyo de
políticas públicas, generar mayor trabajo y riqueza por ha que los modelos de
producción terrateniente y pueden constituirse en la base del desarrollo
industrial nacional. Sin embargo, la política agraria en el país va en contra
sentido y los “esfuerzos” del gobierno de Rafael Correa (2007-1017) no han
cambiado la tendencia general que se había instalado desde los años 80 con el
neoliberalismo. Valdría preguntarnos entonces ¿qué es lo que ha cambiado para
no cambiar nada?
Paquetazo y modernización conservadora
Carrión y S. Herrera (2012), mostraron que la política agraria se
alejaba de los avances constitucionales, –Art. 281 de la Constitución que
plantea un modelo de soberanía alimentaria para el campo–, y promovía el viejo
modelo de exportación a costa de la producción “típicamente campesina” a través
de la “modernización” de
las instituciones. La gran diferencia con el neoliberalismo era una mayor
presencia del Estado en el campo, pero la mayor diferencia con el desarrollismo
de los años 80 es que no se impulsaron políticas de desarrollo económico campesino,
sino que, fundamentalmente, promovieron políticas de “inclusión económico
social” que sirvieron para bajar las tensiones o demandas campesinas.
Este proceso que refuerza el viejo modelo
primario agroexportador a costa de una mayor subordinación de la agricultura
familiar campesina, en un contexto en el cual la “agenda indígena campesina”
(Estado Plurinacional, Soberanía Alimentaria, derechos de la naturaleza, Buen
Vivir, etc.) se presentó como la renovación más interesante del horizonte de
cambio popular y marca las características de lo que los campesinos definen
comoPaquetazo Agrario y
nosotros lo caracterizamos como Modernización
Conservadora.
El punto central es que el gobierno, a pesar
de las demandas indígenas y campesinas y de los avances constitucionales y la
mayoría legislativa en la Asamblea, pone al Estado al servicio de la
agroindustria y los agronegocios. Ésto lo podemos observar en 4 elementos
centrales que dan cuenta de la dirección que toman las políticas públicas
agrarias en el país:
1.
Privatización de los recursos productivos o la
contrarreforma agraria. Desde la aprobación de
la constitución de 2008, las organizaciones han entrado al debate de la Ley de
Tierras, la Ley de Agua y la Ley de Semillas. Las demandas centrales han sido:
la distribución de tierra, la desprivatización del agua y administración
comunitaria de los sistemas de riego, la libre circulación de semillas y la
prohibición de cultivos transgénicos. La respuesta del gobierno al debate
propuesto fue asegurar el derecho privado a la tierra y el agua y, en el caso
de las semillas, favorecer la circulación de semillas certificadas y promover
el uso de transgénicos para la “investigación”. El sentido último del proceso
es la privatización de los
recursos productivos indispensables
para la agricultura indígena campesina y que constituyen bienes comunes de los
pueblos y la sociedad. El
sentido político fue clausurar la posibilidad de una democratización de
recursos productivos y llevar la contrarreforma
agraria más allá de la
tierra.
2.
La reprimarización de la agricultura y dependencia
económica. En la década de los 90
se evidenciaba que los distintos gobiernos, a diferencia de sus proyectos de
industrialización y la apuesta por los mercados existentes generan mayor
reprimarización de la economía y dependencia, es decir, una mayor venta de
productos primarios y con escaso valor agregado. En el caso del último período,
a pesar de la Constitución, el Plan Nacional de Buen Vivir (2009-2013) y su anunciada
estrategia nacional para el Cambio de la Matriz Productiva ,
el gobierno no logró y no hizo mayores esfuerzos para cambiar la matriz
productiva en el campo. Uno de los mejores ejemplos es que la proyección de
inversiones para la sustitución de importaciones se concentra en un 77% en la
producción de caña, soya y canola[5]; además, el gobierno, en su estrategia de
cambio de la matriz energética, fomentó la producción de biocombustibles[6]; legalizó la expansión de las camaroneras
en zonas de manglar que hasta hace poco estaban protegidas por la ley[7]; legalizó los cultivos ilegales de banano
en manos de las grandes empresas[8]; le apostó al uso de transgénicos[9] a
pesar de las restricciones constitucionales; y, finalmente, firmó un Tratado
Comercial con la Unión
Europea que acentúa aún más la
reprimarización de la agricultura y la economía.
3.
La transferencia de recursos estatales para la
subordinación campesina. Siguiendo una fórmula
neoliberal instalada en los 90
a través de los negocios “inclusivos” y en oposición a
cualquier propuesta de soberanía alimentaria, el gobierno ha sido el principal
impulsor de lasubordinación campesina al
modelo de agroindustria. Este proceso ha tenido dos ejes: por un lado, mantuvo los
programas o proyectos estatales que promueven la inclusión de los pequeños
productores a las “cadenas de valor” y que instalan los imaginarios de
“competitividad empresarial”, tal como reza el componente 3 de su “Agenda de
Transformación Productiva Amazónica Reconversión Agroproductiva Sostenible en la Amazonia Ecuatoriana ”: Fortalecer los encadenamientos
productivos mediante la generación de actividades que promuevan la
competitividad sistémica y faciliten el comercio equitativo. Por otro lado, el gobierno realiza
transferencias directas a las empresas a nombre de las crisis o el desarrollo
productivo. En el 2008, a
nombre de bajar los precios de los alimentos y combatir la especulación,
transfirió a manera de subsidios a las empresas importadoras de insumos 400
millones (J. León, 2007:7); el Plan Semillas para la recuperación de pequeños
productivos invierte entre 25 y 30 millones al año y se realiza un convenio con
seis empresas (Agripac, Ecuaquímica, Pronaca/India, Interoc S.A., Afecor y Del
Monte).
Así, a nombre de los avances constitucionales
y de un acuerdo entre el Estado y la empresa privada, el gobierno a través de
los programas y proyectos de desarrollo productivo no sólo trasladó recursos estatales hacia
las elites y aseguró su ganancia, sino que financia la subordinación campesina entendida como: la conversión del
modelo de la agricultura familiar campesina al monocultivo de alimentos para la
agroindustria, indispensable para su incorporación a las cadenas de valor y con
esto su dependencia al paquete tecnológico y las redes de mercado controladas
por la agroindustria.
4.
Concentración de capital y precarización laboral. Finalmente, el mundo empresarial, con los recursos y
complicidad del Estado, se ha instalado en el sentido común como el paradigma
de desarrollo y el futuro. El gobierno, a pesar de los avances constitucionales
en torno al Buen Vivir y los derechos de la naturaleza, es permisivo con un
modelo que no crea mejores condiciones sociales para sus trabajadores, la
sociedad o el mismo medio ambiente. El trabajo más reciente de J. Baéz (2017),
muestra que los “sectores agrícolas y agroindustriales”, no sólo mantienen el
control de las mejores tierras del país y su producción se destina,
fundamentalmente, a la exportación (banano, flores, camarones, cacao, café,
camarones, pescado, etc.) o la producción industrial de alimentos (leche, maíz
duro, palma, etc.) sino que mantienen un control oligopólico del mercado y sus
tasas de ganancia son enormes[10] -las
100 “empresas agropecuarias” más grandes del país concentran el 58% del PIB
agrícola; al tiempo que no hay un sistema de impuestos sobre la renta de la
tierra y sus ganancias extraordinarias. Contradictoriamente y, a pesar de las
“ganancias extraordinarias del sector agrícola”, el gobierno ha promovido
reformas laborales a favor de las empresas y ha sido el principal promotor de
la formalización de la “flexibilización laboral”[11].
Sintomáticamente, hoy es más común que, en ausencia
de los trabajadores, sean los empresarios y el gobierno los que firmen los
acuerdos que regulan las relaciones laborales: “Leonardo Berrezueta Carrión,
Ministro de Trabajo, junto a Miguel Bustillo, Presidente de la Asociación de
Ganaderos de Daule, Lorens Olsen, titular de la Asociación de Ganaderos del
Litoral y Galápagos, y José Gálvez, Viceministro de Trabajo, firmaron (…) un
acuerdo que regula las relaciones de trabajo especial en el sector
agropecuario, ganadero y agroindustrial”[12]. Mientras que las organizaciones de
trabajadores agrícolas denuncian que se mantiene un régimen de precarización laboral –restricciones a la
sindicalización, persecución de dirigentes, listas negras, condiciones
laborales inadecuadas, trabajo infantil, acoso a las trabajadoras, etc.
Así, aunque el gobierno reconoce que hay una
“deuda agraria” con las organizaciones campesinas, el resultado final es su “despojo”. Con esto, no solo nos referimos al
proceso de acaparamiento de tierras y privatización del agua, que están muy
bien registrados en el Ecuador, sino al vaciamiento de la Soberanía Alimentaria
y su sustitución por un modelo que impulsa la conversión de los pequeños
campesinos y comunidades indígenas hacia un modelo de “eficiencia” y
“rentabilidad” productiva comandado por la agroindustria. Siguiendo
los planteamientos de D. Harvey (2005), asistimos a una reforma institucional y
normativa que impulsa la penetración de relaciones sociales y arreglos
institucionales (reglas
contractuales y esquemas de propiedad privada) que facilitan y actualizan los
distintos modos de absorber los excedentes de capital y trabajo existentes, en este caso, de la riqueza
producida por los campesinos y la renta de la tierra. No se trata de
un esquema puramente económico sino, también, de la subordinación simbólica y
cultural.
La línea asumida por el gobierno y la
transformación / subordinación de la agricultura familiar no es un “imperativo
absoluto”, pero la alianza público – privada marca los límites de cualquier
esfuerzo para mejorar la situación y posición de las familias indígenas y
campesinas; no es posible que la agroindustria y los agronegocios tengan
ganancias extraordinarias sin la complicidad del gobierno. La deuda agraria no
puede pagarse con la
Minga Agropecuaria porque es un poco más de lo mismo –a
nombre de los campesinos e indígenas el Estado crea las condiciones para que
los pequeños agricultores se incorporen a las cadenas agroindustriales–. La
situación actual exige de una sociedad activa y un Pacto Ético por el Campo.
Bibliografía
Báez Jonathan, 2017, Acumulación en la Revolución Ciudadana :
Grupos económicos y concentración de mercado en el sector agropecuario, Centro
de Derechos Económicos y Sociales –CDES–, Quito.
Berry, Albert y Liisa North, 2015, Los
Beneficios De la
Pequeña Propiedad En El campo, en Línea de Fuego,https://lalineadefuego.info/2015/03/17/los-beneficios-de-la-pequena-propiedad-en-el-campo-por-albert-berry-y-liisa-north-2/,
vista 17 marzo 2015.
Carrión, Diego y Stalin Herrera, 2012, Ecuador rural del siglo XXI:
Soberanía Alimentaria, inversión pública y política agraria, Instituto de Estudios
Ecuatorianos, Quito.
Chaveau, Christophe, 2008, Reflexiones sobre
función socioeconómica de la tierra y el modelo de desarrollo agrario en el
Ecuador, SIPAE, Quito.
Harvey, David, 2005, “Nuevo Imperialismo:
Acumulación por desposesión”, en Socialist register 2004 (enero 2005), CLACSO,
Buenos Aires.http://biblioteca.clacso.edu.ar.
León Javier, 2017, “Agroindustria y Soberanía
Alimentaria en Ecuador”, artículo presentado en la conferencia El
futuro de la alimentación y retos de la agricultura para el siglo XXI: Debates
sobre quién, cómo y con qué implicaciones sociales, económicas y ecológicas
alimentará el mundo. Elikadura21, documento 4.
[1] Hacia
el 2000, a
nivel nacional la pobreza alcanzó al 68.8% de la población y la indigencia al
40,3%; en el campo llegó al 84.1%, y la indigencia al 58,2% de la población.
[2] Las
políticas del gobierno lograron reducir un 61.3% la pobreza rural en el 2007;
un 38.2% en el año 2017.
[3] En
el caso del Ecuador, el gobierno resalta como uno de sus logros el incremento
sostenido del salario básico, así como la eliminación de la tercerización
laboral (Mandato Constituyente No 8). Sin embargo, la reforma laboral no llegó
y no tuvo la intención de transformar las relaciones laborales en el campo. Al
contrario de esto, las denuncias de las organizaciones se mantienen y la
reforma laboral general va en contra sentido de sus demandas cada vez más
conservadoras.
[4] Según
las cifras del SINAGAP: en el 2001, el 21% de los productores de caña son pequeños productores de menos de 5
has y hacia el año 2004 la superficie sembrada llegó a 92.142 has. En la palma, para el año 2001, el 4% son pequeños
productores de menos de 5 has; el 56% son productores “medianos” de entre 5 y
50 has, pero la superficie pasó de 95.303 has en el 2003 a 209.283 has
cosechadas. En el banano, en el 2001, el 37% de los productores tienen menos de
10 has, pero la superficie de 252.570 has en el 2000 pasa a ser de 186.225 has
en el 2014. En el caso del maíz duro para la agroindustria, el 66% de las
UPAs son de pequeños productores de menos de 10 has, al tiempo que la
producción pasó de 292.862 has en el 2002 a 322.590 has en el 2014 (Sinagap, http://sinagap.agricultura.gob.ec/)
[5] Los
datos fueron divulgados por el Magap en el 2013 en su documento: “El sector
agropecuario, acuícola y pesquero en el cambio de la matriz productiva”.
[6] Artículo
1 del Decreto Ejecutivo No.1303 del 28 de septiembre de 2012 declara de interés
nacional el desarrollo de biocombustibles en el país.
[7] El
Decreto Ejecutivo 1391 que emite reformas al reglamento general de la Ley de
Pesca y Desarrollo Pesquero y texto unificado de legislación pesquera, 15 de
Octubre del 2008.
[8] Según
Alberto Acosta (7 de diciembre 2012), ‘’en enero del 2011 se declaró amnistía
para las siembras ilegales de banano que, en su mayoría, están en manos de los
grandes productores-exportadores y que ascienden a 100.000 hectáreas
ilegalmente cultivadas”, en revista Línea de Fuego, en https://lalineadefuego.info/2013/01/14/nuestro-compromiso-con-los-productores-bananeros-por-alberto-acosta/.
[9] En
el caso de los transgénicos, el principal promotor y defensor de su uso ha sido
el propio presidente Rafael Correa en el 2012 cuando plantea que “la
prohibición de transgénicos es error de la Constitución de Montecristi” (La
Republica, 27 de septiembre 2012, en https://goo.gl/nlILa).
El mismo Presidente modificó el articulo 56 de la “Ley Orgánica de
Agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable” para
permitir el uso de transgénicos en mayo del 2017.
[10] “Efecto
de la concentración, estas empresas generan tasas de ganancias extraordinarias
por encima del promedio, sus ingresos en el año 2013 aumentan de 3.675 en 2006 a 9.794 millones de
dólares en 2013. Esta situación implica que, entre los años 2006-2013, el
incremento anual de los ingresos de estas empresas es del 15,03%, cerca de tres
puntos porcentuales por encima del promedio en el sector agropecuario” (Báez,
2017).
[11] El
mismo presidente R. Correa planteó que, en un contexto de crisis y reducción de
la competitividad de los sectores empresariales, hay rigidez en los sistemas de
contratación; sistemas de contratación que no reconocen las demandas de trabajo
temporal, etc. Así que “estamos estableciendo formas de contrato más flexibles
para estos tres sectores: construcción, agropecuario y transporte” (Rafael
Correa, 26 de diciembre 2015, Enlace Ciudadano No 456, en https://www.youtube.com/watch?v=0lXJXf_ykYc).
En octubre de 2015 el Ministerio había emitido la norma para que los
trabajadores agrícolas reciban su salario de forma diaria, semanal, quincenal o
mensual en formas de “Contratos de trabajo discontinuo”.
[12] El
Telégrafo, 22 de Marzo de 2017, “En Daule (Guayas) se firmó un acuerdo que
protege laboralmente a los ganaderos y agricultores ecuatorianos”. http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-ministerio-regula-el-trabajo-del-sector-agrícola.
Stalin Herrera: Sociólogo e investigador de
temas agrarios y rurales del OCARU.
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