Rompamos con la deuda
para ganar el futuro
9 de marzo de 2017
Por Jesús Vellida Albiol (Rebelión)
“Los créditos para
satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones
se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su
pago disfrutará de prioridad absoluta”. Artículo 135 de la Constitución
española modificado por el PSOE y el PP en agosto de 2011 que obliga al pago de
la deuda y de sus intereses encima de cualquier gasto social. Es inviable salir
de la crisis de forma satisfactoria para la mayoría social si se continúa
priorizando que una parte creciente del presupuesto público se dedique al pago
de la deuda.
Esta claudicación del gobierno español ante la
Troika, conformada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y
el Fondo Monetario internacional, es un ejemplo más de como la deuda se utiliza
como mecanismo de control político de los pueblos y de acumulación de beneficios
por parte de las élites económicas y financieras cómo en el caso más reciente
de Grecia. En este sentido, Eric Toussaint del Comité para la Anulación de la
Deuda del Tercer Mundo –CADTM– explica que la deuda es una ofensiva brutal
contra los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población con la
complicidad activa de los gobiernos y la Troika. Toussaint
continúa argumentando que los bancos que provocaron la crisis especulan con las
deudas de los Estados y exigen su reembolso imponiendo una austeridad salvaje
que está destruyendo un cierto Estado de bienestar que se había conquistado en
Europa.
El gran aumento de la deuda en la UE se ha
producido desde la aplicación de los tratados de Maastrich y de Lisboa y está
íntimamente ligado a las políticas neoliberales que con su reforma fiscal
regresiva suponen una pérdida de ingresos para los Estados debido a la rebaja
de impuestos a una minoría rica. Como consecuencia los gobiernos tienen que
recorrer a la banca privada para financiarse puesto que el BCE no presta a los
gobiernos. Unos gobiernos europeos que no tendrían este déficit si hubieran
sido financiados por el BCE con los mismos tipos de interés con los cuales
generosamente se financia a los bancos privados. Otra de las causas del
incremento de la deuda pública son los rescates bancarios como el del Estado
español, en un claro ejemplo de socialización de perdidas convirtiendo deuda
privada en pública. Esta situación no es ninguna novedad ya que los mecanismos
perversos de la deuda ya se han utilizado antes para imponer medidas
austericidas. Es el caso, entre otros, de América Latina en la década de los
noventa dónde para conseguir prestamos de los organismos financieros
internacionales como el Banco Mundial o el FMI había que cumplir toda una serie
de condiciones conocidas como planes de ajuste estructural (privatizaciones,
recortes, rebajas salariales, etc.) en la misma línea que los memorándums
europeos actuales. Crear deuda y hacerla aumentar es el gran negocio de la
banca y de los fondos de inversión.
La deuda actual es impagable, -en el caso del Estado español roza
el 100% en porcentaje del PIB-, y hay que determinar la legitimidad o no de la misma. Una deuda es
ilegítima si un gobierno la contrae sin conocimiento ni aprobación de la ciudadanía
y en contra de los intereses de la mayoría social. Contraer deuda por haber
rebajado o suprimido impuestos a quienes más tienen y por haber rescatado a la
banca privada la hace ilegítima. En este sentido hay que poner encima de la
mesa las diferentes posibilidades: moratorias, reestructuraciones y quitas.
Unas posiciones que no son neutrales y que serán más favorables a las clases
populares y trabajadoras si la ciudadanía está concienciada e interviene para
auditar, controlar y supervisar estos procesos. La Plataforma Auditoría
Ciudadana de la Deuda y otros movimientos sociales son
instrumentos muy útiles para la sensibilización y el empoderamiento popular.
Finalmente, este no es un problema financiero
sino político. A lo largo de la historia muchos países han roto con el dogma
del pago de la deuda; los ejemplos más recientes son Malasia, Ecuador, Islandia
y Argentina. Cualquier alternativa de cambio político-electoral tiene que
plantearse qué hacer con la deuda si realmente quiere defender la soberanía de
los pueblos y que estos puedan ejercerla. Si no rompemos con la deuda no habrá
soberanía real.
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=223878
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