Voceros de pueblos
originarios exigen que se reconozcan sus derechos
Acampar para defender
la tierra
10 de marzo de 2017
10 de marzo de 2017
Representantes de siete comunidades
originarias del norte salteño están desde hace quince días en el centro
porteño. Denuncian que sus reclamos sobre tierras, salud, vivienda y educación
no fueron atendidos por ningún funcionario.
“Nos quieren exterminar. No quieren que haya más indígenas en
Argentina”, denunció Gabriel Espinoza, uno de los voceros de los siete pueblos
indígenas de Salta que acampan desde hace quince días en el centro porteño.
Entre los reclamos sobresalen territorio, salud, vivienda y educación. Fueron
recibidos por funcionarios del Gobierno pero no obtuvieron respuestas
favorables, por lo que la medida se mantiene por tiempo indeterminado. En
Embarcación (norte salteño), la comunidad guaraní Happo P’au hace 35 días que
sostiene un acampe por un conflicto con un empresario de agronegocios.
“Por nuestro legítimo derecho a la tierra”, es una de las
consignas de las comunidades de los siete pueblos acampantes, guaraní, chané,
wichí, qom, tapiete, chulupí y chorote. Presentaron un petitorio con 16 puntos:
entrega de títulos de tierras y prórroga de la Ley Nacional 26160,
entrega de DNI, viviendas, letrinas para personas con movilidad reducida,
agentes sanitarios indígenas, educación intercultural bilingüe, agua potable y
enseñanza de los idiomas indígenas, entre otros.
Están ubicados en la esquina de Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio.
Una larga bandera recuerda los siete pueblos involucrados y los nombres de las
comunidades (muchas del departamento de San Martín, uno de los más afectados
por las topadores y desmonte del agronegocio). Un prolijo cartel recuerda que este
año vence la Ley 261610, sancionada en 2006 y que ordenaba relevar (en tres
años) todos los territorios indígenas. Pasaron once años y es mínimo el
porcentaje de comunidades con relevamiento terminado (13 por ciento).
Desde hace años reclaman al gobierno provincial (primero a Juan
Carlos Romero –entre 1995 y 2007–, luego a Juan Manuel Urtubey, gobernador
desde hace diez años). Nunca tuvieron respuestas positivas. Decidieron llegar
hasta Buenos Aires el lunes 20 de febrero. Casi no recibieron visitas de sectores
políticos, de organizaciones sociales ni de medios
de comunicación.
Sí los visitaron desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI). Les prometieron estudiar sus reclamos y ayudas futuras. Lo único firme:
les ofrecieron los pasajes de regreso a Salta. El lunes 6 de marzo, con ya
quince días de acampe, fueron recibidos en el Ministerio de Desarrollo Social
(dirigido por Carolina Stanley), pero tampoco tuvieron respuesta concretas. Esa
misma tarde dieron una conferencia de prensa, rodeados de un puñado de
militantes indígenas y medios de
comunicación alternativos.
Reynaldo Durán, cacique qom de la comunidad Zanja Honda ,
recordó la situación “crítica” que viven en Salta y aseguró que la misma
situación están padeciendo en el centro porteño, donde tampoco tienen agua y
escasean los alimentos. Explicó que dejaron sus pedidos por escrito en la Casa Rosada ,
Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Congreso Nacional. “No nos dan
respuesta, no nos sentimos acompañados por la gente que nos representa (funcionarios
y políticos). Sólo queremos soluciones para volver a nuestras comunidades”,
explicó el cacique.
Gabriel Espinoza, de la comunidad qomlaje de Tartagal, relató que
tocaron “puertas en todos lados”, pero nadie les dio respuestas. Destacó que la
prórroga de la Ley 26160 sería una ayuda (vence este año), pero que las
comunidades salteñas quieren los títulos de propiedad, que es lo único que les
dará seguridad sobre el territorio. “Hay comunidades que fueron relevadas pero
ni los jueces ni los políticos respetan eso”, cuestionó. Y explicó que los
organismos estatales se excusan de brindarles asistencia (agua, planes de
vivienda, electricidad) porque no tienen títulos. La paradoja: es obligación
del Estado dar esos títulos.
Espinoza reveló la estrategia del poder: “Mientras nos entretienen
con el relevamiento, nos niegan los títulos. Y mientras nos van sacando tierra
de a pedazos para dejarnos sin nada. Quieren exterminarnos, que no existamos
más”.
Contó del robo de tierras, el avance de las topadoras para
desmontar y abrir paso a los agronegocios, el robo de animales, los alambrados
que imponen los empresarios y dificultan la vida de las comunidades. “Nos
tratan como animales en nuestro propio territorio”, denunció y precisó que
hasta quieren arrebatarles la parcela de tierra donde está el cementerio de la comunidad. Allí
dieron sepultura al abuelo y a la madre de Espinoza. “Nunca molestamos, pero
todo los derechos se nos niegan”, resumió. Y alertó que la defensa de la tierra
será hasta las últimas consecuencias y que el acampe se mantiene hasta que el
gobierno nacional dé respuestas.
En Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, una bandera blanca con letras
negras resume: “Basta de desalojos. La tierra es nuestra, faltan los títulos.
¡Es simple!”.
En la localidad de Embarcación (Salta), la comunidad guaraní Happo
P’au mantiene un acampe a la vera de la ruta nacional 34 desde hace 35 días.
Denuncian al empresario Humberto Bourlon De Rouvre, que en octubre pasado
instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó
a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra.
La comunidad guaraní en Embarcación reclama lo mismo que las
comunidades que acampan en Buenos Aires: que se cumplan las leyes que protegen
los derechos indígenas (comenzando por el acceso a la tierra y los títulos de
propiedad): Ley 26160, Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del
Trabajo), artículo 75 de la Constitución Nacional y la Declaración de
Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.
http://www.pagina12.com.ar/24387-acampar-para-defender-la-tierra
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=223868
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